El Informe Final N° 253 de la Contraloría Regional de Valparaíso, al que accedió Fast Check CL, expone una serie de irregularidades en la gestión de los contratos de aseo de la Municipalidad de Viña del Mar, encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti. La investigación especial se enfocó en los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y en la limpieza de aceras y calzadas, prestados por la empresa Cosemar S.A. durante los años 2022, 2023 y 2024.
Este documento, emitido el 25 de septiembre de 2025, constató que estos servicios esenciales se ejecutaron por extensos periodos sin contratos formalizados ni garantías exigidas por la normativa vigente. La fiscalización estableció que esta situación no fue excepcional ni aislada, sino que respondió a una práctica reiterada en el tiempo, lo que expuso al municipio a riesgos jurídicos, financieros y patrimoniales relevantes.
Asimismo, el informe da cuenta de deficiencias en los mecanismos de control interno y en la gestión administrativa, especialmente en los procesos de pago al proveedor y en la acreditación de la efectiva prestación de los servicios. A partir de estos hallazgos, la Contraloría instruyó a la Municipalidad de Viña del Mar iniciar un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Contactados por Fast Check CL, desde el municipio aseguraron que: «La situación con la empresa Cosemar, advertida por la Contraloría General de la República, en que realizó una investigación que identifica avances y falencias, ya están subsanadas».
La deuda de Viña con sus contratos y garantías
El órgano fiscalizador detectó diversos incumplimientos en la ejecución de los servicios prestados por la empresa Cosemar S.A. De acuerdo con el informe, la Municipalidad de Viña del Mar mantuvo operativos los servicios de aseo y de recolección de residuos sólidos de facto, sin contrato vigente, licitación pública ni trato directo debidamente formalizado, durante extensos periodos de tiempo.
En el caso del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en los sectores Viña 1 y Viña 2, la Contraloría estableció que este funcionó por un total de 486 días sin contrato formalizado. Dicho lapso se distribuyó en tres periodos diferenciados:
La situación se extendió aún más en el servicio de barrido de calles y aceras, que acumuló 692 días de operación al margen del marco contractual. En este caso, los incumplimientos se concentraron en dos periodos distintos:
Respecto de ambos servicios, el ente contralor señaló que la Municipalidad de Viña del Mar «incurrió en una omisión que no solo implica contravenir los principios de formalidad y escrituración (…), sino que también impide determinar las condiciones pactadas con los concesionarios y si está jurídicamente justificado el haber prescindido de la realización de procesos licitatorios. Asimismo, esto provoca un inadecuado resguardo de los recursos fiscales».
En la misma línea, el informe consigna que, en distintos periodos, el municipio careció de boletas de garantía de fiel cumplimiento y de seguros de responsabilidad civil asociados a los servicios contratados. En el caso específico del barrido de calles, se detectó un episodio en el que la Municipalidad de Viña del Mar permaneció hasta 161 días corridos sin contar con un seguro de responsabilidad civil vigente.
Asimismo, se identificaron otros periodos en los que los servicios se ejecutaron sin garantías financieras que permitieran exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales o aplicar sanciones efectivas. Esta situación, según la Contraloría, implicó que el órgano municipal «se expusiera al riesgo de no contar en algunos periodos de la ejecución del contrato con garantías por eventuales deterioros o perjuicios que pudieran haberse causado a terceros».
Consecuencia de la no formalización del servicio
Otro de los aspectos analizados por la Contraloría dice relación con la ausencia de aplicación de sanciones frente a incumplimientos detectados en la ejecución del servicio. En julio de 2024, la Inspectora Técnica del Servicio (ITS) informó, a través de correos electrónicos, diversas situaciones irregulares, entre ellas operarios sentados en plazas durante la jornada laboral, acumulación de basura en la calle Valparaíso y personal utilizando teléfonos celulares mientras debía realizar labores de limpieza.
El órgano contralor indicó que, conforme a las bases administrativas, correspondía aplicar una multa de 10 UF por cada evento de trabajo mal ejecutado. Desde la alcaldía se justificó la decisión argumentando que, al tratarse de un periodo en que el servicio se encontraba sin contrato vigente, no resultaba procedente aplicar sanciones de carácter contractual.
¿Qué respondió Contraloría? Rechazó este argumento y sostuvo que, dado que el municipio dio una «continuidad desformalizada» al acuerdo, procedía igualmente la aplicación de multas. En consecuencia, el órgano fiscalizador instruyó cursar las sanciones correspondientes.
Deficiencias en el control y la gestión administrativa
Otro de los ejes abordados en el informe dice relación con el incumplimiento en los pagos efectuados a la empresa Cosemar S.A. El órgano fiscalizador verificó que la Municipalidad de Viña del Mar canceló facturas por un total de $29.472.272.128 una vez vencido el plazo legal de 30 días contado desde la recepción conforme, infringiendo lo establecido en la Ley N° 21.131. Esta morosidad dio origen a demandas civiles interpuestas por la empresa, a través de las cuales se exigen intereses y comisiones asociadas a los atrasos en los pagos.
A lo anterior se sumó que, respecto de los servicios prestados por Cosemar durante 2024, «no consta que se hubiere revisado la documentación que acredite la prestación efectiva de los servicios». En ese periodo, los pagos efectuados superaron los $5.800 millones por concepto de recolección de residuos y los $2.900 millones por labores de limpieza.
El informe señala que el municipio carecía de documentación idónea —tales como registros fotográficos de respaldo, hojas de ruta de los camiones recolectores o reportes históricos de GPS con fecha y geolocalización verificables— que permitiera corroborar que los recursos desembolsados cumplieron su finalidad.
En ese contexto, la Contraloría advirtió que el informe técnico presentado «corresponde a una sola hoja» que se limita a enumerar antecedentes administrativos, «sin acreditar mediante un informe elaborado por la Unidad Técnica que dé cuenta de la validación de la prestación del servicio».
¿Qué más cuestionó el ente fiscalizador? La ineficacia en el uso de las herramientas de fiscalización disponibles. Pese a que las bases técnicas exigían la instalación de sistemas GPS en los camiones recolectores, no se acreditó un monitoreo sistemático de rutas, velocidades o detenciones. El propio municipio reconoció, además, no contar con manuales ni procedimientos escritos que regularan dichas labores de control.
También se refirió a la informalidad en los canales de comunicación utilizados. Inspectores municipales impartían instrucciones a la empresa a través de aplicaciones como WhatsApp y mediante teléfonos personales, una práctica que —según la Contraloría— compromete la trazabilidad, la transparencia y el adecuado resguardo de las actuaciones administrativas.
Sumario y respuesta de Viña del Mar
La Contraloría ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar instruir un sumario administrativo con el fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en los principales hallazgos del informe, otorgando un plazo de 15 días hábiles para dar inicio a dicho proceso.
No obstante, la fiscalización constató la existencia de un procedimiento disciplinario previo, iniciado en septiembre de 2023 a raíz de la tramitación de pagos a Cosemar, el cual permanece inconcluso y sin avances por más de un año y seis meses. Frente a esta situación, el órgano fiscalizador instruyó a la municipalidad concluir el sumario pendiente y, además, dispuso «ponderar la instrucción de un sumario administrativo, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas por la excesiva dilación».
Fast Check CL se contactó con la Municipalidad de Viña del Mar para conocer las medidas adoptadas por el municipio. De esta manera, se procede a replicar su respuesta de manera integra:
«La situación con la empresa Cosemar, advertida por la Contraloría General de la República, en que realizó una investigación que identifica avances y falencias, ya están subsanadas, debido a que el Municipio en esta gestión se ha preocupado de resguardar los recursos fiscales, que es una obligación permanente de esta administración, y por tanto adoptó las medidas necesarias en todas las observaciones. Además concretó la formalización de nuevos contratos para la provisión de servicios esenciales de limpieza de aceras y calzadas, así como para la recolección de residuos sólidos domiciliarios.
La acciones implicaron medidas correctivas por los servicios, se agilizaron procesos y se estandarizó la documentación para los pagos de manera de normar la facturación de servicios de terceros, buscando transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión de recursos públicos y el debido respaldo de los pagos a proveedores y se están realizando los sumarios administrativos respectivos para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de este informe.
También se está implementando una plataforma única de control documental y comunicaciones con proveedores para cumplir con la exigencia de la CGR de un sistema de fiscalización en tiempo real, estandarizado y trazable».
