El miércoles, Fast Check CL reveló que una auditoría realizada a dos cementerios municipales de La Serena observó que 53 cuerpos fueron trasladados a un nicho común de dimensiones reducidas en el cementerio de Las Compañías. No obstante, el mismo informe también detectó otras irregularidades que no solo comprometen la trazabilidad de los restos humanos, sino también la gestión financiera de los recintos.
El informe final, fechado el 28 de agosto de este año, fue elaborado por el Departamento de Control Interno de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMGGV) incorpora un análisis contable del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. El documento revisa los ingresos percibidos por venta de terrenos, certificados internos, derechos de sepultación y exhumaciones en los cementerios de La Antena y Las Compañías.
Según el reporte, el total de ingresos registrados en Cerberos —el sistema informático utilizado en los cementerios— y en los reportes del Departamento de Finanzas asciende a más de $574 millones, correspondientes a 2.183 registros internos. Sin embargo, esta cifra no coincide con los montos ingresados al sistema contable CAS Chile.
La fiscalización detectó que mientras Cerberos reportó ingresos por más de $574 millones durante 2024, CAS Chile contabilizó poco más de $409 millones. La diferencia supera los $164 millones sin registrar. Esta brecha, advierte el informe, evidencia debilidades en los controles internos y el seguimiento de los ingresos percibidos. A ello se suma que la propia auditoría concluye que la base de datos de Cerberos «no es confiable para efectos de esta fiscalización».
La irregularidad financiera
La auditoría determinó que durante 2024 el sistema Cerberos registró ingresos por $574.526.609, correspondientes a 2.183 operaciones relacionadas con sepultaciones, exhumaciones, venta de terrenos y certificados internos. Sin embargo, al contrastar estos datos con el sistema contable oficial de la corporación, CAS Chile, se constató que solo se ingresaron $409.691.610 en el mismo periodo.
En otras palabras, $164.834.999 no fueron registrados contablemente. Según el informe, esta diferencia «evidencia una falta de concordancia entre ambos sistemas, lo cual refuerza la debilidad en los mecanismos de control y seguimiento de los ingresos percibidos».
Consultado por Fast Check CL, Marcelo Gutiérrez, secretario general de la Corporación Gabriel González Videla, explicó que la diferencia contable «se trata de un punto de arrastre que evidencia falencias en la administración de los cementerios durante los últimos años».
Además, señaló que la inconsistencia se originó porque hasta hace algunos años «la Corporación recibía pagos en efectivo que no eran registrados oportunamente en el sistema informático interno, lo que produjo evidentes problemas de trazabilidad contable». No obstante, afirmó que bajo la nueva administración «los pagos se realizan únicamente en las dependencias del Cementerio General de La Antena y siempre se efectúan contra comprobante».
Las falta de confiabilidad del sistema Cerberos
La auditoría también advierte que el sistema Cerberos —utilizado por los cementerios para emitir comprobantes y generar reportes— «no es confiable para efectos de fiscalización». Según el informe:
«Los registros de las personas fallecidas no se registra por RUT, lo cual impide validar de manera correcta la identidad de los fallecidos registrados en el sistema. Esta omisión afecta directamente la integridad y trazabilidad de la información contenida en dicho sistema»
El documento además detalla la vulnerabilidad operativa de Cerberos, señalando que «permite ser modificado por cualquier funcionario que posea una clave de acceso, la cual es compartida entre los diferentes usuarios para atender y/o entregar información a los deudos». Esto —agrega el informe— vulnera los principios básicos de trazabilidad, confidencialidad e integridad de los datos.
Consultado al respecto, Gutiérrez indicó que «se acreditó que la última actualización de este sistema informático data del año 2018». Sin embargo, afirmó que una vez detectada la situación «se tomaron medidas inmediatas».
«Se revocaron todos los perfiles y claves de los funcionarios y se crearon nuevos perfiles con funciones claramente delimitadas, restringidos solo a determinados funcionarios de los cementerios. Paralelamente, el sistema fue actualizado y se han incorporado mejoras en los procesos contables asociados», detalló Gutiérrez sobre las acciones adoptadas.
Otras inconsistencias financieras
Además de la brecha de más de $164 millones detectada entre Cerberos y CAS Chile, la auditoría identificó una serie de inconsistencias adicionales en la gestión financiera de los cementerios municipales.
Una de las primeras irregularidades detectadas corresponde a la clasificación errónea de ingresos. El informe detalla que operaciones como la venta de certificados —que deberían registrarse bajo su categoría específica— aparecen asociadas a conceptos distintos, como «Derechos de sepultación». Esta práctica, advierte el documento, «genera inconsistencias en el reporte de la información contable».
Otro hallazgo es la aplicación incorrecta y recurrente de tarifas en Unidad Tributaria Mensual (UTM) durante todo 2024. La auditoría constató diferencias de entre $200 y $300 por transacción, derivadas de errores en la conversión del valor UTM vigente al momento de la operación. El informe clasifica esta observación como «Altamente Compleja», puesto que esta «irregularidad se ha presentado de forma recurrente durante todos los meses del período analizado».
Pasos a seguir
La auditoría establece que la observación relativa a las inconsistencias en el registro de ingresos entre Cerberos y CAS Chile fue clasificada como «Compleja» debido al nivel de impacto que tiene sobre la confiabilidad de la información financiera.
Como primera medida, el informe instruye a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) a «cotejar los registros del sistema Cerberos y CAS Chile para depurar inconsistencias, identificar el origen de las diferencias y ajustar los saldos contables».
Además, exige a la DAF «implementar controles de ingresos y rendición diaria para asegurar la integridad y confiabilidad de la información financiera». Entre las acciones recomendadas se incluyen la estandarización de flujos de información, la conciliación periódica entre ambos sistemas y la revisión independiente de los ingresos antes de su consolidación contable.
El informe fija un plazo de 60 días hábiles para que la DAF acredite formalmente ante el Departamento de Control Interno «las diferencias identificadas, las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos en relación con la regularización de esta observación».
La corporación municipal que administra ambos cementerios está en una crisis financiera. En diciembre de 2024, fue catalogada por la actual alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena (RN), como «prácticamente quebrada, con una deuda impagable».
- Lea la auditoría completa aquí
