Política de Actualización (12/01/2024): Posterior a la publicación de este reportaje, la Dirección de Presupuestos nos hizo llegar su respuesta. Se modificaron aspectos como el financiamiento de Agorechi y la aclaración sobre el Registro central de colaboradores del Estado.
Las corporaciones municipales han estado en el centro de las críticas por bullados casos de corrupción. Pero, no son las únicas entidades conformadas al alero de servicios públicos: la Asociación de Gobernadores (Agorechi), creada recién el 2022, ha recibido más de $360 millones en recursos públicos. Fast Check CL detectó que la asociación es una entidad privada, por lo que no está obligada a transparentar sueldos, personal y los proveedores que contrata. Contraloría reconoció que «no existe jurisprudencia administrativa que determine los alcances de la eventual fiscalización de la CGR a esta organización».
Por Elías Miranda
El 2 de febrero de 2022, la Dirección de Presupuestos (Dipres) —dependiente del Ministerio de Hacienda— publicó el manual de aplicación que busca dotar a los gobiernos regionales de mayor flexibilidad presupuestaria. La nueva política era un anhelo de los gobernadores regionales, quienes han insistido, desde su creación con la ley N° 21.073, en mayor autonomía y facultades para las regiones del país.
Meses después —el 9 de agosto— con la llegada de la nueva administración del Ejecutivo, el Presidente Gabriel Boric participó de la segunda sesión del Foro para la Descentralización, que se desarrolló la asociación de gobernadores, en la ciudad de Frutillar. En la instancia, el mandatario tuvo buenas palabras para lo que sería la situación de los gobiernos regionales en la Ley de Presupuesto 2023.
- «Le agradezco mucho la Asociación de Gobernadores, porque el poder dotar de autonomía presupuestaria, de que ya la glosa presupuestaria no dependa del Ministerio del Interior, sino que sea una glosa aparte de los Gobiernos Regionales y de flexibilidad para su ejecución, es algo que puede sonar muy administrativo, sin embargo, va a tener un impacto en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, de los pueblos, de las localidades que cada uno de nosotros representamos», afirmó Boric en aquella oportunidad.
Pero esa autonomía presupuestaria no solo aplica a los gobiernos regionales, también rige para la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), entidad que entre 2022 y 2023 recibió $361 millones en recursos públicos de parte de la Dipres. Fast Check CL constató que esta asociación no está sujeta a mecanismos de transparencia y fiscalización.
El mecanismo: fondos públicos, pero estructura privada
En el último tiempo, las corporaciones municipales han estado en la palestra por escándalos e irregularidades. Los casos más emblemáticos se asocian a Vitacura —que tiene al ex alcalde Raul Torrealba formalizado— y al municipio de Las Condes, con una serie de aristas por nexos políticos, indemnizaciones millonarias y el presunto uso malicioso de los recursos.
Pese a que la subvención a corporaciones municipales proviene de recursos públicos, pasaron años para su regulación. ¿Por qué? Este tipo de entidades están regidas por Derecho Privado, por lo que en un inicio, no estaban obligadas a transparentar sus cuentas. No fue hasta 2021 en que la Contraloría General puso el foco y, vía dictamen, las obligó a aplicar ciertas normativas y controles.
Aunque no solo las corporaciones son las que están constituidas por derecho privado. También existen las Asociaciones Municipales. Entre ellas está la Asociación de Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO) y la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Esta última está siendo investigada por presuntas irregularidades.
Pese a que las normativas de transparencia han ido aplicándose en las corporaciones y asociaciones municipales, en el caso de Agorechi, todavía sigue siendo una zona gris: se desconocen las remuneraciones, los contratos con proveedores y las rendiciones de cuenta en detalle.
Descentralización política y financiera
Fue gracias a la Ley de Presupuestos 2022 —elaborada por la administración de Sebastián Piñera— que los gobernadores quedaron habilitados para constituir una asociación y, en consecuencia, obtener recursos públicos para su funcionamiento.
En abril de 2022, con presencia de los 16 gobernadores del país, finalmente se constituyó Agorechi. En busca de la «defensa de los intereses de las regiones», la primera asamblea ordinaria estableció que la personalidad jurídica de esta asociación es de Derecho Privado y sin fines de lucro. En julio de ese año, quedó conformado el primer directorio encabezado por:
- Presidente: Patricio Vallespín, Gore de Los Lagos
- Vicepresidenta: Andrea Macia, Gore de Aysén:
- Secretario: Rodrigo Díaz, Gore del Biobío
- Directora: Krist Naranjo, Gore Coquimbo
- Directora: Cristina Bravo, Gore del Maule
- Tesorero: Luciano Rivas, Gore de La Araucanía
Puesta en marcha, la asociación comenzó a realizar una serie de diligencias con el objetivo de fortalecer «la descentralización política, administrativa, financiera y de competencias», detalla la Memoria de 2022 disponible en el sitio web de Agorechi. Entre las actividades llevadas a cabo ese año, hay convenios suscritos con la Fundación Chile Descentralizado, universidades y organizaciones climáticas internacionales.
Así también, la asociación ha participado activamente en las discusiones de las leyes de presupuesto. Esto último ha sido importante para destrabar las diferencias entre el Ministerio del Interior y los gobiernos regionales, en lo que respecta a materias de gasto y competencias en seguridad pública.
La principal y única fuente de financiamiento de Agorechi es a través del fisco. Sin embargo, los aportes realizados a institución no están transparentados en el Registro central de colaboradores del Estado, regulado por la ley 19.862. Esta normativa obliga a las distintas reparticiones públicas a que dejen constancia del dinero repartido a entidades privadas, como fundaciones, corporaciones, asociaciones municipales y juntas de vecinos.
Fast Check CL preguntó a la Dipres para conocer las razones de porqué no registran las transferencias a Agorechi. El organismo encabezado por Javiera Martínez afirmó que su financiamiento está regulado en la Ley de Presupuestos, en una asignación propia.
¿Quién trabaja y en qué se gasta?
Fast Check CL examinó los presupuestos establecidos, en el que Agorechi ha recibido un total de $365.750.000 en recursos públicos. En 2022, la transferencia a esta organización fue de $100 millones, incrementándose para el año siguiente en poco más de $265 millones (ver recuadro abajo). Para este 2024, la asignación es de $132 millones.
| Año | Monto |
| 2022 | $100.000.000 |
| 2023 | $265.000.000 |
| 2024 | $132.875.000 |
Agorechi desglosa su financiamiento en Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo, y Mobiliario. Pese a que informa de la ejecución general en estos tres ítems (ver aquí), no se informa del gasto en detalle, como las remuneraciones y compras a proveedores.
En su Memoria de 2022, la asociación estableció como estructura orgánica a un secretario ejecutivo, un profesional de las comunicaciones y una profesional coordinadora de áreas temáticas, más un contador externo. Según informes, públicos, hay dos exsecretarios ejecutivos que cumplieron funciones en Agorechi: Jaime Pilowsky y Fabiola Freire.
Pilowsky, ex diputado de la Democracia Cristiana entre 2018 y 2022, es un amigo y estrecho colaborador del actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Estuvo en Agorechi durante algunos meses de 2022, desempeñándose actualmente como gerente general de la Corporación de Desarrollo del GORE de Santiago.
Freire —ligada a la centroizquierda— cumplió labores en distintos cargos del servicio público, como la subsecretaría de Agricultura en Bachelet II y fue parte del equipo fundador del Consejo para la Transparencia en el año 2011. Ejerció en la secretaría ejecutiva de Agorechi hasta septiembre de 2023, cuando asumió como delegada presidencial de la Provincia del Maipo.
Fast Check CL tomó contacto personal con Fabiola Freire, quien ante nuestras consultas indicó que su remuneración líquida como secretaria ejecutiva era de $3 millones. Reconoció que para su cargo no hubo concurso público, pues el criterio está sujeto a las decisiones de la asamblea de Agorechi.
En el caso de Pilowsky, Fast Check CL intentó obtener su contacto. Desde su equipo en la Corporación de Desarrollo de Santiago, informaron que no emitiría declaraciones.
¿Quién fiscaliza a la AGORECHI?
Según detalla la Dipres en el manual de flexibilización presupuestaria de 2022, es mediante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos donde se debiera informar sobre la ejecución y el destino de los recursos asignados.
Fast Check CL revisó cada sesión de Presupuesto en la que Agorechi fue invitada a dar cuenta, corroborando que tanto Patricio Vallespín (ex presidente) como Ricardo Díaz (actual presidente y Gore de Antofagasta) sólo informaron de la ejecución general, más no el detalle de la escala de remuneraciones, proveedores y otros registros de cuenta.
Esto último fue confirmado por el Gore de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien actualmente se desempeña como presidente de Agorechi. Consultado por Fast Check CL, Díaz señaló que «todas las disposiciones de transparencia y control (de la asociación) se están estableciendo para el sistema de distribución presupuestario de 2024». Comentó que los controles del gasto son a través de informes entregados a la Comisión Mixta de Presupuesto y a la Dipres. En las sesiones que este medio revisó, solo hay constancia de la ejecución general (revisa aquí, aquí y aquí).
Díaz reconoce que las leyes de Transparencia y Compras Públicas no regulan el funcionamiento de Agorechi.
En tanto, la Dipres confirmó que «las entidades privadas no están afectas a las disposiciones de la ley de Transparencia o la Ley de Compras Públicas. Precisamente, por ese motivo, el Congreso Nacional estableció el deber de informarles trimestralmente respecto de la ejecución y el destino de los recursos asignados a la Agorechi». Lee la respuesta completa del organismo acá.
Hoy en día, la Ley de Transparencia es aplicable a entidades de derecho privado sin fines de lucro, las cuales deben cumplir con dos requisitos para su implementación: ser financiadas con recursos públicos y cumplir una función pública administrativa.
A través de una respuesta escrita, el Consejo Para la Transparencia —órgano encargado de regular este ámbito en el mundo público— indicó: «Para afirmar en el caso concreto de Agorechi, que es una asociación o corporación de derecho privado, que ésta queda obligada al cumplimiento de la ley, el Consejo Directivo tendría que revisar —acuciosamente y con todos los antecedentes del caso— la concurrencia de estos dos requisitos, de forma copulativa, ya sea de oficio o previa solicitud de pronunciamiento al respecto». Actualmente, el sitio web de la asociación no contempla un formulario para solicitudes de información.
Hasta la fecha, el CPLT no ha recibido ningún oficio de parte de la Contraloría relativo a Agorechi, a pesar de que la entidad es financiada totalmente por recursos fiscales.
«Otra posibilidad que tiene el CPLT de intervenir es que algún ciudadano interponga un amparo ante el CPLT por la no contestación de una solicitud de información a Agorechi, o bien un reclamo por incumplimiento de obligaciones de transparencia activa, en cuyo caso tendríamos que hacer un análisis previo de aplicación de la ley antes de decidir sobre el amparo o reclamo», expresó el organismo.
Dado que en 2021 la Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que las corporaciones municipales comenzarían a regirse por normativas de transparencia, Fast Check CL consultó al ente contralor por las facultades fiscalizadoras y si el dictamen para las entidades municipales también aplica para Agorechi. Luego de remitirles una serie de consultas, el órgano contralor se limitó a reconoce que «no existe jurisprudencia administrativa que determine los alcances de la eventual fiscalización de la CGR a esta organización»:
«Según la ley la naturaleza jurídica de la Agorechi no es la misma que la de las corporaciones municipales y no existiendo aún jurisprudencia al respecto no es posible responder la pregunta sobre su eventual sujeción a Ley de Transparencia y Ley de Lobby. Asimismo, no existe jurisprudencia administrativa que determine los alcances de la eventual fiscalización de la CGR a esta organización», señalaron.
La explicación de Agorechi
Hasta agosto de 2023, Agorechi funcionaba en la sede de la Universidad de Concepción (Udec) en Providencia (Región Metropolitana), tras concertar un convenio con esta casa de estudios. Desde la Udec informaron que ya no operan ahí desde agosto de 2023.
Actualmente, la asociación tiene su oficina en Bandera #84, Santiago. Fast Check CL fue en dos ocasiones para intentar obtener más información, pero no había nadie en el lugar.
Según la última Comisión Mixta de Presupuestos, quienes actuaban en representación de Agorechi eran Ricardo Godoy, director ejecutivo; y Pedro García, director de estudios. Godoy, hasta septiembre de 2023, ejercía como jefe de gabinete del Gore de Antofagasta, Ricardo Díaz.
El miércoles 10 de enero, Fast Check CL contactó a Ricardo Godoy para coordinar una entrevista presencial, pero se excusó por reuniones con la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Nos sugirió que las consultas se las enviáramos por WhatsApp.
Agorechi respondió que cuenta con controles externos, como lo son «la Dipres y el Congreso Nacional a través de Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dado que la ley de presupuestos establece expresamente la obligación de informar, trimestralmente» sobre los recursos asignados (Lee la respuesta completa de Agorechi aquí).
Interrogados por la sujeción a normativas de transparencia, explicaron: «Dada la naturaleza de la organización, no está obligada a adscribirse ni a la ley de transparencia ni a la ley de compras públicas. Con todo, durante este año se realizan las acciones necesarias para incorporarse a la plataforma pública que existe para Transparencia activa».
Sobre la contratación de proveedores, comentaron que se ejecutan «previo proceso de cotizaciones o licitación privada que realiza la secretaría ejecutiva, las que, de acuerdo al monto, son resueltas por el directorio».
En razón de que el financiamiento es mediante recursos públicos, Fast Check CL solicitó a la asociación que trasparentaran los sueldos de los funcionarios que actualmente cumplen labores, pero esto fue denegado: «Cualquier medida sobre la publicación de las remuneraciones requiere del acuerdo de los profesionales que laboran en ella. Lo que si podemos garantizar es que las remuneraciones están de acuerdo a los títulos profesionales, la experiencia y las competencias, de cargos equivalentes en otras asociaciones privadas de distintos sectores del país», concluyeron.
