Fue en septiembre de 2024 cuando la Municipalidad de Lautaro, en la Región de La Araucanía, informó la destitución de un funcionario de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (Secplan), luego de que se estableciera que habría favorecido la adjudicación de licitaciones a empresas vinculadas a familiares directos.
De acuerdo con lo informado en ese momento por Radio Biobío, los hechos quedaron al descubierto tras una denuncia anónima presentada ante la Unidad de Control del municipio, antecedentes que posteriormente fueron acreditados mediante un sumario administrativo. El funcionario involucrado fue identificado como Claudio Sánchez Valenzuela.
Según lo recopilado por el municipio de Lautaro -cuyo alcalde es Ricardo Jaramillo- Sánchez participó en la elaboración de las bases de licitación y, posteriormente, intervino en el análisis y evaluación de los oferentes. En ese contexto, se le atribuye haber favorecido la adjudicación de recursos públicos a dos empresas con vínculos familiares, configurando un eventual conflicto de interés no declarado.
Al momento de conocerse la destitución de Claudio Sánchez, el municipio indicó que los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La causa —que permanece desformalizada— fue declarada secreta, motivo por el cual la Fiscalía Regional de La Araucanía indicó a esta redacción que no es posible entregar información adicional en esta etapa del proceso.
No obstante, un informe de la Contraloría aporta antecedentes sobre el caso y detalla los montos asociados al presunto mecanismo que habría beneficiado a empresas vinculadas a familiares del funcionario. Si bien el documento fue emitido en mayo de este año, Fast Check CL tuvo acceso al informe íntegro, sin tachaduras y con la identificación de los actores involucrados.
Cabe consignar que Fast Check CL intentó obtener la versión de Claudio Sánchez, a quien se le contactó telefónicamente para informarle el motivo de las consultas y se le envió un cuestionario. Hasta el cierre de esta edición, no se recibieron respuestas.
El control de proceso de licitaciones
El informe de Contraloría advierte que la Municipalidad de Lautaro incurrió en una «falta de control del deber de abstención del personal que participa en los procesos de licitación», observación que, en este caso, recae sobre el profesional de la Secplan, Claudio Sánchez. Pese a estar legalmente obligado a marginarse de cualquier procedimiento en el que existiera un interés personal o familiar, el funcionario mantuvo una participación activa y decisiva en las distintas etapas de las licitaciones cuestionadas como: inspector técnico de obra (ITO) y miembro de la comisión receptora.
Pero según el órgano contralor, Sánchez Valenzuela tampoco informó su vínculo de parentesco con los representantes de las empresas finalmente adjudicatarias. En el caso de Ingeniería y Construcción Las Violetas SpA, la firma era representada por Exequiel Lagos Valenzuela, primo del funcionario. Asimismo, cuando esta se presentó como Unión Temporal de Proveedores junto a Topografía Ricardo Neculqueo Valenzuela E.I.R.L., dicha empresa era representada por Ricardo Neculqueo Valenzuela, hermano de madre de Claudio Sánchez. Pese a ello, Las Violetas SpA presentó una declaración juradas en la que aseguró no mantener conflictos de interés con el municipio (vea aquí).
La auditoría también constató que el funcionario concentró un control relevante del flujo de información en el sistema de compras públicas. De un total de 160 registros revisados en el historial de las siete licitaciones fiscalizadas, 123 intervenciones —equivalentes al 77%— correspondieron directamente a Sánchez Valenzuela. Entre ellas se incluyen actuaciones en la apertura electrónica de ofertas, fase del proceso en la que los oferentes presentan sus antecedentes técnicos y económicos.
Al no haberse inhabilitado, el funcionario tuvo acceso privilegiado a información sensible de las empresas competidoras de aquellas ligadas a su hermano y a su primo, lo que, según Contraloría, afectó gravemente la imparcialidad del procedimiento. De esta manera, el informe señala que Sánchez Valenzuela «al percatarse que entre los participantes se encontraba su hermano y un primo, debió comunicar dicha situación a sus superiores y abstenerse de participar en estos asuntos».
La intervención de Sánchez Valenzuela no se limitó a la etapa de adjudicación. El informe da cuenta de que también asumió roles estratégicos en la ejecución y cierre de los contratos. Fue designado ITO en dos licitaciones, y en una tercera como suplente del ITO, quedando a cargo de fiscalizar directamente obras ejecutadas por empresas de su entorno familiar.
Asimismo, integró comisiones receptoras —ya sea como miembro oficial o en su calidad de ITO— en proyectos asociados a cinco licitaciones. Si bien estos antecedentes no pudieron ser verificados por Fast Check CL a través de los registros disponibles en Mercado Público, su participación fue constatada por la propia Contraloría. De acuerdo con el órgano contralor, las siete licitaciones fiscalizadas adjudicadas a Ingeniería y Construcción Las Violetas SpA —en algunos casos en unión temporal con la empresa del hermano del funcionario— alcanzaron un monto total de $403.385.848.
Perjuicio fiscal y prácticas irregulares en Lautaro
Asimismo, el informe de la Contraloría apunta a la existencia de un perjuicio económico que asciende a $10.530.549. El órgano contralor estimó que en ciertos proyectos adjudicados a Las Violetas SpA, partes de los trabajos no se ejecutaron o se acreditaron indebidamente.
Del total señalado, el documento específica que $7.723.338 corresponden al proyecto de Reposición de Superficie en la Cancha Ultracautín, iniciativa que nunca se materializó, según expone Contraloría.
Adicionalmente, el municipio pagó $1.947.138 por un cierre perimetral de 35 metros lineales de panderetas y concertinas en el Parque Isabel Riquelme, obras que no se instalaron. Finalmente, se desembolsaron $860.073 por la supuesta tramitación de resoluciones sanitarias para sistemas de Agua Potable Rural (APR), gestión que la empresa contratada no acreditó haber realizado ante la autoridad de salud.
En base a lo anterior, el informe apunta a que Claudio Sánchez –en calidad de ITO o como miembro de la comisión receptora– participó en los proyectos objetados, donde informó el cumplimiento de especificaciones técnicas para autorizar pagos, a pesar de la inexistencia física de las obras en terreno.
Por otro lado, el escrito da cuenta de que en las bases de las licitaciones adjudicadas a las empresas de los familiares de Claudio Sánchez había cláusulas que “restringieron la presentación de mejores ofertas económicas y menores plazos de ejecución de las obras”. Dentro de estás cláusulas se identifican:
- La prohibición de presentar ofertas económicas inferiores al 95% del presupuesto disponible.
- La exigencia de acreditar solvencia económica como requisito para ofertar y no solo para contratar.
- La inclusión de una cláusula que exigía un sueldo 10% superior al mínimo legal. Sin embargo, se constató que las empresas de los familiares de Sánchez Valenzuela en realidad pagaban salarios menores al sueldo mínimo, entre $163.250 y $287.500.
Por último, debido a la gravedad de los hechos, el caso aterrizó en el Juzgado de Garantía de Lautaro, tramitado actualmente por el delito de negociación Incompatible de particulares y lavado de dinero de Persona Jurídica. Como consecuencia, el juez Eduardo Pérez -con fecha del 13 de noviembre- las medidas cautelares de arraigo nacional con un plazo de vigencia de 60 días para Claudio Sánchez Valenzuela y sus familiares: Exequiel Lagos Valenzuela y Ricardo Neculqueo Valenzuela
Respuesta Municipalidad de Lautaro
Ante la interrogante respecto a la no identificación del vínculo entre Claudio Sanchéz y sus familiares, la Municipalidad de Lautaro sostuvo a Fast Check CL que los controles no detectaron el parentesco debido a que la Ley de compras —previa a su reforma en 2024— dependía de declaraciones juradas de comisiones donde Claudio Sánchez no participaba. Asimismo, la ley de entonces no prohibía contratos de familiares de funcionarios de su nivel.
Siguiendo esta línea, frente al perjuicio de $10.530.549 por obras pagadas no realizadas, el municipio declaró que se activó un juicio de cuentas para restituir el dinero. «El alcalde Ricardo Jaramillo Galindo apenas recibió denuncia sobre posible conflicto de interés instruyó como alcalde suplente en 2024 a dirección de control auditar los procesos de compra donde participó Claudio Sánchez y realizó la denuncia al ministerio público», explicó la municipalidad.
Además, para esclarecer el cuestionamiento respecto a beneficios indebidos, el municipio corrigió la redacción de criterios sobre calidad técnica en sus bases futuras. La Municipalidad de Lautaro señala que «Contraloría no observa que haya compromisos pendientes con los trabajadores de la empresa sino más bien, que la oferta de las empresas adjudicadas señalaron un “trabajador” residente de la obra el cual nunca se verificó en la especie, toda vez que quien realizaba el proceso era el exfuncionario Claudio Sanchez», siendo aquello también materia de investigación penal.
Bajo este contexto, desde Lautaro aseguran que la revisión de las actuaciones de Sánchez derivó en la revocación de dos licitaciones y el término anticipado de un contrato por incumplimientos. Las empresas de los familiares del exfuncionario no han vuelto a participar en procesos locales.
Si bien el exfuncionario «reclamó ante la Contraloría», la misma entidad dictaminó que el proceso debía revocarse por la formulación de cargos. Ante esto, «el alcalde realizó cambio de fiscal (del sumario), el cual fue terminado en octubre del año 2025», declaró el municipio.
Finalmente, el proceso disciplinario finalizó en la fecha mencionada, aplicándose la destitución definitiva de Sánchez por infringir grave y reiteradamente el principio de probidad administrativa.
