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Mientras se gestionaba un proyecto por más de $1.673 millones con ProCultura, el Gobierno Regional de Aysén (GORE) sostuvo cinco reuniones que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby, pese a que la normativa exige su inscripción. Según constató la Contraloría, en los encuentros participaron el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Francisco Lara—designado como sujeto pasivo de lobby—, y representantes de la fundación, como el propio Alberto Larraín. La omisión motivó una instrucción formal para regularizar los registros.

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Un informe de la Contraloría Regional de Aysén reveló que la exautoridad actuó en nueve intervenciones administrativas —entre 2021 y 2023— relativo a proyectos para la Fundación Manos que Ayudan Patagonia. Macías no se inhabilitó, pese a que el presidente de la entidad le prestó servicios profesionales durante su campaña a la Gobernación Regional en 2021 por un monto superior a los $17 millones, lo que para el ente contralor podría configurar un potencial conflicto de interés. Además, se observan que dos convenios con esta organización no justificaron el mecanismo de asignación directa.

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