El pasado 18 de diciembre fue admitida a trámite la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el Juzgado de Garantía de Rengo, en contra de la funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) Jeannette Edith Ficher Catil, por los presuntos delitos de falsificación de instrumento público.
Según expone la acción judicial, la funcionaria —adscrita a la Brigada de Investigación Criminal de Rengo— habría faltado a la verdad en la narración de hechos sustanciales contenidos en el Informe Policial N.° 744.
En dicho documento oficial, Ficher Catil consignó haber iniciado la cadena de custodia y remitido a la Fiscalía un pendrive con evidencia clave —audios y chats— en el marco de una investigación por abuso sexual. No obstante, el dispositivo se encuentra actualmente extraviado.
La evidencia extraviada en Rengo
En el informe emitido en Rengo, la funcionaria consignó de manera expresa que la evidencia sería remitida a la Fiscalía local con su respectiva cadena de custodia. No obstante, el CDE sostiene que dicha afirmación es falsa, ya que la detective no habría resguardado el dispositivo conforme a los protocolos institucionales vigentes.
De acuerdo con la querella, Ficher Catil no levantó el acta de cadena de custodia al momento de recibir el pendrive, el 24 de enero de 2024, documento destinado a garantizar la integridad, identidad y preservación de la prueba desde su incautación hasta su eventual presentación ante el tribunal.
En lugar de entregar la especie al Ministerio Público o ingresarla a la bodega de evidencias institucional, la funcionaria reconoció haber «guardado» el dispositivo por cuenta propia, según explicita la acción judicial.
La situación quedó al descubierto el 13 de junio de 2025, cuando la Fiscalía de Rengo se disponía a presentar la acusación formal en una causa por abuso sexual y advirtió que el pendrive nunca había sido recepcionado. Ante los requerimientos del ente persecutor, la querellada admitió que el artefacto se encontraba extraviado.
Según su primera versión, el dispositivo contendría archivos dañados y habría sido resguardado para intentar extraer la información mediante un software, instancia en la que se perdió el rastro de la evidencia.
Debido a que la funcionaria consignó hechos que no eran efectivos en un documento oficial, el CDE calificó el hecho como delito. Específicamente, por falsificación o uso malicioso de documento público.
El organismo apunta a Ficher Catil como autora ejecutora de un delito consumado y subraya que en su actuar «faltó a la verdad en la narración de hechos sustanciales».
Desde la PDI explicaron a Fast Check CL que la funcionaria se encuentra suspendida de sus funciones desde julio de 2025. Esta medida se adoptó en el marco de un sumario administrativo instruido.
