Cuatro exalcaldes de la UDI, dos de RN, un PS y una independiente están aún en la mira de la Justicia chilena por casos de corrupción. ¿Qué ha pasado con las investigaciones? ¿Qué penas arriesgan los exediles en caso de ser formalizados? En este explicativo, Fast Check detalla sobre esto y da cuenta del estado actual de estos ocho casos emblemáticos, los que acumulan cerca 145 mil millones de pesos defraudados.
Por Fast Check CL
Actualmente, varios son los exalcaldes que están siendo objeto de escrutinio judicial por irregularidades encontradas durante gestión. Tal es el caso de Virginia Reginato en Viña del Mar (UDI), Nora Cuevas de San Bernardo (UDI), Joaquín Lavín de Las Condes (UDI), Cathy Barriga de Maipú (UDI), Raúl Torrealba en Vitacura (RN), Felipe Guevara en Lo Barnechea (RN), Karen Rojo en Antofagasta (IND) y Miguel Aguilera en San Ramón (PS).
Entre las acusaciones, se encuentran los delitos de malversación de fondos, pagos irregulares de horas extras o contratación de servicios sin antecedentes, entre otros. De hecho, la suma de todos los desfalcos da un monto cercano a 145 mil millones de pesos perdidos. ¿En qué momento los exediles empezaron a ser investigados por estas irregularidades en sus municipios? ¿Han avanzado sus investigaciones o siguen pendientes?
Viña del Mar: 16 años en el municipio de la “Tía Coty”
La exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), quien se desempeñó como edil de la ciudad jardín por 16 años hasta 2021, está acusada de perder 100 mil millones de pesos del Municipio.
Era el año 2021 cuando su sucesora, Macarena Ripamonti (RD), emplazó a la exedil por la presencia de “crimen organizado” dentro del municipio, lo que llevó a la contratación de un equipo especializado en delitos de Alta Complejidad para realizar una auditoría interna.
Los resultados de esta investigación, publicados en septiembre de 2022, revelaron pérdidas por más de 100 mil millones de pesos entre junio de 2016 y junio de 2021. La falta de recaudación de ingresos y el pago de horas extras a funcionarios fueron señalados como algunas de las razones detrás de esta pérdida.
A raíz de esto, Ripamonti presentó una querella en contra de su predecesora. Sin embargo, la Fiscalía desestimó investigar a Reginato por el caso “Horas extras I” (que comprendía los años 2014 y 2015), aunque aún queda abierta la arista “Horas extras II” (años 2016 a 2018). La investigación la está llevando a cabo el fiscal Cristián Andrade, de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso.
San Bernardo: la alcaldesa Nora Cuevas
Era 2008 e irrumpía como nueva alcaldesa de San Bernardo la militante UDI Nora Cuevas, rompiendo con la hegemonía de la Concertación en la comuna. Por 12 años comandó el municipio hasta el año 2020, cuando renunció a su cargo para asumir como diputada de la República.
En las elecciones municipales de 2021 se conoció a su sucesor: Christopher White (PS), quien a meses de haber asumido su mandato emprendió una querella en contra de la exedil, acusándola de haber malversado 9 mil millones de pesos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Por su parte, Cuevas ha negado estas acusaciones y ha reiterado que los dineros fueron debidamente objetados. Sin embargo, en 2018 la Contraloría realizó una auditoría en la que menciona que encontraron irregularidades en el uso de fondos para la educación, en la ficha 904/2017.
En 2021, la Municipalidad de San Bernardo se querelló contra Nora Cuevas por fraude al Fisco. El caso está siendo llevado por la fiscal Pamela Torres y, a pesar del tiempo que ha pasado, hasta el momento no se han reportado formalizaciones en contra de la exedil.
Las Condes: El expresidenciable Joaquín Lavín
En 2021, el exalcalde de Las Condes entre 2016 y 2021, Joaquín Lavín (UDI), decidió alejarse de la política y regresar a España, luego de que fuese derrotado en las primarias presidenciales ante Sebastián Sichel (Independiente).
Sin embargo, en ese mismo año la fundación América Transparente denunció nexos políticos y familiares dentro de la Corporación Cultural de Las Condes durante 2019 y 2020, así como el gasto público de casi 2 mil millones de pesos en remuneraciones para los trabajadores de la corporación. Todo esto, bajo la tutela del exalcalde.
En 2022, gracias a una investigación realizada por la Contraloría, se revelaron millonarios pagos irregulares a funcionarios por casi 60 millones de pesos entre 2019 y 2020.
A pesar de estos antecedentes, Lavín es el único exalcalde de esta lista al que no se le ha presentado alguna investigación judicial.
Maipú: La alcaldesa de la TV, Cathy Barriga
Entre 2016 a 2021, la exrostro de TV, Cathy Barriga (UDI), se desempeñó como edil de Maipú, una de las comunas más grandes del país. Meses después de su salida, Barriga fue objeto de una querella presentada por el actual alcalde, Tomás Vodanovic (RD).
El alcalde la acusa de fraude al Fisco debido a las irregularidades encontradas en su gestión, como la manipulación de mecanismos de control presupuestario, la alteración de registros contables y la distorsión de ingresos municipales para mostrar una solidez financiera falsa.
Después de que Contraloría confirmara un déficit de 31 mil millones de pesos durante el periodo de Barriga, el informe fue remitido al Ministerio Público en agosto de 2022. En octubre del mismo año, una nueva auditoría de Contraloría registró contrataciones de prestadores sin respaldo por un valor de 872 millones de pesos, lo que llevó a la exalcaldesa a ser citada a declarar ante la Fiscalía.
El caso se encuentra en manos de los abogados Marcos Contreras y José Pedro Silva, quienes representan a la Municipalidad de Maipú en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. Aunque aún no se ha formalizado ninguna acusación, el proceso investigativo sigue en curso.
Vitacura: Cae el tronco, Raúl Torrealba
Durante 25 años que Raúl Torralba (RN) se desempeñó como alcalde de Vitacura, hasta 2021. Posterior a su recambio, un examigo del edil y funcionario de la municipalidad, Domingo Prieto, denunció a Torrealba ante las nuevas autoridades.
La denuncia, presentada en agosto de 2021, reveló que el exalcalde recibía sobres con cinco millones de pesos en efectivo de Antonia Larraín, exdirectora de Desarrollo Comunitario del mismo municipio. Larraín, sobrina de Domingo Prieto, confirmó esta información al presentar su autodenuncia ante la justicia al comienzo de la investigación.
Una investigación de CIPER Chile denunció que Torrealba giró 200 cheques de su cuenta personal a funcionarios de la municipalidad de Vitacura, sumando un total de 127 millones de pesos. Además, se reveló que el exedil tenía 2.300 millones de pesos en su cuenta personal en 2021.
Como resultado, el Ministerio Público autorizó el allanamiento de la casa de veraneo de Torrealba, así como también la municipalidad. Además, se levantó el secreto bancario de las cuentas de Torrealba, encontrándose pruebas de depósitos millonarios de dinero en efectivo.
El caso está actualmente en manos del fiscal Francisco Jair, quien formalizará a Torrealba por los cargos de fraude al Fisco y asociación ilícita el próximo 6 de junio. A esta formalización se suma una nueva querella criminal hacia Torrealba por parte del Servicio de Impuestos Internos. ¿La causa? Delito tributario.
Intendencia Metropolitana: El último intendente de la RM, Felipe Guevara
Felipe Guevara (RN) desempeñó el cargo de alcalde de Lo Barnechea desde 2008 hasta 2019, año en que asumió como intendente de la Región Metropolitana hasta 2021. Fue el último intendente de Santiago, pues luego ese cargo se transformó en la figura de Delegado Presidencial (electo por el Presidente) y de Gobernador (electo popular). Y como último intendente, Guevara tuvo que renunciar a su cargo, en medio de acusaciones de beneficiar la contratación de una empresa de su hermano.
Fue en diciembre de 2021 cuando el actual gobernador Claudio Orrego (ex DC) denunció una serie de irregularidades cometidas bajo la gestión de Guevara. Entre las acusaciones de Orrego, se encuentra la de fraude al Fisco, específicamente en el sobreprecio de programas financiados con fondos públicos del Fondo de Desarrollo Regional. El gobernador cuestionó las inconsistencias de tres programas deportivos, los cuales presentaban un valor total de más de 500 millones de pesos.
La querella del Orrego fue acogida por la Contraloría, quien tras dos años de investigación, confirmó las irregularidades y entregó los antecedentes a la Fiscalía. Actualmente, el caso está en manos del Ministerio Público, siendo el fiscal Ángel Valencia el encargado del mismo. No obstante, el fiscal ha sido cuestionado por posibles conflictos de interés con el exalcalde.
Antofagasta: Karen Rojo, prófuga de la Justicia
Karen Rojo (Independiente), quien estuvo a cargo de la municipalidad de Antofagasta entre 2012 y 2020, fue formalizada en 2018 por fraude al Fisco, tras ser acusada de malversar fondos en 2016 para su beneficio personal.
El caso, conocido como Caso Main, se remonta a 2015, cuando la exalcaldesa contrató una empresa de comunicación estratégica para ayudar a mejorar su imagen, de cara a las elecciones municipales en 2016, con fondos de la Corporación Municipal del Desarrollo Social. Malversó una suma de 23 millones de pesos.
En 2018, se pusieron de manifiesto las irregularidades cometidas por la ex edil en su búsqueda de la reelección, lo que llevó a su formalización el mismo año por fraude al Fisco y a su inhabilitación en 2020. En 2022, fue condenada a 5 años y un día de prisión efectiva, pero se dió a la fuga del país el mismo día de la sentencia (23 de marzo), buscando refugio en Países Bajos.
La Interpol emitió una notificación roja a petición de la Fiscalía y fue detenida el 13 de julio de 2022. Aunque el tribunal neerlandés aprobó la solicitud de extradición de la exedil, Rojo solicitó asilo político para revocar la decisión. En la actualidad, la deportación de la imputada está en manos de la ministra de Justicia y Seguridad de Países Bajos, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, quien está a la espera de la solicitud de asilo presentada por Rojo a otras autoridades del país.
San Ramón: el socialista Miguel Aguilera
Desde 2012 a 2021, quien estuvo a cargo de la gestión de San Ramón fue Miguel Angel Aguilera (PS). Hace dos años, Aguilera fue imputado por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, cometidos entre 2013 y 2017.
La investigación contra Aguilera y otros funcionarios del municipio de San Ramón se inició en 2017, después de que TVN y Ciper Chile revelaran vínculos entre la municipalidad y bandas criminales, así como una red de influencias políticas y negocios irregulares (aquí y aquí).
En julio de 2021, Aguilera fue enviado a prisión preventiva debido a los delitos mencionados anteriormente. Sin embargo, en julio de 2022, fue puesto en libertad condicional con arresto domiciliario total y arraigo nacional mientras continúa la investigación del Ministerio Público.
En marzo de este año, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aceptó parcialmente una querella presentada por concejales del Municipio de San Ramón, y se dictaminó la inhabilitación del exalcalde imputado para ejercer cargos públicos durante 5 años. En relación a los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el caso está siendo llevado por el fiscal Metropolitano Sur Víctor Nuñez. Hasta la fecha, el exalcalde no ha sido formalizado.
¿Qué penas pueden arriesgar los exalcaldes?
El único exalcalde que no está siendo investigado formalmente por la justicia es Joaquín Lavín. Por otro lado, a excepción de Karen Rojo y Miguel Aguilera, el resto de las exautoridades se encuentran bajo la lupa del Ministerio Público desde 2021, año en que cesaron sus mandatos.
El caso de Karen Rojo deja entrever los peligros de revocar las medidas cautelares de arraigo nacional en casos de corrupción; mientras que el de Aguilera se ha dilatado por más de 6 años. Esto último deja en evidencia uno de los problemas de la persecución de los delitos de corrupción municipal, fiscalía y el sistema judicial chileno, en torno a la tardanza de las formalizaciones y procedimientos efectivos para cada caso. En palabra simples, que se haga justicia de forma efectiva.
En cuanto a las sentencias, el delito de fraude al Fisco, definido en el artículo 239 del Código Penal, conlleva diversas penas para los empleados públicos. Los funcionarios públicos que cometan estos hechos arriesgan una pena de presidio menor (de 61 días a 5 años) a una pena de presidio mayor (5 a 20 años). En todos los casos, se aplican multas proporcionales al delito y se inhabilita temporal o permanente a la persona a ejercer cargos públicos.
