La exadministradora municipal de Coyhaique, Gabriela Retamal, denunció ante la justicia laboral que su despido estuvo marcado por diversas irregularidades al interior del municipio, entre ellas un supuesto sistema de “aportes monetarios” exigidos desde la alcaldía. El alcalde Carlos Gatica rechazó públicamente la acusación y aseguró que los hechos “no se condicen en absoluto con la realidad”. Sin embargo, Fast Check accedió a capturas de WhatsApp en las que se observan solicitudes de dinero realizadas por el propio jefe comunal y por su secretaria a funcionarios municipales.
A partir del comienzo del año escolar de 2026, la ley N° 21.801 empezaría a aplicarse en recintos educacionales de Chile. La normativa tiene por objetivo reducir el uso excesivo de tecnología en etapa parvularia, básica y media, sin embargo, uno de los puntos más destacados ha sido la prohibición de celulares al interior de los establecimientos escolares, lo que podría variar según las circunstancias.
El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra Luis Moreno Cáceres, representante legal de Asedo Limitada -compañía de aseo-, por presuntos delitos tributarios vinculados a la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Según el libelo, la empresa habría incrementado el crédito fiscal y subdeclarado el débito fiscal en sus formularios mensuales, lo que habría generado un perjuicio fiscal estimado en $349.431.800, antecedentes que fueron remitidos al Ministerio Público para la investigación de eventuales delitos reiterados.
La Contraloría General de la República solicitó antecedentes a Gendarmería de Chile tras una denuncia anónima por presunto uso irregular de licencias médicas por parte de Verónica Oporto González, madre de la diputada Camila Flores. Fast Check tuvo a la vista la denuncia y el requerimiento enviado por el organismo fiscalizador a la institución penitenciaria, cuyo objetivo será evaluar los antecedentes y, en consecuencia, resolver los pasos a seguir.
Un error en la aplicación de las leyes 21.306 y 21.233 generó pagos en exceso a 16 secretarios regionales ministeriales del Ministerio de Minería entre diciembre de 2020 y enero de 2022, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El caso fue confirmado por Fast Check y, tras consultar a la cartera, se informó que el monto total involucrado asciende a $12.215.664, que se solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado para gestionar el cobro y que se instruyó una investigación sumaria, posteriormente elevada a sumario administrativo, con sanciones de censura a dos funcionarios.
El anuncio fue hecho al mediodía por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, donde confirmó sanciones a tres funcionarios del Gobierno de Chile, entre ellos, el ministro Juan Carlos Muñoz.
El vínculo entre Andrés Jouannet —futuro subsecretario de Seguridad— y Sebastián Salazar, propietario de EstelarBet, no se limita al ámbito societario; también es de amistad. Así lo ha reconocido el propio Jouannet al ser consultado por la prensa. La relación adquiere relevancia en el contexto de la discusión del proyecto que regula las plataformas de apuestas online. Salazar ha participado activamente en ese debate parlamentario, cuyo primer trámite coincidió con el periodo en que el exDC ejercía como diputado. En esa instancia, el todavía parlamentario votó en contra de la iniciativa antes de su despacho al Senado, sin transparentar su amistad ni su antiguo vínculo comercial con Salazar en Impresiones Quizapú Limitada.
Orlando Durán Ponce recibió condenas por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco frustrado, en el caso de las residencias sanitarias durante la pandemia, en plena administración de Piñera II. A la multa de $102 millones, se incluye otra sanción monetaria por $2.400.000.
Andrés Jouannet.
Fast Check revisó las Declaraciones de Intereses y Patrimonio del próximo subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y constató que desde 2021 no ha transparentado sus sociedades comerciales. Entre ellas figuran empresas compartidas con el empresario Bo Yang —vinculado al presunto tráfico de influencias— y con socios ligados al rubro de tragamonedas y apuestas online. El presidente electo, José Antonio Kast, respaldó su nombramiento pese a estos nexos.
Seremis
Un error en la aplicación de una norma sobre remuneraciones generó pagos en exceso a cerca de 40 secretarios regionales ministeriales del Ministerio del Deporte entre 2020 y 2024. Este
caso, revelado por Fast Check, se suma al detectado en el Ministerio de la Mujer, aunque sin involucrar a ministros ni subsecretarios. Desde la cartera que encabeza Jaime Pizarro informaron que, tras detectarse la situación, se instruyó la revisión de los procedimientos de cálculo, la determinación de los montos pagados en exceso y el inicio de un sumario administrativo. Ya se inició el proceso de reintegro de los sueldos sobrestimados.
Johannes Kaiser, diputado del PNL, salió a responder al congresista Carlos A. Gimenez, por sus declaraciones contra la decisión del Gobierno de Gabriel Boric de enviar ayuda humanitaria a Cuba, país que atraviesa una crisis de abastecimiento tras la presión de Estados Unidos.
Tras la verificación de Fast Check, Diario Sur Noticias emitió un comunicado afirmando que su publicación «contenía un error en la información relacionada con el Instituto Nacional de Derechos Humanos». Autoridades como Johannes Kaiser (PNL) y Gabriel Alemparte (Demócratas) también salieron a rectificar sus dichos.
Hasta febrero de 2026, al menos 5 unidades del Tesla Cybertruck circulan en Chile vía importación directa o reventas exclusivas. Con un valor que fluctúa entre $150 y $170 millones, exigencia de Licencia Clase A4 y el pago anual del Impuesto al Lujo, el modelo combina exclusividad, altos costos y beneficios tributarios por ser 100% eléctrico.
Aparcadero
Una querella criminal presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) expone un presunto esquema de coimas en la Tenencia de Carreteras de Melipilla, que involucra a seis funcionarios de Carabineros y a dos civiles vinculados al Aparcadero Custodias Nacionales (ACN). Según el escrito, los uniformados habrían retirado vehículos sin justificación legal y omitido su registro en los sistemas oficiales, a cambio de pagos en efectivo previamente pactados, en un mecanismo que guarda relación con antecedentes del denominado «Caso Grúas», investigado por el Ministerio Público.
Una nueva investigación penal apunta a la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos por la Fundación Proyecto Futuro, ligada a excolaboradores del diputado Miguel Ángel Calisto. La Fiscalía indaga un presunto fraude al fisco por la rendición de un proyecto FNDR que —según el Ministerio Público— no habría sido ejecutado, pese a recibir $7 millones del Gore de Aysén.
Un informe de Contraloría advirtió contrataciones municipales a la empresa del hermano de la directora de Tránsito de Hualqui y a una sociedad ligada a un amigo cercano de su pareja, quien también es funcionario del municipio. El organismo instruyó sumarios administrativos y remitió los antecedentes a la Fiscalía Local de Concepción.
Tras la formalización de Alberto Larraín por fraude al fisco y la imputación de Claudio Orrego por millonarios traspasos desde el Gobierno Regional Metropolitano (GORE) hacía la Fundación ProCultura, revisamos en este explicativo el origen, colapso y los hitos judiciales que terminaron con la cúpula de ProCultura con arraigo nacional.
Orlando Durán Ponce, exjefe de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, fue condenado por negociación incompatible y fraude al fisco por irregularidades en un contrato de $205 millones con Hotel Clínico SpA, destinado a residencias sanitarias durante la pandemia. La empresa estaba vinculada a Durán y su única socia era su pareja. La sentencia definitiva se conocerá el 16 de febrero de 2026.
Más de 200 días de licencias médicas llevaron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) a iniciar un procedimiento para evaluar si la salud del notario de Coquimbo Reinaldo Villalobos era incompatible con su cargo. Villalobos impugnó la medida ante la Corte de Apelaciones de La Serena, alegando que los notarios no son funcionarios públicos y se rigen por el Código Orgánico de Tribunales, lo que generó un conflicto judicial sobre si la CAPJ podía aplicar normas administrativas a su caso. En ese contexto, Fast Check accedió a información oficial vía transparencia que muestra que entre 2023 y 2025 el notario acumuló 452 días de ausencias, de los cuales más de 280 corresponden a licencias médicas.
En la denominada trama bielorrusa, la Fiscalía investiga un presunto circuito de pagos que habría permitido el traspaso de dinero desde abogados vinculados al consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) hasta Gonzalo Migueles Oteiza, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Los antecedentes a los que accedió Fast Check —contenidos en declaraciones de Harold y Cristián Pizarro, dueño y trabajador de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada, y en un informe del OS7 de Carabineros— dan cuenta de operaciones que se habrían concretado con posterioridad a resoluciones dictadas por la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por Vivanco, que favorecieron a CBM.
Tras revelar chats de 2021 en los que el diputado y electo senador Miguel Ángel Calisto instruía a su equipo a crear perfiles falsos en Facebook para responder a críticas, Fast Check analizó ocho cuentas activas en su defensa en redes sociales y detectó que al menos tres de ellas utilizaron imágenes de otras personas. En uno de los casos, se usó la imagen de un periodista guatemalteco que actualmente trabaja en la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de Guatemala, mientras que otros perfiles correspondían a una funcionaria vinculada al gobierno de México y a una cuenta asociada a dos posibles identidades.
Un informe de la Contraloría Regional de Ñuble detectó incumplimientos del principio de probidad administrativa, pagos irregulares y deficiencias en la supervisión de la Municipalidad de Trehuaco, particularmente en adjudicaciones y decretos de pago a empresas vinculadas al entorno familiar y social del administrador municipal, Víctor Chandía. Por su parte, una revisión de Mercado Público realizada por Fast Check CL constató que, durante su gestión, la empresa de su hijastro recibió cerca de $40 millones en contratos municipales, mientras que la de sus primos superó los $315 millones.
La Fiscalía afirmó que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, adoptó conductas que podrían haber entorpecido la investigación en su contra, entre ellas solicitar a su secretario personal la eliminación de conversaciones de WhatsApp y borrar información de distintos teléfonos celulares. Fast Check accedió a la declaración del exsecretario de Vivanco y a un informe del OS7 de Carabineros que consigna un intercambio previo a la entrega de su celular, en el que un tercero le advirtió que el dispositivo podía ser requisado y le ofreció un consejo “vital”.
En la declaración del abogado Eduardo Lagos, imputado en el caso de la Muñeca Bielorrusa, se describen una serie de gestiones de lobby para destrabar el conflicto entre Belaz Movitec y Codelco antes del litigio. En su testimonio, Lagos afirma la existencia de intentos de lobby en el Congreso de la mano del exdiputado Aldo Cornejo y un fallido intento de influencia en Máximo Pacheco, a través de la contratación de su yerno, Jorge Pizarro Cristi, en ese entonces casado con su hija.
Cuentas falsas
Fast Check analizó la actividad de un conjunto de cuentas de Facebook que intervinieron de forma reiterada en publicaciones vinculadas al entonces diputado Miguel Ángel Calisto, en contextos donde previamente se registraron instrucciones para su defensa en redes sociales a través de chats de WhatsApp con uno de sus asesores, previamente revelado por este medio. El análisis identificó patrones comunes en los tiempos de publicación de comentarios, en las redes de páginas seguidas, en la coincidencia de fechas de creación de los perfiles y en su activación tras el envío de enlaces a notas críticas, incluyendo intervenciones realizadas durante horarios hábiles de parte del equipo del parlamentario.
Chats
Mensajes intercambiados en un grupo de WhatsApp —a los que Fast Check tuvo acceso— revelan que el diputado Miguel Ángel Calisto, hoy senador electo por la región de Aysén, solicitó a su equipo apoyo coordinado en redes sociales para responder críticas en publicaciones de Facebook. Entre las prácticas descritas figura el uso de cuentas falsas, articuladas a través de una red de perfiles destinada a contrarrestar opiniones de sus detractores y a generar interacciones de manera artificial en torno a la figura del parlamentario. Los chats, fechados entre 2021 y 2023, incluyen la participación de Nicolás Gutiérrez Monroe, periodista y asesor comunicacional, integrante del equipo de apoyo de Calisto en la Cámara de Diputados. En uno de los diálogos, el legislador desliza la idea de pagar dinero para controlar las redes sociales con, aparentemente, perfiles falsos.
La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó este viernes 23 de enero la admisibilidad de la querella de capítulos contra la exministra Ángela Vivanco Martínez, decisión que habilita al Ministerio Público para avanzar en su formalización penal y solicitar medidas cautelares. El fallo ratifica lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y no se pronuncia sobre hechos ni responsabilidades, las que deberán ser determinadas en la etapa procesal correspondiente.
Jenson Kriman
Un peritaje del OS7 de Carabineros detectó en uno de los teléfonos celulares de Ángela Vivanco un pantallazo de una conversación atribuida al actual Conservador de Bienes Raíces de Buin, Jenson Kriman, en la que se hace referencia a la votación de su nombramiento y a Yamil Najle (suspendido conservador de Chillán), hoy imputado por la trama de la «muñeca bielorrusa».
José Antonio Kast
Durante la jornada de este martes, el Presidente electo José Antonio Kast confirmó a los integrantes del gabinete que lo acompañará a partir del 11 de marzo. El equipo combina figuras del Partido Republicano, independientes y técnicos con trayectoria en el sector público y privado, varios de ellos cercanos a su círculo de confianza. Fast Check CL te entrega micro perfiles de los 24 ministros que asumirán en el próximo gobierno.
Un informe del Observatorio de ChileCompra detectó eventuales irregularidades en dos tratos directos adjudicados por el SLEP de Atacama a Transportes Global Pro SpA. Bajo este contexto, el informe cuestionó la reiteración de justificaciones por urgencia y la falta de fundamentos normativos, antecedentes que ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República.
En un intento por destacar la gestión realizada durante estos casi cuatro años de mandato, el gobierno presentó una lista con los «más de 1.000 avances» atribuidos a la administración del presidente Gabriel Boric. Fast Check detectó múltiples casos en los que estos avances fueron incluidos más de una vez e incluso copiados de forma explícita. Desde Segegob explicaron que el «límite de tiempo de ediciones y actualizaciones, podrían seguir realizándose hasta el fin de la actual administración».
El Servel rechazó la modificación de estatutos aprobada por el Partido Radical en un plebiscito interno, al considerar que el nuevo mecanismo propuesto para administrar sus bienes en caso de disolución contraviene la Ley N.º 18.603. Con ello, se mantiene vigente el artículo que establece que el patrimonio de la colectividad debe ser transferido al Club de la República, reabriendo el episodio de que estos activos terminen bajo la Gran Logia de Chile. El PR ya ingresó un reclamo ante el Tricel.
Una serie de formalizaciones, investigaciones administrativas y fallos judiciales han dado forma al denominado caso «Muñeca Bielorrusa», una causa penal que indaga un presunto esquema de tráfico de influencias y lavado de activos asociado al litigio entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec y Codelco. Pero, ¿qué es exactamente el caso «Muñeca Bielorrusa» y cómo se originó esta investigación?
SLEP Atacama
Tras la celebración del quinto aniversario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, difundida a través de un video que generó controversia, se reactivaron los cuestionamientos sobre los vínculos contractuales del servicio con empresas asociadas a Edward Sierra Veragua, fundador de la sociedad que organizó el evento. En este contexto, Fast Check CL revisó los registros de Mercado Público y constató que otras tres empresas relacionadas con Sierra —una de ellas constituida junto a su hermana— han concentrado montos millonarios adjudicados por organismos del Estado, principalmente mediante contratos con el SLEP de Atacama.
La Contraloría Regional del Maule detectó incumplimientos de reposo por licencias médicas cometidos por el actual alcalde de Pelarco, Cristian Cabrera Lazo, cuando se desempeñaba como funcionario del DAEM de la comuna, así como situaciones similares que involucraron a un concejal en ejercicio y a una funcionaria municipal. En un ámbito distinto, el organismo fiscalizador objetó viajes realizados durante 2025 por autoridades y funcionarios municipales, ordenando el reintegro de casi $7 millones en viáticos debido a la falta de acreditación de actividades institucionales asociadas a dichos desplazamientos.
Medicamentos
Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en la gestión del Departamento de Salud de Cerro Navia durante el periodo 2023–2024. Entre los principales hallazgos se encuentran la fragmentación de contratos por $480 millones, la emisión de una orden de compra a un proveedor que ya había fallecido y la existencia de más de 8 mil medicamentos vencidos fuera de circulación. A ello se suma una deuda previsional originada en la extinta CORMUCENA, que se arrastra desde hace 16 años y que supera los $13 mil millones, situación que derivó en la instrucción de un sumario administrativo a la Municipalidad de Cerro Navia.
La Contraloría Regional de Ñuble confirmó irregularidades en el Departamento de Salud Municipal de Pemuco tras la ausencia simultánea de médicos que dejó sin atención al único Cesfam de la comuna en mayo de 2025, estableciendo la emisión recíproca de licencias médicas, incumplimientos al reposo, contrataciones que no cumplían requisitos legales y un perjuicio patrimonial. En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella penal contra diez médicos —siete del Cesfam y tres externos— por emisión y obtención de licencias médicas falsas, fraude en la obtención de prestaciones estatales y, en algunos casos, ejercicio ilegal de la profesión. La causa se encuentra en tramitación y uno de los imputados figura en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.
Daniella Cicardini
La Contraloría Regional de Atacama acogió parcialmente una denuncia por el uso de redes sociales institucionales de la Municipalidad de Copiapó en favor de la diputada y senadora electa por Atacama, Daniela Cicardini (PS). Si bien el órgano fiscalizador descartó irregularidades en una actividad vinculada al Corredor Bioceánico realizada en mayo de 2025, concluyó que la exposición reiterada de la imagen de la parlamentaria en publicaciones municipales entre el 5 y el 7 de ese mes pudo constituir una infracción, instruyendo a la casa edilicia adoptar medidas correctivas. Daniella Cicardini explicó que «pretender que una parlamentaria deba dejar de gestionar por una comuna porque el alcalde es su padre no solo es arbitrario, es un criterio absurdo».
El Juzgado de Garantía de Coyhaique fijó para el 11 de febrero de 2026 la audiencia de formalización en la causa que investiga la presunta obtención fraudulenta de casi $26 millones en recursos del FNDR, vinculados a proyectos adjudicados a la Fenats de Aysén. En el proceso serán formalizadas seis personas, entre ellas Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo —quienes también están siendo investigados en la causa que tiene al diputado Miguel Ángel Calisto desaforado— incluyendo además al padre y a la hermana de Cárcamo Catalán. Asimismo, el tribunal también autorizó el levantamiento del secreto bancario de parte de los imputados para reconstruir el flujo de los recursos públicos investigados.
Fast Check CL constató que el representante legal de Víctor Varela Ávila E.I.R.L. mantiene un vínculo conyugal con Thiare Chiappa Gómez, quien prestó servicios a honorarios en la Municipalidad de Copiapó. De acuerdo con los antecedentes revisados, entre diciembre de 2024 y abril de 2025 —período en que ambos mantenían relación contractual con el municipio— la empresa de Varela recibió pagos por un total de $98.784.268. Esta situación fue consignada por la Contraloría Regional de Atacama en su Informe Final de Investigación Especial N° 739, donde se indica que los antecedentes fueron derivados a su Unidad Jurídica para el análisis legal correspondiente.
Un informe de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en una licitación del Instituto de Salud Pública (ISP) para la contratación de servicios informáticos, adjudicada en mayo de 2024 por más de $775 millones. El organismo concluyó que el proceso se resolvió por una diferencia de 0,52 puntos, cuestionó la evaluación de la experiencia de los oferentes y advirtió que se desestimó una oferta que era más de $100 millones inferior.
Municipalidad de Copiapó
Con fecha del 22 de diciembre, la Contraloría General de la República publicó el Informe de Investigación Especial N° 739, en el que detectó irregularidades en la Municipalidad de Copiapó, encabezada por el alcalde Maglio Cicardini. El documento, al que accedió Fast Check CL, apunta al jefe de gabinete del municipio, Leonardo Jorquera Silva, quien habría recibido horas extraordinarias improcedentes por $7,2 millones, pese a que su contrato «no establecía una jornada laboral definida». A Jorquera se suman otros dos funcionarios, pero también la constatación de otras inconsistencias administrativas.
Colchones
El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) ingresó un oficio solicitando informes y la adopción de medidas ante presuntas irregularidades en una licitación de colchones antiescaras adjudicada por Cenabast a Simil Express S.A., proceso en el que se cuestiona la autenticidad de certificados ISO 13485:2016, sobre la calidad de dispositivos médicos. Fast Check CL accedió a un informe del Observatorio ChileCompra, en donde este consignó que los documentos no pudieron ser verificados y que —en consecuencia— los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
Municipalidad de Lautaro
La destitución de Claudio Sánchez Valenzuela reveló un esquema de favorecimiento en licitaciones en la Municipalidad de Lautaro, donde, desde Secplan, benefició a empresas de familiares sin declarar el conflicto de interés ni abstenerse. Desde Contraloría se acreditó un perjuicio fiscal superior a $10 millones por obras pagadas y no ejecutadas. Fast Check CL accedió al informe de auditoría que dió cuenta de las irregularidades realizadas por el exfuncionario, junto al documento con la emisión de medidas cautelares vigentes por negociación incompatible y lavado de activos.
Contraloría
La Contraloría Regional de Valparaíso detectó incumplimientos reiterados en la gestión de los contratos de aseo de la Municipalidad de Viña del Mar, ejecutados por la empresa Cosemar S.A. entre 2022 y 2024. Fast Check CL accedió al informe, de septiembre de 2025, que constató periodos prolongados de operación sin contrato vigente ni garantías, atrasos en los pagos y deficiencias en los mecanismos de fiscalización y control administrativo, antecedentes que derivaron en la instrucción de sumarios para determinar eventuales responsabilidades.
La Corporación Municipal Gabriel González Videla presentó una querella por presuntos delitos de apropiación indebida y malversación de caudales públicos, a raíz de irregularidades detectadas en el manejo de recursos del Servicio de Bienestar de la Atención Primaria de Salud (APS). Los hechos se habrían producido entre 2021 y 2023 y apuntan a un faltante de más de $46 millones, correspondiente a fondos conformados por aportes de funcionarios de la salud comunal y transferencias de la propia corporación, destinados exclusivamente al otorgamiento de beneficios para los trabajadores. La acción judicial se dirige contra Paola Quiroga Barrios y Sirly Vicencio González, quienes integraban el Directorio del Comité de Bienestar APS.
El Observatorio de ChileCompra remitió a la Contraloría General de la República un informe en el que advierte un eventual incumplimiento de la normativa de compras públicas en una licitación del Hospital de la Familia y Comunidad de Laja, destinada a la contratación de servicios odontológicos y psicosociales. Fast Check CL revisó los antecedentes del proceso y constató que cuatro de las seis líneas de atención dental, por un monto cercano a los $37 millones, fueron adjudicadas a una cirujana dentista que, según su propio currículum, trabajaba en una clínica cuyo propietario integró la comisión evaluadora y firmó una declaración jurada de ausencia de conflicto de interés.
El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI), acusada por presunta falsificación de instrumento público, luego de que se estableciera que un informe policial consignó el envío y resguardo de un pendrive con evidencia clave en una investigación por abuso sexual, dispositivo que nunca llegó a la Fiscalía y que actualmente se encontraría extraviado.
Los concejales de Coyhaique Sebastián Vera (RN) y Ana María Navarrete (PS) ingresaron ante el Tribunal Electoral Regional de Aysén un requerimiento de remoción contra el alcalde Carlos Gatica (DC), acusando notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa. Fast Check CL tuvo acceso al libelo que reúne una serie de antecedentes vinculados a contrataciones sin licitación, tratos directos no formalizados, omisiones de información al Concejo Municipal y decisiones administrativas que habrían generado perjuicio patrimonial y obstaculizado la labor fiscalizadora del órgano edilicio.
El abogado Eduardo Lagos presentó una querella por violación de secreto ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra los fiscales Carmen Gloria Wittwer y Marco Antonio Muñoz, el jefe de Investigación Patrimonial y Anticorrupción del OS7 de Carabineros, Tulio Muñoz, y los periodistas Juan Diego Monsalva y Nicolás Sepúlveda, a quienes atribuye la filtración de antecedentes de una investigación penal reservada por presuntos delitos de lavado de activos y cohecho vinculada al denominado caso «Muñeca bielorrusa», causa que se encuentra a cargo de la Fiscalía Regional de Los Lagos.
Las Tacas es uno de los balnearios privados más frecuentados por figuras del mundo judicial, notarial y político en la Región de Coquimbo. En algunos de sus inmuebles se reunía un grupo integrado por la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, el suspendido conservador de Puente Alto Sergio Yáber y otras figuras del ámbito notarial. A partir de antecedentes del Servicio de Impuestos Internos y del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, Fast Check CL revisó la información patrimonial disponible para identificar a los propietarios y dimensionar el perfil de quienes conforman el entorno habitual del balneario.
Kast
José Antonio Kast (Partido Republicano) resultó electo presidente de la República tras imponerse a Jeannette Jara (Partido Comunista) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizadas este domingo 14 de diciembre, de acuerdo con los últimos resultados entregados por el Servicio Electoral (Servel), los quedan cuenta de una tendencia.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por un presunto fraude al Fisco en la Municipalidad de San Pedro, basado en el uso irregular de tarjetas de combustible asignadas a vehículos municipales. El escrito sostiene que, durante 2023, se ejecutaron cargas que superaban la capacidad real de los estanques, operaciones en vehículos fuera de servicio y gastos sin respaldo en las bitácoras oficiales.
Formalización
El Ministerio Público formalizó al exsubinspector de la PDI, Fabián Cornejo Araos, por la supuesta eliminación de 58 decretos de investigación en 2021, hechos atribuidos al uso de un computador fiscal y de la clave institucional de su superior, según la querella del CDE. La defensa solicitó suspender el proceso mediante una cautela de garantía por no contar con acceso a la carpeta investigativa, petición que fue rechazada. El tribunal adelantó para el 12 de enero la audiencia en que se discutirán las medidas cautelares y fijó un plazo de 60 días para la investigación.
La Contraloría Regional del Biobío determinó que la Universidad de Concepción utilizó recursos humanos e infraestructura del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente para procesar exámenes encargados por terceros, mientras el recinto asumía casi la totalidad de los costos. El informe también estableció que el jefe de la Unidad de Anatomía Patológica recibió más de $89 millones en honorarios desde el Centro de Diagnóstico Anatomopatológico, cuyo socio figuraba su padre. Asimismo, otros subordinados percibieron pagos de laboratorios privados vinculados a convenios con la universidad. A raíz de estos antecedentes, el organismo ordenó centralizar las investigaciones y asumir directamente el sumario administrativo.
Tras acoger parcialmente una denuncia por acoso laboral presentada bajo la Ley Karin, la Contraloría instruyó un sumario administrativo contra el alcalde de Coyhaique. El dictamen identificó conductas atribuibles a la autoridad comunal que requieren investigación formal, aunque desestimó otros hechos planteados en la denuncia.
El Hospital San Juan de Dios de La Serena presentó una querella criminal contra Eduardo Campusano Lisera, funcionario a cargo del área de Economato, por los presuntos delitos de fraude al Fisco, administración desleal, malversación de caudales públicos y cohecho. Según el recinto asistencial, el trabajador habría direccionado compras públicas hacia dos proveedores específicos que ofrecían precios abultados. La tesis expuesta en la acción judicial sostiene que ambos proveedores actuaban de manera concertada. Fast Check CL pudo corroborar ese vínculo: se trata de un matrimonio. De acuerdo con la querella, este eventual direccionamiento hacia servicios con sobreprecio habría generado un perjuicio fiscal preliminar estimado en $500.000.000.
Sergio Yáber
Sergio Yáber, suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, rectificó el 18 de noviembre su Declaración de Intereses y Patrimonio tras la investigación de Fast Check CL que reveló que no había declarado su participación en Inversiones Emegeme SpA, sociedad constituida junto al notario Francisco Leiva. La actualización se produjo seis días después de que este medio consultara al Poder Judicial por la omisión.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por estafa y falsificación de instrumento privado contra Luis Moreno, representante legal de ASEDO Limitada, a raíz de facturas falsas, duplicadas o emitidas por servicios inexistentes que la empresa intentó cobrar a la Municipalidad de San Bernardo. El organismo calcula un perjuicio superior a $240 millones, originado en documentos cedidos a empresas de factoring que luego iniciaron demandas ejecutivas contra el municipio. La acción se suma a otras querellas previas contra ASEDO por irregularidades contractuales y laborales detectadas en distintos organismos públicos.
Una auditoría interna detectó una brecha superior a $164 millones entre los ingresos registrados por los cementerios municipales de La Serena y los montos ingresados al sistema contable oficial, además de concluir que Cerberos —el software utilizado para gestionar sepultaciones y pagos— «no es confiable» por fallas de trazabilidad y seguridad. La Corporación Gabriel González Videla aseguró que las inconsistencias responden a problemas arrastrados por años y que ya se aplican medidas de corrección y actualización del sistema.
El Partido Radical avanza en su disolución mientras enfrenta más de $583 millones en deudas y un creciente malestar interno por los montos adeudados a su propio presidente, Leonardo Cubillos, y a la secretaria general, Lorenna Saldías. Documentos y reuniones a las que accedió Fast Check CL muestran que la colectividad discute cómo liquidar sus pasivos —incluida la eventual venta de bienes raíces— en un escenario donde más de la mitad del total corresponde a remuneraciones impagas, que afectan a 11 funcionarios y excolaboradores.
El Partido Radical proyecta su disolución para fines de enero y ya discute cómo liquidar sus bienes y más de $583 millones en deudas. En una reunión interna del 21 de noviembre —a la que accedió Fast Check CL— su directiva expuso que buscará modificar el artículo 120 de los estatutos para impedir la transferencia de sus propiedades al Club de la República, ligada a la Masonería. Pero, también surgen dudas sobre el plan para liquidar pasivos: la venta de los bienes inmuebles repartidos por todo el país.
Una auditoría interna determinó que 53 cuerpos fueron trasladados al osario N.º 99 del Cementerio de Las Compañías en La Serena, utilizado como depósito común, y que existen inconsistencias en los registros y en la trazabilidad de exhumaciones. El hallazgo se suma a la investigación que lidera el Ministerio Público por presunta inhumación ilegal en ese recinto. El informe también estableció que tanto el Cementerio de Las Compañías como el de La Antena operaron durante años sin resolución sanitaria y presentan deficiencias en sus condiciones laborales y sanitarias, las que, según la corporación municipal que los administra, actualmente se encuentran en proceso de regularización y mejora.
Miguel Ángel Calisto
Tras la confirmación del desafuero de Miguel Ángel Calisto, ingresó al Tricel un «téngase presente» que advierte riesgos para su asunción como senador. El escrito sostiene que una eventual acusación podría provocar la pérdida del derecho a sufragio, requisito para asumir el cargo. Sin embargo, especialistas descartan que ese escenario sea posible antes del 11 de marzo y apuntan a vacíos normativos que podrían tensionar la instalación del nuevo Congreso, especialmente por la situación de desafuero que afecta al parlamentario.
Juan Marcelo Valenzuela analiza el desempeño electoral del PDG y el rol que jugaron las encuestas en la primera vuelta: «La oda a Johannes Kaiser el último mes fue un escándalo». En conversación con Fast Check CL, el diputado electo aborda la identidad política del partido, el peso real de su electorado y la posición que adoptarán de cara a la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.
Evópoli, tras quedar bajo el umbral legal para mantener su existencia y activar el riesgo de disolución, enfrenta una crisis que desbordó lo electoral y detonó un conflicto abierto entre sus generaciones. Mientras la dirigencia histórica atribuye el fracaso a factores estratégicos y planea una apelación ante el Tricel, el estamento juvenil acusa una conducción «desconectada» y propone una reestructuración, evidenciando una fractura interna que ya tensiona la definición del rumbo político y orgánico del partido.
Durante esta semana, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, arremetió contra el coordinador económico de la campaña de José Antonio Kast, aludiendo a su participación en casos de colusión como el de los pollos y de las farmacias. ¿Cuál fue el rol de Quiroz en estas causas?
Francisco Leiva
El conservador Sergio Yáber y el notario Francisco Leiva mantuvieron por más de cuatro años sin declarar su participación en Inversiones Emegeme SpA, pese a que la normativa obliga a informar toda sociedad, tenga o no actividad. Leiva rectificó su DIP en noviembre de 2024, luego de que la Fiscalía Judicial le advirtiera la omisión, y vendió sus acciones en febrero de 2025 a la esposa de Yáber. Este último, en cambio, sigue sin incorporar la empresa en su declaración. Según el Poder Judicial, no existen procesos disciplinarios por estas materias, aunque los antecedentes detectados por Fast Check CL fueron remitidos a la fiscal encargada de revisar las DIP del conservador.
Sergio Guarda
Fast Check CL accedió a un audio en que el rector del INAF, Martín Mihovilovic, afirma que Sergio Guarda le pidió mantenerse como director de la carrera de Entrenador en Deporte y Actividad Física «hasta la acreditación», en un contexto que describe como crítico para la institución. En la grabación, el rector sostiene que, debido a la evaluación que la CNA realizará a la carrera y a las dificultades generadas tras la salida del anterior director, no es posible efectuar un «cambio tan brusco», junto con aseverar que los evaluadores conocen a Guarda. El proceso de acreditación es decisivo: si INAF no alcanza el nivel avanzado, arriesga quedar sin acreditación institucional.
Disolución Partido Radical
El Partido Radical, tras no alcanzar el 5% de los votos ni cumplir el requisito parlamentario mínimo, quedó en la antesala de la disolución, lo que activaría el artículo 120 de sus estatutos. La norma establece que, en caso de extinguirse la colectividad, todos sus bienes –incluida la sede de Londres 57– pasarán al Club de la República, entidad vinculada a la Gran Logia de Chile. Fuentes internas explicaron que entre las alternativas para resguardar el patrimonio, se está estudiando la posibilidad de traspasar al Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda.
Elecciones 2025 Chile
Con un 26,45% de los votos Jeannette Jara pasó en primer lugar y un 24,46% de los votos, José Antonio Kast en segundo, lo que deja a ambos como los candidatos que disputarán la presidencia de Chile este próximo 14 de diciembre de 2025. Desde hoy comienza el Jara vs Kast.
Fast Check CL obtuvo antecedentes del Servicio Civil que confirman que Cristián Valenzuela, Carmen Soza y Sebastián Figueroa —todos asesores cercanos de José Antonio Kast— mantienen cargos vigentes como profesionales expertos del Sistema de Alta Dirección Pública. Valenzuela ha cobrado, por sus asesorías, más de $33 millones entre el año 2018 y octubre de 2025.
Entre 2022 y 2024, la Dirección de Abastecimiento de la Armada (DABA) adjudicó cinco contratos —por más de $62 millones— a Ceibar Limitada, empresa ligada a dos exoficiales de la misma institución. Un informe del Observatorio de ChileCompra advierte posibles infracciones a la Ley de Compras Públicas, señalando que las asesorías correspondían a funciones propias de la Armada y recaían en áreas donde los exoficiales habían desempeñado funciones anteriormente. El caso fue remitido a la Contraloría para evaluar eventuales responsabilidades funcionarias.
Pablo Milad
La toma en INAF fue iniciada luego de que estudiantes acusaran que la rectoría no cumplió con los acuerdos para garantizar canchas disponibles para prácticas, habilitar camarines en horarios de clases y asegurar personal médico en actividades. Según señalaron, solo se ejecutó el punto relativo a los camarines. Tras nuevas reuniones sin definiciones, se decidió iniciar la movilización.
Ministerio de Bienes Nacionales
Daniela Muñoz Leiva, exfuncionaria del Ministerio de Bienes Nacionales denunciada por presunta subcontratación irregular en la Estrategia Nacional del Litio, arrendó durante años un inmueble fiscal en Providencia por $170 mil mensuales mientras trabajaba en la misma cartera. Tras su salida, la vivienda pasó a ser ocupada por su hermana y su cuñado, quien en 2024 regularizó la situación y firmó un nuevo contrato con el ministerio. Sin embargo, un año después, el arrendatario recibió avisos de cobranza por atrasos en los pagos.
Entre 2022 y 2025, la Sociedad Constructora J.J.A. Limitada ha recibido más de $670 millones en contratos con la Municipalidad de Lolol, periodo en el que una funcionaria del municipio era hermana de uno de los socios de la empresa. En diciembre de 2023 entró en vigencia el artículo 35 quáter de la Ley de Compras Públicas, que prohíbe al Estado contratar con funcionarios públicos o sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, por lo que los convenios previos a esa fecha no estarían cuestionados. Sin embargo, en marzo de 2025, la empresa volvió a ser adjudicada para la mantención de áreas verdes, contrato mediante el cual ha percibido hasta ahora más de $117 millones.
Municipalidad de Curanilahue
Yasna Chávez y Elsa Faúndez se encuentran imputadas por fraude al Fisco y delitos informáticos. Según una querella a la que tuvo acceso Fast Check CL, ambas habrían manipulado el sistema de remuneraciones municipal para desviar más de $35 millones hacia cuentas de familiares y personas cercanas, mediante la activación irregular de fichas de exdocentes jubilados. El presunto fraude fue detectado en 2023 tras una revisión interna, que reveló depósitos a la madre de Chávez, así como al padre de Faúndez.
Hospital de Los Ángeles
El órgano contralor estableció que Silvana Sandoval Pavez, contratista del Hospital de Los Ángeles, realizó la evaluación técnica de una licitación por más de $535 millones, pese a no ser funcionaria pública ni integrar la comisión evaluadora del proceso. En paralelo, Fast Check CL constató que la misma profesional figuraba en una orden de compra como compradora y proveedora del recinto asistencial, lo que —según el Observatorio ChileCompra— podría constituir un conflicto de interés y una infracción al artículo 35 quáter de la Ley de Compras Públicas.
Migueles
Gonzalo Migueles Orteíza mantiene desde 2015 una relación con la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. De perfil reservado, ha tenido escasas apariciones públicas, limitadas a acompañarla en su nombramiento como ministra en 2018 y en un reconocimiento en 2022. Hoy se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos, en el marco del caso conocido como «la muñeca bielorrusa».
PDI
Estaba previsto que este martes 4 de noviembre se realizara la audiencia de formalización del subinspector de la PDI, Fabián Alejandro Cornejo Araos, acusado de eliminar 58 órdenes de investigar del sistema institucional BRAIN. Sin embargo, el tribunal decidió postergar la diligencia para el 30 de diciembre de 2025.
Poder Judicial
La Corporación Administrativa del Poder Judicial presentó una querella por estafa frustrada, usurpación de cargo público y fraude informático tras llamadas en las que un desconocido se hizo pasar por un ministro de la Corte Suprema. El impostor pidió correos y números institucionales para «enviar un PDF reservado» y luego intervino las cuentas de WhatsApp de los funcionarios, desde donde solicitó dinero a sus contactos.
exoficial
La Contraloría ordenó un sumario en la Dirección de Abastecimiento de la Armada (DABA) tras observar que delegó en la empresa Germán Maturana Prat E.I.R.L.—cuyo titular es exoficial de la institución—funciones que deberían realizar sus propios funcionarios. Según registros revisados por Fast Check CL, desde 2021 la empresa ha sido la única adjudicataria de licitaciones para asesorías en compras públicas, incluyendo redacción de bases, gestión de contratos y respuesta a reclamos.
exfuncionario
La Fiscalía de Los Ríos solicitó cinco años de presidio menor en su grado máximo, una multa superior a los $8 millones y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos contra Ernesto Espinoza Navarrete, exjefe de la División de Fomento e Industria del GORE de Los Ríos, acusado de fraude al Fisco por la venta irregular de madera fiscal. Según la investigación y una querella del Consejo de Defensa del Estado, Espinoza habría autorizado la tala y venta de 34 árboles pertenecientes al GORE a un particular por $2,1 millones, pese a que su valor real superaba los $17,8 millones. Testimonios recogidos en la investigación -a los que accedió Fast Check CL- describen cómo el exfuncionario habría negociado y recibido el dinero en efectivo, sin documentación ni registro institucional.
Antes de asumir como concejal RN en Peralillo, Jaime Eduardo Gutiérrez Flores se adjudicó contratos de prestación de servicios con la misma municipalidad en la que trabajaba como funcionario y donde su hermana es funcionaria de planta. Según registros públicos revisados por Fast Check CL, mientras mantenía vínculo laboral con el municipio también obtuvo millonarios contratos a través del portal Mercado Público. Su última adjudicación podría constituir una vulneración al artículo 35 quáter de la Ley de Compras Públicas, que prohíbe contratar a funcionarios del propio organismo o a parientes de estos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Fast Check CL accedió a un Informe de Evaluación Externa elaborado por encargo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que evidencia una sostenida baja en las tasas de titulación y matrícula del Instituto Nacional del Fútbol (INAF). Además, este medio conoció denuncias de estudiantes que acusan precariedad en la infraestructura y problemas de gestión académica en la institución encargada de formar a los futuros técnicos del fútbol chileno.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del subinspector de la PDI, Fabián Alejandro Cornejo Araos, a quien acusa de eliminar deliberadamente 58 decretos judiciales desde el sistema institucional BRAIN, plataforma clave para la gestión de causas penales. Los hechos, presuntamente ocurridos entre enero y mayo de 2021 en la Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna, habrían sido cometidos utilizando las credenciales de un superior jerárquico.
Caso SQM
El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los ocho acusados del caso SQM, entre ellos Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, tras casi tres años de juicio y una década de investigación. El fallo, además de descartar los delitos, cuestionó el desempeño del Ministerio Público, al señalar errores en la conducción del proceso, el uso de pruebas debilitadas por el tiempo y la decisión de agrupar causas que extendieron innecesariamente el juicio.
A comienzos de octubre se presentó una querella contra el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra Bassa, por el presunto uso indebido de abogados municipales y de la Corporación Municipal de Desarrollo Social —institución que también preside— para representar a sus familiares en causas judiciales privadas. Fast Check CL accedió a documentos y registros del Poder Judicial que confirman la participación de funcionarios de planta y a contrata, incluida la directora jurídica del municipio, en causas relacionadas con los padres y el hermano del alcalde. El académico Pavel Ayala advirtió que, incluso si se determina que no se hizo uso de recursos municipales, esta actuación «sí puede configurarse un conflicto de interés».
Una carta enviada por cinco comités de vivienda de Pudahuel acusa al concejal Manuel Ibarra Mondaca (IND-PPD) de exigir pagos indebidos, presionar a dirigentes e incluso ocupar de forma irregular una vivienda social. El documento —al que accedió Fast Check CL— fue tomado por el diputado Héctor Ulloa, quien ofició al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). A partir de ello, la División Jurídica del organismo presentó una denuncia en la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente por eventuales delitos de estafa, mientras que el Serviu Metropolitano inició una fiscalización sobre los proyectos cuestionados.
AMSC
Nicole Arqueros Escalona fue contratada por la Asociación de Municipios para la Seguridad Comunitaria (AMSC), presidida por el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, con quien tiene un hijo en común. Según Transparencia Activa, recibió $1.800.000 brutos entre enero y mayo de este año, sin que existan registros de concursos públicos. El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos —encargado de velar por la probidad en la AMSC— aseguró no haber tenido conocimiento de la contratación.
Cristóbal Labra
Fast Check CL detectó que el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra (Ind.), puso su firma en documentos que se relacionaban con la empresa de un proveedor que previamente había prestado servicios a sus campañas de 2021. La firma Campos y Urbina Limitada, perteneciente a uno de sus proveedores electorales, ha recibido 29 órdenes de compra hasta este año, por más de $24 millones desde que Labra asumió como jefe comunal. Parte de esos contratos fueron suscritos directamente por el propio alcalde, lo que podría vulnerar el principio de probidad exigido por la ley, dado el vínculo previo con el proveedor y el deber de abstención.
La diputada Gael Yeomans (FA) ofició al Servicio Civil, organismo encargado del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), tras la revelación de Fast Check CL sobre que el asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, se desempeña como profesional experto en el Comité de Selección de la institución.
Cristian Valenzuela SADP
Fast Check CL tuvo acceso a la memoria anual del Sistema de Alta Dirección Pública 2024, donde Cristian Valenzuela, principal asesor de campaña de Kast mantiene un cargo como profesional experto del Sistema de Alta Dirección Pública. No solo él participa de este grupo, sino también los republicanos Carmen Soza (Ideas Republicanas) y Sebastián Figueroa (Acción Republica). Los tres pueden llegar a recibir una dieta de hasta 2,3 millones mensuales.
Graf
El fiscal Eugenio Campos reveló que gran parte de los pagos recibidos por Carla Graf, exasesora del diputado Miguel Ángel Calisto, fueron transferidos a su entorno cercano, incluyendo al propio parlamentario. Pero, el ente persecutor también advirtió inconsistencias: sostuvo que parte de los informes presentados tienen fechadas actividades mientras habría estado fuera del país, junto con la presentación de licencias médicas.
La Municipalidad de Independencia presentó una querella por fraude al Fisco contra la exjefa del DAEM, Claudia Carrillo Figueroa, acusándola de haberse autoasignado pagos indebidos por más de $80 millones y de autorizar transferencias irregulares a directores municipales, generando un perjuicio fiscal total de $201,5 millones. La acción judicial se fundamenta en un informe de la Contraloría, que detectó millonarias irregularidades en la gestión de remuneraciones.
Mercado Público
La Municipalidad de Canela adjudicó casi $180 millones en menos de dos años a SG Audio Producciones SpA, empresa creada en 2023 por Alejandrina Cortés Robles, funcionaria activa del mismo municipio. Fast Check CL constató que más de $114 millones de ese monto corresponden a contratos firmados entre diciembre de 2023 y enero de 2025, periodo en que ya estaba vigente la modificación a la Ley de Compras Públicas que prohíbe expresamente este tipo de operaciones y en el que Alejandrina Cortés aún figuraba como representante legal de la empresa. La primera orden de compra emitida por la casa comunal ocurrió el mismo día en que la sociedad inició actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, marcando el inicio de una relación contractual exclusiva con el municipio.
Superintendencia de Educación Superior
La Superintendencia de Educación Superior sancionó al Instituto Profesional Los Leones por haber aumentado sin autorización sus vacantes durante el año 2021. La infracción, calificada como leve, derivó en una multa reducida de 200 a 180 UTM, tras estimarse un beneficio económico de $769 millones asociado al exceso de matrícula. No obstante, el caso aún no está cerrado: el IP Los Leones judicializó la resolución, por lo que se postergará el pago hasta que resuelva dicha acción.
Estrategia Nacional del Litio
Una denuncia presentada ante la Fiscalía Centro Norte acusa que funcionarios de Bienes Nacionales fueron subcontratados de forma irregular en el marco de la licitación de la Estrategia Nacional del Litio, adjudicada en 2023 a la empresa Cliodinámica. El escrito señala que se pagaron transcripciones no contempladas en el contrato, realizadas por funcionarios y familiares cercanos. Fast Check CL accedió a fotografías en las que se exhiben los presupuestos por el servicio, detallando cómo se organizaba y cuánto se cobraba por minuto de audio. Todo ocurrió -detalla la denuncia- mientras les correspondía ejercer labores en Bienes Nacionales.
La Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto en el marco de una investigación por presunto fraude al Fisco vinculada a eventuales desvíos de asignaciones parlamentarias hacia su círculo cercano. En los alegatos, el Consejo de Defensa del Estado expuso transferencias realizadas por la exasesora Carla Graf a colaboradores del parlamentario, entre ellos Américo y Hugo Soto, que habrían sido justificadas como reembolsos de gasto de campaña. Sin embargo, la defensa de Graf sostuvo que las operaciones se enmarcan en convenios entre particulares y que «no existe ninguna investigación relacionada con financiamiento político».
Loreto Letelier
La excandidata a diputada UDI y a la alcaldía de Lo Barnechea, Loreto Letelier, enfrenta una querella presentada por el municipio, que le imputa un presunto delito ambiental tras la ejecución de obras con maquinaria pesada en su terreno, sin la resolución de calificación ambiental exigida por ley. Según el escrito, los trabajos habrían rellenado un humedal, afectando flora nativa y generando riesgo de obstrucción hídrica. A ello se suman sanciones administrativas de la DGA por extracción ilegal de aguas y de Conaf por tala de bosque nativo.
