Por Álvaro Marchant
Estas últimas semanas han sido portadas de diarios y noticieros, escándalos judiciales relacionados a presuntos abusos sexuales por parte de futbolistas (Jorge Valdivia – Arturo Vidal). No es la primera vez que la opinión pública se enfrenta a denuncias de abuso de parte de futbolistas, siendo uno de los de mayor impacto el de cadetes del equipo de fútbol de Cobreloa, acusados de una violación grupal, recordado como “la manada de Cobreloa”.
Este mes se cumple un año de que el Ministerio Público decidiera reabrir uno de los casos más impactantes del deporte nacional, el cual involucró a nueve ex cadetes loínos acusados de violar a una mujer.
El hecho habría ocurrido la víspera de fiestas patrias del 2021, cuando la víctima —de entonces 18 años— acudió junto a una amiga a una fiesta realizada en “La Casa Naranja”, vivienda donde residen los jugadores de Cobreloa de esa categoría.
El desenlace de la fiesta marcó un antes y un después en la víctima, y fue el inicio de un duro proceso. Pese a que las indagatorias de la PDI evidenciaron signos de violencia sexual, según consignó BBC, la mujer comentó que los policías recibieron la denuncia pero le recomendaron desestimarla, e incluso admitir que la relación sexual había sido consensuada.
En el transcurso del año 2023, María Elena Saavedra, madre de uno de los participantes de la fiestas, aunque no acusado del hecho, impulsó una serie de denuncias que permitieron reactivar la causa. Esto, dado que el 9 de mayo de ese año la acción judicial había sido archivada.
En paralelo, según El País, el club Cobreloa ordenó a un grupo de abogados externos que realizaran una investigación del hecho. La indagatoria dejó como conclusión que “no hay antecedentes probatorios de los hechos contenidos en la denuncia”.
El proceso investigativo interno del club fue encabezado por el abogado Ciro Colombara —defensor de Marco Enríquez-Ominami en el Caso SQM— quien en un informe de 193 páginas desestima la denuncia presentada por Saavedra, aludiendo a un “resentimiento o molestia, porque su hijo no fue promovido del club a instancias superiores”.
A poco más de un mes de que se publicara la investigación, nueves ex cadetes de Cobreloa fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva, ocho imputados por violar a la mujer y uno por grabar el suceso.
Sin embargo, el portazo no solo vino por parte del club y de las policías, también la ANFP desestimó la denuncia debido a que la afectada no era parte de la actividad deportiva, obviando así el Decreto 22 de la ley del Ministerio del Deporte, cuya finalidad es prevenir y sancionar actos de este tipo.
Este medio se contactó con el club de fútbol Cobreloa, vía correo electrónico y en reiteradas ocasiones, para tener su versión de los hechos, sin obtener respuesta de la organización.
¿Cómo ha evolucionado el caso?
La reapertura del caso no ha estado exenta de polémicas. En mayo de este año la abogada querellante, Patricia Muñoz, comentaba a La Tercera que la defensa de los imputados, mediante sus acciones, “ha intentado amenazar” y revictimizar a la víctima.
Uno de los abogados, que representaba a seis de los acusados, era Víctor “Vito” Contreras, abogado penalista, conocido por defender a personas acusadas por narcotráfico. Sin embargo, Contreras ya no se encuentra a cargo de la defensa de los ex cadetes y ahora “son varios” los representantes de los acusados, relata la abogada defensora.
En conversación con Fast Check CL, la abogada defensora comentó que “afortunadamente, situaciones amenazantes no han ocurrido en relación con la víctima este último tiempo, más allá de la actitud que en su momento denuncié”.
En la misma línea, Muñoz explica que la víctima tampoco ha recibido ninguna ayuda por parte de Cobreloa. “No ha recibido nunca, ni en la época de ocurrencia de los hechos, ni durante el tiempo en que la causa estuvo sin investigarse, ni cuando se reactivó ningún tipo de apoyo por parte del club, eso no ha ocurrido”, aclaró la abogada.
Uno de los polémicos episodios fue el extravío de una “prueba clave” de la investigación. En concreto, se trataría de un vestido negro del cual, hasta la fecha, no se tienen novedades. El hecho desembocó en que la Contraloría General de la República, iniciara un sumario en la PDI, y en que las propia policía civil impulsara el mismo proceso al interior de sus filas.
Según la abogada Muñoz, todos los sumarios iniciados siguen en curso, por tanto, aún no hay resultados o novedades al respecto.
Comisión especial en la Cámara Baja
En marzo de este año la Cámara de Diputados creó la Comisión Especial investigadora por Agresiones Sexuales en el Deporte, instancia presidida por la parlamentaria Marisela Santibáñez.
Mientras se desarrollaba una de las sesiones, la abogada querellante comunicó que la pérdida de la prenda no generaba dejar en libertad a los imputados, ya que los antecedentes disponibles han permitido reafirmar las medidas cautelares aplicada a los presuntos violadores, en este caso, prisión preventiva.
Durante los últimos meses, los abogados defensores han presentado en tres oportunidades la revocación de la prisión preventiva, sin embargo, la petición fue rechazada en cada una de ellas.
En octubre pasado el proceso investigativo se extendió, dejando como fecha limite el 6 de enero de 2025. Luego de eso, el Ministerio Público deberá decidir entre acusar a los imputados o no perseverar en la investigación.
El estado de la víctima
La abogada Patricia Muñoz explicó a este medio que la víctima no está disponible a hablar con la prensa, dado que la última experiencia que tuvo fue “súper violento para ella”. La situación emocional que experimenta, también sería uno de los factores por el que se limita a dar declaraciones.
Además, la mujer se mudó de Calama a otra ciudad, comentan fuentes cercanas a la víctima. En la misma línea, la persona cercana a V. explica que el fanatismo por Cobreloa es un factor que enceguece a las personas e incluso ha llevado a cuestionar el relato de la mujer.
Por otra parte, el 6 de enero se cierra el proceso investigativo. Desde el Ministerio de la Mujer, explicaron a este medio que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género “ha estado en contacto con su representante anterior y con la actual (de la víctima), siempre ofreciendo resguardo y atención psicosocial”.
¿Por qué ocurren estos casos en el deporte?
Los casos de abusos en el deporte no son una realidad ajena, casos como el de Cobreloa, “las marcianitas”, el caso Valdivia, entre otros, han obligado a endurecer los protocolos y medidas preventivas. Sin embargo, hay algunos factores ligados al mundo deportivo que pueden marcar una tendencia a este tipo de conductas.
Rodrigo Soto, psicólogo deportivo y académico de la USACH, comenta que esto no es un problema que se pueda atribuir solamente al fútbol. Asimismo, explica que “el deporte no siempre se piensa como una actividad formativa o que enseña valores, o de pronto se dice que enseña valores, pero no hay gente capacitada en promover o enseñar esos valores”.
En virtud de lo mismo, enfatiza en que en el mundo deportivo las personas no siempre se detienen a conversar sobre aspectos como los limites corporales, en relaciones de pareja.
“Si lo pensamos ahora en el fútbol, los clubes consideran un gasto la formación de cadetes. Y si es un gasto, obviamente ese gasto que se quiere hacer, pensando como empresa, es el mínimo posible. Entonces, aspectos de psicología del deporte, hay algunos clubes que sí lo tienen, pero en términos generales, esos profesionales que ayudarían la formación valórica, no siempre los clubes lo tienen desarrollado de forma profesional”, explica el psicólogo.
Para la diputada Santibáñez estos casos se dan por varios factores, uno de ellos “por la enfermedad de gente adulta que tiene esa necesidad sexual y que se traduce en la pedofilia”.
“Prevenir el maltrato y la violencia en todas sus formas en el deporte, tiene que ver
con la falta de un contrato donde tengamos la legalidad, por ejemplo, para demandar cuando se trata de un alto mando o de un cargo mayor que uno. Esa relación laboral no se da en el deporte y por ende queda un vacío legal”.
ANFP y los grises del Decreto 22
El Decreto 22, establecido en la ley 20.686 del Ministerio del Deporte, establece el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual, el abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional.
La decisión de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de no aplicar este decreto fue uno de los puntos más criticados por las personas y autoridades. La asociación, en su momento, argumentó que “la víctima no era parte de la actividad deportiva”. Pese a que el hecho ocurrió en dependencias del club de fútbol.
“Es una broma la legislación, por ejemplo el Decreto 22, que tiene vacíos, pero ellos no pueden buscar los vacíos para decir ‘nosotros hicimos lo que corresponde’. A mí me parece que acá va mucho más allá de un decreto, de una ley, es algo que nos tiene que hacer conciencia a todos”, afirma la diputada Santibáñez.
El presidente de la ANFP, Pablo Milad, ha sido invitado a la Comisión Investigadora de estos casos en nueve ocasiones, no asistiendo en ninguna de las instancias. En uno de los oficios de respuesta de la asociación, argumentan que, debido a que corresponde a un organismo privado, la máxima autoridad del fútbol chileno no tiene la obligación de asistir a estas instancias.
Este miércoles la Cámara aprobó por unanimidad de 131 votos el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre Agresiones Sexuales en el Deporte. El documento plantea la necesidad de robustecer e impulsar los protocolos preventivos.
De la misma manera, el informe busca establecer la obligatoriedad de que tanto organismos públicos como privados, tengan que asistir a las comisiones investigadoras en el caso de ser citados.
La ANFP reafirmó a Fast Check CL que el presidente es “invitado a las comisiones, no tiene la obligación de ir”. Al ser consultados por su postura sobre que organismos privados tengan la obligación de asistir a las comisiones, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
En los orígenes de la comisión, ésta ofició al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) para que iniciara un proceso sancionatorio contra la ANFP y los dirigentes de Cobreloa, por no denunciar los hechos de violación grupal.
Este medio se intentó comunicar con el presidente de la CNAD, Eduardo Arévalo, para consultar el estado del mencionado proceso sancionatorio, sin embargo, no contestó las llamadas ni mensajes de texto.
