El 28 de octubre, la Contraloría Regional de Aysén remitió un oficio a la Municipalidad de Coyhaique en el que informó que acogió parcialmente una denuncia presentada bajo la Ley Karin en contra del alcalde de la comuna, Carlos Gatica (DC), y de la administradora municipal, Gabriela Retamal. La revisión concluyó con la orden de iniciar un sumario administrativo.
La denuncia fue presentada por una funcionaria del municipio, encargada de la unidad de Gestión de Personas, quien expuso una serie de situaciones que, a su juicio, constituyen acoso laboral mediante «hostigamiento y/o persecución por parte de los denunciados». Entre los hechos analizados se incluyó la ausencia de respuesta a comunicaciones dirigidas al alcalde, su exclusión de espacios de trabajo obligatorios y una destinación a otra área sin funciones definidas.
Durante el proceso de revisión, la Municipalidad entregó sus descargos a la Contraloría. En ellos, afirmó que las medidas adoptadas por el alcalde se ajustaban a sus atribuciones, sin pronunciarse sobre los señalamientos dirigidos específicamente a la administradora municipal.
El informe de Contraloría concluyó que seis de las 12 situaciones denunciadas por la funcionaria presentaban elementos suficientes para ser acogidas, mientras que las restantes fueron descartadas por falta de antecedentes o por no configurar hechos constitutivos de acoso laboral bajo el estándar de la Ley Karin.
Con esa determinación, la Contraloría Regional instruyó a la Municipalidad de Coyhaique la apertura de un sumario administrativo, proceso que deberá esclarecer responsabilidades y eventuales sanciones.
Las denuncias presentadas contra el alcalde
Según el oficio remitido por Contraloría, al que accedió Fast Check CL, las denuncias estaban dirigidas principalmente en contra del alcalde, Carlos Gatica, y de la administradora municipal, Gabriela Retamal. Entre los hechos expuestos se mencionan cambios de funciones, exclusiones de instancias de trabajo en las que la funcionaria debía participar y la falta de respuesta a comunicaciones formales dirigidas a la autoridad comunal.
Fuentes internas del municipio señalaron a Fast Check CL que existe la impresión de que el alcalde no recibe de manera adecuadas las críticas a decisiones de su administración. Al mismo tiempo, precisaron que no atestiguaron malos tratos verbales explícitos, pero sí acciones que generaron una «sensación efectivamente de persecución».
En ese contexto, algunas de las fuentes consultadas indicaron que ciertas decisiones administrativas podían percibirse como un intento de presión indirecta para que la funcionaria dejara su puesto.
Tras analizar los doce hechos denunciados, la Contraloría determinó que seis de ellos no cumplían con los requisitos para ser acogidos. Algunos correspondían a diferencias en la gestión interna, criterios técnicos o decisiones administrativas que no configuraban acoso laboral. Sin embargo, las otras seis situaciones sí fueron consideradas pertinentes por el organismo fiscalizador.
Las acogidas por Contraloría
De acuerdo con el oficio de la Contraloría Regional de Aysén, seis de las doce situaciones expuestas por la funcionaria fueron consideradas pertinentes y cumplían con los criterios para ser acogidas bajo la Ley Karin.
Una de estas consistió en la falta de respuesta a comunicaciones formales dirigidas al Alcalde. El organismo señaló que la ausencia de contestación, estaba «afectando el normal desarrollo de sus labores y de los miembros de la unidad que lidera».
Otra de las denuncias acogidas dice relación con su exclusión de los comités de selección de concursos públicos, pese a su rol como jefa de la Unidad de Gestión de Personas. De acuerdo a fuentes conocedoras, este tipo de exclusiones resulta llamativo, ya que —por normativa— se establece que dicha jefatura debe integrar estas instancias. Esto es confirmado por el propio oficio de Contraloría, el cual señala:
«Corresponde señalar que el artículo 19 de la ley N° 18.883 dispone en su inciso primero que “El concurso será preparado y realizado por un comité de selección, conformado por el Jefe o Encargado del Personal y por quienes integran la junta a quien le corresponda calificar al titular del cargo vacante, con excepción del representante del personal”».
El ente contralor también acogió la denuncia respecto de que la funcionaria fue destinada a otra área sin funciones definidas. Según expuso la denunciante, esta situación «acrecienta el menoscabo y vulneración que ha sufrido».
En conjunto, las seis denuncias acogidas permitieron a Contraloría concluir que existían antecedentes suficientes para instruir un sumario administrativo en la Municipalidad de Coyhaique. Por lo tanto, el procedimiento permitirá esclarecer las circunstancias de los hechos, determinar eventuales responsabilidades administrativas y evaluar si las conductas observadas se ajustan o no a los estándares de la Ley Karin.
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La desvinculación de la administradora municipal
El 4 de diciembre, la Municipalidad de Coyhaique anunció a través de su cuenta de Instagram una «transición en la Administración Municipal». En la publicación, el municipio informó que había iniciado un «proceso de reorganización en su equipo directivo», motivo por el cual se dio por terminado el ciclo de funciones de Gabriela Retamal Retamal como administradora municipal.
En el comunicado, la autoridad comunal sostiene que la decisión «obedece a la necesidad de adecuar la estructura municipal». Sin embargo, no se menciona que esta determinación se adopta luego de la resolución de Contraloría de iniciar un sumario contra el alcalde, proceso que también involucraba a la propia administradora.
Fast Check CL envió preguntas a la Municipalidad de Coyhaique; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
