Fast Check CL, a través de ley de Transparencia, solicitó los montos de pensión de 6 criminales de derechos humanos en Chile, todos ex militares que siguen recibiendo jubilaciones millonarias tras participar activamente en el régimen de Pinochet y en casos como el asesinato de Carlos Prats, Orlando Letelier, Víctor Jara, Tucapel Jiménez, entre otros. El detalle en el reportaje de Fast Check CL.
Por Álvaro Marchant y equipo de investigación de Fast Check CL.
El pasado miércoles 6 de marzo, y luego del receso parlamentario, se retomó en la Cámara del Senado la discusión sobre la reforma de pensiones que ha causado asperezas entre el oficialismo y la oposición.
En la sesión se discutió uno de los puntos más controversiales del proyecto impulsado por el Gobierno: el porcentaje que irá a capitalización individual. Recordar que, en enero de este año, el gobierno propuso que tres puntos estuvieran destinados a cuentas individuales y el otro 3% a solidaridad, idea que tampoco convenció a la oposición que sigue firme en la idea de que la totalidad vaya integramente a las cuentas individuales.
Mientras el debate por las pensiones de la mayoría chilenos continúa, el escenario de los ex militares es completamente distinto. Las jubilaciones de las Fuerzas Armadas son financiadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y el monto recibido depende del rango alcanzado. Un aspecto importante, es que un miembro retirado no puede recibir más dinero que un militar en ejercicio del mismo rango.
Asimismo, hasta la fecha, no hay una hoja de ruta que contemple la rebaja o revocación de pensiones, según pudo corroborar Fast Check CL con el Gobierno y los proyectos de ley ingresados.
A través de Ley de Transparencia, Fast Check CL accedió a los montos de pensión (enero 2024), que obtienen mensualmente los ex militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos. La lista recibida esta conformada por Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Iturriaga Neumann, Pedro Espinoza Bravo, César Manríquez Bravo, José Zara Holger y Carlos Herrera Jiménez.
Una historia con críticas
Sin embargo, el sistema no siempre fue así. El 1 de mayo de 1981 comenzó a funcionar un nuevo sistema de pensiones, donde individualmente cada cotizante debía, de manera obligatoria, ahorrar el 10% de su remuneración imponible promedio en Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). No obstante, las Fuerzas Armadas no fueron contempladas en este cambio estructural, en un movimiento del dictador Pinochet, quien desde su origen presentó dudas sobre el nuevo sistema de pensiones que le ofreció el exministro José Piñera.
Las diferencias entre un sistema y otro son sustanciales y, en muchas ocasiones, ha sido foco de debate. Uno de los puntos más polémicos es sobre las millonarias pensiones que reciben los ex militares condenados por violación a los Derechos Humanos.
Aunque el pago de estas se encuentren bajo el marco legal, organizaciones como Londres 38 se muestran críticos ante esta situación y sostienen «que las FF.AA participaron del terrorismo de Estado asegurando, a cambio, su protección social, sabiendo que para el resto de los chilenos el experimento neoliberal, que incluye las transformaciones del modelo de pensiones, traería la liberalización de los derechos que ellos hasta hoy tienen protegidos, manteniendo el sistema antiguo de reparto».
La lista de los beneficiados
Miguel Krassnoff fue Brigadier del Ejercito de Chile, participó del asalto a la casa del presidente Salvador Allende en la calle Tomás Moro durante el golpe militar de 1973. Sumado a eso, cumplió en diversas misiones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Por los crímenes de lesa humanidad perpetuados durante la dictadura militar, Krassnoff fue condenado a más de 1.000 años de cárcel.
Krassnoff en 2020, según Radio Universidad de Chile, recibía una pensión de $2.681.543 por haber jubilado con el grado de coronel; tres años después —de acuerdo a la información solicitada por Fast Check CL— esta cifra asciende a $3.491.000, es decir, $809.457 más de pensión en tres años.
El ex general y director asistente de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann, fue un activo participante en diversos hechos realizados durante la dictadura militar, de los cuales emergen muchas de las condenas actuales. Una de las tantas adjudicadas a Iturriaga Neumann es el homicidio de Carlos Pratts y su esposa, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Argentina. El ex general cumple su condena en el penal Punta Peuco, donde está a la espera de la resolución de otras causas pendientes. En 2020 su pensión era de $2.309.221, actualmente recibe $3.006.575.
Al igual que sus compañeros, Pedro Espinoza Bravo, también formó parte de la DINA durante el periodo de dictadura. Bajo este contexto, Espinoza Bravo, fue parte del asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington D.C y de la Caravana de la Muerte, operación que terminó con la desaparición forzada y asesinato de 97 personas. Hace tres años recibía una pensión de $2.028.560, la cual ha incrementado a $2.641.156.
César Manríquez Bravo, ex general de Ejercito, es uno de los culpables del homicidio del cantautor Victor Jara mientras estaba detenido en el Estadio Chile, lugar donde Manríquez fue comandante. Además, se le atribuye el homicidio de Miguel Enríquez, ex secretario general del MIR, padre biológico de Marco Enríquez-Ominami. A enero del presente año, es beneficiario de una pensión que alcanza los $2.508.344.
En el caso de Carlos Herrera Jiménez, este recibe su pensión correspondiente a los años de servicios y el cargo alcanzado y, además, un montepío. El autor del homicidio contra el dirigente sindical de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, y el transportista Mario Fernández López en La Serena, recibe $1.430.003 por sus años de servicios.
Finalmente, el último de la lista es José Zara Holger, quien fue condenado en 2010 por la participación en el homicidio del general y ex comandante Carlos Pratts junto a su esposa, crimen donde también participó otro miembro de esta lista. El ex brigadier obtiene una jubilación de $2.503.424.
Cada uno de los miembros de la lista, publicada por Fast Check CL, recibe en sus propias cuentas el dinero de las pensiones, a excepción de Miguel Krassnoff, quien recibe el dinero de la jubilación a través de su esposa, María de los Ángeles Bassa Salazar.
El cuestionamiento de las organizaciones
Aumentos de $800.000 en algunos casos. Esa es la realidad de muchos ex militares que gozan de ser parte del antiguo sistema de reparto, no obstante, esto ha generado fuertes críticas dentro de las organizaciones de Derechos Humanos.
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, comenta que «lo que podría hacerse es evaluar la posibilidad de avanzar con un cambio legislativo que implique degradar a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Ello implicaría que no puedan seguir gozando de los privilegios y los honores que les concede. Podrían seguir recibiendo una pensión para satisfacer sus necesidades básicas, pero no sería equivalente a las del grado que tenían».
Además, desde Londres 38, recalcan la diferencia que existe entre las pensiones que reciben los ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad respecto a las víctimas de la dictadura. «Es importante relevar las desigualdades que existen en los diferentes tipos de pensiones que se pagan en Chile. Los criminales de lesa humanidad, que hicieron carrera matando, torturando, desapareciendo, tienen sendas pensiones por sus años aplicando la represión de la dictadura. En contraste, las pensiones de reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos son realmente precarias», comenta la organización.
Los proyectos que duermen en el Congreso
El 18 de enero de 2019 ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la carrera militar en distintos aspectos, siendo la extensión de los años de servicios la más relevante y polémica.
Actualmente, la Ley 18.948, explicita que los oficiales pueden optar al retiro absoluto voluntario y acceder a la jubilación con 30 años de servicios, por otro lado, el proyecto busca aumentar los años de servicio a 35. Asimismo, fija en 41 años de servicios, o 44 años efectivos computables para el retiro, en vez de los 38 y 41 actuales, respectivamente, como tiempo máximo de duración de la carrera militar.
En el caso del Personal del Cuadro Permanente y Gente del Mar, propone que el retiro sea a los 40 años y no a los 35 actuales.
Pese a ser un cambio sustancial en lo que se relaciona a jubilaciones de las FF. AA, hoy en día, el proyecto se encuentra congelado en el Congreso. En cuanto a las modificaciones a la Ley 18.948, la última realizada fue el 26 de septiembre de 2019, sin embargo, no aborda ninguno de los artículos que se vinculan a los años de servicios.
La primera vez que se llevó a cabo una acción concreta respecto a esta situación, fue el 8 de julio de 2010, cuando se presentó la iniciativa de revocar las pensiones de los exuniformados condenados por violación a los DD.HH. La última vez que se discutió fue en septiembre del mismo año y desde ahí no ha continuado con la tramitación.
El segundo proyecto ingresó el 11 de agosto de 2015 a la Cámara Alta. Pese a que algunos senadores de ese entonces solicitaron urgencia al proyecto, este fue archivado en agosto de 2021.
La responsabilidad del Gobierno
El discurso del Gobierno siempre ha sido categórico en condenar los hechos ocurridos durante la dictadura militar, y una de sus promesas de campaña fue avanzar en la reparación de aquellos que fueron afectados. Es por esa misma razón que, hoy, las expectativas son altas.
Bustos, de Amnistía Internacional Chile, cuenta que este podría ser uno de los temas que el Gobierno revise en conjunto con todos los asuntos que siguen pendientes, en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. En la misma línea agrega que «lograría ser una medida que ayude a terminar con algunos privilegios con los que cuentan las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Es importante que se avance en revisar las actuales prestaciones a víctimas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura, tal como se establecía en el programa de Gobierno».
Al ser interrogados sobre la posibilidad de rebajar o revocar las pensiones de los ex militares condenados, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas —encabezada por Galo Eidelstein— indicó que que «en materia de DD.HH, el gobierno de Chile ha impulsado el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, tarea en la que estamos colaborando. Respecto a las medidas que usted consulta, de momento no podemos informar de nuevas medidas».
