Por Clarissa Pacheco, Gabriel Belic, Javier Revetria y Pablo Flores
Combatir las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile significó la muerte para mucha gente. Otros fueron presos, torturados, exiliados, perdieron empleos y contacto con la familia. A pesar de esto, las redes sociales invirtieron el juego: miles de publicaciones de partidarios de los regímenes transforman a las víctimas en villanos de las dictaduras. Son llamados asesinos, terroristas, asaltantes de bancos, secuestradores y, por qué no, mentirosos.
No es raro que estas víctimas se vean obligadas a revivir el trauma cada vez que alguien ensalza a un torturador, o niega una tortura, o les imputa crímenes que nunca cometieron. Un sentimiento parecido al que describe la periodista brasileña Miriam Leitão, que estuvo presa durante tres meses y fue víctima de tortura durante la dictadura en Brasil: “Encontrar en la vejez, de nuevo, sano, al enemigo que te hizo infeliz en la juventud no es fácil. No es fácil”.
Las historias de las víctimas no son narradas solo por ellas: están en documentos históricos, algunos de ellos producidos por las propias Fuerzas Armadas. Pero, descalificar el testimonio de víctimas y la investigación historiográfica es la primera táctica de los negacionistas, señala el historiador Marcos Napolitano, profesor de la Universidad de São Paulo (USP). “La segunda es ocupar internet y las redes sociales para divulgar interpretaciones sin base documental, sin el respaldo de la investigación académica, aprovechando una parte de la opinión pública identificada con valores autoritarios”, completó.
El caso de Miriam no es único. En Brasil, por ejemplo, son recurrentes las publicaciones en redes sociales con fotografías de ella y de la expresidenta Dilma Rousseff acusándolas, falsamente, de cometer asesinato y asaltar bancos. En Uruguay, hay publicaciones que acusan a la monja Celia Inés Aparicio, involucrada en un caso de corrupción en Argentina, de haber integrado el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, grupo que actuó en Uruguay entre 1968 y 1972, antes del inicio de la dictadura en 1973. Pero ella nunca fue de los Tupamaros, ni integró la lista de desaparecidos, lo que en nada impide los ataques.
Publicaciones como estas buscan minar la reputación de las víctimas y evitar que reciban cualquier tipo de empatía. El fundador y presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krischke, afirma que desmoralizar a las víctimas forma parte de la estrategia de quienes niegan, apoyan o forman parte de las dictaduras: “Siempre se cuenta una historia de guerrillero, de terrorista. Porque tienes que crear al enemigo. Y el enemigo tiene que ser furioso, terrible, porque eso es lo que alimenta la dictadura, esto es lo que intenta justificar lo injustificable”, afirma.
Conocido por la militancia contra dictaduras en Brasil y otros países de América Latina, Krischke dice que los familiares de las víctimas también sufrieron en todo el Cono Sur: “Las víctimas y las familias tenían su imagen distorsionada. Te imaginas lo que es ser hermano, padre, madre de un terrorista. Muchos tuvieron que cambiar de lugar, porque el vecindario los hostilizaba, porque la prensa notició que eran terroristas. Esto era muy común, no solo en Brasil, sino en todo nuestro Cono Sur: Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay. Una práctica terrible”.
De forma similar, el historiador Carlos Zacarias, profesor de la Universidad Federal de Bahía (UFBA), refuerza que la desinformación diseminada hoy sobre la dictadura militar vuelve a afectar a amigos y familiares de esas víctimas, además de a ellas mismas, que reviven el trauma. “Una persona que fue victimada sufre violentamente. Y debe tener escalofríos y un sufrimiento profundo, porque la sociedad no compró esa pelea”, dijo.
Hijos y madres de ‘terroristas’
Manuel Gonçalves Granada vivió hasta los 21 años creyendo llamarse “Cláudio”. Cuando nació, el 27 de junio de 1976, su padre, Gastón Roberto José Gonçalves, ya estaba desaparecido desde el 24 de marzo de ese año, el día del golpe militar que depuso a la presidenta argentina Isabel Perón. La madre, Ana María del Cármen, fue asesinada por la dictadura en noviembre de ese año. Antes, consiguió esconder al bebé en un armario.
Manuel fue encontrado por los militares, pasó meses bajo custodia policial y fue entregado en adopción sin que se buscara a sus verdaderos familiares. Solo en 1997, su abuela paterna, Matilde, lo encontró. Hoy, Manuel es reconocido como el Nieto 57 e integra la organización Abuelas de Plaza de Mayo, liderada por mujeres que, desde la década de 1970, buscan a sus nietos secuestrados, una práctica común de la dictadura argentina.
A pesar de ser víctimas, y no verdugos, tanto Manuel como las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo reciben ataques en las redes sociales. Para los que apoyan o relativizan lo que ocurrió durante la dictadura argentina, son ellos los terroristas, o las madres de terroristas. “Las Abuelas de Plaza de Mayo tienen una red social y muchas veces hacen una publicación, y debajo en los comentarios aparecen los discursos de odio“, afirma Manuel.
“Las Madres de Plaza de Mayo son acusadas de ser terroristas o son llamadas madres de terroristas. Ese es un juego interesante, porque lo que hace es establecer una especie de contaminación entre la madre y los hijos de los desaparecidos como hijos de terroristas”, completa la socióloga argentina Valentina Salvi, investigadora del Núcleo de Estudios sobre Memoria (IDES).
Narrativas falaces
En Brasil, aunque existen discursos genéricos que atacan a los opositores al régimen, hay personajes simbólicos que, con frecuencia, son blanco de desinformación. Es el caso de la expresidenta Dilma Rousseff.
El vicedecano del Partido Liberal (PL) en la Cámara, el diputado federal Coronel Christóstomo, de Rondônia, hizo al menos seis discursos en el plenario entre 2019 y 2025 citando el régimen militar. En uno de ellos, negó que haya habido una dictadura militar en Brasil; en los otros cinco, mintió al acusar a la expresidenta Dilma Rousseff de haber matado al soldado Mário Kozel Filho en un cuartel en São Paulo. La acción que resultó en la muerte del militar fue ejecutada por la VPR, grupo del cual Dilma nunca formó parte.
Dilma fue militante de organizaciones contrarias a la dictadura militar de Brasil y llegó a integrar dos organizaciones de lucha armada: el Comando de Liberación Nacional (Colina) y la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares). En 1970, fue arrestada acusada de subversión y torturada en el Departamento de Orden Política y Social (Dops). Fue condenada a cuatro años de prisión por subversión, pero fue liberada en 1972.
A pesar de haber integrado organizaciones de la lucha armada, la propia Dilma dice que nunca participó de operaciones militares ni fue condenada por crímenes mayores. Aun así, viralizan con frecuencia publicaciones en redes sociales que afirman que asaltó bancos, asesinó a un soldado del Ejército y confesó haber participado en la lucha armada. Todas las alegaciones son falsas.
De 2019 hasta ahora, Estadão Verifica desmintió seis publicaciones virales con desinformación sobre la actuación de Dilma en la dictadura. Jair Krischke, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, convivió con ella y niega que la expresidenta haya actuado en la lucha armada: “Decir que ella era una guerrillera es un absurdo. Ella nunca tomó un arma. Ella era del grupo de guerrilleros, sí, ella pertenecía a uno, pero ella, personalmente, nunca dio un tiro”.
La periodista y escritora Miriam Leitão es otra víctima recurrente de mentiras en las redes. Estaba afiliada al Partido Comunista de Brasil (PCdoB), que funcionaba en la clandestinidad, cuando fue arrestada en 1972 en Vitória (ES). Estaba embarazada, fue torturada, amenazada de violación y dejada sola, desnuda, en una sala con una serpiente boa constrictor. En la época, Miriam usaba el alias Amélia, que aparece en publicaciones desinformativas sobre ella.
Al igual que Dilma, la periodista nunca participó en la lucha armada. Fue arrestada por “práctica de actividades subversivas ligadas a la organización Partido Comunista de Brasil”: distribuía panfletos, pintaba muros con palabras contra la dictadura y participaba en reuniones del partido. Desde 2019, Estadão Verifica verificó cinco contenidos virales con información falsa sobre la militancia de Miriam, la mayor parte intentando vincularla a asaltos a bancos.
Otra víctima de desinformación en Brasil es el exdiputado Rubens Paiva, que ganó más atención tras el éxito de la película Ainda Estou Aqui (Todavía estoy aquí), ganadora del Oscar a mejor película extranjera. La obra cuenta la historia de Eunice Paiva, viuda de Rubens. Durante la dictadura, su mandato de diputado fue revocado y, entonces, volvió a actuar como ingeniero. Como tenía muchos contactos en el exterior, pasó a enviar y recibir cartas de exiliados para amigos y familiares en Brasil, pero nunca participó en la lucha armada.
La hacienda del padre de Rubens, Jaime Paiva, quedaba en Eldorado, la misma ciudad donde creció el expresidente Jair Bolsonaro. Años antes de Ainda Estou Aqui, en 2013, el exmandatario ya había esparcido desinformación sobre Rubens y su actuación en la dictadura militar. Tras el éxito de la película, los rumores fueron reciclados, en un intento de vincular a Paiva con el grupo guerrillero liderado por Carlos Lamarca.
Al año siguiente del discurso de Bolsonaro, 2014, la Cámara de Diputados inauguró una estatua con el busto de Rubens Paiva. Chico Paiva Avelino, nieto del exdiputado muerto por la dictadura, relató años después que Bolsonaro escupió en el monumento. Dijo, además, que Paiva “tuvo lo que mereció” y lo llamó “comunista desgraciado” y “vago”.
Estadão Verifica desmintió dos contenidos virales específicamente sobre la actuación de Rubens Paiva en la dictadura (aquí y aquí), además de al menos otros dos que atacaban la película Ainda Estou Aqui.
“Rubens Paiva no era terrorista, ni guerrillero, no era nada. Y fue asesinado bajo tortura. Y suelo decir que en esos períodos dictatoriales, lo peor del mundo es que no sepas nada. Porque los idiotas entienden que estás resistiendo y aumentan la tortura y acaban matándote porque no sabes nada, no tienes nada que decir”, afirma Krischke.
Ataques dirigidos a mujeres
En Argentina, los ataques a las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo están más concentrados en fechas cercanas al aniversario del golpe de Estado en el país, el 24 de marzo. En cambio, en Brasil, la periodista Miriam Leitão, enfrenta publicaciones desinformativas todo el año. El reportaje localizó al menos 21 publicaciones con ataques a ella – sin concentrarse en un período específico – que suman casi 400 mil visualizaciones.
Al igual que Miriam, Dilma Rousseff también es blanco constante de desinformación en las redes. Para los expertos, es evidente que hombres y mujeres fueron víctimas de las dictaduras, pero, de alguna forma, hubo ataques más dirigidos a ellas, que ahora también son más víctimas de publicaciones falsas. Para Miriam, que fue amenazada de violación mientras estuvo presa, la “misoginia agrega un poco más de perversidad al ataque”.
Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), en Santiago, Chile, y doctora en Derecho por la Universidad de Ottawa, Canadá, señala que los cuerpos de las mujeres fueron usados como instrumentos de guerra en la dictadura chilena. “La violencia sexual durante la dictadura fue una práctica y existen diversos estudios sobre la manera en que las mujeres, incluidas niñas, fueron sometidas a procesos de tortura absurdos. Si estábamos en guerra, esos cuerpos de mujeres fueron nuevamente aterrorizados y eso fue hecho a través de la violencia sexual”, afirma.
Búsqueda de desaparecidos alimenta desinformación en las redes
En Uruguay, donde publicaciones virales en la web cuestionan los números de desaparecidos, hay incluso quien divulga desinformación sobre “desaparecidos inventados”, atribuyéndoles crímenes o roles falsos durante la lucha contra la represión. Es el caso de la monja Celia Inés Aparicio, que nunca fue desaparecida y es atacada como si integrara un grupo guerrillero en Uruguay, los Tupamaros.
Estos casos se unen a supuestos relatos de desaparecidos reales que habrían sido vistos en la actualidad en otros lugares. Este tipo de narrativa busca desacreditar las denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos y diluir la responsabilidad estatal en los crímenes del terrorismo de Estado. Hace tres años, la familia del desaparecido uruguayo Juan Pablo Errandonea hizo una denuncia a la unidad de Delitos Informáticos por publicaciones falsas sobre él, y aún esperan respuestas.
Juan Pablo nació en Montevideo, Uruguay, y formaba parte de la Federación Anarquista Uruguaya y de la Resistencia Estudiantil-Obrera. En 1973, año del inicio de la dictadura en el país, logró establecerse en Buenos Aires, pero fue arrestado en una acción coordinada de fuerzas de Argentina y Uruguay, y nunca más fue visto. A pesar de esto, diversas publicaciones afirman falsamente que habría huido a Venezuela y que estaría viviendo en Francia.
“Surgió del relato de un militar retirado que decía que él trabajaba con mi hermana menor y ella enviaba cartas a mi hermano en Venezuela. En realidad, él tomaba hechos que eran verdad, pues otra de mis hermanas vivía allí. La correspondencia que él veía no era con Pablo”, explicó Ignacio Errandonea, integrante de las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Según él, los ataques están más organizados ahora.
En Chile, un caso reciente divulgado por la prensa ganó contornos políticos y llegó a ser usado como supuesta prueba de que el número de desaparecidos por la dictadura es menor de lo que afirman entidades de defensa de los derechos humanos. Es el caso de Bernarda Vera, una profesora militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria dada como desaparecida y posiblemente muerta por el régimen de Augusto Pinochet en 1973.
Una investigación del Plan Nacional de Búsqueda, del gobierno del presidente Gabriel Boric, encontró inconsistencias en el relato y existe la sospecha de que haya huido a Argentina, luego obtenido refugio y ciudadanía en Suecia y, hoy, viva en Argentina con una nueva familia.
Para el abogado Pietro Sferrazza, subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, si la mujer encontrada es de hecho Bernarda Vera, la comunidad chilena debería celebrar, y no juzgar las decisiones tomadas por alguien ante los horrores experimentados en la dictadura. Él recuerda que, por las características de la represión y de los desaparecidos forzados ocurridos en Chile, las posibilidades de encontrar a alguien vivo son raras.
Para Sferrazza, la prensa no trató el caso desde la perspectiva de los derechos humanos y terminó dando combustible a quienes tienen interés en perjudicar el Plan Nacional de Búsquedas. “Un caso como ese, si se comprueba, debería ser motivo de celebración, pero por la manera en que fue divulgado genera todo un debate político y obviamente hay intereses políticos”, dice, comparándolo con la forma en que los argentinos festejan la localización de un nieto que había sido secuestrado.
Reparación económica se convierte en ‘Bolsa Dictadura’ para desinformadores
Según la prensa chilena, familiares de Bernarda Vera la buscaron incesantemente desde la desaparición, en 1973. Aún hoy, una hija de la mujer, de 57 años, recibe una pensión pagada a hijos de desaparecidos forzados durante la dictadura. Mientras tanto, en redes sociales, publicaciones cuestionan cuántos casos más hay como este, acusan a organizaciones de derechos humanos de sostener una farsa y al gobierno de ser cómplice.
Una única cuenta en TikTok, que se presenta como anticomunista, hizo siete publicaciones sobre el asunto que suman más de 1,3 millón de visualizaciones. El principal cuestionamiento es sobre el pago de indemnizaciones a familiares de víctimas, sugiriendo que, por haber sido supuestamente encontrada viva, la exmilitante no fue víctima de la dictadura. No hay confirmación de que la mujer sea, de hecho, Bernarda Vera.
En Argentina, los cuestionamientos sobre compensaciones financieras también aparecen en el discurso que relativiza los crímenes cometidos por el régimen militar. “Eso es algo que se volvió muy popular: dicen que lo que tiene que ver con la memoria y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es por dinero. Nada podría estar más lejos de eso”, afirma Manuel Gonçalves, de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Gonçalves llama la atención sobre el hecho de que Argentina hizo leyes para asegurar reparaciones en dinero para las víctimas de la dictadura, pero que la mayor reparación es que el Estado reconozca que cometió crímenes. Los valores, dice, “no resuelven la vida de ninguna manera”.
En Uruguay, buena parte de la narrativa contraria a los movimientos de derechos humanos suele estar asociada a la idea de que los familiares de detenidos desaparecidos, así como los expresos políticos, reciben pensiones reparatorias hereditarias y vitalicias. Esto indica un supuesto interés económico en las reivindicaciones de las organizaciones sociales relacionadas con el tema. Sin embargo, en Uruguay, no existen pensiones destinadas a familiares de detenidos desaparecidos, excepto una compensación única por familia de aproximadamente 500 mil UI (cerca de 75 mil dólares), distribuida entre los integrantes hasta el segundo grado de consanguinidad.
Esta indemnización está prevista en la Ley 18.596 y coexiste con otras dos específicas: para víctimas con lesiones muy graves (250 mil UI), para niños desaparecidos temporalmente (375 mil UI) y para personas nacidas o mantenidas en cautiverio (200 mil UI). Además, la Ley 20.193 establece compensaciones de 150 mil dólares para beneficiarios de víctimas de grupos políticos armados, cantidad superior a la indemnización por desaparición forzada por el Estado.
La única prestación de carácter periódico en Uruguay es la Pensión Especial Reparatoria (PER), creada por la Ley 18.033, destinada a personas procesadas y detenidas por la Justicia militar o civil después del 9 de febrero de 1973. Su valor equivale a 8,5 BPC (aproximadamente 55,9 mil pesos), no es acumulable con jubilaciones o pensiones, y exige la elección entre regímenes.
Actualmente, 1.725 personas reciben la PER y 305 reciben las prestaciones derivadas en Uruguay, representando solo el 0,39% del gasto total del Banco de Previsión Social. Conforme señalado por Crysol, la Asociación de Ex-Presos Políticos de Uruguay, este régimen no constituye un privilegio, sino una forma de reparación para aquellos que fueron detenidos ilegalmente y sometidos a tortura durante la dictadura.
En Brasil, la Ley de Amnistía de 1979 – que amnistió a los perseguidos por la dictadura, pero también alcanzó a los agentes del régimen – es blanco de desinformación. Publicaciones falsas sobre amnistiados ganaron fuerza tras actos favorables al perdón para los involucrados en los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 y para el expresidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por intento de golpe de Estado y preso en la última semana de noviembre.
Una de las publicaciones, que alcanzó 82,3 mil visualizaciones, afirma que la periodista Miriam Leitão habría sido beneficiada por la amnistía, siendo hoy contraria al perdón a los involucrados en los actos golpistas. Esto, sin embargo, es mentira. En entrevista a Estadão Verifica, Miriam explicó que no fue amnistiada porque fue absuelta de las acusaciones hechas contra ella.
Esta investigación, realizada por LatamChequea, la red de verificadores latinoamericanos, forma parte de “Los Desinformantes”, una serie de reportajes sobre grupos que esparcen contenidos engañosos en la región.
