La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en una licitación del Instituto de Salud Pública (ISP) para la contratación de servicios informáticos. Así lo establece el Informe Final N° 788 de 2025, emitido el 11 de diciembre por la División de Fiscalización del organismo contralor, el cual formula observaciones relativas a una adjudicación por más de $100 millones adicionales, deficiencias en la evaluación de las ofertas y una eventual vulneración del principio de libre concurrencia.
El informe se centra en una licitación adjudicada en mayo de 2024 a la empresa NGC Asesorías en Negocios Ltda., por un monto total superior a $775,6 millones, IVA incluido. El contrato considera la prestación de servicios de desarrollo, soporte y mantención de sistemas informáticos del ISP por un período de 24 meses.
De acuerdo con el órgano contralor, el ISP adjudicó el contrato a una oferta que superaba en más de $100 millones a la presentada por la unión temporal de proveedores MM Servicios Profesionales. Esta última fue descartada por errores de carácter formal que, a juicio de la Contraloría, podían ser subsanados sin afectar la igualdad de trato entre los oferentes. La diferencia de precio representa aproximadamente un 13 % del valor total del contrato.
Asimismo, el informe advierte deficiencias en la ejecución del contrato con NGC, en particular por la demora en comunicar el cobro de multas aplicadas al proveedor por incumplimientos contractuales. A ello se suma la aceptación de pagos sin contar con respaldos técnicos suficientes, pese a que los niveles de servicio comprometidos (SLA) no habrían sido alcanzados en determinados períodos.
De esta manera, Contraloría ordenó el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
La licitación del ISP definida por 0,52 puntos
La CGR concluyó que la licitación N° 813-31-LR24 del ISP se definió por una diferencia de apenas 0,52 puntos, margen que estuvo directamente determinado por la forma en que el organismo evaluó la experiencia de los equipos profesionales presentados por los oferentes. Según el órgano contralor, dicha interpretación de las bases vulneró el principio de libre concurrencia que rige los procesos de compra pública.
De acuerdo con los antecedentes revisados, el ítem con mayor ponderación fue «Experiencia de Perfiles», equivalente al 50% del puntaje total, seguido por la oferta económica, con un 30%. En ese contexto, cualquier variación en la asignación de puntaje por experiencia resultaba determinante para la adjudicación final del contrato.
En la evaluación técnica, la empresa adjudicada, NGC Asesorías en Negocios Ltda., obtuvo el puntaje máximo en experiencia (50%), mientras que la unión temporal de proveedores MM Servicios Profesionales alcanzó un 45,50% en ese mismo ítem. En contraste, en el factor económico MM obtuvo el puntaje máximo (30%) con una oferta de $672.645.600, mientras que NGC solo alcanzó un 26,02%, al presentar una propuesta de $775.603.440.
El informe de la CGR explica que la diferencia en la evaluación de la experiencia se originó porque ambos oferentes incluyeron al mismo profesional en sus equipos, pero acreditaron su trayectoria laboral de manera distinta. Mientras NGC consignó experiencia continua entre 2015 y 2024, MM presentó antecedentes correspondientes al período 2018-2024, utilizando anexos repetidos. El ISP calificó esta situación como una omisión de antecedentes obligatorios y optó por no solicitar aclaraciones.
Debido a la diferencia en las fechas acreditadas y al uso de un anexo duplicado, MM recibió solo 3 puntos por su experiencia, mientras que NGC obtuvo 7 puntos por el mismo trabajador.
En este sentido, la Contraloría argumentó que «lo expuesto es relevante, ya que solo el factor de experiencia de ese profesional dio a la empresa NGC una ventaja considerable, siendo decisivo para que obtuviera la mejor evaluación, por sobre MM Servicios Profesionales, a pesar de que la oferta económica de esta última era considerablemente inferior en un monto de $102.957.840».
La omisión del uso del “foro inverso”
Fast Check CL revisó el informe de evaluación y constató que la comisión evaluadora del ISP utilizó el mecanismo de «foro inverso» para permitir que otros cinco oferentes aclararan errores en sus ofertas económicas o adjuntaran documentos omitidos. No obstante, esta misma facultad no fue aplicada a MM Servicios Profesionales para subsanar el error detectado (ver informe de evaluación aquí).
Este punto fue relevado por el órgano contralor, quienes indicaron que las bases de la licitación otorgaban «las más amplias facultades para (…) solicitar a los oferentes salvar errores u omisiones formales o aclarar aspectos precisos de las propuestas», lo que no ocurrió en el caso analizado.
De esta manera, la Contraloría concluyó que lo ocurrido no se ajusta «con el mencionado principio de libre concurrencia de los oferentes (…), cuya finalidad es que se consideren la mayor cantidad de ofertas, evitando la exclusión de estas por errores sin trascendencia y no esenciales, como los que ocurrieron en la especie». Por ello, el hecho fue calificado como «Altamente Complejo» y se instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario para «investigar los hechos objetados».
Multas no cobradas y pagos sin respaldo
Más allá de las observaciones formuladas en la etapa de licitación, el órgano fiscalizador detectó deficiencias relevantes en la ejecución del contrato adjudicado a NGC Asesorías en Negocios Ltda., particularmente en el control de los niveles de servicio comprometidos y en la gestión de sanciones por incumplimientos contractuales.
En este contexto, la Contraloría constató la falta de oportunidad en el cobro de multas asociadas a incumplimientos contractuales ocurridos durante 2025. Según el informe, el proveedor incurrió en infracciones que «ocurrieron en los meses de marzo, mayo y agosto de ese año», vinculadas al incumplimiento de un plan de trabajo, al reemplazo de personal integrante del equipo de trabajo y al incumplimiento en la cantidad de profesionales ofertados, respectivamente.
El monto total de estas sanciones asciende a 90 UF equivalentes a $3.553.709 a la fecha del cálculo realizado por la CGR. Si bien su aplicación fue ordenada mediante la resolución exenta N° E7631, de 18 de noviembre de 2025, al cierre del informe el cobro permanecía pendiente. Frente a ello, la Contraloría instruyó que el ISP «deberá, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este informe, acreditar documentadamente haber efectuado el cobro de las multas».
La fiscalización también detectó irregularidades en la validación de los informes de cumplimiento de los niveles de servicio (SLA) presentados por el proveedor. Según constató la Contraloría, «en el Informe de Servicio correspondiente a junio de 2024, se indica que el porcentaje de cumplimiento fue de 63,8% para el SLA Atención Alto y de 69,9% para aquel de complejidad media», cifras que se ubicaban por debajo de los estándares exigidos en las bases de la licitación, que establecían un 95% de cumplimiento para la criticidad alta y un 90% para la media.
No obstante, esos mismos indicadores fueron posteriormente modificados al alza. El informe advierte que las cifras «fueron ajustadas aumentando a un 95,4% y 93,8%, respectivamente, luego de los argumentos presentados por el proveedor». Estas correcciones se sustentaron en la revisión de 90 tickets de atención; sin embargo, la Contraloría observó que «se corrigieron 90 tickets del SLA Atención, pero el informe solo justifica detalladamente 18 casos, mientras que los restantes no cuentan con antecedentes de respaldo», lo que impide verificar técnicamente la procedencia de los cambios efectuados.
Pese a estas deficiencias, el ISP efectuó el pago del servicio correspondiente a junio de 2024. Al respecto, el ente fiscalizador concluyó que «al efectuarse los desembolsos, estos no se encontraban justificados en el documento que da cuenta de la prestación del servicio y su debido cumplimiento». Así, la CGR calicó esta observación como «Compleja» e instruyó que el ISP «deberá incluir esta materia en el procedimiento disciplinario que deberá ordenar».
La versión del ISP
Tras ser consultados por Fast Check CL, desde el ISP señalaron que la CGR levantó la observación sobre «Deficiencia en la evaluación de la oferta de NGC», que era sobre que la empresa habría presentado un número menor de profesionales, pero estó fue levantado por el órgano contralor.
En relación con el mayor gasto fiscal mencionado en el informe, el ISP sostuvo que la Contraloría fue precisa al ordenar «iniciar un proceso disciplinario destinado a investigar los hechos objetados» en la evaluación de las ofertas, sin establecer expresamente la existencia de un perjuicio fiscal por el monto señalado. No obstante, el organismo indico que desde comienzos de 2025 ajustó sus procesos de evaluación, incorporando medidas correctivas orientadas a «asegurar el principio de libre concurrencia y la igualdad de trato entre los oferentes».
Respecto de las multas por 90 UF aplicadas a NGC Asesorías en Negocios Ltda., el organismo informó que estas fueron formalizadas mediante la Resolución Exenta N° E7631, de 18 de noviembre de 2025. No obstante, precisó que el cobro efectivo aún no se materializa, ya que se encuentra pendiente la resolución del recurso de reposición presentado por la empresa. Una vez notificado dicho acto, «se podrán iniciar las gestiones de cobro», dentro del plazo de 60 días hábiles fijado por la Contraloría.
Sobre las observaciones a los informes de cumplimiento de los SLA, el ISP indicó que exigirá a los proveedores que los reportes técnicos «detallen, justifiquen y acompañen todos los antecedentes» que respalden eventuales incumplimientos. Además, se incorporará un cuadro resumen destinado a fundamentar los tickets de atención observados que no hayan sido resueltos. Estas medidas, señalaron, buscan asegurar «una correcta gestión y seguimiento de los servicios prestados».
Finalmente, en cuanto al procedimiento disciplinario, el ISP aclaró que la Contraloría no lo instruyó directamente, sino que ordenó su inicio. La resolución respectiva se encuentra en tramitación dentro del plazo de 15 días hábiles. Paralelamente, y considerando los contratos recurrentes con NGC durante 2023 y 2024, el organismo indicó que reforzó sus procesos de compra mediante la estandarización de bases, la revisión preventiva del cumplimiento normativo y «el refuerzo de los controles internos».
