En medio de una creciente controversia sobre el manejo de fondos públicos, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha solicitado la renuncia del director del Serviu en Antofagasta, Ricardo González Campos. Esta decisión surge tras una evaluación detallada de su desempeño, además de una investigación en curso sobre el uso de recursos transferidos del Gobierno Regional al Serviu.
Por Fast Check CL
Durante la tarde del pasado domingo, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, solicitó la renuncia de Ricardo González Campos, director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Antofagasta. La decisión se basa en una evaluación detallada del desempeño del funcionario, explicando en una conferencia de prensa que es necesario hacer un cambio en la dirección del servicio.
En este sentido, Montes argumentó que la medida está relacionada principalmente con cuestiones de desempeño, señalando que “es parte del funcionamiento del Ministerio, de ir evaluando el desempeño de un funcionario, y llegamos a la conclusión de que era necesario pedirle el cargo para nombrar a otra persona y hacer una nueva selección”. Además, mencionó que hay una investigación en curso por un convenio realizado durante el gobierno anterior que aún no ha sido completamente aclarado, lo que impide su cierre y la iniciación de uno nuevo.
Bajo la misma línea, y según consigna La Tercera, la decisión también está influenciada por la insatisfacción del gobierno con la gestión de González en el Plan de Emergencia Habitacional de la región, mientras, paralelamente, la Fiscalía Regional de Antofagasta ha iniciado una investigación de oficio para verificar el uso de recursos transferidos desde el Gobierno Regional (Gore) al Serviu, como parte del programa “Más Vivienda y Mejores Barrios”.
Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, ha asignado al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, la responsabilidad de esta pesquisa, que contará con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI). Esta investigación tiene como objetivo determinar la existencia de posibles delitos relacionados con la gestión y uso de los fondos públicos.
