La creación de una sociedad por acciones, a cargo de Francisco Fuentes —estrecho colaborador de Alberto Larraín—, permitió a la fundación ProCultura operar comercialmente, facturar actividades que escapaban a su objeto social, e incluso financiar su defensa penal en plena crisis del caso Convenios. Aunque el fundador de la ONG negó tener conocimiento sobre cómo operaba, declaraciones contenidas en la carpeta investigativa y antecedentes recopilados por Fast Check CL muestran que Larraín sí habría tenido injerencia en sus movimientos.
La abrupta desvinculación de cientos de funcionarios de ProCultura, informada en una videollamada grupal y por correo, marcó el inicio de un proceso judicial y emocional que aún no encuentra cierre para muchos de sus extrabajadores. En paralelo al desplome provocado por el caso Convenios, comenzaron a surgir acciones legales por incumplimientos contractuales, entre ellas el no pago de finiquitos y cotizaciones. Más allá de lo jurídico, quienes formaron parte de la fundación relatan un quiebre profundo en su salud mental, trayectorias laborales y confianza profesional, en medio de una exposición mediática que ha dejado secuelas.
Se trata de Francisco Fuentes, único socio y representante legal de Agencia Turismo Patrimonial SpA, empresa que —en la práctica— ejecutó parte de los proyectos que ProCultura se adjudicaba. Entre ellos, destacó la administración del Circuito de Lota, concesionado por Corfo. Fast Check CL detectó que la sociedad de Fuentes percibió más de $24 millones en compras públicas mediante el mecanismo de compra ágil, principalmente por la venta de entradas a organismos del Estado, mientras él mismo se desempeñaba como jefe del circuito. En su declaración, Fuentes señaló que los ingresos obtenidos por la venta de tickets fueron utilizados para cubrir gastos de operación.
Comenzó a circular en X una supuesta conversación entre el diputado Diego Ibáñez y el psiquiatra Alberto Larraín, fechada en 2020. Fast Check CL verificó que esta interacción es #Real. Al revisar el perfil oficial de Larraín en esa red social, se encontró el intercambio en cuestión, que sigue disponible públicamente.
Johnny San Martín fue durante más de una década un engranaje esencial en la interna de ProCultura. Intervenido telefónicamente y allanado por la PDI, falleció tres días después por una falla multiorgánica. Su nombre aparece en conversaciones privadas entre autoridades y testigos clave, incluido el Presidente Boric. Fast Check CL confirmó su relevancia en la fundación con fuentes cercanas al caso, que también vinculan su muerte con el deterioro de salud que sufrió tras el operativo.
Mientras se gestionaba un proyecto por más de $1.673 millones con ProCultura, el Gobierno Regional de Aysén (GORE) sostuvo cinco reuniones que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby, pese a que la normativa exige su inscripción. Según constató la Contraloría, en los encuentros participaron el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Francisco Lara—designado como sujeto pasivo de lobby—, y representantes de la fundación, como el propio Alberto Larraín. La omisión motivó una instrucción formal para regularizar los registros.
La acción judicial contempla, además, los presuntos delitos de apropiación indebida, fraude en la suscripción de contrato aleatorio y fraude al seguro frustrado. En 2023, ProCultura cerró sus operaciones en el marco del denominado "Caso Convenios".
El abogado, Aldo Duque, señaló a Fast Check CL que presentó la querella por encargo de Chile Vamos y que asumirá su patrocinio lo que demore su tramitación. Hasta agosto Duque estuvo en campaña por la alcaldía de Santiago, cuando bajó su candidatura en favor de Mario Desbordes (RN). Ahora, representa a la Oposición como su abogado en una querella por fraude al fisco en el marco del caso ProCultura relacionado al GORE RM, liderado por Claudio Orrego.
