Fue a inicios de junio cuando la presidenta de la Comisión del Mercado Financiero (CMF), Solange Bernstein, anunció que se aplicarían una serie de medidas a la regulación de asesores financieros. El foco era claro: controlar y garantizar, mediante un examen de conocimiento, cierto estándar en los servicios prestados por los influencers financieros o “finfluencers”. Pero, ¿en qué consiste este examen, quién lo emplea, cuánto cuesta y qué piensan los creadores de contenidos?
Por Álvaro Marchant
A inicios de junio la presidenta de la Comisión del Mercado Financiero (CMF), Solange Bernstein — a través del podcast Zoom Financiero de la CFA Society— anunció una serie de cambios en cuanto a la regulación de las personas que entreguen asesorías financieras en redes sociales.
En esta instancia, la jefa de la comisión, reveló que los influencers financieros, o también denominados “finfluencers”, deberán registrarse como asesores de inversiones si es que quieren seguir entregando recomendaciones a sus seguidores.
Esta decisión nace con la finalidad de equiparar la cancha entre aquellas personas que se dedican a esta actividad de manera regulada, y los creadores de contenido que ejercen las mismas funciones sin ninguna entidad que garantice sus conocimientos.
¿Cuál es la opinión de los influencers financieros?
La normativa de la CMF no es una decisión azarosa, y responde al nuevo paradigma que se ha instalado en cuanto a las formas de realizar asesoramientos financieros. No obstante, el auge de esta realidad, en algunos casos, ha conllevado a problemas judiciales.
Un ejemplo de esto, es la reciente denuncia contra Cristóbal Romero, ex integrante del docureality “Perla”, quien fue denunciado por estafar a cerca de 40 personas por un monto que ronda los $200 millones. A través de sus redes sociales, Romero invitaba a sus seguidores a invertir su dinero en el fondo “Social Money”. Luego de que se conociera su caso, el influencer reveló que él también había invertido en el fondo y que su relación con éste solo se trató de un trabajo publicitario.
Las opiniones respecto a la regulación son variadas. Si bien gran parte de los que se dedican a esta actividad apoyan la normativa, algunos como Gino Lorenzini, tienen ciertos reparos al respecto.
Gino Lorenzini y Felices y Forrados
Lorenzini fue el creador de “Felices y Forrados”, iniciativa que entregaba asesorías para obtener el máximo beneficio en las cotizaciones. Sin embargo, el 5 de marzo de 2021, el fundador de la entidad anunció que su negocio llegaría a su fin. La decisión llegó luego de que se aprobara la ley 21.314, que regulaba a los agentes de mercados, asesorías previsionales, entre otros.
Al ser consultado acerca de este tema, Lorenzini, comenta que se encuentra a favor de que esto se lleve a cabo, sin embargo, plantea que “la norma que Bernstein firmó en la CMF tiene vicios de inconstitucionalidad al afectar la libertad de expresión”. En la misma linea comenta que mientras la persona que entregue el servicio no presente conflictos de interés y no reciba ingresos por esto, se debe respetar la libertad de expresión.
“La regulación está tan mal hecha, que muchos “finfluencers” que quieren regularse, no pueden porque hay un limite arbitrario de 100.000 seguidores. Por ende hay gente profesional, que quiere dar el examen, pero la normativa se lo impide, provocando una discriminación arbitraria”, agrega el ingeniero comercial.
Es importante precisar que la CMF, en la respuesta 24 de “preguntas frecuentes”, exceptúa de constituirse como persona jurídica a la persona natural que cumpla con el requisito de “que el número de personas determinadas a las que efectuaron asesorías por medio de cualesquiera de los medios que emplea para ese efecto, incluidas redes sociales, en los últimos doce meses, no supere las 100.000 personas”.
Francisco Ackermann, el rey de los finfluencer
Otro conocedor de este mundo es Francisco Ackermann, fundador de Finup Latam —plataforma de streaming de educación financiera y emprendimiento—, y autor del libro “Con peras y finanzas”.
Ackermann también considera que la normativa va en la dirección correcta, dado que pone el foco en que las personas que entregan estos servicios lo hagan de buena manera y fiscaliza cuando no se realizan correctamente. No obstante, apunta su critica a que la CMF engloba a todas las personas que realicen asesoramientos financieros y no hace una distinción entre quienes se enfocan en la educación financiera.
“Hicieron una normativa en la cual dice que cualquier persona que tenga cierto grado de influencia en otra persona y que hable de finanzas de manera recurrente se convierte en asesor. Después tratan de decir que la educación es neutra e informal, o sea, neutra y básicamente objetiva. Asimismo, se contradicen porque si alguien dice información neutra, objetiva, de libro, pero influencias en otra persona, eres asesor”, explica Ackermann.
En la misma línea agrega que “ni siquiera se conversó con las personas involucradas, nunca se estableció una mesa para discutir qué es lo que es educación, qué es asesoría, cómo se hace, simplemente se anunció la medida”.
¿En qué consiste la normativa de la CMF?
El 12 de enero de 2024 la CMF emitió la norma de carácter general N°502, orientada a aquellas personas que se dedican de manera profesional a prestar servicios financieros establecidos en el Título 2 de la ley 21.521 (Ley Fintec).
Su finalidad era regular el registro y autorización para la prestación de servicios, los requisitos en materia de gestión de riesgos y gobierno corporativo, capital y garantías y las obligaciones de divulgación y entrega de información a los clientes y al público en general. Además, obligaba a estas personas a solicitar su acreditación.
Producto del incremento de los influencers financieros, y la poca claridad que existía en esa materia, el 5 de julio del 2024, la CMF actualizó el documento de “preguntas frecuentes” asociadas a la NCG 502. En dicha modificación, se señala que aquellas personas que divulguen contenido financiero mediante redes sociales serán consideradas dentro del marco regulatorio de la Ley Fintec. Sumado a esto, instaura la obligación de que las personas dedicadas a este rubro acrediten sus conocimientos.
Con la finalidad de fortalecer la normativa vigente, se incorpora la NCG 503 —que entrará en vigencia en enero de 2025— cuyo objetivo es establecer que el proceso de acreditación de conocimientos debe ser realizada “por un mecanismo mantenido por las bolsas o una entidad sin fines de lucro creada para ese efecto”.
Actualmente, ese proceso es responsabilidad del Comité de Acreditación del Mercado de Valores (CAMV). Sin embargo —según Tamara Sotomayor, gerente y secretaria general del comité—, desde el próximo año se optó porque un organismo centralizado lo realice.
¿Cuáles son sus tareas?
Dentro de las tareas que debe cumplir el CAMV se encuentra: la definición de las categorías funcionales que deberán ser aprobadas en el examen y el ámbito de conocimientos para cada categoría, la creación, mantención y administración del banco de preguntas y respuestas, que servirá como base para los exámenes de conocimiento, administrar el proceso de toma de exámenes y administrar el proceso de diseño, elaboración e implementación del mismo.
La acreditación consta de dos procedimientos:
- un examen realizado por el CAMV.
- cumplir con un programa de capacitación.
Sobre este programa, Sotomayor, explicó que, de cara al próximo año, se denominará esquema de formación continua. En la misma línea agregó que en las próximas semanas se darán a conocer los detalles de éste.
¿Cuáles son los detalles del examen?
El examen de acreditación consta de 100 preguntas de selección múltiple (desde la letra A a la D), las cuales deben ser respondidas en un tiempo máximo de dos horas y treinta minutos. El total de preguntas se dividen en dos componentes: general y específico.
Cabe destacar que el CAMV ha confeccionado seis exámenes para los distintos perfiles de los postulantes, las categorías establecidas son:
- directivo
- directivo comercial
- directivo general
- directivo de estudio
- operadores
- y asesores ejecutivos.
El componente general evalúa tres áreas de conocimiento, entre las que se encuentra: marco jurídico vigente, gestión de riesgos y conceptos económicos y financieros. Por otra parte, el componente específico varía según la categoría que deba acreditarse.
La distribución de preguntas para directivo, directivo comercial, directivo general y directivo de estudio es de 60 para el componente general y 40 para el específico. En tanto para la categoría de operadores y asesores ejecutivos, las preguntas se distribuyen en 50 para cada componente.
¿Qué se necesita para aprobar?
Para aprobar el examen el postulante debe obtener un 60% de aprobación en el componente general y un 40% en el específico. Sin embargo, si la persona logra acreditar que se ha desempeñado por al menos cincos años durante los seis años anteriores a rendir la prueba, en el cargo que pretende, se le exigirá un 50% de respuestas correctas en cada componente.
Las personas que quieran rendir la evaluación deberán presentar una fotocopia su cédula de identidad, curriculum vitae, certificado de experiencia de contar con él y certificado de estudios.
El valor del examen junto con la certificación tiene un valor de 7,5 UF. Para aquellos personas que reprueben la prueban de manera parcial, es decir, que reprueben uno de los componentes, el costo es de 4,5 UF.
