Aunque se muestra crítico en ciertos aspectos de cómo el Gobierno ha encabezado la agenda de transparencia, reconoce que la responsabilidad es compartida entre todos los actores políticos. Michel Figueroa, recien nombrado nuevo director ejecutivo de Chile Transparente, conversa con Fast Check CL sobre la crisis de probidad por la que atraviesa el país: «Hay que entender que las comisiones asesoras en materia de corrupción en Chile, independiente del tema que hayan tenido como baluarte en su momento, han sido una posición reactiva a la solución de un problema puntual», afirma.
Por Elías Miranda
Michel Figueroa asumió oficialmente la dirección ejecutiva de Chile Transparente el 25 de marzo de este año, luego de la vacancia que dejó María Jaraquemada tras ser nombrada por el presidente Gabriel Boric, como integrante del Consejo para la Transparencia en los cupos que faltaban completar, tras el fin del periodo como consejeros de Gloria de la Fuente (PS) y Francisco Leturia (IND).
Figueroa conversó con Fast Check CL sobre lo que viene sucediendo en un sistema político que se resquebraja con el pasar de las semanas tras los casos de corrupción que hemos conocido: levantamiento del secreto bancario de alcaldes, formalizaciones, filtraciones, horas extras, tráfico de influencias y lobby en el poder judicial.
“Podrían llegar haber situaciones de desconocer el fallo de un tribunal”
— El Caso Hermosilla ha tenido varios coletazos desde que se reveló el audio de Leonarda Villalobos, ¿cómo has visto la evolución del caso?, ¿hay una voluntad de las autoridades por llegar al fondo del asunto?
Lo que conocemos del caso, particularmente diría que recién es la punta del iceberg. Dado los datos que la Fiscalía recién ha podido procesar, de la evidencia que tiene y lo que hemos conocido, a través de la prensa, nos muestra que sería una red de corrupción que casi no tiene fronteras con el poder político, tanto en el Gobierno, en el Congreso y el Poder Judicial.
Me parece que podríamos, a medida que se vaya procesando la información y derivando el caso, encontrar suficiente evidencia para buscar una condena como caso de corrupción. El gran problema es que la reacción del mundo político es más una defensa corporativa a sus propios intereses, que la búsqueda genuina de hacer justicia.
— ¿Cómo Luis Hermosilla pudo, aparentemente, saltarse tantos controles e instituciones? ¿Qué falló en el sistema?
Fallaron varias cosas. Primero, fallaron los mecanismos de control interno que tienen las instituciones públicas, fallaron el cumplimiento de las normas, pero, por sobre todo, fallaron los propios principios que tienen las personas que ejercen cargos públicos de querer hacer el bien y no beneficiar a una persona en particular.
El problema de fondo con eso, es que pone al sistema político y a todas las autoridades del Estado en un cuestionamiento transversal que, hoy día, esa crisis de desconfianza de la que veníamos hablando, se agudiza tanto que incluso podrían llegar haber situaciones de desconocer el fallo de un tribunal, acusando la deslegitimidad que tienen los jueces por sus relaciones corruptas para poder llegar a los cargos públicos.
Hoy en día, ni el poder político ni quienes influyen en la opinión pública, están pensando decididamente en cómo solucionar estos problemas de forma estructural, y cuál es realmente el rol que debe tener el Estado
— ¿Y te parece que es suficiente una comisión investigadora dentro del mundo político?
Las comisiones investigadoras tienen un rol súper limitado, que es determinar la responsabilidad política de un agente estatal. Acá lo que estamos viendo, a la luz de los hechos, son delitos que tiene que investigarse en sede penal, pero además también traspaso de recursos y, por otro lado, no sabemos si es que efectivamente hay otros tipos de relaciones que se dieron entre los representados de Hermosilla y el poder político.
El gran problema detrás de esta toda maraña, es que quienes tienen que juzgar si estos actos fueron delitos o no, son jueces, personas que justamente el mismo Hermosilla influyó para que llegaran ahí. Entonces, de cierta forma, ha logrado tener una relación clientelar con todos los poderes del Estado que lo ha beneficiado por años, de acuerdo a lo que hemos visto.
“Nuestra legislación en materia de protección de datos personales (…) se ha puesto al nivel de una garantía constitucional”
— Este caso involucró a la PDI, puntualmente a su ex director, ¿el actual control que hay sobre la policía civil es suficiente a la luz de los hechos?
La principal dificultad en materia de control con las policías, es que los ciudadanos desconocemos mucho de los procedimientos que tienen las policías, civiles o uniformadas, para hacer sus labores. Funcionan con un lenguaje distinto, funcionan con procedimientos que son muy alejados de lo que un funcionario público hace en su día a día. Lo que evidentemente es una primera barrera para poder ejercer adecuadamente el control, y muchas de sus acciones funcionan al alero del secreto. Y cuando hay secreto, la transmisión de información es muy lenta y escasa, por tanto, se van dando un conjunto de condiciones que favorecen los espacios para que la corrupción ocurra.
— ¿Y te parece que esas preguntas que acabas de deslizar, están siendo priorizadas por quienes debieran legislar al respecto?
Desde el punto de vista legislativo, ha habido poco esfuerzo en esta materia. De hecho, hace varios años existe una reforma que está en el Congreso, justamente, para levantar el secreto de las cuestionas de la policía, que hoy día dado el código de justicia militar, el número de agentes policiales y militares, sus remuneraciones y destinaciones, son secretas. Eso impide que hoy día sepamos cuánto gana un policía, o cuánto gana un miembro de las Fuerzas Armadas, en qué lugares están destinados cada uno de los agentes; por tanto, no tenemos herramientas ni información para hacer un adecuado control.
— Mencionaste el levantamiento del secreto bancario: ¿qué te parece la discusión en torno a este tema en el Congreso?
Hoy día la discusión del secreto bancario se ha puesto a la palestra, dado que sería una herramienta que nos permitiría saber si alguien está recibiendo dinero adicional a lo que amerita por sobre su remuneración. El problema es que nuestra legislación en materia de protección de datos personales, como lo son los datos bancarios, es tan fuerte, que se ha puesto al nivel de una garantía constitucional, que muchas veces por leyes simples no podemos solucionar.
“Las corporaciones se han creado para tratar de evadir las reglas del sector público”
— Hace algunos días autorizaron el levantamiento bancario de la alcaldesa Daniela Peñaloza en Las Condes. A la fecha, van más de 7 casos de presuntas irregularidades en ese municipio desde que asumió, ¿por qué crees que hay una reiteración de hechos en esa comuna?
Lo que hemos sabido de la Municipalidad de Las Condes, particularmente de la gestión de la alcaldesa Peñaloza, es que aquí se ha instalado a un conjunto de personas en cargos directivos, cercanos a la alcaldesa, que han encontrado los mecanismos legales en muchos casos y en otros ilegales, para desviar recursos públicos o para aprovecharse del sistema para fines ajenos a los de un municipio.
Y así, hemos visto cómo se pagan favores políticos colocando a personas con contratos a honorarios sin mucho control y una prestación clara, el recibo de sobornos en algunos cargos, la autorización de horas extras inexistentes e incluso en la falencia de los mecanismos de control dentro de los municipios que han sido una decisión discrecional para poder saltar el control y no ser detectados.
Aunque cuando hablamos en este tipo de situaciones, hay que tener en cuenta que lo que pasa en Las Condes, no es una situación aislada de los municipios, la única diferencia es que es una situación más grosera, pero no es un tipo de falta anómala en los municipios.
— En tanto, la Fiscalía solicitó la formalización del alcalde Daniel Jadue por el caso de farmacias populares: ¿cómo evalúas la acción del Ministerio Público en cerca de dos años de investigación?
En general los casos de corrupción tienen una característica importante, que es la dificultad de poder ser detectados. A diferencia de un delito común, los delitos de corrupción tienden a operar en el secreto, tratan de no dejar rastro o evidencias y, además, a primera instancia todo el procedimiento que siguen los corruptos para sacar dinero del Estado tienden a tener una investidura legal. A primera vista, parece que todo funciona bien.
Hoy día, ahí está el desafío por parte de la Fiscalía de cómo reforzar los equipos que investigan este tipo de hechos para justamente tener equipos especializados con mayor disponibilidad de recursos humanos y financieros, para poder llevar a cabo la investigaciones con más eficiencia, de tal forma de hacernos cargo de la sensación que queda en las personas de impunidad, por la lentitud que hay en las investigaciones y por lo bajo que tienen las penas de corrupción.
“Hemos visto avances solo en un 39% de las medidas”
— La administración del Presidente Gabriel Boric creó una Comisión para la regulación del vínculo entre el Estado y las fundaciones. A la fecha, ¿el gobierno ha materializado, de alguna forma, los resultados de dicha comisión?
Primero hay que entender que las comisiones asesoras en materia de corrupción en Chile, independiente del tema que hayan tenido como baluarte en su momento, han sido una posición reactiva a la solución de un problema puntual. Si uno revisa el caso Codelco en 1994, lo que fue la Comisión de ética pública, los sobresueldos del caso Mop Gate, Chiledeportes o los casos de financiamiento irregular en la política o, incluso, lo que hoy día hablamos como comisión Jaraquemada orientada a las transferencias directas a fundaciones; lo que vemos es que el Estado simplemente reacciona ante una situación, buscando solucionar los problemas.
La evidencia nos ha mostrado que esa no es una fórmula que resulte útil para el problema. De hecho, si ahora vemos los datos particulares de avance de esta instancia, en las 46 medidas que recomendó la comisión Jaraquemada, hemos visto avances solo en un 39% de ellas. Avances, ni siquiera efectividad de ese avance.
— ¿Y esos avances en qué se traducen?
Se traducen en que el Gobierno ha hecho algunos esfuerzos por enviar proyectos de ley o por hacer gestiones internas, pero que no han tenido todavía un resultado claro.
Y acá centramos habitualmente la mirada en que esto es responsabilidad del gobierno, pero que hoy día, por ejemplo, nuestro país tenga una nueva legislación que evite las situaciones que se vivieron, también requieren responsabilidad del Congreso. O que los casos que se están investigando logren tener medidas efectivas, también dependen del Poder Judicial o de organismos autónomos como la Fiscalía.
— ¿Y no fue un paso en falso -o una contradicción- la creación de esta comisión que velaba por mayor transparencia y, a la vez, las reuniones de ministros de Gobierno en la casa de Pablo Zalaquett?
No necesariamente, porque la creación de una comisión asesora especial, lo que busca de cierta forma es de traer personas que son externas al ámbito político clásico, a que hagan un diagnóstico, plantee las recomendaciones de soluciones, porque reconoce implícitamente esa situación de que quienes están en el mundo de la decisión política no están legitimados para plantear las soluciones.
Me parece raro ir a conversar temas de inversión pública, de decisiones empresariales o sobre las relaciones del Gobierno con los empresarios de forma privada a la casa de un intermediario político o un lobbista como lo es Zalaquett. Al menos intuitivamente me debería parecer sospechoso.
— ¿Cómo toman la designación de María Jaraquemada, ex directora ejecutuiva de Chile Transparente, en el Consejo Para la Transparencia, por parte del Gobierno?
En primer lugar, es un reconocimiento a su trayectoria profesional, que ha estado marcada por una vocación de servicio en materia de transparencia y anticorrupción. En segundo lugar, un reconocimiento a que necesitamos personas no partidarias en cargos de decisión tan importantes como lo es el Consejo Para la Transparencia, y reconociendo el trabajo que se hace desde las funciones cuando es serio, puede aportar mucho en la construcción del país.
— ¿Y esa designación no es una medida del Gobierno para inhibir el accionar fiscalizador que Chile Transparente ha venido haciendo?
Más bien es un reconocimiento a lo que hacen instituciones como Chile Transparente, cuando lo hacemos con seriedad y tecnicismo, buscando el bien común y no el beneficio de un sector político determinado. Nuestras ideas han estado al servicio de todos los gobiernos, buscando simplemente influir en decisiones que puedan elevar el estándar de cómo se hacen las cosas en el país, para tener una cultura más ética en la forma en que la política ejerce su actividad para solucionar los problemas de las personas.
