Tras el impactante homicidio de tres funcionarios de Carabineros en Cañete, las investigaciones apuntan hacia la posible participación de perpetuadores ligados al crimen organizado. Según informes preliminares, los oficiales fueron emboscados mientras verificaban las medidas cautelares de un individuo, a unos 5 kilómetros de la ruta P72S. Además, se especula que hubo un enfrentamiento antes de que los atacantes los despojaran de sus chalecos antibalas y cascos para luego ejecutarlos.
Por Fast Check CL
A poco más de 48 horas desde que se descubrió el homicidio de tres funcionarios de Carabineros, en Cañete, las principales hipótesis apuntan a que el crimen estaría vinculado al crimen organizado. El hecho, ocurrido durante la madrugada del sábado, ha conmocionado a la comunidad y ha puesto en alerta a las autoridades.
Las principales líneas investigativas que apuntan al crimen organizado se centran en el modus operandi y las características del ataque, que se diferencian notablemente de los incidentes relacionados con la denominada violencia rural. Según los antecedentes que se han ido revelando, en base a lo consignado por Radio Bío Bío, los funcionarios de Carabineros habrían estado verificando las medidas cautelares de un sujeto a unos 5 kilómetros de la ruta P72S, momento en el que habrían sido atacados por un grupo de personas.
Aunque aún no se sabe cómo fueron reducidos los funcionarios policiales, se especula que se produjo un enfrentamiento, en el que les quitaron sus chalecos antibalas y cascos, para luego ejecutarlos. Posteriormente, los responsables habrían trasladado los cuerpos hasta el kilómetro 25 de la ruta P72S, donde fueron encontrados quemados.
Tras este crimen, el gobierno presentó una querella por homicidio, infracción a la ley de armas y organización criminal. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó por qué esta acción judicial no contempla la Ley Antiterrorista. “A nosotros nos gustaría presentar una querella por Ley Antiterrorista, pero no permitiría ser lo suficientemente eficaces en la investigación ni aplicar las penas más altas”, señaló.
Por su parte, el único fiscal de la Región de Bío Bío especializado en violencia rural, Juan Yáñez Martinich, no fue elegido dentro del grupo de los cuatro persecutores que realizarán las diligencias del caso. Esta decisión ha generado cierta controversia y ha sido objeto de debate en la opinión pública.
