En medio de problemas internos que incluyeron la pérdida de su información contable y dificultades para reconstruir sus registros financieros, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura enfrentó fue sancionado por parte de la Superintendencia de Educación Superior. El organismo fiscalizador concluyó que la institución incumplió su obligación legal de informar oportunamente sobre su estado financiero del año 2023, aplicándole una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales ($3,4 millones). La multa se suma a infracciones similares detectadas en los últimos años.
El ente fiscalizador cursó el procedimiento debido a que la firma excedió en un 27% la producción autorizada en su centro de cultivo CES Gómez Carreño, emplazado dentro de la Reserva Nacional Kawésqar. La empresa presentó un Programa de Cumplimiento para intentar revertir el procedimiento sancionatorio. Un informe técnico del Sernapesca señala que "el hecho de producir más allá de lo autorizado obedece inequívocamente a una planificación por parte de la empresa y un esfuerzo consciente dirigido a llevar a cabo esta conducta".
Un informe de la Contraloría Regional de Aysén reveló que la exautoridad actuó en nueve intervenciones administrativas —entre 2021 y 2023— relativo a proyectos para la Fundación Manos que Ayudan Patagonia. Macías no se inhabilitó, pese a que el presidente de la entidad le prestó servicios profesionales durante su campaña a la Gobernación Regional en 2021 por un monto superior a los $17 millones, lo que para el ente contralor podría configurar un potencial conflicto de interés. Además, se observan que dos convenios con esta organización no justificaron el mecanismo de asignación directa.
Sociólogo, reconocido por su participación en el colectivo artístico CADA (Colectivo de Acciones de Arte) durante la dictadura de Augusto Pinochet. A décadas de esa experiencia, Balcells se encuentra impulsando el proyecto “Por el plinto y la plaza”, iniciativa que busca resignificar el plinto vacío de Plaza Baquedano o la plaza sin nombre, como actualmente la denomina.
La acción judicial contempla, además, los presuntos delitos de apropiación indebida, fraude en la suscripción de contrato aleatorio y fraude al seguro frustrado. En 2023, ProCultura cerró sus operaciones en el marco del denominado "Caso Convenios".
La entidad acusa que estos delitos habrían generado un impacto directo a las arcas municipales, estimando un perjuicio fiscal de $28 millones. Fast Check CL accedió a la causa penal que devela redes familiares, una relación sentimental y el salto de los controles internos dentro del organismo que provee los servicios de salud y educación en Las Condes.
Una acción judicial afecta a un integrante de la familia Vecchiola. La querella en contra de Enzo Vecchiola Morales, representante legal de Transportes y Grúas Vecchiola S.A., fue interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos (SII), acusando "declaraciones maliciosamente falsas de Impuesto a las Ventas y Servicios”, lo que supuestamente significó un menor pago de impuesto al que correspondía.
Lo que iba a ser el arriendo de un inmueble en Temuco, terminó transformándose en una acción judicial en contra del tesorero de la Gran Logia Mixta de Chile, Jorge Castillo Muñoz, a quien se le imputa los delitos de apropiación indebida y falsificación de instrumento privado. La denuncia fue interpuesta por la otrora representante legal de la logia francomasona, Margarita Carvajal.
La acción judicial presentada por el SII, identifica a cuatro personas: el representante legal (actual gerente general), un socio, el exgerente general y la exencargada contable. El Servicio de Impuestos Internos solicitó al Ministerio Público la formalización del caso que, presuntamente, habría provocado un perjuicio fiscal que asciende los $177 millones.
Xun era presentado como el autor de "Hipnocracia: Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad", una obra que recibió atención mediática y académica, siendo traducida al español por Editorial Rosameron.
La denuncia compromete a Matías Hormazabal Araya, conscripto que hasta este 31 de marzo, pertenecía al Batallón de Infantería Blindado N°27 "Bulnes", de la unidad de combate de la 1ra. Brigada Acorazada “Coraceros”. La situación fue alertada por un compañero, quien al ver las fotografías con drogas, armas y fajos de billetes, alertó a sus superiores.
