El pasado 23 de octubre, Fast Check CL dio a conocer una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el subinspector de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Fabián Alejandro Cornejo Araos, a quien se acusa de haber eliminado 58 órdenes de investigar y decretos judiciales desde el sistema institucional de la PDI, conocido como BRAIN.
De acuerdo con la acción judicial, el funcionario habría accedido al sistema utilizando las credenciales de un superior jerárquico para borrar datos esenciales de investigaciones penales activas, afectando la trazabilidad de causas instruidas por el Ministerio Público. Los hechos habrían ocurrido entre enero y mayo de 2021, mientras Cornejo Araos aún se desempeñaba en la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de La Cisterna.
La querella —interpuesta por el CDE ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago— califica los hechos como delito consumado y reiterado de sabotaje informático, conforme al artículo 3° de la Ley N°19.223, que sanciona a quien «maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información».
La causa avanzaba hacia una audiencia de formalización, sin embargo, la diligencia fue aplazada para fines de diciembre.
La nueva fecha de la formalización
La audiencia de formalización de la investigación estaba prevista para este martes 4 de noviembre, pero el 11° Juzgado de Garantía de Santiago informó que, «por razones de buen servicio, se reprograma audiencia de formalización de la investigación para el día 30 de diciembre de 2025». (ver resolución aquí)
La resolución judicial establece que la cita se realizará de manera presencial y advierte que, en caso de no comparecer sin justificación, Cornejo Araos podrá ser conducido por la fuerza pública y obligado al pago de las costas generadas, además de enfrentar las sanciones contempladas en el artículo 33 del Código Procesal Penal.
Con esta decisión, el tribunal dejó sin efecto la audiencia anterior y ordenó notificar a todos los intervinientes, incluida la Defensoría Penal Pública, que deberá designar un abogado defensor si el imputado no cuenta con uno particular.
