Contraloría
La JUNJI desembolsó más de $458 millones entre 2019 y 2025 para implementar la aplicación “Mi Jardín JUNJI”, desarrollada por la empresa Conectikids. Sin embargo, un informe reciente de la Contraloría revela que la herramienta registra un nivel mínimo de uso: el 94% de las unidades educativas no presenta interacción alguna entre educadoras y apoderados. El ente contralor detectó irregularidades en la justificación de tratos directos por $172 millones y en la exención de garantías contractuales, además de cuestionar que la JUNJI siguiera pagando por el servicio pese a existir una alternativa gratuita en su propio sitio web.
Aunque los trabajadores de la Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 han obtenido fallos favorables que reconocen su relación laboral y ordenan el pago de indemnizaciones, la entidad ha presentado recursos de nulidad en algunas causas. Con su extinción programada para noviembre de 2025, el abogado Matías Berríos Fuchslocher —representante de un grupo de demandantes— advierte sobre el riesgo de que los trabajadores no puedan cobrar. La Corporación, en tanto, asegura que todas las indemnizaciones están provisionadas y que cumple con sus obligaciones laborales.
Maglio Cicardini
La Contraloría Regional de Atacama abrió un procedimiento disciplinario contra la Municipalidad de Copiapó, encabezada por el alcalde Maglio Cicardini, tras detectar reiteradas infracciones a la Ley de Compras Públicas en adquisiciones realizadas al proveedor Víctor Varela Ávila E.I.R.L. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la empresa recibió 73 órdenes de compra por más de $282 millones, pese a no siempre ofrecer la alternativa más económica y la justificación requerida. Fast Check CL constató que el municipio es el único cliente público de Varela, un exfuncionario de la propia casa comunal.
Patricio Góngora
El día de hoy, Reportajes de Chilevisión, publicó una investigación periodística sobre las cuentas que han estado detrás de los discursos de odio y desinformación de candidatas presidenciales: Evelyn Matthei…
Tras casi tres años sin avances, este miércoles se formalizará a siete personas en Coyhaique por presunto fraude al Fisco y malversación de caudales públicos. Entre los imputados figuran el exalcalde Alejandro Huala y su exdirector jurídico Waldemar Sanhueza, junto a exconcejales de la comuna, entre ellos Georgina Calisto, madre del diputado Miguel Ángel Calisto, y el actual concejal Ricardo Cantín.
La candidatura de Eugenio Canales —en la región de Aysén— quedó en entredicho tras declarar públicamente su apoyo a José Antonio Kast, en contraste con la línea oficial del Federación Regionalista Verde Social, que respalda a Jeannette Jara. Desde la colectividad advirtieron que evalúan pedir al Servel su eliminación de la lista.
Desde 2019 hasta 2023, los casos de expulsión y cancelación de matrícula por uso o porte de armas se multiplicaron más de 13 veces, mientras que los relacionados con drogas aumentaron más del triple. Fast Check CL accedió a los datos de la Superintendencia de Educación mediante una solicitud de transparencia, lo que permitió observar la evolución de estas sanciones en los últimos años y cómo se distribuyen según la dependencia administrativa de los establecimientos.
Copiapó
La Municipalidad de Copiapó quedó bajo investigación tras un allanamiento de la Fiscalía y la PDI por eventuales irregularidades en el pago de horas extras y en la licitación del programa “Verano Azul”. En el centro del caso figura la empresa Servicios y Logística Olazo Hermanos, creada en noviembre de 2024 y con menos de tres meses de existencia al momento de adjudicarse la producción del evento por $189 millones, monto que finalmente se elevó a más de $236 millones. Documentos revisados por Fast Check CL muestran que la firma solo contaba con una orden de compra previa —también con el municipio— y que en posteriores adquisiciones se le asignaron contratos incluso cuando no presentó la oferta más conveniente en precio.
Peñalolén
Miguel Concha, alcalde de Peñalolén, presentó una querella criminal contra Cindy Ramírez Jara, exfuncionaria de la Corporación de Deportes y Recreación de la comuna, por un presunto fraude al Fisco. Ramírez habría evadido durante más de dos años el descuento de las cuotas de un crédito personal con Coopeuch, cargando esa obligación al presupuesto municipal. El municipio sostiene que la imputada utilizó su cargo en Recursos Humanos para manipular el sistema.
Fast Check CL accedió a dos oficios de Contraloría sobre la prestación de servicios de Genera Gestión Ambiental SpA por parte de la Municipalidad de Coyhaique. Uno de ellos cuestiona tratos directos por $1.553 millones, atribuyendo responsabilidad administrativa al alcalde Carlos Gatica (DC). El otro aborda pagos regularizados por más de $1.462 millones, correspondientes a servicios prestados sin contrato, que el organismo calificó como «irregulares e ilegales» y remitió al Concejo Municipal para evaluar eventuales responsabilidades del alcalde, que podrían derivar en un requerimiento para su destitución.
Hermana y asesora de Franco Parisi, Zandra Parisi combina su trayectoria empresarial con su reciente incursión en la política. Desde la creación de sociedades de inversión hasta la gestión de contratos millonarios con el Estado, su nombre ha ganado relevancia pública mientras se postula al Congreso por el Partido de la Gente. Fast Check CL revisó su entramado societario para dar cuenta de su faceta empresarial.
Hospital del Salvador
Entre 2016 y 2021, el Hospital del Salvador adjudicó más de $158 millones en órdenes de compra a la empresa Insumos de Rehabilitación Liliana Rebeca González Silva E.I.R.L., propiedad de la madre de la entonces funcionaria Elizabeth Parraguez González, quien en paralelo participaba como evaluadora en varias licitaciones del recinto. Documentos revisados por Fast Check CL muestran que en al menos cinco procesos firmó informes técnicos, declarando en algunos casos no tener conflicto de interés, pese al vínculo directo con la oferente. Hoy, la exfuncionaria enfrenta una querella por negociación incompatible presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Una auditoría interna a la concesión de estacionamientos en Coyhaique —a la que accedió Fast Check CL— reveló múltiples incumplimientos en el servicio de parquímetros de la comuna. El informe, confirmado por la Contraloría Regional de Aysén, advirtió retrasos en pagos, errores de cálculo, boletas de garantía fuera de plazo y deficiencias operativas que pudieron justificar multas o incluso la terminación anticipada del contrato, lo que no ocurrió. Finalmente, la concesión terminó por problemas financieros de los concesionarios. Posteriormente, se convocó una nueva licitación, pero fue declarada desierta al no presentarse oferentes.
La Contraloría detectó que la entonces directora de Gestión de Personas de la Municipalidad de Padre Las Casas intervino en tres compras de vestuario por más de $28 millones a una proveedora que es abuela de sus hijas. Aunque el informe omitió su identidad, Fast Check CL la identificó a través de antecedentes disponibles en Transparencia del municipio.
Sunflower Technology SpA, una empresa que prometía rentabilidades mensuales de hasta 12% y operaba con oficinas, eventos y presencia en redes sociales, es acusada de defraudar a cientos de inversionistas chilenos por montos que superarían los $500 millones. Según múltiples querellas, la plataforma digital habría funcionado como un esquema piramidal que, tras casi dos años de operaciones, bloqueó retiros, cerró sus canales y dejó inubicables a sus ejecutivos, hoy investigados por estafa, apropiación indebida, fraude informático, asociación ilícita y lavado de activos.
Un informe de la Contraloría Regional de Aysén indicó que, entre enero y septiembre de 2024, en 14 ocasiones los actos administrativos que aprobaban contrataciones por un total de $689,6 millones se emitieron después de que los servicios ya se hubieran prestado. Fast Check CL accedió a un informe interno de la Dirección de Control de la Municipalidad de Coyhaique, que reveló que, desde enero de 2022 hasta mayo de 2025, se realizaron cientos de compras y contrataciones por más de $4.400 millones, las cuales fueron «regularizadas» tras su ejecución, eludiendo los conductos regulares dispuestos en Mercado Público.
Kathya Araujo, socióloga e investigadora, ha dedicado su carrera a analizar cómo la desconfianza, el desencanto y la irritación social configuran lo que denomina «el circuito del desapego». «Estamos en este momento, con estos cuatro componentes. Tenemos una sociedad muy irritada», advierte. En su más reciente libro, profundiza en cómo este fenómeno erosiona lo colectivo y debilita la idea de lo común: «La gente quiere creer que las cosas se van a resolver, porque es muy difícil vivir todo el tiempo en incertidumbre».
La Serena
La Corporación Gabriel González Videla, dependiente de la Municipalidad de La Serena, presentó una querella contra Nicole Cadena por presunto fraude de más de $115 millones, detectado tras una auditoría interna y observaciones de la Contraloría. El escrito acusa a la exfuncionaria de presentar facturas adulteradas, reutilizar respaldos y emitir boletas a través de su cónyuge. Cadena, quien ya se encuentra formalizada por su presunta responsabilidad en un fraude sistemático dentro de la entidad, ejerció como coordinadora del Departamento de Salud entre los años 2015 y 2021.
Cristián Mazuela Gutiérrez fue querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en 2020, acusado de defraudar al Fisco por casi $15 millones mientras era funcionario de la Subsecretaría de Agricultura. Aunque la causa sigue abierta, no registra avances desde enero de 2024. A pesar de ello, Mazuela volvió a desempeñar funciones en el Estado como funcionario bajo el Código del Trabajo en la Municipalidad de Los Andes.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique autorizó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto, investigado por presunto fraude al Fisco en una causa que vincula la compra de una parcela financiada mediante un crédito solicitado por el empresario Claudio Campusano. Campusano representa a una constructora que se adjudicó un proyecto habitacional por más de $5.400 millones en la región, cuyo proceso y ejecución han sido objeto de observaciones técnicas y administrativas según informes de Contraloría. Este proyecto contemplaba la construcción de viviendas para dos comités que Calisto había respaldado públicamente.
La disputa entre la Municipalidad de Providencia y la empresa Easy Parking SpA suma un nuevo capítulo luego de que esta última presentara una querella por estafa y apropiación indebida por más de $493 millones. La empresa acusa al municipio de no haber entregado formal ni materialmente los calzos de estacionamiento comprometidos en el contrato de una licitación, pese a haber recibido pagos anticipados. La administración, encabezada en ese entonces por Evelyn Matthei, ya había terminado anticipadamente la licitación tras detectar una boleta de garantía presuntamente falsa, lo que motivó una querella.
Una auditoría de Contraloría reveló que el exsecretario municipal de Cisnes, Jorge Moya Delgado, firmó transferencias por $12,6 millones a un club deportivo en el que tenía participación. Fast Check CL identificó otros actos posteriores no incluidos en la fiscalización.
La querella apunta al exministro de Salud como responsable de un atropello ocurrido en Ñuñoa, que habría dejado al empresario Francisco Guzmán Restovic con fracturas graves en la cadera y la mano. Según el relato de la víctima, el hecho se produjo mientras cruzaba un paso peatonal acompañado de sus perros.
La estrategia de desinformación contra Evelyn Matthei no es nueva, le pasó a Joe Biden, cuando Trump lo bautizó como Sleepy Joe. Se trata de "asesinar al personaje", una forma de atacar rasgos y características del sujeto, mediante desinformación, la que puede derivar posteriormente en la cristalización del ataque mediante la imputación de un apodo divertido. Ya comenzaron con el Alzheimer, ¿qué sigue ahora?
El Servel rechazó por «omisión grave» la rendición de ingresos y gastos de la campaña municipal de Javiera Reyes (PC) en Lo Espejo, impidiendo así el reembolso de más de $24 millones solicitados. La decisión se basó en la falta de informes previos, gastos sin justificación de valor de mercado y observaciones no subsanadas.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra Marcos Olave Gómez, funcionario suspendido del Hospital San Juan de Dios de San Fernando, a quien acusa de desviar más de $175 millones desde las arcas institucionales hacia sus cuentas personales. Según el escrito, el tesorero habría utilizado un mecanismo para camuflar las transferencias como si fueran pagos a proveedores estatales. El presunto fraude, ocurrido entre 2021 y 2023, fue descubierto tras una auditoría interna que alertó sobre los movimientos contables.
El arquitecto y militante socialista Marcelo Carvallo Ceroni fue ratificado por el Senado como nuevo consejero del Servel, en reemplazo de Alfredo Joignant. Ha sido observador en distintos procesos, exsubsecretario Mideplan, expresidente del Centro Progresista Judioservador en distintos procesos, exsubsecretario Mideplan, expresidente del Centro Progresista Judio de Chile y candidato a concejal por Las Condes en dos ocaciones.
Durante los últimos diez años, el abogado Esteban San Martín Rodríguez ha prestado servicios a diversas municipalidades del la región del Ñuble, entre ellas, la Municipalidad de Pinto, donde los pagos superaron los $67 millones en 2019 y 2022, lo que a juicio de la Contraloría no contaban con el respaldo suficiente. Fast Check CL corroboró con datos de transparencia activa que, por ejemplo, en agosto de 2021, San Martín alcanzó a ganar más de $12 millones por trabajar —bajo honorarios y con Código del Trabajo— en siete entidades públicas simultáneamente.
En 2022, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) contrató a Fundación Chile por $241 millones para ejecutar un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, una auditoría de la Contraloría detectó que los servicios se prestaron antes de firmar el contrato y que no se acreditaron ni la entrega ni la aprobación técnica de los productos.
El SII presentó una querella criminal por delitos tributarios contra los propietarios de AC Barnechea, Armando Cordero Rivadeneira y su hijo Armando Cordero Quezada, por un presunto perjuicio fiscal que supera los $412 millones. El ente fiscalizador acusa que, entre julio de 2020 y octubre de 2024, habrían inflado el Crédito Fiscal del IVA mediante montos sin respaldo documental y facturas falsas emitidas por una empresa vinculada a ellos. La querella solicita su formalización y la incautación de la contabilidad del club.
El Servel rechazó por «omisión grave» la rendición de ingresos y gastos de la campaña municipal de Mario Desbordes (RN) para la alcaldía de Santiago, impidiendo así el reembolso de más de $105 millones solicitados. La decisión se basó en la falta de respaldo documental, informes de actividades insuficientes y declaraciones fuera de plazo. Entre los gastos observados figuran pagos a empresas ligadas a colaboradores del exministro y a figuras de RN. El Servel ordenó a Desbordes devolver más de $70 millones a un listado de aportantes.
Irací Hassler se refirió a su cruce televisivo con el alcalde Mario Desbordes, a su precandidatura parlamentaria y a diversos aspectos de la campaña presidencial de Jeannette Jara. Además, habló sobre la decisión de cierre del caso Sierra Bella: «Me dejó conforme su cierre, aunque con una pena profunda por la injusticia que viví».
El Servel objetó tres facturas de la campaña a la alcaldía de Las Condes de Marcela Cubillos, entre ellas, dos emitidas por EGO Servicios, empresa vinculada a Esteban Gal Oliva, quien fue formalizado en el marco del Caso SQM. La misma sociedad también prestó servicios a la candidatura de María José Hoffmann, cuyos gastos también fueron parcialmente rechazados por el organismo electoral.
Un error en la tramitación judicial permitió la liberación de Osmar Ferrer, imputado por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa y presuntamente vinculado al Tren de Aragua. La falla administrativa generó una orden de excarcelación errónea, y hoy el joven de 18 años se encuentra prófugo y acumula una orden internacional de captura.
Héctor Bravo, actual asesor del diputado Sebastián Videla (IND-Rad/Lib), fue querellado por su presunta participación en la entrega de una boleta de garantía falsa por casi $300 millones en una licitación con la Municipalidad de Concepción. La empresa Seprivat SpA lo acusa de simular gestiones bancarias y cobrar por una intermediación con un banco. Consultado por Fast Check CL, Bravo niega los hechos y explica que, aunque desconoce los motivos de la acción judicial, «podría haber una intención política, con el sólo hecho de dañar y mancillar la honra».
El presidente de la Juventud Evópoli, Christóbal Martínez, analiza el escenario tras las primarias oficialistas y cuestiona el giro al centro de Jeannette Jara: «No nos dejemos engañar, en las elecciones se busca ganar». Además, aborda el rol que espera jugar Evelyn Matthei como figura de acuerdos amplios, sus diferencias con Republicanos y destaca el rol de las juventudes en el fortalecimiento de Evópoli.
Amenazas con una katana, una pipa con trazas de marihuana y dos funcionarios en el baño con cocaína. Fast Check CL recopiló cuatro fallos judiciales que revelan un historial de episodios vinculados al consumo y porte de drogas en la Fuerza Aérea de Chile (FACh), en un contexto de cuestionamientos a la institución castrense por la lentitud en la entrega de antecedentes a raíz del hallazgo de ketamina.
La Contraloría Regional de O’Higgins detectó que Inversiones Santa Elena SpA recibió más de $334 millones en tratos directos con la Corporación Municipal de Rancagua (CORMUN). Tras analizar una muestra del 45,23% del monto, se concluyó que fueron aprobados sin la justificación necesaria. La empresa está siendo investigada por su posible rol como fachada del empresario Javier Cornejo, amigo cercano del exalcalde Juan Ramón Godoy (ex PS).
Teorema se coronó bicampeón nacional de Red Bull Batalla y representará a Chile en la Final Internacional de 2026. «Con nuestro equipo vamos mentalizados por el campeonato», aseguró a Fast Check CL. En esta entrevista, repasa el proceso que lo llevó a esta nueva consagración, la importancia del trabajo en equipo, el apoyo de su familia y el rol político del freestyle.
Héctor Navarrete, exdirector jurídico de la Municipalidad de Las Condes durante tres periodos de la UDI, recibió $40,6 millones por funciones paralelas en la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), sin que existan informes que acrediten su cumplimiento ni registro de que se realizaran fuera de su jornada laboral, determinó la Contraloría. Navarrete, además, figura entre los exfuncionarios municipales querellados por el Consejo de Defensa del Estado en febrero de este año.
La presidenta de las juventudes del Partido por la Democracia (PPD), Bárbara Sepúlveda, reflexiona en torno a la derrota electoral de Carolina Tohá a días de las elecciones primarias del oficialismo: «Acá hay un mea culpa que tiene que ver con un trabajo de equipo». También, se refirió al apoyo que el partido le entregará a Jeannette Jara para la primera vuelta y el rol de las juventudes para mantener vigente al PPD.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó dos querellas en menos de una semana contra Carla Graf y Roland Cárcamo, cercanos al diputado Miguel Ángel Calisto (Ind-Demócratas). La primera los vincula a un presunto fraude con asignaciones parlamentarias del mismo Calisto, y la segunda —a la cual accedió Fast Check CL— por el supuesto perjuicio de casi $26 millones en fondos públicos. Esta redacción detectó que tanto Cárcamo como Graf (casados), también encabezan una fundación que ha recibido millonarias transferencias desde el GORE de Aysén.
En esta entrevista, el sociólogo Manuel Antonio Garretón reflexiona sobre el reordenamiento de las fuerzas progresistas tras la primaria del 29 de junio. A partir del triunfo de Jeannette Jara, Garretón aborda la crisis del socialismo democrático, el rol que debiera asumir el Partido Socialista en una nueva etapa, y los errores estratégicos que —a su juicio— marcaron la campaña de Carolina Tohá.
Entre 2023 y 2024, el Gobierno Regional de La Araucanía —entonces liderado por Luciano Rivas (Ind. Evopoli)— adjudicó $118 millones a Ananda Comunicaciones SpA, una consultora creada apenas un mes antes del primer contrato. Su gerente general, Rubén Darío Díaz, fue cofundador y «director de inteligencia» de Rebaño Consultores, firma previamente contratada por el mismo GORE y denunciada por fabricar noticias falsas durante el plebiscito de 2022. Ambas empresas, conectadas por vínculos personales y comerciales, compartieron funciones estratégicas de monitoreo y asesoría comunicacional para la administración regional, según constató Fast Check CL.
Durante más de una década, la empresa Construcción Mónica Viviana Sanhueza Stuardo EIRL —docente municipal del mismo nombre — recibió contratos millonarios de la Municipalidad de Corral. Fast Check CL comprobó que Sanhueza trabajó por más de 20 años en el municipio, mientras su empresa era contratada de forma reiterada desde al menos 2013. Solo en 2023, recibió más de $460 millones.
La exministra del Trabajo y militante del Partido Comunista ganó la primaria de este domingo, superando a sus contendores del Socialismo Democrático, el Frente Amplio y el Frente Regionalista Verde Social. Con este triunfo, se consolida como la principal figura del oficialismo para disputar La Moneda en noviembre.
El exalcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds Paoa, autorizó un millonario convenio en favor del Consejo de Ancianos que preside su hermano, Carlos Edmunds Paoa. El acuerdo, que comprometía aportes mensuales inicialmente por $800 mil, aumentó en 2023 a $2,8 millones sin justificación técnica ni respaldo documental. La situación, calificada como posible conflicto de interés, es parte de los antecedentes que conforman una denuncia por notable abandono de deberes ante el Tribunal Electoral.
A días de cumplirse 23 años desde que Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad, el abogado Juan Carlos Manríquez denunció ante la UNESCO un “ecocidio” en el casco histórico. Acusa abandono estatal, desplazamiento forzado de vecinos y advierte que Chile podría enfrentar consecuencias internacionales si no se actúa con urgencia.
La Municipalidad de Alto Biobío, a la fecha, ha pagado más de $728 millones a Servicios Nepun SpA, empresa ligada al hermano de un funcionario municipal, Samuel Hernández. Parte de esos montos fueron observados por la Contraloría Regional, que detectó un eventual conflicto de interés y adjudicaciones que vulnerarían la Ley de Compras Públicas. De los $946 millones que ha recibido esta sociedad desde instituciones del Estado, el 77% corresponde a transferencias del municipio citado inicialmente.
Figura clave del empresariado chileno, Roberto Fantuzzi falleció a los 82 años. Fundador de Asexma en 1991, lideró por más de tres décadas el gremio exportador. Su muerte ocurre tras enfrentar un cáncer terminal, detectado en 2015 y que se agravó durante este año. En los últimos meses circulaban videos en redes sociales en que se exhibía su estado de salud.
Mientras se busca dar con el paradero del agresor de Guillermo Oyarzún —conserje de Vitacura—, Fast Check CL examinó las empresas constituidas por Martín de los Santos, fundador de al menos seis sociedades dedicadas a las asesorías y el rubro inmobiliario, constituidas entre 2018 y 2021, algunas de ellas sin inicio de actividades.
El software SocialTazk, vinculado a la empresa Modo74 y desarrollado por un exasesor de Joaquín Lavín Jr., está en el centro de una investigación por presunto fraude al fisco. El Ministerio Público sostiene que fue financiado con fondos públicos y utilizado con fines electorales. Fast Check CL revisó los antecedentes de la empresa y el perfil de su fundador.
Mientras se desempeñaba como funcionaria de planta en Huechuraba, entre 2019 y 2023, Doris Durán (quien figura como integrante del Comité Político de Amarillos por Chile) también prestaba servicios a honorarios en la Municipalidad de Isla de Pascua, ubicada a más de 3.700 kilómetros, sin que existieran registros que acreditaran compatibilidad horaria, advirtió Contraloría. A esto se suma que la empresa que fundó junto a su pareja —posteriormente representada por su hermano— obtuvo contratos por más de $117 millones con el mismo municipio en el que trabajó: Rapa Nui. Fast Check CL reconstruyó su trayectoria en el Estado y su historial constatado en documentación pública.
La empresa de limpieza ASEDO, ya cuestionada por organismos públicos por presunta estafa, enfrenta ahora otro flanco: 55 denuncias laborales presentadas por 128 trabajadoras y trabajadores, quienes denuncian un patrón sistemático de vulneraciones a sus derechos. Fast Check CL revisó las causas y conversó con tres extrabajadoras que aún esperan respuesta por parte de la empresa y su dueño, Luis Moreno Cáceres.
Un ciudadano venezolano que fue baleado por error, presentó una querella junto al apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para acusar apremios ilegítimos por parte de policías. La víctima aún tiene la bala en su cuerpo y sufre secuelas tanto físicas como emocionales.
Luego de salir en ayuda de los damnificados por el sistema frontal, la concejala de la comuna de Villa Alegre no retornó a su hogar. Su familia, desesperada, interpuso una denuncia por presunta desgracia, sin embargo se baraja la posibilidad de que hayan terceras personas involucradas en su desaparición.
La senadora Alejandra Sepúlveda (IND) oficializó su respaldo a Jeannette Jara en la primaria presidencial del oficialismo, a través del comando «Independientes por Jeannette» y en su aparición en la franja electoral de la misma. En conversación con Fast Check CL, detalló las razones personales y políticas detrás de su apoyo, marcando distancia del PC y destacando a Jara como una figura que, según sus palabras, «trasciende al partido» y encarna el liderazgo que necesita la izquierda para seguir gobernando.
El abogado y exsubsecretario del Interior conversó con Fast Check CL en torno a su polémica aparición disfrazado de Batman en la franja electoral del candidato Gonzalo Winter (FA). En este contexto, Jorge Correa Sutil comentó que «no es agradable, pero más que como un problema personal, yo lo entiendo como una ofensa a toda una generación que luchó contra la dictadura».
Una nueva querella penal acusa a Clínica Ensenada de prácticas clínicas irregulares, incluyendo la presunta muerte de una paciente, uso de insumos no autorizados y personal sin acreditación. La denuncia se suma a otra presentada en 2024 por un enfermero. Desde 2014, la clínica ha recibido más de $71 mil millones en fondos públicos y, según detalla un informe de la Contraloría General de la República, fue objeto de dos auditorías internas realizadas por Fonasa, además de un tercer proceso que no pudo concretarse debido a que la clínica no entregó los antecedentes requeridos.
La empresa Triangular Integración Estratégica SpA —ligada a Pablo Zalaquett y su hermana— recibió pagos por asesorías contratadas por la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), sin que se acreditaran proyectos concretos derivados de ese servicio. Fast Check CL, conversó con Pablo Zalaquett, quien contradice la versión del informe de Contraloría y asegura que nunca tuvo una relación con la AMZO, sino con la Corporación Cultural de Las Condes, donde el propio ex alcalde Joaquín Lavín, lo contactó para levantar fondos.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra Enel Distribución por incumplir sus obligaciones con los pacientes afectados. Según la investigación, uno de ellos estuvo 59 horas sin electricidad y realizó 11 llamados sin recibir respuesta. La empresa negó referirse al caso, mientras el proceso sancionatorio sigue en curso.
A poco más de seis meses de dejar la alcaldía de Macul, Gonzalo Montoya fue contratado por la Asociación de Municipalidades Libres (AML), entidad privada financiada con recursos públicos en la que fue parte del directorio durante su periodo como jefe comunal. El exedil dijo a Fast Check CL que él mismo se propuso para ejercer el cargo ante el directorio, en una estructura donde no se aplican normas sobre inhabilidades ni conflictos de interés.
Mediante una carta, el Presidente Boric respondió al requerimiento de la Comisión Especial Investigadora (CEI) que se encuentra indagando en los antecedentes que involucran al Gobierno en la compra fallida de la casa del ex presidente Salvador Allende. «No tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa», recalcó.
Recientemente el ISP en conjunto al Ministerio de Salud confirmaron la obligatoriedad en la solicitud de recetas médicas para la venta anticonceptivos. Esto ha causado dudas y confusión en quienes compran estos medicamentos regularmente ¿Cómo se va a implementar y cuáles serán sus limitaciones?
Pedro Herreros, actual consejero regional por la provincia de Chacabuco en la Región Metropolitana, ha mantenido durante años vínculos contractuales con la Municipalidad de Colina y la Corporación de Desarrollo Social de la misma comuna, al mismo tiempo, llegando a percibir por momentos $4,8 millones por ambas funciones, según información pública que lo respalda. La situación ha generado cuestionamientos de concejales de la comuna, abriendo dudas sobre la compatibilidad de funciones, considerando que se desempeña, además, como autoridad regional elegida con voto popular.
Seis meses después de asumir como alcaldesa de San Miguel, Carol Bown conversa con Fast Check CL sobre el estado en que encontró el municipio, incluyendo el déficit presupuestario heredado de la gestión de Érika Martínez. «Ha significado un ahorro permanente durante este tiempo en todos los ámbitos», comenta. Además, se refiere a su rol como vocera en la campaña presidencial de Evelyn Matthei y aborda las controversias que han rodeado a la candidata de Chile Vamos, asegurando: «Me parece que se está haciendo respetar».
Aunque la Contraloría Regional del Bío-Bío no revela el nombre de los involucrados, Fast Check CL logró acreditar con documentación pública los funcionarios y redes familiares que están vinculados a las empresas contratadas por la misma casa de estudios. Desde la entidad estudiantil indicaron que «se están adoptando todas las medidas necesarias para subsanar las debilidades detectadas».
Pablo Adaos, exsocio inmobiliario del actual alcalde de Tiltil, César Mena, fue contratado en enero de 2025 como asesor técnico en el municipio, con un sueldo bruto de $2 millones. Aunque no existen impedimentos legales para su contratación, el vínculo previo entre ambos —acreditado por la constitución de una sociedad en 2021— podría representar un conflicto de interés, ya que es el propio alcalde quien certifica sus informes de cumplimiento. Fast Check CL revisó documentos societarios, declaraciones de patrimonio y antecedentes municipales que dan cuenta de esta relación.
Junto a una crisis financiera, la Universidad de La Frontera (Ufro) enfrenta disputas legales con el Estado. Fast Check CL revisó dos procesos judiciales en los que el Fisco —a través del Consejo de Defensa del Estado— exige la restitución de montos asociados a programas de Becas de Educación Superior que no fueron utilizados ni devueltos. Una de las causas sigue en tramitación, mientras que la otra fue cerrada mediante un acuerdo por un pago inferior al solicitado originalmente.
La Fiscalía Nacional Económica acusó a Delivery Hero y Glovo de ejecutar un acuerdo de colusión internacional denominado Project Green, mediante el cual se habrían repartido los mercados del delivery en Chile, Perú, Ecuador y Egipto. La operación incluyó cláusulas de no competencia y contratos encubiertos. La FNE solicitó al TDLC aplicar multas de casi $70 mil millones.
Entre febrero y mayo de 2024, la Municipalidad de El Quisco contrató a JM Producciones SpA por más de $38 millones, pese a que una de sus funcionarias —Marcela Carrera Gajardo— figuraba como socia de la empresa. Así lo constató la Contraloría Regional de Valparaíso en su Informe N° 713/2024, que advirtió la infracción a la Ley 19.886, vigente desde diciembre de 2023. Una revisión de Fast Check CL a registros públicos reveló que, desde 2022 hasta julio de 2024 —cuando Carrera dejó formalmente la sociedad—, la empresa recibió más de $100 millones desde ese municipio.
El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella penal contra la constructora Hermanos Montecinos Muñoz SpA por el presunto uso de facturas falsas para rebajar impuestos y obtener devoluciones indebidas, generando un perjuicio fiscal superior a los $100 millones. Fast Check CL identificó que la empresa figura como proveedora del Estado con contratos adjudicados por más de $1.800 millones entre 2023 y 2025.
La exdelegada presidencial de Magallanes, Luz Bermúdez, reconoció públicamente que viajó a Argentina mientras mantenía una licencia médica psiquiátrica, fiscalizada por la COMPIN. Los hechos, asegura, ocurrieron después de dejar dicho cargo en mayo de 2023. Bermúdez, es militante del Frente Amplio y excandidata al Senado en el año 2021.
El imputado fue sorprendidos talando coihues en un predio fiscal y trasladando la madera en un camión, vehículo en el que portaban un arma de fuego no inscrita. El acuerdo incluye una donación a la Conaf y la entrega del material sustraído a la comunidad.
En el marco del escándalo destapado por un informe de Contraloría que reveló que más de 25 mil empleados públicos salieron del país mientras estaban con licencias médicas, muchos funcionarios de altos cargos han optado por presentar la renuncia a sus puestos. Se estima que hasta el momento más de 1.000 funcionarios han dado un paso al costado.
Eddie Odgers permanece en prisión preventiva tras atropellar y causar la muerte de dos trabajadores en un servicentro de Providencia. Por otro lado, la justicia declaró admisible una querella por doble homicidio simple, donde se acusa al conductor de actuar «con total desprecio por la vida humana» mientras conducía en estado de ebriedad.
El informe de Contraloría que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencias médicas —entre 2023 y 2024—, destapó una ola de nuevos antecedentes, investigaciones y renuncias. Entre los implicados figuran exautoridades, médicos y representantes municipales que habrían usado sus días de reposo para realizar viajes, estudios en el extranjero o incluso actividades remuneradas. El caso ya generó reacciones en el gobierno, sumarios administrativos y revisión de normas internas.
La carta presidencial del Partido Federación Regionalista Verde, Jaime Mulet, conversó con Fast Check a casi un mes de las primaras presidenciales. En esta instancia abordó las principales características que lo diferencian de sus contendores del pacto Unidad para Chile: "El modelo de desarrollo que nosotros proponemos es distinto", aseguró.
Además, Mulet profundizó en la crisis migratoria, sus propuestas para controlar el flujo migratorio, su crítica al modelo neoliberal y a la izquierda marxista.
Con una caída del 300% en su flujo de caja durante los últimos seis años y un déficit de más de $18 mil millones en 2024, el canal público anunció que no aumentará más su endeudamiento, mientras los crecientes gastos operativos y la caída de ingresos presionan su viabilidad. Esta situación alarma al directorio de TVN, que advierte que el actual modelo de televisión pública resulta insostenible y exige una urgente revisión para evitar el colapso.
Chile se transformó en el primer país de Latinoamérica en habilitar pagos mediante la cédula de identidad. Basta con escanear el código QR del reverso para realizar una compra. "Con Carnet" es el nombre de esta innovación que apunta a ampliar el acceso a medios de pago; sin embargo, especialistas advierten sobre los posibles riesgos y debilidades del sistema.
Una auditoría de la Contraloría Regional del Biobío reveló que 11 pacientes fueron operados en menor tiempo de espera, además de tener parentesco con funcionarios del Hospital Regional de Concepción. A esto se suman otros 12 casos priorizados sin explicación en los registros. El informe también identificó que más de 10.300 personas seguían en lista de espera quirúrgica No GES al cierre de 2023, muchas desde 2018, y que más de la mitad de las 1.716 cirugías suspendidas durante ese año se debieron a causas internas, como movilizaciones, errores de programación o falta de camas.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella penal contra el contratista César Miño Martínez, acusado de apropiarse de subsidios habitacionales tras comprometerse a construir viviendas que nunca entregó. Para ello, habría presentado documentos públicos falsificados ante el Serviu de la RM. Fast Check CL confirmó que Miño ya fue condenado en 2023 por dos casos similares, los cuales también están incluidos en la nueva acción judicial del CDE.
La abrupta desvinculación de cientos de funcionarios de ProCultura, informada en una videollamada grupal y por correo, marcó el inicio de un proceso judicial y emocional que aún no encuentra cierre para muchos de sus extrabajadores. En paralelo al desplome provocado por el caso Convenios, comenzaron a surgir acciones legales por incumplimientos contractuales, entre ellas el no pago de finiquitos y cotizaciones. Más allá de lo jurídico, quienes formaron parte de la fundación relatan un quiebre profundo en su salud mental, trayectorias laborales y confianza profesional, en medio de una exposición mediática que ha dejado secuelas.
Se trata de Francisco Fuentes, único socio y representante legal de Agencia Turismo Patrimonial SpA, empresa que —en la práctica— ejecutó parte de los proyectos que ProCultura se adjudicaba. Entre ellos, destacó la administración del Circuito de Lota, concesionado por Corfo. Fast Check CL detectó que la sociedad de Fuentes percibió más de $24 millones en compras públicas mediante el mecanismo de compra ágil, principalmente por la venta de entradas a organismos del Estado, mientras él mismo se desempeñaba como jefe del circuito. En su declaración, Fuentes señaló que los ingresos obtenidos por la venta de tickets fueron utilizados para cubrir gastos de operación.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil para recuperar más de $108 millones transferidos a ProCultura en el marco de un convenio suscrito con el Serviu y Seremi de Valparaíso, tras detectarse incumplimientos contractuales, retrasos administrativos y la entrega de productos incompletos. La fundación debía ejecutar intervenciones técnicas y sociales en tres campamentos de Villa Alemana, pero no logró cumplir las condiciones para justificar el uso de los recursos, lo que motivó la terminación anticipada del contrato y su posterior liquidación.
Johnny San Martín fue durante más de una década un engranaje esencial en la interna de ProCultura. Intervenido telefónicamente y allanado por la PDI, falleció tres días después por una falla multiorgánica. Su nombre aparece en conversaciones privadas entre autoridades y testigos clave, incluido el Presidente Boric. Fast Check CL confirmó su relevancia en la fundación con fuentes cercanas al caso, que también vinculan su muerte con el deterioro de salud que sufrió tras el operativo.
Durante una auditoría, la Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad de Nueva Imperial pagó remuneraciones duplicadas a dos funcionarios, contratados simultáneamente por contrata y honorarios para realizar funciones de la misma índole. Aunque el periodo observado corresponde solo a esos nueve meses, Fast Check CL constató que práctica se habría mantenido de forma sostenida desde al menos 2022.
El Grupo Pegasus Chile solicitó a la Tesorería General de la República el fraccionamiento del pago de la multa impuesta por la el Tribunal de Libre Competencia. La petición se fundamente en limitaciones financieras y estacionalidad operativa, proponiendo cancelar la sanción en tres cuotas.
Jaime Hidalgo Jara fue designado como director de obras municipales de Palena en febrero de 2024, mientras figuraba como copropietario de una empresa con un contrato vigente con el municipio por más de $172 millones, en su etapa da garantía. Días antes, el alcalde había puesto término anticipado a otra licitación que el funcionario mantenía con el mismo organismo. Según Contraloría, la contratación vulneró la Ley 18.575, que impide ingresar a la administración pública a personas con participación significativa en empresas que tengan contratos activos con el órgano que las contrata.
Roberto Molina Olivares presentó la acción judicial ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra STF Capital y cinco ejecutivos, incluidos: Ariel y Daniel Sauer. La querella detalla la firma de un pagaré impago por $34 millones y la inversión forzada de más de $32 millones en cuotas de un fondo administrado por Larraín Vial, operaciones que —según acusa— fueron realizadas bajo engaño y sin intención de cumplir.
Tras retomar las labores de búsqueda esta mañana, autoridades aún no logran obtener novedades al respecto. El escenario, por ahora, no es favorable, teniendo en cuenta el sistema frontal que actualmente afecta a la Región Metropolitana.
La Contraloría General de la República observó un eventual conflicto de intereses en la Municipalidad de Copiapó, luego de constatar que un proveedor de la campaña del exalcalde Marcos López fue contratado mediante trato directo por más de $7 millones, entre 2022 y 2024, para actividades de servicios relacionadas con la impresión de material gráfico. Según el informe, el prestador de servicios participó en la campaña electoral de 2021, por lo que la autoridad debió abstenerse de intervenir en su contratación posterior. Fast Check CL detectó que la relación entre López y el proveedor se remonta a 2016, por lo que la cifra inicial es mayor a la consignada en el documento.
Este martes por la mañana, los ocho comisionados designados por el presidente Gabriel Boric para redactar el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, presentaron el documento final en La Moneda.Tras dos años de trabajo, en este informe destacan propuestas de reformas estructurales a favor de los pueblos indígenas y una inyección histórica de recursos.
El municipio, en la acción judicial, asevera que se configuran los delitos de acceso ilícito, abuso de dispositivos electrónicos, falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento falsificado. Según el escrito, funcionarios municipales advirtieron cambios no autorizados en sus claves únicas, la aparición de una factura por más de $39 millones -emitida por una empresa externa sin respaldo administrativo-, y el uso de un correo electrónico que imitaba el dominio institucional para validar el documento ante una firma de factoring.
La Municipalidad de Renca presentó una querella por estafa y falsificación contra ASEDO, luego de que la empresa de limpieza entregara como garantía una póliza presuntamente falsificada, detalla el escrito. Además, se denuncia que la firma no habría cumplido con el pago de cotizaciones de sus trabajadores.
Bukelistas Chile
Con Humberto García (ex militante de Renovación Nacional) a la cabeza, el Movimiento Bukelistas Chile prepara su lanzamiento oficial. Junto al apoyo de bases en el norte y sur del país, este movimiento político busca impulsar que el modelo de Nayib Bukele sea tomado en consideración por los diversos candidatos presidenciales.
Mientras se gestionaba un proyecto por más de $1.673 millones con ProCultura, el Gobierno Regional de Aysén (GORE) sostuvo cinco reuniones que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby, pese a que la normativa exige su inscripción. Según constató la Contraloría, en los encuentros participaron el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Francisco Lara—designado como sujeto pasivo de lobby—, y representantes de la fundación, como el propio Alberto Larraín. La omisión motivó una instrucción formal para regularizar los registros.
La Contraloría General de la República objetó la contratación a honorarios de Morán en la Municipalidad de La Florida, luego de constatar que las funciones realizadas no se vinculaban a los fines propios del municipio. Según el Informe, Morán percibió más de $22 millones entre enero y julio de 2024, por tareas relacionadas a informes de análisis político-partidista. El documento concluye que la contratación fue improcedente, formulando un reparo por el total de los honorarios pagados e instruyendo un sumario administrativo con el fin de establecer posibles responsabilidades. Aunque su nombre aparece tachado en el informe, Fast Check CL logró confirmar su identidad con documentación pública.
Una acción judicial afecta al exrector del Instituto Guillermo Subercaseaux. La querella presentada por la propia institución acusa a Patricio Gaete Maureira de cometer el delito de administración desleal reiterada, tras detectar un presunto uso indebido de fondos institucionales para fines personales. Según el escrito, el perjuicio económico asciende a casi $189 millones e incluye compras de artículos electrónicos, viajes en primera clase y otros gastos sin respaldo académico ni administrativo.
En medio de problemas internos que incluyeron la pérdida de su información contable y dificultades para reconstruir sus registros financieros, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura enfrentó fue sancionado por parte de la Superintendencia de Educación Superior. El organismo fiscalizador concluyó que la institución incumplió su obligación legal de informar oportunamente sobre su estado financiero del año 2023, aplicándole una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales ($3,4 millones). La multa se suma a infracciones similares detectadas en los últimos años.
