A través de un video que rápidamente dio la vuelta en redes sociales, Natalia Aravena, una de las víctimas de trauma ocular, luego del denominado Estallido Social en Chile y ahora candidata a constituyente, comentó una serie de irregularidades y malos tratos que viven las y los pacientes del Programa Integral de Reparación Ocular, servicio público creado en 2019 para atender y rehabilitar a personas con heridas oculares producidas bajo el contexto de manifestaciones sociales. Fast Check CL habló con ella para profundizar en el tema y darlo a conocer.
Por Paula Altamirano O.
En Chile, tras el 18 de octubre de 2019, algunas personas salieron de sus casas para demostrar su descontento frente a la situación política, social y económica del país. Las arterias principales de las distintas ciudades se vieron repletas de manifestantes, que revelaban su disconformidad con el sistema y el lugar que ocupaban en él. Junto con la aparición de estas jornadas de protestas también se instaló el cuestionado accionar policial, el cual llevaba consigo una serie de medidas que prontamente cruzaron la línea de la violación de los derechos humanos (DD.HH).
461 heridas oculares producidas por la fuerza pública en manifestaciones se han registrado desde que comenzaron las protestas en octubre de 2019. Dada la gran cantidad de casos que se fueron dando y la gravedad de estos, en donde incluso algunas personas perdieron su visión al 100%, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y Carabineros de Chile, tuvo que suspender el uso de balines antidisturbios, puesto que se trataba del arma que significó mayor amenaza para las personas, en cuanto al riesgo de sufrir traumas oculares.
- Un estudio de la Universidad de Chile determinó que los balines que usaron carabineros durante las protestas eran solo en un 20% de goma.
- Los protocolos de uso de armas no letales fueron modificados en 2021.
El 26 de noviembre de 2020, el organismo internacional de Derechos Humanos Human Right Watch, tras su visita por el país debido a las acusaciones sobre violaciones a los DD.HH en manifestaciones, publicó un informe donde confirman tales vejaciones y proponen pensar en una reforma para los uniformados.
- Hubo informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que confirmaron este actuar negligente de parte de la policía.
Finalmente, con los ojos de los revisores de derechos humanos encima, el Gobierno se vio en la obligación de crear el «Programa Integral de Reparación Ocular», el cual sería usado para tratar, rehabilitar y ayudar a las personas que recientemente bajo contexto de manifestación sufrieron lesiones visuales graves.
Programa Integral de Reparación Ocular
El día 11 de noviembre de 2019, antes de su partida, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, junto al exministro de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, presentaron la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular, el cual «asegura atención gratuita para las personas que han resultado con lesiones en sus ojos producto de los hechos de violencia ocurridos en estas últimas semanas».
- Este incluye atención médica, estética y funcional, además de apoyo psicológico, describe el comunicado que compartió, en ese entonces, el Ministerio de Salud (Minsal).
El Programa ocupa como sede la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, ubicado en el centro de la capital, «para cirugías, y se harán otras atenciones a nivel local», dice el relato. Del mismo modo «contará con un equipo multidisciplinario integrado por: oftalmólogos, cirujanos, psicólogos, cirujanos plásticos y terapeutas ocupacionales», siendo accesible tanto para afiliados en Fonasa como Isapre.
Expectativa versus realidad
No obstante lo anterior, la realidad parece estar alejada de los objetivos expuestos por el Minsal, pues Fast Check CL se contactó con Natalia Aravena, una de las víctimas de trauma ocular, quien relató la forma en que funciona actualmente el Programa.
El caso de Natalia
Natalia es una joven enfermera de 26 años, residente de la comuna de Peñalolén —ya antes participante activa de otras causas sociales— que un día 28 de octubre de 2019 vio su vida cambiar para siempre. En las cercanías del Paseo Bulnes, en pleno corazón de Santiago, se formaba un nuevo tumulto manifestante. Allí, la profesional de la salud fue embestida por un grupo de carabineros de Fuerzas Especiales: uno de ellos le dio con una lacrimógena directamente en su ojo derecho.
Luego de eso, Aravena se vio envuelta en muchos procedimientos quirúrgicos y algunos psicológicos para comenzar la reparación física y emocional por la pérdida de su ojo. En primera instancia, no recurrió el programa de reparación creado por el gobierno. Se atendió de manera particular con Isapre, en donde gastó al alrededor de dos millones de pesos para su recuperación solo física, sin contar la prótesis ocular que también pago por las suyas.
Pero, ¿no se suponía que el programa era abierto para personas de todo tipo de previsión?
Natalia aclara: «El Programa empezó a funcionar en diciembre, pero al principio fue bastante desordenado. Los funcionarios del hospital no sabían nada sobre él, entonces fue muy complicado empezar las atenciones. No existía un conducto regular para inscribirse o algo».
Independiente de ello, la joven logró llevar a cabo su tratamiento, «pero no todos corrieron la misma suerte», explica a Fast Check CL.
Tiempo después, igualmente arribó al Programa, ya que su oftalmólogo la derivó al protesista que atendía en ese servicio. Su experiencia la llevó a conocer a otras personas con su misma condición, o peor. También, se unió a la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, la cual organiza a las víctimas y sus familias: «Allí me di cuenta que el Programa de verdad era ineficiente y no suplía nuestras necesidades».
¿Cuáles son esas necesidades?
Equipo tratante integral
Primeramente, Aravena tilda de insuficiente el equipo tratante. A diferencia de lo indicado por el Minsal, «el servicio contempla actualmente: una psicóloga, un terapeuta ocupacional, dos tecnólogas médicas (a medio tiempo), una trabajadora social y un protesista (que por profesión es odontólogo), para atender a todas las víctimas, que son más de 400, de hecho, se cree que la cifra a ascendido a 500-600 personas», explica Aravena.
Asimismo, se refiere a la importancia de que el servicio realmente sea transdisciplinario, puesto que los problemas psicológicos que acarrea la vivencia de haber sido agredida son múltiples: «El proceso de reparación es largo cuando viste violentados tus DD.HH, sobre todo si sabes que fue de parte de un agente del Estado. No es lo mismo tener un accidente en la calle a pasar por esto, porque pierdes la confianza en las autoridades, en la entidad que se supone que te cuida y protege. Genera miedo, miedo a salir, a que te produzcan más daños, físicos y psicológicos».
Reinserción a la vida laboral
En el mismo sentido de lo anterior, es necesario una política de integración laboral en el Programa. «Hay gente que perdió empleo o no puede conseguir uno. O seguir estudiando. Algunos han tenido que cambiar de rubro, por ejemplo nosotros no podemos tener licencia de conducir A y C, ya que se restringe para las personas con visión monocular. Entonces, esas personas que trabajan repartiendo o que trabajaba en obras ya no pueden hacerlo más». Así, se demandan capacitaciones y muestras de las profesiones y oficios a los que puedan acceder sin problemas.
Cambio de ubicación del Programa
Otra necesidad se haya en el cambio de lugar del Programa. Este se lleva a cabo en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, sitio donde llegan todas las personas con problemas de ese estilo, no solo aquellos agredidos en manifestaciones. «Estando ahí revives el trauma, ves llegar gente mal. Además, en el lugar nos han tratado mal y nos han criminalizado. A algunos, los guardias, les ponían trabas para ingresar. Debido a esos malos tratos hay gente que ha preferido no ir más».
Esta demanda fue acogida en su momento, siendo trasladados a otra dependencia del Hospital. Sin embargo, con la aparición de la pandemia fueron nuevamente ubicados en la misma unidad, con la excusa de que el espacio otorgado sería usado como vacunatorio.
Descentralización del Programa
La Unidad de Trauma Ocular es la única sede del Programa. Esta situación merma la rehabilitación de las víctimas de regiones. Natalia lamenta al respecto: «La gente de región debe viajar o atenderse por las suyas en sus regiones. Y si deciden viajar son ellos los que costean los gastos asociados: estadía, alimentación, traslado, etc.».
Y agrega: «Se habían empezado a pagar viajes pero después se sacó. También se habían implementado residencias sanitarias para las personas que viajaban a Santiago, pero también se quitó».
De esta forma, se pide que se entreguen opciones realistas a las víctimas de otras regiones: «Que hayan sedes de atención al menos en las regiones donde se concentran muchos casos, o por último, que se extiendan las oportunidades de viajar en condiciones seguras».
Las acciones legales que se han llevado a cabo para suplir estas necesidades
Desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular se han levantado distintas iniciativas para, en primer lugar, visibilizar la situación que viven las víctimas, y en segundo, llevar las demandas hasta las autoridades pertinentes.
En este sentido, es importante aclarar que «cada persona ha llevado sus causas con respecto a sus agresores, con sus propios abogados», sostiene Natalia, quien continua explicando la labor de la Coordinadora: «Hemos seguido el conducto regular: primero hicimos los reclamos en OIRS, después mandamos una carta al Hospital y al Minsal, y ahora queremos ver la posibilidad de mandar una a la Presidencia, ya que no han habido soluciones».
En julio de 2020 se envió la carta al Hospital, y se les respondió que lo que pedían ya era ofrecido por el Programa. Luego, entre agosto y diciembre de 2020 «tuvimos una mesa de trabajo con la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y con Elia Alvarado, encargada de DDHH del Minsal, entre otras autoridades pertinentes. Allí, les planteamos de nuevo todas las problemáticas». La respuesta fue que se acogerían las demandas y se implementarían. Cuestión que aún no ha pasado.
- Fast Check CL intentó comunicarse con personal del Programa Integral de Reparación Ocular para consultarles sobre las condiciones en que este se lleva a cabo y la disconformidad de sus pacientes, pero no hubo respuesta.
