Buscado a nivel nacional y con una orden de captura internacional activa en los 196 países miembros de Interpol, Osmar Alexander Ferrer Ramírez (18) quedó en libertad menos de 24 horas después de ser formalizado por su presunta participación en el homicidio de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el «Rey del barrio Meiggs».
Reyes Ossa, de 43 años, se dedicaba al comercio y era reconocido en el mundo de la producción de eventos. El 19 de junio, recibió múltiples disparos frente a su edificio en Ñuñoa, durante un intento fallido de secuestro.
Según la Fiscalía, el asesinato obedecía a un encargo criminal por el cual se habrían ofrecido $30 millones. Además, los imputados tendrían vínculos con el Tren de Aragua, aunque sin formar parte de una célula directa de la organización.
Durante la audiencia de formalización, se decretó prisión preventiva para todos los imputados. Sin embargo, debido a un error en la documentación judicial, Ferrer fue liberado y actualmente se encuentra prófugo.
La cadena de errores que liberó al presunto sicario
El 8 de julio, Osmar Ferrer fue detenido en Estación Central junto a otros dos acusados, tras haberse ocultado durante dos semanas en la ciudad de Osorno. Al día siguiente, los tres resultaron formalizados en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago por homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de armas. La jueza Irene Rodríguez Chávez decretó prisión preventiva para todos los imputados.
¿Por qué fue liberado? El Poder Judicial explicó posteriormente la cadena de errores que permitió la liberación de Ferrer. A las 20:17 horas del 9 de julio, se emitió una orden de ingreso a prisión preventiva. Ocho minutos después, el tribunal dejó sin efecto la instrucción debido a un error en la escritura del nombre del imputado. Esa fue la resolución que habría sido tomada como válida por Gendarmería, lo que derivó en la liberación del supuesto sicario.
Tres minutos más tarde, a las 20:28, se envió una nueva orden de ingreso con los datos corregidos. Según la Justicia, además, existen registros de dos correos enviados a Gendarmería el 10 de julio —a las 12:11 y a las 14:13 horas— notificando ambas resoluciones.
Las acciones tomadas
La jueza Irene Rodríguez señaló a 24 horas que ella firmó la prisión preventiva contra Osmar Ferrer y que «la audiencia está muy clara de lo que hice y eso es lo que vale». Asimismo, ante las acusaciones de una presunta intervención del Tren de Aragua en el Poder Judicial, la magistrada aclaró: «No hubo ningún dolo ni ninguna corrupción ni nada en el Poder Judicial».
Por su parte, Gendarmería de Chile sostiene que actuó conforme a los protocolos y que recibió válidamente el documento de excarcelación a través de los canales oficiales. También descartó categóricamente cualquier tipo de intervención externa o hackeo de su sistema informático.
El Ministerio Público, en tanto, abrió una investigación penal para determinar si se trató de una falsificación de instrumento público o manipulación dolosa de sistemas informáticos. No obstante, el PJUD descartó la teoría de un supuesto hackeo del sistema.
¿Qué dicen los presidenciables?
Los aspirantes a La Moneda no han tardado en reaccionar al caso. Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, declaró: «Esto es tan grave, con la penetración también del Ejército, que amerita convocar al Cosena. Esto ya pasa a ser un tema de seguridad nacional y hay que enfrentarlo con todas las herramientas posibles».
Desde el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser expresó a través de su cuenta en X: «Los responsables de esto deben ser removidos o renunciar a sus cargos. La reforma del sistema completo se vuelve imprescindible».
Por su parte, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, sostuvo: «Más allá de la responsabilidad, de la culpabilidad o de la negligencia —que puede recaer en el Gobierno, el Poder Judicial o Gendarmería—, lo urgente hoy es recapturar a este sicario, a este criminal, y luego hacer efectivas las responsabilidades de cualquier persona involucrada en estos hechos».
Finalmente, la carta oficialista, Jeannette Jara, puso el foco en el daño institucional: «Estamos ante una situación muy escandalosa, y amerita reiterar la solicitud que hemos hecho para levantar el secreto bancario y perseguir la ruta del dinero de estas organizaciones criminales».
