En noviembre de 2024, la empresa Ciudad Limpia S.A. recibió la venia del Concejo Municipal de Concepción -con ocho votos contra uno- para prorrogar por cinco meses más el servicio de residuos y, a partir de mayo de 2025, continuar con una nueva licitación de seis años de duración. Todo iba bien para la empresa que, además, había renovado su contrato como sponsor de Deportes Provincial Osorno. No obstante, la situación cambió radicalmente, tras la presentación de una querella criminal en su contra.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso -el cinco de febrero de este año- una querella contra cuatro ejecutivos -dos personas activas y dos ex empleados- de Ciudad Limpia S.A. En concreto, la entidad tributaria acusa la utilización 40 facturas ideológicamente falsas para inflar el crédito fiscal del IVA y reducir artificialmente el monto de impuestos a pagar, en operaciones que se arrastran entre 2017 y 2019. Un día después, el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la acción judicial.
Los antecedentes recabados que Fast Check CL tuvo a la vista, indican que durante al menos 18 meses, la empresa habría declarado créditos fiscales sin respaldo documental válido en sus Formularios 29. En paralelo, registró facturas falsas emitidas por nueve empresas “proveedoras” que, al ser fiscalizadas, carecían de infraestructura básica, trabajadores o actividad económica; afirma el SII.
Ante los delitos tributarios que presuntamente se cometieron, el perjuicio fiscal sería de $177.572.089 por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios. En la querella, el SII solicita la formalización de los involucrados y de quienes resulten responsables en el transcurso de la investigación.
Una historia que se origina en Colombia
La matriz de Ciudad Limpia comenzó hace 35 años en Colombia, operando -según el sitio web- en nueves ciudades de dicho país. En Chile inició sus actividades en el año 2006, llevando primeramente por nombre Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A., a como actualmente se le conoce.
Según describe la misión de la empresa, lleva como propósito “la gestión integral de residuos, promoviendo la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente mediante soluciones eficientes y de vanguardia”.
El representante legal de la firma es Hernando Holguín Gómez, quien participa de la sociedad desde 2016 y quien es querellado por el SII, junto a Andrés Ocampo Borrero, socio (con 0,01% de participación); Eugenio González Alarcón, exgerente general; y Julia Cristina Soto del Villar, exencargada contable.
Cabe agregar que Ocampo Borrero es representante legal de Inversiones Fanalca Chile (capitales colombianos), accionista del 99,99% de Ciudad Limpia S.A. Inversiones Fanalca, a su vez, es controladora de la concesionaria Subus, que opera el plan de transporte urbano de la Red Metropolitana de Movilidad en Santiago.
La primera hipótesis: inflar el crédito fiscal
Entre febrero de 2017 y abril de 2018, Ciudad Limpia S.A. —entonces aún con el nombre de Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A.— habría inflado sistemáticamente su crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en sus Formularios 29 mensuales, sin contar con documentos válidos que justificaran esos montos, asegura el SII.
Lo anterior le habría permitido a esta sociedad aumentar de forma “artificial y dolosa” los Créditos Fiscales IVA que debían pagar, permitiéndoles -de acuerdo a las pesquisas del SII- pagar montos menores por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios.
El Formulario 29, explica el SII, corresponde a las declaraciones de carácter mensual de impuestos que, legalmente, deben ser retenidos y enterados en arcas fiscales, por ejemplo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), entre otros.
Los proveedores “fantasmas”
Uno de los nueve proveedores es Servicios José Saavedra EIRL, que en noviembre de 2017 emitió dos facturas a Ciudad Limpia por más de $60 millones netos, declarando servicios de movimiento de tierra y arriendo de maquinaria.
Sin embargo, la empresa no presentó declaraciones de IVA durante siete años, no tenía trabajadores registrados, y su domicilio correspondía a una casa particular sin rastro de maquinaria ni actividad comercial. A la fecha de la investigación, mantenía una deuda tributaria superior a $96 millones.
En la misma línea, Servicios Generales Felipe Alonso Mardones EIRL emitió cuatro facturas por un total de más de $100 millones en un solo mes. Llama la atención que esas facturas, junto con otras de distintos emisores, fueran generadas desde la misma dirección IP, lo que sugiere que una sola persona o grupo controlaba múltiples empresas de papel.
Además, la empresa no habría contado con registros contables, ni boletas de honorarios emitidas, ni trabajadores asociados. Adicionalmente, la deuda fiscal superaba los $124 millones.
Otro caso crítico es el de Servicios José Raimundo Reyes Trujillo EIRL, que habría entregado cuatro facturas por un total de $76 millones a Ciudad Limpia. Pese a declarar servicios diversos, desde arriendo de maquinaria hasta movimientos de terreno, la empresa no registraba compras, no contaba con trabajadores y acumulaba 63 meses sin cumplir con sus obligaciones tributarias. Incluso, señalan los antecedentes, el domicilio registrado era una oficina compartida en la Alameda, sin indicios de actividad económica real.
También figura Constructora Bucalemu SPA, que supuestamente prestó servicios de acondicionamiento de terreno por más de $24 millones. La empresa no registraba movimiento alguno desde 2017, ni declaración de ingresos, y operaba desde un domicilio sin instalaciones compatibles con actividades de construcción. Tenía 74 meses sin declarar IVA, y figuraba como sin trabajadores ni cotizaciones pagadas.
Por último, está Servicios Generales I SPA, que en solo dos meses (abril y mayo de 2018) emitió 18 facturas por servicios ficticios, generando un crédito fiscal declarado de más de $30 millones. Estas facturas también fueron emitidas desde IPs compartidas con otras posibles empresas falsas, y presentaban firmas electrónicas de distintas personas naturales, lo que -a juicio del SII- abre sospechas sobre suplantaciones o uso ilegal de claves tributarias (ver recuadro aquí).
Las otras empresas
Con menores montos monetarios, estás las cuatro empresas restantes que, presuntamente, se tratarían de proveedores “fantasmas”.
| Proveedor | N° de facturas | Monto estimado (IVA) | Inspección del SII |
| Constructora y Transportes Socofra SPA | 2 | $4.652.000 | Giro no relacionado con limpieza urbana. Domicilio no coincide con actividad. |
| Ingeniería y Construcción Cruz del Sur SPA | 2 | $3.927.000 | Sin trabajadores, sin activos ni declaraciones. Factura emitida desde IP compartida. |
| Constructora Ingeurbano SPA | 1 | $2.898.000 | 39 meses sin declaraciones de impuestos. Sin respaldo físico ni digital de actividad. |
| Servicios J&M | 1 | $1.950.000 | No tiene trabajadores, sin declaraciones de renta. IP compartida con otros emisores. |
Los contratos con el Estado
Fast Check CL examinó el portal de Mercado Público para corroborar los servicios que como proveedor Ciudad Limpia S.A ha prestado a distintos organismos públicos. Entre el año 2010 y 2025, son 31 las instituciones estatales registradas, entre ellas: universidades, el Ejército, servicios de salud, cementerios y, por sobre todo, municipalidades que son, principalmente, las entidades que tienen a cargo la administración del aseo y ornato de la comuna respectiva.
Según pudo corroborar esta redacción, Ciudad Limpia S.A mantiene contratos vigentes con las municipalidades de Concepción, Recoleta y Lampa. Por servicios de recolección de residuos y limpiezas de calles con estos tres municipios, la firma podría llegar a desembolsar -en total- más de $13 mil millones al término de los contratos.
| Municipalidad | Monto licitación ($) |
| Recoleta | 1.706.830.328 |
| Lampa | 5.313.605.517 |
| Concepción | 8.134.287.840 |
De acuerdo a lo que establece la ley de compras públicas, mientras no exista una sentencia condenatoria firme, Ciudad Limpia S.A. puede seguir participando de licitaciones y contratos públicos. De todas maneras, Fast Check CL tomó contacto con los tres municipios citados anteriormente para conocer si estaban al tanto de la situación judicial en la que se encuentra el proveedor.
La versión de los municipios
A través de requerimiento de prensa, Fast Check CL consultó a los municipios de Concepción, Lampa y Recoleta; los que indicaron no estar al tanto de la querella que involucra a altos ejecutivos de Ciudad Limpia S.A
Desde la Municipalidad de Recoleta -encabezada por el alcalde Fares Jadue-, comentaron que “no hemos dado con información al respecto en ningún medio de prensa, por lo que no conocemos su veracidad y la magnitud de la eventual investigación en curso (…) toda vez que ha sido en el marco de este requerimiento periodístico que se ha enterado de la eventualidad de la misma. Aparentemente, puesto que no se nos ha notificado por el Ministerio Público ni por algún Juzgado de Garantía“.
Por su parte, la Municipalidad de Concepción explicó que, “mientras exista una investigación en trámite, rige el principio de inocencia, no obstante, de avanzar la investigación y lograr una sentencia condenatoria firme, tendrá que evaluarse en su mérito, teniendo siempre presente que es un servicio cuya paralización puede acarrear graves perjuicios a la salud y comunidad de Concepción”.
Por su parte, la Municipalidad de Lampa agregó: “Desde la adjudicación a la fecha, la Municipalidad no ha recibido facturas con valores superiores a los establecidos en la licitación adjudicada, y se ha dado cumplimiento al contrato según lo informado por el Inspector Técnico de Servicio (ITS) a cargo del proceso. Asimismo, es importante señalar que el Municipio no estaba en conocimiento de las denuncias informadas por el medio Fastcheck, por lo que, en concordancia con nuestros principios, se evaluarán las acciones que correspondan”.
“La empresa jamás ha pretendido generar un perjuicio al Fisco”
Fast Check CL intentó tomar contacto con la empresa Ciudad Limpia S.A. Pese a nuestras insistencias a través del número telefónico, no fue posible dar con una respuesta. Para ello, acudimos al equipo legal de Hernando Holguín.
A través de una respuesta escrita, señala que “nosotros recibimos la querella con mucha sorpresa, puesto que el asunto fue resuelto en forma colaborativa en etapa administrativa con la autoridad tributaria. En el contexto de dicho trabajo, en su oportunidad la Empresa se puso en absoluta disposición del Servicio y ahora, en el nuevo contexto, corresponde que se ponga a disposición de la Fiscalía, para aclarar y desvirtuar una querella que según entendemos es totalmente infundada y que, lamentablemente, no se condice con la realidad (…) En este sentido, la Empresa jamás ha pretendido generar un perjuicio al Fisco (…).
“Los hechos que motivaron la revisión ocurrieron durante un periodo de cambios en la administración de la empresa, en cuya transición se produjeron no solo reemplazos en la plana ejecutiva sino también modificaciones y mejoramiento de los protocolos de funcionamiento interno en diversas áreas, entre ellas, la contable”, sostiene la declaración.
“Por eso es que nos sorprende este cambio radical en el actuar del Servicio de Impuestos Internos. La verdad no lo entendemos. Quizás se ha motivado en los acontecimientos que se han vivido en el país en estos años con diversos casos de connotación pública, sin embargo tanto la empresa como este gerente general tienen plena tranquilidad que en esta instancia legal quedarán definitivamente desvirtuadas las imputaciones contenidas en la querella, las cuales no se ajustan a la realidad ni a lo actuado en colaboración con el mismo Servicio de Impuestos Internos en el proceso de fiscalización”, concluye la declaración.
Lee la declaración completa pinchando aquí.
