La investigación, respaldada por la Fiscalía y las autoridades policiales, revela la existencia de más de 40 archivos de contenido sexual en el dispositivo móvil de Alonso Arancibia, juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar. A pesar de la formalización, Arancibia sostiene su inocencia, mientras el proceso legal avanza con una investigación que promete profundidad en los próximos 120 días.
Por Fast Check CL
El Juzgado de Garantía de Viña del Mar ha tomado medidas contundentes contra Alonso Arancibia Rodríguez, el juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar, quien enfrenta acusaciones graves. En este sentido, la Fiscalía, encabezada por Álvaro Mansilla, lo formalizó por el delito contemplado en el artículo 161-C del Código Penal, que implica la captura de imágenes sin consentimiento con fines sexuales en lugares públicos o de acceso público.
¿Qué se sabe hasta ahora?
El juez, quien también ejerció como Titular del TOP de Quillota, fue denunciado por la pareja de una de las víctimas, y ahora enfrenta cargos por capturar imágenes íntimas de mujeres en el Gimnasio Sportlife de Concón sin su autorización.
La investigación revela que estas acciones ocurrieron entre diciembre de 2023 y enero de 2024, afectando al menos a cuatro mujeres, una de ellas menor de edad. Las medidas cautelares, como el arraigo nacional y la prohibición de acercarse al gimnasio o a las víctimas, han sido impuestas por el tribunal durante la jornada de hoy en base al artículo 161-C del Código Penal.
Investigación en curso
La Corte de Apelaciones de Valparaíso, según consigna 24 horas, ha iniciado una investigación administrativa paralela al caso, evidenciando la gravedad de las acusaciones. La Fiscalía, respaldada por el trabajo conjunto con Carabineros y la PDI, ha revelado la existencia de más de 40 imágenes y videos de “connotación sexual” en el celular del acusado. A pesar de la formalización, el imputado ha mantenido su inocencia y su disposición a cooperar con las autoridades.
¿Qué Sigue?
El proceso legal continuará su curso, con la investigación de los hechos y la determinación de posibles sanciones por parte del Poder Judicial. En este sentido, el tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación.
