Hoy, 14 de enero de 2026, se realizó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una nueva audiencia de formalización en el marco del denominado caso de la «Muñeca Bielorrusa».
En esta segunda formalización, el Ministerio Público imputó cargos a Sergio Yáber, conservador de Bienes Raíces de San Miguel; Yamil Najle, conservador de Chillán; y Harold Pizarro, propietario de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada, por su presunta participación en un esquema de lavado de activos.
La audiencia se desarrolló como parte de la causa penal que mantiene en prisión preventiva a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, así como a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Según expuso la Fiscalía, los imputados habrían cumplido un rol clave en la canalización y reingreso al sistema financiero formal de dineros de origen presuntamente ilícito, vinculados al millonario litigio entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco.
Durante la jornada, el fiscal Marcos Muñoz detalló que Yáber, Najle y Pizarro han declarado en reiteradas oportunidades ante el Ministerio Público, entregando antecedentes considerados relevantes para acreditar la trazabilidad de los fondos investigados. De hecho, la Fiscalía confirmó que los tres suscribieron convenios de cooperación eficaz, lo que permitió reforzar la teoría del caso y explicar las solicitudes de medidas cautelares menos gravosas en su contra.
Al término de la audiencia, el tribunal acogió las cautelares solicitadas por el Ministerio Público, decretando arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de contacto entre los imputados.
A continuación, se revisan los principales antecedentes del caso, el presunto mecanismo de lavado de activos que —según la Fiscalía— permitió reingresar al sistema financiero dineros vinculados al consorcio Belaz Movitec, y cómo la investigación penal fue ampliándose hasta dar paso a esta segunda formalización.
El origen de la Muñeca Bielorrusa
El caso «Muñeca Bielorrusa» comenzó a gestarse a partir del análisis de los mensajes del teléfono de Luis Hermosilla, que revelaron comunicaciones con la entonces ministra Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles. Estos intercambios evidenciaron la existencia de una red de contactos estratégicos, donde se discutían nominaciones judiciales, designaciones de notarios y conservadores de bienes raíces, así como la influencia sobre fallos de alto valor económico.
En junio de 2024, una investigación de Ciper detectó los primeros indicios de irregularidades. Los mensajes sugerían gestiones de Migueles en la última nominación de fiscal nacional, ofreciendo al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, un doctorado y reemplazar al fiscal Xavier Armendáriz a cambio de entregar su apoyo al candidato de La Moneda que buscaba nombrar al nuevo Fiscal Nacional. De esta manera, la pareja quedó en el ojo del huracán de una trama aún en las sombras.
Dos meses después, en septiembre, Ciper reveló conversaciones entre Hermosilla y Vivanco sobre la llegada de la ministra a la Corte Suprema, junto con concertaciones para integrar salas específicas, bloquear nominaciones y favorecer postulantes de su interés.
Al día siguiente, El Mostrador —a través de su newsletter «+Política»— sembró los primeros cuestionamientos respecto de supuestas intervenciones de Vivanco en una causa contra Codelco que involucraba al consorcio bielorruso Belaz Movitec. El proceso concluyó con un fallo favorable a la empresa, que le significó un beneficio económico y abrió dudas por la inusual rapidez con que fue resuelto el recurso de protección.
La trama financiera de Belaz Movitec
La disputa entre Codelco y CBM se originó en febrero de 2023, cuando la minera estatal decidió terminar un contrato con la empresa europea por retrasos en el proyecto de extensión de la División Salvador y por incumplimientos de seguridad, tras la muerte de un trabajador en julio de 2022. Codelco exigió el cumplimiento de las boletas de garantía, por un total de US$ 20 millones.
Frente a esta decisión, CBM presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, que fue rechazado. Posteriormente, la empresa recurrió a la Corte Suprema, donde la Tercera Sala, presidida en ese momento por Ángela Vivanco, revocó el fallo de segunda instancia y ordenó a Codelco restituir las boletas de garantía, junto con otros gastos asociados, elevando el monto a US$ 25 millones a favor de CBM.
Tras el inicio de las indagaciones del Ministerio Público, Ciper informó que la Fiscalía acusó que al menos $57 millones provenientes de CBM habrían llegado a cuentas vinculadas a Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles. De acuerdo con esos antecedentes, los pagos habrían sido gestionados por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, con la participación de terceros —entre ellos el cambista Harold Pizarro y los conservadores Sergio Yáber y Yamil Najle— en la circulación y administración de los fondos.
Según la investigación de la Fiscalía, los dineros habría sido canalizados mediante cheques, operaciones cambiarias y transferencias fragmentadas, con el objetivo de ocultar su origen y reingresarlos al sistema financiero formal. Estas maniobras son las que el Ministerio Público investiga como eventuales delitos de lavado de activos.
Las consecuencias de la Muñeca Bielorrusa
El 9 de septiembre de 2024, Vivanco fue suspendida de su cargo como ministra de la Corte Suprema, luego de que se formularan seis cargos en su contra, incluyendo irregularidades vinculadas a la causa CBM.
La presión sobre los querellados se intensificó en noviembre de 2025, cuando la Corte decretó la prisión preventiva de Migueles y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, fijando un plazo de 90 días para la investigación y su traslado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
Con el avance de las indagaciones, la investigación se amplió hacia el rol de terceros que habrían facilitado la circulación de los fondos cuestionados. En ese contexto aparecen Sergio Yáber, Yamil Najle y Harold Pizarro, cuyas actuaciones pasaron a ser objeto de diligencias específicas.
De acuerdo con el Ministerio Público, Yáber habría recibido y reenviado montos vinculados a la ruta del dinero investigada; Najle fue identificado por transferencias que la Fiscalía atribuye a posibles pagos asociados a Migueles; y Pizarro habría cumplido un rol clave en la conversión y canalización de dineros de origen presuntamente ilícito hacia el sistema financiero formal.
La expansión del caso
Asimismo, se han realizado diversas indagaciones respecto al conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, las cuáles han extendido el alcance de la «Muñeca Bielorrusa». Un sumario administrativo instruido por la Corte de Apelaciones de San Miguel —y dado a conocer por Reportea— estableció que Yáber habría utilizado recursos vinculados al ejercicio de su cargo para generar una red de tráfico de influencias y gestiones destinadas a incidir en procesos de nombramientos judiciales y resguardar intereses propios y de terceros.
Entre los antecedentes abordados por el sumario figura la contratación de Leidy Moreno, quien ejercía como empleada doméstica de Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles, al respecto la investigación administrativa sostuvo: «Sostengo que ese contrato fue simulado y el pago del finiquito lo percibió la dupla Migueles – Vivanco para quienes prestaba servicios».
A ello se suma el traspaso de un automóvil Porsche Cayenne a Vivanco, operación que, según la investigación administrativa, carece de respaldo financiero y constituye «otra forma de pago» dentro de la red. De esta manera, a inicios de enero de 2026, la fiscal judicial, Carla Troncoso, formuló cargos contra Sergio Yáber y notarios de la jurisdicción.
Otro de los temas en los que se vió envuelto Yáber fue en presuntos pagos sistemáticos a ministros, notarios y parlamentarios, incluyendo transferencias al exministro Antonio Ulloa y a los senadores Matías Walker y Sergio Gahona, además de la presunta entrega de $1,7 millones al diputado Cristián Araya, registrada en escuchas telefónicas interceptadas por el OS7 de Carabineros. En su informe reservado, la policía concluyó que estos antecedentes «podrían revestir carácter de delito», ampliando el alcance de la causa al ámbito político.
