Este jueves, El Divisadero informó que los concejales de Coyhaique, Sebastián Vera (RN) y Ana María Navarrete (PS), acudieron al Tribunal Electoral Regional (TER) de Aysén para presentar un requerimiento de remoción contra el alcalde Carlos Gatica (DC). La presentación fue patrocinada por el abogado Braulio Sanhueza, quien anteriormente participó en el proceso de destitución del exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes.
Fast Check CL tuvo acceso al documento que le imputa «notable abandono de deberes (…) e infracción grave al principio de probidad administrativa» al jefe comunal. El escrito reúne un conjunto de antecedentes que —según los ediles— evidencian un actuar administrativo que habría privilegiado intereses particulares por sobre el interés general, generando perjuicio patrimonial y obstaculizando las funciones fiscalizadoras que la ley confiere al Concejo Municipal.
Para sustentar la solicitud, los concejales incorporaron hechos que han sido objeto de cobertura por Fast Check CL. Uno de los ejes del requerimiento es la elusión sistemática de la licitación pública en la contratación de servicios. Estas omisiones se habrían materializado mediante la dictación masiva de decretos alcaldicios denominados «Regulariza» o «Reconoce», asociados a servicios que superaron los $4.450 millones.
Otro de los puntos abordados se refiere a un patrón de tratos directos no formalizados para la provisión de servicios esenciales, entre ellos la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios. En este contexto, un oficio de la Contraloría Regional de Aysén concluyó que la Municipalidad incumplió de manera sistemática la normativa vigente, al constatar que el servicio se prestaba «por particulares sin un contrato legalmente celebrado que lo respalde», situación calificada por el organismo contralor como «abiertamente irregular e ilegal».
A este patrón se suma el término anticipado de una concesión de parquímetros en Coyhaique. El requerimiento plantea que el alcalde aprobó el fin del contrato por mutuo acuerdo sin contar con la autorización previa del Concejo Municipal, pese a los reiterados incumplimientos de la concesionaria. La decisión, además de contravenir la normativa vigente, habría generado un perjuicio patrimonial al municipio por los ingresos que dejó de percibir.
El libelo también amplía el alcance de las acusaciones al incorporar otros hechos que —según los requirentes— constituirían irregularidades. Entre ellos figura el «caso del Concierto Íntimo de Los Vásquez», en el que se habría concretado un pago duplicado de $31 millones a una productora.
También se consignan el incumplimiento de acuerdos para la realización de auditorías y acciones consideradas ilegales para declarar la inhabilidad de la Dirección de Obras Municipales y de todos sus funcionarios, con el objeto de resolver un permiso de edificación en favor de un particular.
Los hechos que complican al alcalde de Coyhaique
En relación con los otros hechos que el requerimiento invoca para fundamentar la remoción del alcalde Gatica, se incluye el «incumplimiento de acuerdos del Honorable Concejo Municipal relativos a la contratación y realización de auditorías», así como la omisión de información considerada relevante para el ejercicio de la función fiscalizadora.
Según expone el documento, el Concejo Municipal de Coyhaique acordó en reiteradas oportunidades —al menos durante los años 2021, 2023 y 2025— la contratación de auditorías externas e internas destinadas a evaluar la situación financiera y presupuestaria del municipio, además de los procesos de contratación administrativa. No obstante, los concejales requirentes sostienen que el alcalde habría incumplido de forma sistemática la ejecución y el seguimiento de estos acuerdos, los que habrían sido aprobados de manera unánime por los ediles.
Asimismo, entre las omisiones denunciadas por los concejales Vera y Navarrete se menciona la situación relativa a la concesión de parquímetros. En este punto, el requerimiento afirma que el alcalde omitió entregar al Concejo Municipal el Informe de Control Interno N°10/2024, documento que detallaba diversos incumplimientos por parte de la empresa concesionaria, antes de que el órgano edilicio votara y aprobara el término anticipado del contrato por mutuo acuerdo.
De acuerdo con el libelo, con este conjunto de acciones, el alcalde Gatica habría «entorpecido la labor fiscalizadora del concejo de manera reiterada y contumaz».
Doble pago para concierto intimo de Los Vásquez
El escrito sostiene que el caso del «Concierto Íntimo de Los Vásquez» configura un ejemplo de faltas a la probidad y elusión del sistema de compras públicas. El evento, realizado el 30 de marzo de 2023, ya estaba contemplado y pagado dentro de una licitación pública previa por casi $265 millones para la «Producción de eventos del Festival de la Patagonia». A pesar de esto, la productora emitió una segunda factura por $31.000.000, y el municipio autorizó un pago adicional por esta misma actuación, eludiendo la licitación pública obligatoria y sin que existiera un contrato previo que lo respaldara.
La Contraloría Regional de Aysén, a través del dictamen E468668/2024, determinó que la Municipalidad incurrió en la omisión de realizar un proceso concursal y que el acto administrativo para «regularizar» el pago se dictó extemporáneamente, mucho después de la ejecución de la actividad. Además, el organismo consignó que la justificación utilizada para invocar el trato directo —basada en derechos de propiedad intelectual— no se encontraba debidamente sustentada para la mayor parte de los servicios incluidos en la factura, como la transmisión streaming, publicidad de torres, arriendo de backline y gastos de alimentación.
La Contraloría detectó que la factura de $31.000.000 contenía ítems que ya habían sido contratados a través de la licitación original, como pasajes aéreos, alojamiento y la contratación de grupos adicionales. De esta manera, el requerimiento presentado por los concejales indica que esta «dualidad de prestaciones» podría generar un «eventual daño patrimonial al municipio».
Inhabilidad de la Dirección de Obras Municipales
En cuanto a las eventuales irregularidades en la Dirección de Obras Municipales (DOM), el requerimiento sostiene que estas se habrían cometido con el objetivo de «favorecer el otorgamiento de permisos de edificación y construcción a particulares». En ese contexto, se cuestiona el Decreto Alcaldicio N° 4167, de octubre de 2024, que declaró la inhabilidad de la DOM y de todos sus funcionarios para tramitar el expediente del proyecto «Chacra G-1», medida que el escrito califica como «irracional e ilegal».
Según el libelo, la justificación invocada por el alcalde Gatica para decretar esta inhabilidad masiva habría sido improcedente. El requerimiento indica que el decreto se sustentó en un memorándum de la propia Dirección de Obras, el cual no solicitaba la inhabilidad de sus funcionarios, sino que pedía al alcalde resguardar su honra frente a acusaciones públicas.
Asimismo, los concejales sostienen que la Ley N.º 18.880 establece que las inhabilidades son de carácter personal y no pueden declararse de manera colectiva ni sin una causal legal válida.
El requerimiento refuerza esta acusación citando un dictamen de la Contraloría de Aysén, que concluyó que la inhabilidad de la Dirección de Obras «no se ajustó a derecho», configurando —según los concejales— una infracción grave al principio de probidad y una causal de «notable abandono de deberes».
