Circula en redes sociales una supuesta última declaración del fiscal Patricio Cooper antes de dejar su cargo. Sin embargo, esto es #Falso. Fast Check CL no encontró registros oficiales ni cobertura de prensa que respalden esa frase. Además, Cooper sigue en funciones, según confirmó la Fiscalía Regional de Coquimbo.
La creación de una sociedad por acciones, a cargo de Francisco Fuentes —estrecho colaborador de Alberto Larraín—, permitió a la fundación ProCultura operar comercialmente, facturar actividades que escapaban a su objeto social, e incluso financiar su defensa penal en plena crisis del caso Convenios. Aunque el fundador de la ONG negó tener conocimiento sobre cómo operaba, declaraciones contenidas en la carpeta investigativa y antecedentes recopilados por Fast Check CL muestran que Larraín sí habría tenido injerencia en sus movimientos.
El caso ProCultura continúa generando repercusiones. En esta ocasión, Fast Check CL conversó con Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, quien no solo profundizó en el escándalo que envuelve a la fundación, sino que también abordó una práctica cada vez más frecuente: la filtración de antecedentes contenidos en carpetas de investigaciones aún en curso. Además, Figueroa hizo una dura evaluación del rol que ha jugado la prensa en estos procesos, subrayando la falta de responsabilidad en su actuar: «No han puesto el cuidado en que el rol de los medios es también social», sentenció.
La abrupta desvinculación de cientos de funcionarios de ProCultura, informada en una videollamada grupal y por correo, marcó el inicio de un proceso judicial y emocional que aún no encuentra cierre para muchos de sus extrabajadores. En paralelo al desplome provocado por el caso Convenios, comenzaron a surgir acciones legales por incumplimientos contractuales, entre ellas el no pago de finiquitos y cotizaciones. Más allá de lo jurídico, quienes formaron parte de la fundación relatan un quiebre profundo en su salud mental, trayectorias laborales y confianza profesional, en medio de una exposición mediática que ha dejado secuelas.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil para recuperar más de $108 millones transferidos a ProCultura en el marco de un convenio suscrito con el Serviu y Seremi de Valparaíso, tras detectarse incumplimientos contractuales, retrasos administrativos y la entrega de productos incompletos. La fundación debía ejecutar intervenciones técnicas y sociales en tres campamentos de Villa Alemana, pero no logró cumplir las condiciones para justificar el uso de los recursos, lo que motivó la terminación anticipada del contrato y su posterior liquidación.
Comenzó a circular en X una supuesta conversación entre el diputado Diego Ibáñez y el psiquiatra Alberto Larraín, fechada en 2020. Fast Check CL verificó que esta interacción es #Real. Al revisar el perfil oficial de Larraín en esa red social, se encontró el intercambio en cuestión, que sigue disponible públicamente.
