El 15 de febrero comenzó el debate de las normas que se verán materializadas en la nueva Constitución, y en el proceso la nueva Mesa Directiva ha debido sortear diversas dificultades, como la renuncia de su Secretaria de Comunicaciones, las críticas de la ciudadanía y el permanente recuerdo de que aun sigue siendo convencional Rojas Vade. Fast Check CL entrevistó al vicepresidente de la instancia, Gaspar Domínguez, para indagar en todos estos desafíos y problemas que ha tenido -y tendrá- que enfrentar la Convención Constitucional.
Por Maximiliano Echegoyen
Fue el martes 15 de febrero cuando comenzó, finalmente, el debate constitucional, momento en donde los convencionales elegidos por la ciudadanía discutirán y votarán por las normas que estarán escritas en la nueva propuesta de Constitución.
Pero, desde que ha asumido la nueva directiva con María Elisa Quinteros presidiendo la instancia y Gaspar Domínguez como vicepresidente, se han debido sortear desafíos como la renuncia de Lorena Penjean y las críticas ciudadanas por algunas propuestas de norma.
Por lo mismo, Fast Check CL conversó con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, para conocer sus primeras reacciones ante la primera semana de votaciones en el pleno y, además, indagar en los problemas que han envuelto al órgano constituyente en esta segunda fase.
— El recién pasado 15 de febrero comenzaron a discutirse los primeros artículos de la que podría ser la nueva Constitución de Chile ¿Cuáles son sus apreciaciones personales sobre esta semana histórica en la Convención?
Hay dos apreciaciones que son fundamentales: la primera es que en el cronograma que nosotros construimos, aprobamos y votamos el año pasado, estaba establecido este hito del 15 de febrero de iniciar los plenos de deliberación, entonces lo primero que relevaría es que cumplimos una vez más con los plazos, pese a todas las dificultades.
Lo segundo es que pudimos descubrir y ver como ideas que quizás dentro de cada comisión genera consenso transversal, en el pleno no lo generan tanto. Entonces, de alguna manera se abre el desafío de que ya no solo se tiene que poner de acuerdo distintos colectivos en una comisión, sino que también la comisión debe tener la capacidad de lograr los consensos con el pleno, y cada comisión no es una muestra representativa del pleno, sino que son distintas.
Lo que vimos es que, aún cuando dentro de la comisión existan acuerdos, no necesariamente esto va a lograr los 103 votos en el pleno, y eso de alguna manera también se muestra en un desafío nuevo que tenemos que enfrentar.
— ¿Algún aspecto a mejorar en torno a la duración de los debates en el pleno?
Hemos dicho desde el principio en que la forma de organizarnos en relación a fechas u organización del tiempo debe ser semiflexible, porque sabemos que como es primera vez que hacemos algo de esta naturaleza, tenemos que tener la suficiente flexibilidad para adaptarnos a las dificultades que van apareciendo. Además, debemos contar con la suficiente rigidez respecto a los plazos que tenemos establecidos en el cronograma y terminar la pega el 4 de julio. Justamente este fin de semana conversamos con distintos colectivos que existen en la Convención.
Hace tres días dije en el pleno que consideraran alternativas o sugerencias sobre cómo podríamos ordenar el debate en términos de uso del tiempo, de la palabra y de votación, para efectos de poder hacer más eficiente la discusión constitucional. Entonces, estamos en proceso de considerar nuevas alternativas, pero todavía no lo hemos resuelto.
Las normas de la nueva Constitución
— Esta primera semana fue la discusión del informe de la comisión de Sistemas de Justicia ¿Cuál es la diferencia de nombrar Sistemas de Justicia a Poder Judicial?
De facto, en la práctica existen tres poderes en Chile: Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Pero, por alguna razón se ha mantenido el uso del término Poder Judicial solamente para el Judicial en la Constitución del ’80. Todos sabemos que hay un Poder Legislativo, pero en la Constitución dice Congreso, no dice poder Legislativo; dice Presidente en vez de Poder Ejecutivo.
Entonces, que dijera Poder Judicial parecía al menos curioso, por lo que se definió usar la expresión “Sistemas de Justicia” y esto obtuvo amplio apoyo, por eso finalmente quedó aprobado.
— Una de las normas que se rechazó en particular fue sobre el pluralismo jurídico. En caso de que quede en la nueva Carta Magna ¿Cómo coexistirían los dos sistemas de justicia?
Se rechazó el artículo 2 “sobre pluralismo jurídico”, para efectos de corregir la forma en que estaba escrita. Pero yo creo que se va a aprobar, porque se aprobó el artículo 15, que hablaba sobre la plurinacionalidad y la interculturalidad.
La discusión sobre cómo va a estar construido y cómo va a interactuar este sistema nacional de justicia es algo que se va a ir definiendo, pero después de haber conversado con distintos colectivos y personas, probablemente sea un mecanismo de resolución de conflictos circunscritos a materias no penales, solo civiles y que no revistan condiciones de gravedad. Además, que sea con personas que opten voluntariamente por este sistema, y que tengan como límite los derechos humanos. Por eso, todas las caricaturas de que se podían tomar castigos distintos para las mismas penas, a mi juicio son fake news básicamente.
De hecho, actualmente tenemos sistemas de justicias distintos: un sistema de justicia militar y un sistema de justicia para no militar. Eso son justicias paralelas, pero esta propuesta no constituye una justicia paralela como se ha establecido.
— ¿Cuál es la diferencia de un Estado Regional, que ya está en el borrador, con un Estado Federal?
Chile es un Estado unitario y seguirá siendo un Estado unitario. Un Estado Federal es un Estado en donde en cada uno de los Estados pequeños o regiones hay un sistema de justicia distinto, hay una Constitución vigente para cada Estado distinta, hay un Poder Legislativo distinto.
El Estado Regionalista que hemos planteado -que se parece más a las autonomías regionales de España o Italia- tiene que ver con que en todo el país estará vigente la misma Constitución, el mismo sistema nacional de justicia y las mismas leyes por el mismo Congreso Nacional.
Ahora, sobre los Consejos Regionales (CORE) como los conocemos ahora, no se ha aprobado, pero se está discutiendo que tengan mayores atribuciones para administrar plata, tomar decisiones, pero no se ha aprobado que puedan aprobar leyes. De igual manera, probablemente hay hartas personas de la Convención que han considerado que tengan la capacidad de hacer leyes en materias muy, muy, muy puntuales y específicas.
— Aquí estamos hablando de las asambleas legislativas regionales.
Bueno, puede que se rechazó tal cual por el nombre. Para todos los efectos, es lo mismo que un CORE, entonces esta asamblea es lo mismo que el CORE que ya tenemos, que ya existe, pero con más atribuciones.
—¿Cómo cuáles?
Como eventualmente poder participar de la definición de en qué se gasta la plata. Tener más autonomía política y económica, y la que está en “veremos” pero que es posible: a rediscutir competencias legislativas para poder hacer leyes, pero estas leyes, probablemente, serían leyes en materias muy específicas, que tendrían que ver principalmente con materias tributarias. No es una discusión que esté cerrada, pero por ahí se está dando la discusión en este momento.
Tengo a la vista el documento de votación donde votamos y aprobamos todas las atribuciones que tendrían estas asambleas regionales y las atribuciones del gobierno regional, porque se le dan las atribuciones que antes no tenían, como por ejemplo fiscalizar los servicios públicos de la Región, y eso implica administrar todos los servicios del Estado en cosas regionales.
Las opiniones y las críticas
— El convencional Andrés Cruz dijo en una entrevista de La Tercera que la derecha está vetada en la Convención, que falta diálogo ¿Qué opina de sus dichos?
No leí la entrevista, pero si efectivamente dijo eso, bueno, lo que ha pasado, a mi juicio, es que han habido en algunas situaciones y conversaciones transversales que han incluido a la derecha. Sin embargo, creo que han habido situaciones en donde muchas de las propuestas de la derecha no han concitado interés ni apoyo, y eso los ha ido dejando fuera de algunos espacios de decisión porque son muy pocos, 37 en total.
Creo que el desafío aquí son para las dos partes; y el desafío para la derecha es que salga a buscar y a conversar con personas que estén fuera de su grupo, porque hasta el momento -a mi juicio- lo que gran parte de la derecha ha hecho es hacer propuestas, hacer sugerencias, escribirlas, conversarlas entre ellos mismos, votarlas y perderlas.
Ningún colectivo tiene más de un tercio, ninguno. Los más grandes son la derecha, el PS, el Frente Amplio y ninguno puede hacer las cosas por sí solo, todos requieren ir a conversar con otras fuerzas, por eso diría que efectivamente la derecha ha quedado afuera de algunas decisiones. Ahora, no diría que hay un veto, diría más bien que ha faltado establecer más diálogo, pero al menos en lo personal y con mi colectivo no hay ningún grupo vetado y hemos conversado con todos los que haya que conversar.
— El día jueves, el Presidente Sebastián Piñera dijo que “una Constitución no es un programa de gobierno” ¿Cuál es su opinión respecto a esto?
Estoy de acuerdo con que una Constitución no es un programa de Gobierno.
— ¿Pero tú crees que la Constitución que planean escribir se asimila, como lo indica el Presidente, a un programa de gobierno?
Si uno hace comentarios de las normas que han sido aprobadas en la votación en particular, no hay ninguna norma que se ajuste a esa definición, por eso yo invitaría al Presidente a informarse más de lo que se está discutiendo y de las normas que se están aprobando, porque ahí uno podría opinar con mayor conocimiento que esa afirmación no es correcta.
O sea, es correcto decir que una Constitución no debe ser un programa de gobierno, pero es incorrecto asimilar que una norma que hemos aprobado se ajusten a un programa de gobierno, porque más bien, son normas en código constitucional y de largo plazo las que ya se han aprobado.
— Otro tema que causó polémica durante estos días fue la discusión de si se mantenían o no los dos tercios ¿Qué señales crees que se le da a la ciudadanía al poner en duda los 2/3?
A mi juicio, es un problema que no es real, porque nadie, por lo menos en los últimos 6 meses, ha planteado una discusión sobre los dos tercios para votar normas. Nadie. Y ahora la discusión no tenía que ver con eso, la discusión tenía que ver con que si debíamos votar o no en general, y si votábamos en general si esta debía ser con qué quorum, porque esto no era tan explícito en el reglamento.
Más bien se abrió una pregunta de cuáles debiera ser el quórum para la votación en general. Pero las normas constitucionales se votan y se seguirán votando por dos tercios, porque eso es lo que está establecido en la Constitución actual que da origen al proceso constituyente.
— El domingo pasado la encuesta Cadem arrojó que la confianza en la Convención y la intención de aprobar la nueva Constitución bajó 9 puntos, llegando a un 50% y 47% respectivamente ¿A qué crees que se debe esto?
Es muy importante estar atento a las señales de la ciudadanía y también a las encuestas, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando porque la decisión sobre si un texto se aprueba o no tiene que ver con las normas que se han aprobado, y la encuesta Cadem fue publicada incluso antes de tener la primera norma aprobada. La parte real viene ahora.
— ¿Qué piensas respecto a lo que plantean algunos personajes de derecha, en cuanto a que el Rechazo “crece como espuma”?
Tenemos que seguir trabajando para poder ofrecer una propuesta de texto a las personas y que puedan evaluarla. Me parece deshonesto intelectualmente llamar a rechazar un documento que todavía no está escrito. Creo que tenemos que tener la suficiente altura para ir viendo las propuestas que se van aceptando y poder tomar postura y posición sobre las normas aprobadas, porque eso finalmente es la manifestación material del trabajo.
“El diagnóstico es más o menos evidente y es que ha habido muchas dificultades para comunicar mejor”
— En el último tiempo, nos han pedido que verifiquemos si realmente eliminaron el derecho a la propiedad privada o si eliminarán los poderes del Estado, entre otras cosas, que por temas de que se aprueban o rechazan las propuestas no hemos podido verificar ¿Ha habido un problema o descoordinación al momento de comunicar a la ciudadanía lo que está realizando el organismo?
Sí, tenemos muchos desafíos y problemas, incluida la comunicación. En comunicar lo que estamos haciendo y lo que estamos aprobando; es un problema evidente porque es un grupo pequeño, con muy pocos recursos. La Convención tiene muy pocos recursos, y eso implica también tener pocos recursos humanos y financieros para pagar.
Efectivamente ha habido muchas dificultades, desafíos y problemas, en la forma de lo qué y cómo hemos comunicado. Esto se explica porque primero, es un órgano nuevo que nadie lo conocía, y segundo, porque vivimos en un país en donde hay muchísima falta de cultura cívica y educación cívica. De hecho la mayor parte de la gente, a mi juicio, no entienden bien lo que es una Constitución. Entonces, ya entrar a explicar el detalle, por cierto que es un desafío muy grande y más en condiciones de falta de recursos. El diagnóstico es más o menos evidente y es que ha habido muchas dificultades para comunicar mejor.
— “He llegado a la conclusión de que no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío”, señalaba la ex Secretaria de Comunicaciones del organismo, Lorena Penjean. ¿A qué crees que apuntaba?
Ella después agregó otro párrafo. A mi juicio, ella no logró adaptarse al equipo y a las condiciones, de hecho lo dijo en varias oportunidades y lo repite en la carta, de que no hay condiciones económicas.
Ahora, no comparto que las condiciones económicas sean por falta de voluntad, sino más bien por falta material de los recursos, y con los pocos recursos que hay, se deben resolver las cosas. Afortunadamente hemos recibido apoyo de Archi y de Anatel, pero tenemos que tener la capacidad de poder aprovechar este apoyo para comunicar más y mejor.
— ¿Cómo crees que los medios han cubierto las propuestas que se presentan en la Convención Constitucional?
Los medios tienen la responsabilidad de poder informar a las personas más y mejor para que ellos puedan tomar las decisiones. Ese es el rol clave que tiene la prensa en una sociedad con libertad de expresión. Ahora, muchas veces los medios comunican lo que generan más interés público, y lo que genera más interés público no necesariamente es lo más relevante.
Por ejemplo, ocupó una semana entera -páginas de diarios, espacios en televisión y radio- la propuesta de María Rivera de eliminar los poderes del Estado. Tenemos al rededor de 1.400 iniciativas de norma, esta es una de las 1.400 que además tuvo cero votos, cero, o sea ni si quiera uno, tuvo cero votos. Pero, de alguna manera, la gente que no está informada bien de este proceso, que lee solo titulares y escucha notas de lejos en televisión y en radio y escuchó esta propuesta, se puede quedar con la percepción errada de que esta es una iniciativa que ha tenido apoyo, que ha ido avanzando en la Convención.
— ¿Cómo plantean mejorar el tema comunicacional ahora, en la recta final, el momento más importante del debate constitucional?
Hemos hablado sobre una estrategia comunicacional y se vienen varias novedades en las próximas semanas en esta materia. Tenemos personajes de ficción ya pronto a ser lanzado, estilo mascota, para poder comunicar por redes sociales. También tenemos algunos planes de cápsulas en televisión y en radio, así que hay cosas que se van a ir implementando en las próximas semanas.
— ¿Una especie de Contralorito?
No te puedo adelantar, pero hay un personaje de ficción que va ayudar a comunicar. Pero se viene bueno.
— ¿Esta mesa directiva ha presionado al Congreso o ha hecho alguna acción para solucionar el problema del convencional Rojas Vade?
Sí, lo hemos hecho. Cronológicamente, el 6 de septiembre del año pasado se puso a disposición todos los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para que se inicie una investigación. El 7 de septiembre, la mesa anterior ofició al convencional al Comité de Ética. El 9 de noviembre se envió un oficio al Senado y a la Cámara de Diputados para solicitar que se tramiten proyectos sobre la materia, para poder habilitar la renuncia de un convencional y un mecanismo de reemplazo.
Este último oficio, el mismo documento, se envió por segunda vez por esta mesa el 8 de febrero pasado. Entonces, se ha oficiado dos veces al Senado y a la Cámara de Diputados para solicitarles generar o tramitar proyectos que permitan la renuncia del convencional. De este modo, a mi juicio, desde la Convención hemos hecho todo lo humana y materialmente posible para resolver este conflicto, pero lamentablemente es en el Parlamento donde pueden definir esto, no nosotros. Y ellos han definido, en base a no cambiar las reglas, que el convencional Rojas Vade siga integrando la Convención Constitucional, por lo que se encuentra sujeto a los derechos y obligaciones constitucionales y reglamentarias que también rige a sus pares. Lamentablemente, él sigue siendo parte de esto.
