Como reveló Fast Check CL el día 23 de septiembre, el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (Serviu Metropolitano) reconoció mediante un oficio dirigido al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que los recursos comprometidos para pagar por 17 terrenos ya comprados se gastaron en otras necesidades.
Estos terrenos forman parte del Plan de Emergencia Habitación (PEH), estrategia del gobierno para abordar el déficit de vivienda en el país, y suman un valor total de 1,2 millones de UF que deben ser pagados a los vendedores de esas propiedades.
Si bien el Gobierno de Chile ha mostrado públicamente avances de la meta del Plan de Emergencia Habitacional, de forma privada entre los funcionarios del Serviu y el Minvu existe alta tensión debido a lo explícito del oficio del director del Serviu Metropolitano, quien solicitó en julio de este año al ministro Montes una aprobación para poder negociar extrajudicialmente con cada una de las 17 partes a las que no se les ha pagado.
En concreto, el Serviu Metropolitano planteó al ministro Montes, modificar los contratos de compraventa para establecer una fórmula de pago en dos fases en razón de una eventual judicialización producto del no pago, que podría terminar mucho peor, tanto a nivel de la deuda con cada vendedor, como también en la lentitud de la construcción de las viviendas de las personas que actualmente ganaron un subsidio y quieren su casa.
Que paguen las familias
La primera fase del plan implicaría el pago parcial de un porcentaje menor del precio total de la venta a cada uno de los vendedores de los 17 terrenos. El director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta, explica en el oficio que se habló con cada uno de los 17 vendedores y se les propuso pagar el «item ahorro», que no es otra cosa que el dinero ahorrado por las familias para la obtención del beneficio del subsidio habitacional.
Sin embargo, lo que en principio parecía una propuesta que el Minvu debía evaluar, terminó siendo un hecho sin mediar aprobación del ministro ni de los vendedores: «Sin embargo, a fin de reducir la morosidad por parte del Serviu en cada una de las referidas compraventas, se decidió proceder al pago de esta prestación, independientemente de la aceptación de los vendedores, con lo cual se estima jurídicamente que se estrechan las opciones procesales de éstos (los vendedores) ante eventuales eventos jurídicos».
Con esto, el director del Serviu Metropolitano reconoce y deja por escrito que usó el dinero de las familias como una suerte de escudo legal para obtener ciertas ventajas judiciales, ante posibles demandas de cada vendedor.
La segunda fase del plan consistiría en el pago total del saldo antes del 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, ese segundo pago no está garantizado. Fuentes al interior del Ministerio de Vivienda y vendedores de los terrenos explican a Fast Check CL que el Serviu Metropolitano ha postergado la fecha de pago en diversas oportunidades, por lo cual ya no es posible asegurar un compromiso de pago.
“Devuelvo su requerimiento sin responder”
El ministro Montes, ante el oficio enviado por el director del Serviu, respondió señalando de forma textual: «devuelvo su requerimiento sin responder». Fast Check CL accedió al oficio del Minvu, a nombre de Carlos Montes, que da respuesta a Roberto Acosta, director del Serviu Metropolitano.
El secretario de Estado explicó que, tras la revisión por parte de la División Jurídica de su cartera, «no existen antecedentes suficientes y consistentes para poder referirse a la pertinencia de suscribir una transacción extrajudicial en los términos planteados».
Sin claridad de la operación
Montes recalca en el oficio de respuesta al Serviu Metropolitano la falta de claridad sobre «el estado específico de cada operación, si los inmuebles se encuentran o no entregados materialmente al Serviu, lo que redunda en una falta de certeza referida a si las obligaciones de ambas partes son actualmente vigentes y si se encuentran o no cumplidas».
Además, se critican los contratos suscritos con cada una de las partes (dueños de terrenos). Se afirma que el Serviu Metropolitano redactó contratos impugnando el gasto al subtítulo 32 de la Resolución Exenta N° 1 del servicio, que «destina el pago de préstamos para la adquisición de terrenos y ejecución de proyectos habitacionales (…) sin que se indique la existencia de dicho préstamo (en los contratos) respecto de cada operación singularizada, las condiciones de su otorgamiento, situaciones que, además, no se encuentran claramente establecidas en las distintas escrituras de compraventa en que se advierte como una compra directa realizada por el Serviu Metropolitano como comprador, con cargo a subsidios habitacionales, sin participación del mutuario receptor del préstamos indicado».
Renuncia Jefa Jurídica
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo enfrenta un problema serio de incumplimiento de contrato de diversos terrenos en la Región Metropolitana. Ante el oficio del Serviu Metropolitano, solicitan más antecedentes y niegan una respuesta o acción que solucione el problema.
Sin embargo, el Ministerio también sufre problemas internos que pueden retrasar más aún una respuesta formal al problema, ya que se suma al escándalo de los terrenos impagos, la renuncia de quien fuera la persona a cargo de resolver estos problemas por parte del Minvu, la jefa jurídica.
El día 24 de septiembre, Marcela Rivas Cerda, Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicó en su LinkedIn que por motivos personales, renunció a su cargo.
Sin embargo, lo cierto es que las razones personales pueden estar asociadas a que la abogada está actualmente denunciada por Ley Karín por 11 funcionarios del Minvu a nivel nacional. Esta denuncia se concretó el 17 de septiembre del presente.
La denuncia de los funcionarios, a la que Fast Check tuvo acceso, es categórica: «Hasta antes de la llegada de la jefa denunciada , la División Jurídica era un grupo modelo, unido y cohesionado, que operaba en un ambiente de respeto y colaboración. Sin embargo, su asunción en agosto de 2023 marcó el inicio de una transformación radical. A través de acciones sistemáticas, la jefa ha ejercido una violencia ambiental interna que ha desintegrado por completo la confianza y la camaradería del equipo».
Esta no es la primera vez que Marcela Rivas Cerda es denunciada por Ley Karín. El medio digital Time Line de Antofagasta publicó el 27 de agosto de 2024 que los funcionarios de la Seremi de Vivienda de la región denunciaron a Rivas por «acoso laboral y menoscabo». Rivas fue de las primeras funcionaras públicas en ser denunciadas por esta ley que entró en vigencia en agosto del 2024.
La respuesta del Minvu
En el oficio que firma con fecha julio 2025, Montes decide responder que no responderá, ya que faltan antecedentes: «Atendido lo expuesto precedentemente, devuelvo su requerimiento sin responder, por la falta de dichos antecedentes, y solicitando a usted la remisión de todos los documentos y actos administrativos asociados a la operación de compraventa referida, con indicación de su forma de financiamiento y, en función de ello, adjuntando toda la documentación necesaria, junto a un informe detallado de cada una de ellas».
Fast Check CL consultó al Ministerio de Vivienda, diversas cuestiones relevantes dos meses después de que se emitiera esta respuesta al director del Serviu Metropolitano, con el objetivo de ver si estos antecedentes fueron recopilados.
Lamentablemente, la respuesta a cada pregunta realizada por nuestro medio, denota que a la fecha el Minvu no tiene claridad de los antecedentes.
Adjuntamos el documento que el Minvu entregó a Fast Check CL en donde se puede comprobar que no responden las preguntas del medio, sino reproducen lo que aparece en los oficios ya revelados por Fast Check CL y evitan pronunciarse ante la falta de antecedentes.
¿Vendrán los recursos en la próxima Ley de Presupuesto de la nación?, ¿habrá investigación sumaria o no?, ¿qué medidas se están tomando para evitar la judicialización?, ¿qué fórmula hay para garantizar los pagos a los vendedores?, entre otras, no fueron respondidas como el medio esperaba.
Por Fabián Padilla, Elías Miranda y César Leal.
