La Contraloría General de la República determinó que la Municipalidad de San Joaquín no se ajustó a derecho al constituir la corporación municipal Innova, presidida por el alcalde Cristóbal Labra. La resolución también instruye una fiscalización sobre el uso de recursos públicos transferidos a esa entidad de derecho privado, que según el Registro de Colaboradores del Estado, suman más de $1,3 mil millones entre 2022 y 2026. Desde el municipio aseguraron que el dictamen fue impugnado mediante un recurso de reposición y que el proceso aún no cuenta con una resolución definitiva.