Hospital del Salvador
Entre 2016 y 2021, el Hospital del Salvador adjudicó más de $158 millones en órdenes de compra a la empresa Insumos de Rehabilitación Liliana Rebeca González Silva E.I.R.L., propiedad de la madre de la entonces funcionaria Elizabeth Parraguez González, quien en paralelo participaba como evaluadora en varias licitaciones del recinto. Documentos revisados por Fast Check CL muestran que en al menos cinco procesos firmó informes técnicos, declarando en algunos casos no tener conflicto de interés, pese al vínculo directo con la oferente. Hoy, la exfuncionaria enfrenta una querella por negociación incompatible presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Cristián Mazuela Gutiérrez fue querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en 2020, acusado de defraudar al Fisco por casi $15 millones mientras era funcionario de la Subsecretaría de Agricultura. Aunque la causa sigue abierta, no registra avances desde enero de 2024. A pesar de ello, Mazuela volvió a desempeñar funciones en el Estado como funcionario bajo el Código del Trabajo en la Municipalidad de Los Andes.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra Marcos Olave Gómez, funcionario suspendido del Hospital San Juan de Dios de San Fernando, a quien acusa de desviar más de $175 millones desde las arcas institucionales hacia sus cuentas personales. Según el escrito, el tesorero habría utilizado un mecanismo para camuflar las transferencias como si fueran pagos a proveedores estatales. El presunto fraude, ocurrido entre 2021 y 2023, fue descubierto tras una auditoría interna que alertó sobre los movimientos contables.
Junto a una crisis financiera, la Universidad de La Frontera (Ufro) enfrenta disputas legales con el Estado. Fast Check CL revisó dos procesos judiciales en los que el Fisco —a través del Consejo de Defensa del Estado— exige la restitución de montos asociados a programas de Becas de Educación Superior que no fueron utilizados ni devueltos. Una de las causas sigue en tramitación, mientras que la otra fue cerrada mediante un acuerdo por un pago inferior al solicitado originalmente.
El imputado fue sorprendidos talando coihues en un predio fiscal y trasladando la madera en un camión, vehículo en el que portaban un arma de fuego no inscrita. El acuerdo incluye una donación a la Conaf y la entrega del material sustraído a la comunidad.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella penal contra el contratista César Miño Martínez, acusado de apropiarse de subsidios habitacionales tras comprometerse a construir viviendas que nunca entregó. Para ello, habría presentado documentos públicos falsificados ante el Serviu de la RM. Fast Check CL confirmó que Miño ya fue condenado en 2023 por dos casos similares, los cuales también están incluidos en la nueva acción judicial del CDE.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda por reparación de daño ambiental contra la Minera Imperial, cuyas faenas de extracción de áridos se encuentran en Maipú. La demanda acusa a la empresa de intervenir el suelo hasta hacerlo irreparable, menoscabar la biodiversidad y contaminar el aire en una zona aledaña al Liceo Reino de Dinamarca, poniendo en riesgo de contraer silicosis a la comunidad. El CDE exige que el propietario realice un plan de reparación por $1.323 millones.
El CDE acusa a Andrés Bustamante, ex jefe de Gobierno Digital del segundo gobierno de Sebastián Piñera, y otros cinco funcionarios, de pagar 4.900 UF ($138.723.214 al cambio de 2019) por informes que realizaron dentro de la división, pero que fueron entregados a empresas para que los presentaran como propios. El consejo solicitó investigar el patrimonio de los denunciados y no descarta una demanda civil.
A pesar de que el fiscal a cargo solicitó sobreseer a la minera del grupo Luksic, el Consejo de Defensa del Estado perseveró y presentó la querella contra quienes resulten responsables de “haber intentado engañar a la autoridad ambiental mediante la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental ocultando información esencial de forma maliciosa”.
Por daño ambiental en el Salar de Suire, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a la minera Quirobax S.A. Según la acción judicial presentada por el organismo, la firma habría generado un impacto que las actividades de la firma habría generado un impacto ecosistémico.
Esto, en el marco de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía sobre eventuales delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, entre otros.
En 2019 vino la primera alerta, cuando el embajador de la época en el país norteamericano informó de la situación.
El exministro de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera es ahora Consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE) desde el viernes pasado, cuando el mismo mandatario lo designó al cargo. Cuestión que levantó reacciones negativas desde algunas veredas, tal como ocurrió unos años atrás con Javiera Blanco, exministra de Michelle Bachelet, designada por la misma en 2017.
Es real que Codelco que se querelló por delitos de cohecho y soborno contra el expresidente de la minera chilena, Nelson Pizarro, su hijo y ex socio del hijo.
