Una nueva querella penal acusa a Clínica Ensenada de prácticas clínicas irregulares, incluyendo la presunta muerte de una paciente, uso de insumos no autorizados y personal sin acreditación. La denuncia se suma a otra presentada en 2024 por un enfermero. Desde 2014, la clínica ha recibido más de $71 mil millones en fondos públicos y, según detalla un informe de la Contraloría General de la República, fue objeto de dos auditorías internas realizadas por Fonasa, además de un tercer proceso que no pudo concretarse debido a que la clínica no entregó los antecedentes requeridos.
La empresa Triangular Integración Estratégica SpA —ligada a Pablo Zalaquett y su hermana— recibió pagos por asesorías contratadas por la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), sin que se acreditaran proyectos concretos derivados de ese servicio. Fast Check CL, conversó con Pablo Zalaquett, quien contradice la versión del informe de Contraloría y asegura que nunca tuvo una relación con la AMZO, sino con la Corporación Cultural de Las Condes, donde el propio ex alcalde Joaquín Lavín, lo contactó para levantar fondos.
A poco más de seis meses de dejar la alcaldía de Macul, Gonzalo Montoya fue contratado por la Asociación de Municipalidades Libres (AML), entidad privada financiada con recursos públicos en la que fue parte del directorio durante su periodo como jefe comunal. El exedil dijo a Fast Check CL que él mismo se propuso para ejercer el cargo ante el directorio, en una estructura donde no se aplican normas sobre inhabilidades ni conflictos de interés.
Aunque la Contraloría Regional del Bío-Bío no revela el nombre de los involucrados, Fast Check CL logró acreditar con documentación pública los funcionarios y redes familiares que están vinculados a las empresas contratadas por la misma casa de estudios. Desde la entidad estudiantil indicaron que «se están adoptando todas las medidas necesarias para subsanar las debilidades detectadas».
En el marco del escándalo destapado por un informe de Contraloría que reveló que más de 25 mil empleados públicos salieron del país mientras estaban con licencias médicas, muchos funcionarios de altos cargos han optado por presentar la renuncia a sus puestos. Se estima que hasta el momento más de 1.000 funcionarios han dado un paso al costado.
Circulan publicaciones asegurando que Evelyn Matthei viajó a Estados Unidos en abril de 2024 haciendo uso de una licencia médica mientras ejercía como alcaldesa de Providencia. Esto es #Falso, tras revisar la información disponible mediante transparencia se pudo establecer que la ausencia de Matthei se justificó haciendo uso de sus días de feriado legal establecidos en la ley 18.883
El informe de Contraloría que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencias médicas —entre 2023 y 2024—, destapó una ola de nuevos antecedentes, investigaciones y renuncias. Entre los implicados figuran exautoridades, médicos y representantes municipales que habrían usado sus días de reposo para realizar viajes, estudios en el extranjero o incluso actividades remuneradas. El caso ya generó reacciones en el gobierno, sumarios administrativos y revisión de normas internas.
En X se viralizó que Carabineros y Fuerzas Armadas concentran el 60% de los funcionarios que utilizaron licencias médicas para salir del país. Sin embargo, esto es #Falso. Se revisó la información publicada por Contraloría y ninguna de estas entidades aparece entre las que tienen mayor cantidad de licencias. Además, desde la propia Contraloría lo desmintieron.
Una auditoría de la Contraloría Regional del Biobío reveló que 11 pacientes fueron operados en menor tiempo de espera, además de tener parentesco con funcionarios del Hospital Regional de Concepción. A esto se suman otros 12 casos priorizados sin explicación en los registros. El informe también identificó que más de 10.300 personas seguían en lista de espera quirúrgica No GES al cierre de 2023, muchas desde 2018, y que más de la mitad de las 1.716 cirugías suspendidas durante ese año se debieron a causas internas, como movilizaciones, errores de programación o falta de camas.
Durante una auditoría, la Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad de Nueva Imperial pagó remuneraciones duplicadas a dos funcionarios, contratados simultáneamente por contrata y honorarios para realizar funciones de la misma índole. Aunque el periodo observado corresponde solo a esos nueve meses, Fast Check CL constató que práctica se habría mantenido de forma sostenida desde al menos 2022.
La Contraloría General de la República observó un eventual conflicto de intereses en la Municipalidad de Copiapó, luego de constatar que un proveedor de la campaña del exalcalde Marcos López fue contratado mediante trato directo por más de $7 millones, entre 2022 y 2024, para actividades de servicios relacionadas con la impresión de material gráfico. Según el informe, el prestador de servicios participó en la campaña electoral de 2021, por lo que la autoridad debió abstenerse de intervenir en su contratación posterior. Fast Check CL detectó que la relación entre López y el proveedor se remonta a 2016, por lo que la cifra inicial es mayor a la consignada en el documento.
Mientras se gestionaba un proyecto por más de $1.673 millones con ProCultura, el Gobierno Regional de Aysén (GORE) sostuvo cinco reuniones que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby, pese a que la normativa exige su inscripción. Según constató la Contraloría, en los encuentros participaron el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Francisco Lara—designado como sujeto pasivo de lobby—, y representantes de la fundación, como el propio Alberto Larraín. La omisión motivó una instrucción formal para regularizar los registros.
La Contraloría General de la República objetó la contratación a honorarios de Morán en la Municipalidad de La Florida, luego de constatar que las funciones realizadas no se vinculaban a los fines propios del municipio. Según el Informe, Morán percibió más de $22 millones entre enero y julio de 2024, por tareas relacionadas a informes de análisis político-partidista. El documento concluye que la contratación fue improcedente, formulando un reparo por el total de los honorarios pagados e instruyendo un sumario administrativo con el fin de establecer posibles responsabilidades. Aunque su nombre aparece tachado en el informe, Fast Check CL logró confirmar su identidad con documentación pública.
En redes sociales se afirma que la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, no rindió $40 mil millones, según un supuesto informe de Contraloría.
Sin embargo, esta información es falsa. La Contraloría General de la República no ha emitido ningún informe en 2025 contra la Municipalidad de Valdivia, y los cuestionamientos por rendición de fondos corresponden en realidad al Gobierno Regional de Los Ríos, entidad distinta y autónoma del municipio que lidera la alcaldesa.
Se comparte en redes sociales que desde el gobierno se están financiando programas para «ejecutar acciones de violencia contra el Estado», pero esto es #Falso. El afiche que se comparte corresponde solo a una actividad dentro de una investigación de cuatro años con el objetivo de analizar el sufrimiento de las víctimas de violencia institucional ocurrida en Chile desde el inicio del estallido social.
Respaldados por un estudio de riesgos de la Universidad Mayor, vecinos de Nueva Imperial denuncian que un proyecto de viviendas sociales del Serviu rellenó un humedal no reconocido para la construcción de viviendas sociales. Lo anterior, acusan los vecinos, pone en peligro de inundación a la comunidad colindante. El proyecto fue rechazado por el SEA en 2019, pero en esta ocasión no ingresó a evaluación ambiental.
La medida fue tomada de mutuo acuerdo con la defensa y paralizó por 60 días el procedimiento de cobro de $11 millones en horas extras irregulares detectadas por Contraloría en 2021, cuando el diputado Agustín Romero ejercía como jefe jurídico de la Municipalidad de Santiago durante la gestión Alessandri. No obstante desde el municipio aseguran que "la nueva administración no tiene la intención de modificar el curso de estas acciones legales".
El pasado 5 de enero el Ministerio de Transportes ingresó por segunda vez a Contraloría el reglamento a la "Ley Uber", normativa aprobada en 2023 y que hasta la fecha no puede ser aplicada. Fast Check Cl se contactó con algunas de las apps a las que rige, sin embargo, prefirieron omitir su respuesta. No obstante desde Alianza In revelaron que presentarán observaciones a Contraloría.
Después de que Fast Check CL diera a conocer que la compra del inmueble del expresidente Salvador Allende por 24 mil UF tuviera como una de las beneficiarias a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, la UDI y RN decidieron acudir a Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado, respectivamente, para definir la legalidad de la transacción.
Tras denuncias por sobreproducción salmonera, la Contraloría realizó una auditoría a las funciones de fiscalización de Sernapesca. Sin embargo, debido a que estos procesos están judicializados, acotó su revisión a los procesos de denuncia. En esta línea, emitió una única recomendación al servicio: implementar “medidas de revisión y monitoreo pertinentes a los trabajos de análisis de datos que realiza su personal en los archivos Excel”.
Para velar por la transparencia, en 2023 el ente contralor ordenó que las corporaciones municipales publiquen sus estados financieros siguiendo un estándar internacional de contabilidad. Sin embargo, tras solicitud de las corporaciones Vitacura, Providencia, Las Condes, entre otras, la contralora Dorothy Pérez dictaminó ampliar el plazo hasta 2026.
En 2021, Contraloría publicó un informe reportando el pago de horas extras injustificadas a Juan Francisco García Mac-Vicar, administrador municipal de la gestión de Felipe Alessandri. Hoy García, quien es investigado por fraude al fisco tras una demanda de la Municipalidad de Santiago, figura como el nuevo administrador de Max Luksic en Huechuraba.
Los $49 millones de gastos reservados utilizados por Monsalve han puesto en tela de juicio el proceso de rendición de este monto y han abierto un flanco que podría escalar hasta Contraloría.
En junio, la Municipalidad de Santiago entregó cerca de 4 mil gift cards para ayudar a los vecinos con gastos de alimentación con el programa “STGO Te apoya”. Sin embargo, tras denuncias, Contraloría ordenó un proceso disciplinario pues el monto pagado por las tarjetas superó los $280 millones acordados en las bases de la licitación. El ente también apunta a que “no correspondió que el volante de difusión plasmara el nombre de la alcaldesa y del concejo municipal”.
Los trenes fueron adquiridos mediante contratos suscritos por la empresa entre 2018 y 2020, y significaron el desembolso de $18 mil millones en el 2022.
El reglamento había sido retirado el pasado 26 de junio, dado que el ente fiscalizador presento observaciones al respecto. La ministra Jeanette Jara señaló que "entendemos la preocupación por parte de las empresas, de los trabajadores y del mundo laboral en general, respecto de esta nueva normativa".
La fundación creada por la diputada Ana María Gazmuri, firmó un convenio entre junio de 2015 y mayo de 2016, para un proyecto que contemplaba instruir a 14 municipios sobre un fármaco en base de cannabis. Los municipios involucrados, desembolsaron entre 17 y 35 millones de pesos, sin embargo, solo dos de ellos recibieron el medicamento, otros dos obtuvieron un número menor a lo acordado, y el resto no lo recibió.
El día de ayer se anunció que Luis Arteaga presentó su renuncia tras revelarse, de acuerdo a una auditoría de Contraloría, que ocurrió una eliminación masiva de listas de espera. Artega había asumido el cargo en enero de 2023.
«Siempre cuando aumenta la oferta, se perjudica la demanda que, en este caso, son los peluqueros que están establecidos». Con estas palabras, Juan Carlos Gatica, vicepresidente de la Confederación Nacional Gremial de Peluqueros y Estilistas de Chile (Congrepech), nos entrega su visión sobre la masiva instalación de barberías en Chile, un tema que ha generado controversia en los últimos días.
A raíz de la candidatura de Reinaldo Vallejo para alcalde de Algarrobo, circula en redes sociales que él se ganó una licitación de 300 millones de pesos para instalar aires acondicionados en el Palacio de La Moneda. Sin embargo, un dictamen de la Contraloría desmiente este rumor que inició en 2014, por lo que Fast Check califica el contenido viral como falso.
Un informe de Contraloría reveló graves falencias en el control fronterizo por parte de la Policía de Investigaciones. De acuerdo a Mega, extranjeros que habían sido expulsados anteriormente, lograron entrar por pasos habilitados al país. Asimismo, da cuenta de expulsiones no materializadas.
Entre los detalles de la acusación, se indica que en el juego también habrían participado personas externas del organismo.
Según lo consignado por Radio Biobío, la solicitud contempla los planes de riesgos naturales, ubicación de grifos, funcionarios a cargo de la gestiones de riesgo; entre otros.
La Contraloría General de la República emitió varios informes de las seremías del Ministerio de Vivienda a nivel país, detectando una serie de irregularidades y un posible modus operandi. En este explicativo, Fast Check CL te cuenta los principales hallazgos del ente fiscalizador.
Lectores de Fast Check CL nos consultaron sobre la veracidad de un correo viralizado en redes sociales, en la que se notifica a asistir a una charla sobre la nueva Constitución de manera «obligatoria» en el Hospital Barros Luco Trudeau. Fast Check CL se contactó con el centro hospitalario, donde nos confirmaron que la información es cierta.
La Contraloría General de la República publicó un informe el mes pasado, donde señala que el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) ha autorizado productos plaguicidas para cultivos que están prohibidos en su uso por la Unión Europea (UE), debido al riesgo que podría producir en la salud de las personas que se exponen a ellos. A partir de eso, un post de Instagram viralizó el titular: «SAG aprueba 99 plaguicidas de los cuales 40 están prohibidos en la Unión Europea», lo cual Fast Check CL calificó de Incompleto al contemplar solo una parte de la información referida a las prohibiciones de la UE.
Un texto titulado «Contraloría autoriza controles en domicilios» se viralizó por redes sociales, aludiendo a un dictamen que generó la Contraloría General de la República (CGR), donde se le agregaba, a la Seremi de Salud, la nueva facultad de fiscalizar recintos privados sin permiso de sus moradores, para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias, en el marco, exclusivo, de la pandemia del Covid-19. Tras revisar la prensa, el documento oficial y haberlo corroborado con CGR, Fast Check CL califica como Real la información entregada.
El equipo de Fast Check CL comprobó que la alcadesa de Codegua, Ana Silva Gutiérrez aumentó en más de un 50% el sueldo de sus primos, funcionarios municipales de la Municipalidad de Codegua.
El equipo de FastCheckCL pudo comprobar mediante la revisión de la Ley Nº 21.226 que efectivamente el Poder Judicial (PJUD) podrá realizar las suspensiones de trabajo presencial, que considere pertinentes amparado en esta legislación.
