El subsecretario Monsalve aseveró que el 93% de los ingresos irregulares se producen en Colchane, en el límite con Bolivia. Pero en este país no se permiten las reconducciones para los ciudadanos de otras nacionalidades que no sea la boliviana. ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Hay avances para solucionar la crisis migratoria? ¿Qué sucede con los migrantes que quedan varados? Las respuestas a esas preguntas y más, en este explicativo de Fast Check.
Por Maximiliano Echegoyen
A principios de marzo, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, afirmó en la Comisión Especial Investigadora sobre la Macrozona Norte que el Estado puede llegar a desembolsar 2,7 millones de pesos en la expulsión de un migrante. De hecho, según la autoridad, en enero y febrero se expulsaron a 140 extranjeros, lo que tuvo un costo de 300 millones de pesos.
Una semana más tarde, la ministra Carolina Tohá entregó otra cifra alarmante en la misma comisión: «En Chile hay más de 20 mil expulsiones decretadas que no se han ejecutado».
Pasaron solo dos días para que el presidente Gabriel Boric, directo desde Colchane, apuntara a dos países que han entorpecido las expulsiones: Venezuela y Bolivia. Según el Mandatario, con el país caribeño «no se abre el espacio aéreo», mientras que la nación limítrofe «no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera».
¿Por qué es tan difícil ejecutar las expulsiones? ¿Por qué Bolivia no coopera con la reconducción? Fast Check CL, realizó un explicativo para aclarar las dudas más comunes sobre este problema diplomático migratorio que afecta al país.
¿Es lo mismo la expulsión que la reconducción?
La primera duda a despejar son los significados de expulsión y de reconducción, pues reglamentariamente no son lo mismo. De hecho, existen dos tipos de expulsión.
Contactados por Fast Check CL, desde la Subsecretaría del Interior indican que hay que diferenciar lo que es una expulsión administrativa y una judicial, aunque ambas tienen el mismo fin.
Expulsión administrativa
La expulsión administrativa es una sanción de carácter migratorio que es motivada por infracciones a la ley migratoria o por incurrir en ciertas causales previstas en la normativa vigente. Esta sanción es dispuesta por el Poder Ejecutivo, a través del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).
De hecho, además de ser el encargado de dictar las expulsiones administrativas, el SERMIG también debe coordinar su materialización con la Policía de Investigaciones (PDI) y comprar los pasajes de las personas expulsadas.
Expulsión judicial
Por su parte, la expulsión judicial es una medida dictada por los tribunales de justicia, es decir, del Poder Judicial, en cumplimiento de la Ley 1.983, que sustituye una condena de presidio o libertad restringida por la expulsión de la persona extranjera condenada.
En este caso, el SERMIG también debe coordinar la materialización de la expulsión con la PDI, además de comprar los pasajes de la persona condenada.
¿Y qué es la reconducción?
La reconducción es una medida que aplica la PDI para poner a disposición de la autoridad del país vecino a aquellas personas extranjeras que son sorprendidas intentando ingresar de manera irregular o con documentación falsa a Chile. También se aplica esta medida a aquellos extranjeros con prohibición de ingreso al país.
¿Por qué Bolivia no coopera con las reconducciones y qué implica ello?
En su gira por la región de Tarapacá, el presidente Gabriel Boric emplazó Bolivia por no llevar a cabo «la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran».
La respuesta de su par boliviano tardó una semana. El 23 de marzo, el presidente Luis Arce anunció que es momento para una nueva relación bilateral con Chile, abriéndose a tratar la crisis migratoria en una agenda con siete puntos, entre ellos la demanda de «mar para Bolivia».
Y es que con el país vecino las relaciones desde hace tiempo que son tensas. De hecho, Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, luego de que fracasaran las conversaciones por la demanda marítima boliviana.
Contactado por Fast Check, el ex canciller Heraldo Muñoz cuenta que le llama la atención que «migrantes irregulares de terceros países entren sin problema a Bolivia para cruzar hacia Chile, pero si los mismos migrantes son reconducidos desde Chile, después de ingresar irregularmente desde territorio boliviano, ellos no son admitidos».
De hecho, según Muñoz, lo que sucede actualmente en la frontera con Bolivia, no tiene precedentes «pues son decenas de miles los ingresos de migrantes irregulares en los años recientes».
La apreciación de Muñoz está secundada por datos oficiales. El 19 de marzo, en el programa Tolerancia Cero, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve aseveró que «el 93% de los ingresos irregulares se producen a través de Colchane, el 1% de Ollagüe y el 6% a través de Chacalluta».
Esto podría cambiar con la agenda de siete puntos propuestas por el mandatario boliviano, aunque uno de ellos, la demanda marítima, ya fue negado por el Presidente Boric: «Chile no negocia su soberanía», aseveró.
En búsqueda de soluciones
Entre el 24 y 25 de marzo se desarrolló la XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo (República Dominicana), en donde se congregaron altas autoridades y jefes de Estado de América Latina, España, Portugal y Andorra.
El gobierno chileno afirmó que la temática central a tocar en la instancia sería la crisis migratoria y soluciones para ello. De hecho, al término de la cumbre, el Presidente Boric entregó un balance positivo del trabajo realizado «a través del Canciller Alberto van Klaveren, que ha sostenido diversas reuniones entre las que cuentan los cancilleres de Venezuela y de Bolivia, para dar o comenzar a dar solución al tránsito irregular que cruza nuestras fronteras».
Inclusive, Boric afirmó que tuvo la oportunidad de conversar con su par boliviano Luis Arce, pudiendo establecer «puntos de inicio para trabajar sobre la migración irregular en la frontera norte que ellos también padecen».
En concreto, se conversó sobre la disposición para tener un trabajo en conjunto entre los países de origen de la migración, de tránsito y de destino. Además, se habló sobre la posibilidad de realizar patrullajes en conjunto en la frontera Norte, según el Jefe de Estado.
Por su parte, el canciller van Klaveren afirmó que con su par venezolano «encontramos un espacio abierto a la cooperación», aunque nada en concreto aún.
¿Qué pasa con los inmigrantes que no pueden pasar?
Mientras se avanza en el diálogo entre las autoridades, la realidad es cruda en la frontera Norte. Fue a principios de mes que más de 600 militares arribaron en la Macrozona Norte para resguardar la frontera, con tal de ejercer un efecto disuasivo a aquellos inmigrantes que quieran ingresar de manera irregular.
Las facultades de los uniformados van desde poder hacer control de identidad a cualquier persona a registrar vestimentas o vehículos que ingresen.
Este nuevo nivel de vigilancia ha hecho que los extranjeros que no cumplan las condiciones para ingresar queden varados. Según la Subsecretaría del Interior, estas personas quedan a disposición de las autoridades contraloras de la frontera a la espera que se dicten o materialicen las medidas migratorias pertinentes.
En todo caso, la ministra del Interior Carolina Tohá afirmó —cuando se desplegaron los militares— que en el caso que uniformados se encuentren con familias con niños y en situación de extrema vulnerabilidad, serán llevados a un refugio «donde sean atendidos y acogidos».
«Los niños no se pueden nunca reconducir, entonces se les va a dar un documento de identidad y se les va a dirigir a un lugar donde puedan tomar contacto, las primeras informaciones, para que entren al país regularmente y sean acogidos humanitariamente», afirmó la secretaria de Estado, proyectando que seguramente, los refugios también se tendrán que instalar al otro lado de la frontera.
Hasta el momento, solamente queda esperar el avance en las conversaciones con los países involucrados en esta crisis migratoria que no solamente afecta a Chile, sino que a todo un continente, pues se ha contabilizado que 7,1 millones de venezolanos han salido de su país natal.
