Después del 21 de noviembre, ya está claro que las dos opciones para elegir al próximo Presidente de la República son los nombres de José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad). En este especial, Fast Check CL indagó sobre cuáles son sus propuestas programáticas para luchar contra el narcotráfico y crimen organizado.
por Maximiliano Echegoyen
Luego de los comicios del 21 de noviembre, ya sabemos los nombres de las dos opciones para la papeleta del 19 de diciembre: José Antonio Kast y Gabriel Boric. Según el Servel, quien obtuvo primera mayoría fue el militante del Partido Republicano, teniendo el 27,91% de las preferencias y quien en los debates y campañas, destacó su lucha comprometida contra el narcotráfico y el crimen organizado, en caso de ser Presidente de la República.
Por otra parte, luego de conocer que pasó a Segunda Vuelta con el 25,83% de las preferencias, Gabriel Boric dio un discurso en donde destacó que «queremos decirle a todos, a quienes le temen a la delincuencia, que vamos a estar con ustedes, y que seremos implacables con el narcotráfico».
La “seguridad” en los programas presidenciales
En el programa de gobierno propuesto por el Frente Social Cristiano, la palabra «seguridad» está escrita 60 veces. Otros conceptos que se repiten son: «delito» (31), «delincuencia» (21), «terrorismo» (17) «narcotráfico» (11), «narco» (5) y «crimen organizado» (4).
Por su parte, en el programa del candidato por el pacto Apruebo Dignidad, la palabra «seguridad» está escrita 51 veces, «delito» 23 veces, «narcotráfico» seis veces, «crimen organizado» cinco, «delincuencia» una vez y «terrorismo» también una vez.
¿Cuáles son las propuestas concretas de los dos candidatos en torno al narcotráfico y crimen organizado? En este especial, Fast Check CL expone las propuestas programáticas de José Antonio Kast y de Gabriel Boric, de cara a los comicios del próximo 19 de diciembre.
¿Respetar o refundar Carabineros?
José Antonio Kast: avances tecnológicos para las policías
En el programa de José Antonio Kast, antes de comenzar a enumerar las más de 800 propuestas que contiene el documento, se enfatiza que «rechazamos la violencia en todas sus formas: la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo».
De hecho, el primer punto del programa de Kast tiene el emblema «Vamos a quitar las rejas de las casas de los chilenos y las usaremos para construir más cárceles».
Para ello, se enfatiza en respetar a las instituciones de Carabineros de Chile, policías, bomberos, gendarmes o cualquier funcionario de la salud, sino «será juzgado y condenado, con todo el rigor de la ley». Incluso, se plantea que si un carabinero es detenido injustamente o asesinado por un delincuente, será el Gobierno quien contrate a los mejores abogados para defender o querellarse en las supuestas situaciones.
De igual manera, se propone introducir avances tecnológicos para mejorar la gestión policial, a través de denuncias electrónicas por medio de aplicaciones móviles. A su vez, para hacer frente a los crímenes informáticos, se fortalecerá de manera institucional, material y de recursos humanos a las Brigadas Investigadoras del Cibercrimen de la PDI y del Departamento OS9 de Carabineros.
También se mejorará el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, comúnmente conocido como el patrullaje de vigilancia que realizan carabineros en ciertos sectores delimitados, extendiendo las zonas y horas de vigilancia, además de ampliar el contingente de carabineros y sus recursos.
Gabriel Boric: policías subordinadas al poder civil
Por su parte, en el programa de Gabriel Boric, una tabla ubicada antes de comenzar sus propuestas indica que, ordenados en la cantidad de personas que mencionaron tres prioridades que debe tener el programa de gobierno, en 11° lugar está «seguridad y agenda anti-delitos» (10.70%).
Luego, entre sus 53 cambios concretos, el punto 27 propone «refundaremos nuestras policías, aumentando la dotación en las comunas que más lo necesitan, mejorando su eficiencia en la persecución del delito y asegurándonos que respeten los DDHH y se subordinen al poder civil».
En este sentido, el programa reconoce que para alcanzar una condición de seguridad deseable, uno de los focos es refundar la institución de Carabineros de Chile y la PDI, la cual se hará de manera progresiva en un tiempo de 10 años, y se enfocará en los siguientes puntos:
- Control civil sobre la actividad policial.
- Descentralizar las políticas de prevención, otorgando más atribuciones a alcaldes y gobernadores.
- Fin de la duplicidad de funciones entre cuerpos policiales, de su estructura militarizada y su «autonomía institucional con que gozan en la práctica».
Delincuencia, narcotráfico y crimen organizado
José Antonio Kast: reestructurar la Agencia Nacional de Inteligencia
Como Presidente de la República, en el programa de JAK se propone instaurar de manera permanente la convocatoria de Comité de Seguridad Nacional, encargado de abordar directamente la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y delincuencia.
Ante los avances del crimen organizado, se plantea la creación del Consejo Superior de Inteligencia, cuyo objetivo sería «obtener información que ayude al Estado a combatir al crimen en sus distintas formas (espionaje, intervenciones subversivas, otras)».
El brazo operativo del Consejo sería la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la cual será reestructurada, contando con «especialistas en inteligencia provenientes de las tres ramas de la FF.AA, de Carabineros y la PDI».
A su vez, propone la participación activa de las Fuerzas Armadas en el resguardo para la recuperación de territorio en zonas donde esté el narcoterrorismo.
Otra de sus medidas es ampliar las atribuciones del Estado de Emergencia. En concreto, se propone que en situaciones de extrema gravedad, el Presidente de la República puede decretar estado de emergencia por 5 días solamente, que además de tener la facultad de restringir la libertad de locomoción y reunión, se podrá «interceptar, abrir o registrar documentos, y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención».
Especial énfasis se hace hacia las víctimas de la delincuencia, narcotráfico y crimen organizado. Para ello, se plantea la creación de una Defensoría de las Víctimas «que representen los intereses de todos aquellos afectados por el crimen que carezcan de recursos para ser asistidos por un defensor privado». La idea de esta defensoría es que tenga el similar de recursos investigativos y financieros que posee la actual Defensoría Penal Pública.
Otras propuestas relevantes son:
- Combatir la narco-pirotecnia con un equipo especializado de la PDI, quienes se dedicarán a la investigación, incautación y sanción de la pirotecnia en los barrios.
- Combatir el tráfico marítimo de drogas, reforzando la dotación, recursos y estrategia de la Policía Marítima y Aduanas. A su vez, se buscará la colaboración con gobiernos extranjeros para frenar el tráfico de drogas en Chile.
- Realización de fuerzas de tareas en unidades especializadas de Carabineros. Para estas operaciones participarían miembros de Gendarmería, FF.AA. Unidad de Análisis Financiero, Registro Civil, la ANI, Aduanas e Impuestos Internos. La finalidad de esta medida es «lograr especificidad, profundidad y eficiencia en la acción policial para combatir el citado crimen organizado».
- Todos los cargos a elección popular, desde el Presidente hasta CORES, deben someterse a test de drogas.
- Se aumentarán las penas y sanciones a la violencia urbana. Para aquellos que dañen o destruyan monumentos, las penas y multas se duplicarán. También se les aumentarán las sanciones a quienes hagan grafitis en propiedades públicas.
- Aumentar la cantidad de prisiones en el país. También se propone que los reos van a trabajar para pagar su gasto en la cárcel.
- Crear una coordinación internacional anti-radicales de izquierda.
- Crear un programa basado en el tratamiento de adicciones a las drogas.
- Declarar organizaciones ilícitas a las barras bravas.
- Corregir la ley Antiterrorista para «definir con claridad los tipos de delitos susceptibles de ser considerados como tales».
Gabriel Boric: la creación de un Ministerio de Seguridad
Por su parte, el programa de Gabriel Boric plantea la creación del «Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana». De esta cartera dependerán las policías, la ANI, el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, Programas de Prevención del delito y el SENDA.
Al igual que el programa del republicano, en el de Apruebo Dignidad la ANI también se modificaría, aunque en otras aristas: se pretende actualizar el sistema de inteligencia del Estado, integrando distintas agencias y unidades de inteligencia bajo el mando y control del poder civil. Se integraría en este sistema la Unidad de Análisis Financiero, para perseguir el lavado de activos y cortar el flujo del crimen organizado.
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Respecto a cómo se perseguiría al narcotráfico y crimen organizado, se propone realizar una política de persecución penal «focalizada en la investigación y el desbaratamiento de las grandes bandas que actúan en el país».
Junto con la persecución penal al narcotráfico, se legislará una nueva Ley de Drogas, cuyo objetivo es «que no persiga los usos personales ni sus actos preparatorios, distinguiendo entre el microtráfico y el tráfico de estupefacientes».
Para ello, se hará un cambio en la manera en que se enfrenta el consumo de la marihuana en el país, «adoptando un enfoque de prevención y reducción del daño». Al igual que José Antonio Kast, el programa de Boric propone facilitar acceso a «prestaciones de salud y rehabilitación», aunque, presuntamente, solo para los consumidores de cannabis. Cabe destacar que también se generaran medidas similares para menores de edad de grupos de riesgo.
A su vez, planea modificar la ley 20.000 con tal de que el «consumo recreacional de la cannabis sea legal para mayores de edad» de manera regulada y con políticas públicas enfocadas en disminuir el actual consumo de drogas de la población.
Otro de los puntos en común con el programa de JAK es el énfasis que se da a las víctimas. En este caso, Boric propone la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos. La idea de esto, es que personas que no tengan los suficientes recursos accedan a una asistencia jurídica y judicial profesional.
Otras de sus medidas relevantes son:
- Sustituir la ley Antiterrorista «por una normativa que resguarde la vida democrática de las amenazas organizadas reales contra la vida e integridad de las personas, y ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos, de manera de excluir su utilización como herramienta de persecución política».
- Promover la cualificación y coordinación de las policías para identificar y atacar las redes de narcotráfico.
- Realizar estrategias para el micro tráfico a cargo de policías y gobiernos regionales.
- Realizar estrategias para las macro redes de narcotráfico a cargo de la Policía Nacional.
- Promover una red de trabajo a nivel regional con los países vecinos en contra las redes de narcotráfico y crimen organizado.
- Mejorar las condiciones de hacinamiento, higiene y salubridad de las cárceles.
