Política de corrección (08/02/2026): Con posterioridad a la publicación de este artículo, la defensa de las personas investigadas se comunicó con Fast Check para plantear que el delito indagado correspondía a fraude de subvenciones y no a fraude al fisco, como se consignaba originalmente en el titular. Tras revisar el escrito ingresado por el Ministerio Público, se constató que, si bien se utiliza la denominación “fraude al fisco”, esta aparece acompañada de la precisión “(obtención fraudulenta de subvenciones)” y se fundamenta en artículos del Código Penal que tipifican específicamente este último ilícito, por lo que Fast Check decidió modificar el título original con el fin de mantener la mayor precisión jurídica posible.
El exjefe de campaña y la exasesora parlamentaria del diputado Miguel Ángel Calisto, Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, enfrentan una nueva arista penal. En esta ocasión, la investigación pone bajo cuestionamiento la ejecución de un proyecto social financiado con recursos del Gobierno Regional (Gore) de Aysén, desarrollado por la Fundación Proyecto Futuro, presidida por Cárcamo Catalán y que tiene a Graf Toledo como tesorera.
No se trata de la primera causa penal que involucra a la pareja. Ambos se encuentran formalizados en la investigación por el presunto desvío de asignaciones parlamentarias del diputado Calisto. Además, para el próximo 11 de febrero está fijada una audiencia de formalización en otra causa que los involucra, por la presunta obtención fraudulenta de prestaciones por más de $25 millones a través de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) de Aysén.
En un artículo previo, Fast Check informó sobre la Fundación Proyecto Futuro debido a que había recibido recursos públicos mediante asignaciones del Gore de Aysén y de la Subsecretaría de Evaluación Social. Sin embargo, en ese momento no se había detectado ningún eventual fraude, hasta ahora.
¿Qué es la fundación Proyecto Futuro?
La Fundación Proyecto Futuro es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo declarado es promover «el desarrollo del capital humano regional y nacional, contribuyendo al progreso de la sociedad en las áreas del conocimiento, la transferencia tecnológica, el fomento productivo y la cultura».
Fast Check constató que el representante legal de la fundación es Roland Cárcamo Catalán, mientras que su directorio está compuesto por Roland Cárcamo Garrido —padre de Cárcamo Catalán— como secretario, y Carla Graf Toledo como tesorera.
Entre 2021 y 2024, Proyecto Futuro recibió financiamiento público por $37.434.520 desde el Gore de Aysén a través de siete proyectos adjudicados mediante el FNDR. Entre estas iniciativas se incluyen programas orientados al envejecimiento activo y la prevención del deterioro funcional en adultos mayores, así como apoyos a competencias culturales regionales.
En 2023, la fundación también obtuvo $20 millones de la Subsecretaría de Evaluación Social para ejecutar el programa «Sembrando Vínculos».
A pesar de estos aportes, la presencia digital de la fundación es mínima. Su única red social registrada en ese entonces fue una cuenta X, con apenas 14 publicaciones. En donde, algunas de estas, mostraban actividades en las que participaba el diputado Calisto.
La investigación contra la fundación del exjefe de campaña de Calisto
La nueva causa que afecta a los excolaboradores del diputado Calisto se relaciona con unos de los proyectos por los que la Fundación Proyecto Futuro habría recibido dinero desde el Gore de Aysén.
La Fiscalía está investigando que en 2024 los imputados Roland Cárcamo Catalán, Carla Graf Toledo y Natalia Cárcamo Catalán —hermana de Roland— se habrían concertado para defraudar al Fisco mediante la postulación al fondo FNDR (8%) de un proyecto denominado «Internet para Personas Mayores: Oportunidad para estar conectados», que tenía por objetivo capacitar a adultos mayores en el uso básico de internet.
El Gobierno Regional de Aysén transfirió un total de $7.000.000 a la cuenta de la fundación, en dos cuotas: $3,3 millones en julio de 2024 y $3,7 millones en diciembre del mismo año. No obstante, la investigación sostiene que el proyecto nunca habría sido ejecutado, pese a que los recursos fueron rendidos.
¿Cómo se habría elaborado la defraudación?
Para aparentar la ejecución del proyecto, la Fiscalía indica que se presentaron boletas de honorarios falsas, emitidas a nombre de dos personas cuyas claves del Servicio de Impuestos Internos habrían sido obtenidas mediante engaño. Estas boletas justificaban supuestos servicios de capacitación que, según los antecedentes, nunca se prestaron y para los cuales los emisores no contaban con competencias técnicas.
Además, se habrían entregado al GORE listados de 28 adultos mayores que supuestamente asistieron a los talleres, pese a que —según el Ministerio Público— dichas actividades no existieron. La Fiscalía atribuye a Natalia Cárcamo la presentación de las rendiciones de cuentas cuestionadas, las que permitieron liberar los pagos del proyecto.
Tras detectar inconsistencias, el Gobierno Regional intentó contactar a los responsables del proyecto sin obtener respuesta. De los $7 millones transferidos, solo $300 mil fueron restituidos en agosto de 2025, lo que dejaría un perjuicio fiscal de $6,7 millones.
En este contexto, el tribunal fijó para el 11 de febrero de 2026 la audiencia de formalización, instancia en la que la Fiscalía comunicará oficialmente los cargos por fraude al fisco, eventualmente acumulando esta causa a otra investigación similar vigente contra los mismos imputados.
La versión de los acusados
Consultado por Fast Check, el abogado de Roland Cárcamo, Guillermo Briceño, afirmó que sus representados «enfrentan dos procesos paralelos» y recalcó que «ninguno tiene condena ni hechos acreditados judicialmente». En esa línea, rechazó la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de un patrón delictivo, señalando que «un patrón no se construye con supuestos, se construye con condenas, y aquí no hay ninguna».
En relación a que estos nuevos antecedentes se suman para la misma fecha de formalización, que la que se ocupará en relación a la causa sobre fraude al Fisco en recurso dirigidos a la Fenats de Aysén, criticó que, a pocos días de la audiencia, la Fiscalía intentara incorporar nuevos antecedentes, «sin aviso previo y sin copia de las diligencias enviadas a la defensa».
Finalmente, Briceño sostuvo que no comparten la imputación formulada por el Ministerio Público y que se referirán a los antecedentes «en la instancia correspondiente». «Cualquier persona investigada tiene derecho a que se presuma su inocencia y a conocer con claridad los hechos que se le imputan», afirmó, agregando que la defensa se reserva el derecho a profundizar su respuesta una vez conocidos en detalle los nuevos cargos.
