Una serie de formalizaciones, investigaciones administrativas y fallos judiciales han dado forma al denominado caso «Muñeca Bielorrusa», una causa penal que indaga un presunto esquema de tráfico de influencias y lavado de activos asociado al litigio entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec y Codelco. Pero, ¿qué es exactamente el caso «Muñeca Bielorrusa» y cómo se originó esta investigación?
El abogado Eduardo Lagos presentó una querella por violación de secreto ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra los fiscales Carmen Gloria Wittwer y Marco Antonio Muñoz, el jefe de Investigación Patrimonial y Anticorrupción del OS7 de Carabineros, Tulio Muñoz, y los periodistas Juan Diego Monsalva y Nicolás Sepúlveda, a quienes atribuye la filtración de antecedentes de una investigación penal reservada por presuntos delitos de lavado de activos y cohecho vinculada al denominado caso «Muñeca bielorrusa», causa que se encuentra a cargo de la Fiscalía Regional de Los Lagos.
Gonzalo Migueles Orteíza mantiene desde 2015 una relación con la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. De perfil reservado, ha tenido escasas apariciones públicas, limitadas a acompañarla en su nombramiento como ministra en 2018 y en un reconocimiento en 2022. Hoy se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos, en el marco del caso conocido como «la muñeca bielorrusa».
Mario Vargas aseguró que “Fiscalía no puede analizar información para la cual no está autorizada", señalando que la información en el celular de Luis Hermosilla debe ser destruida. Mientras la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de reposición presentado por el abogado para que el CDE no pueda acceder los chats de WhatsApp.
En un movimiento sin precedentes dentro del Caso Hermosilla, el abogado, Mario Vargas, ha presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Este recurso tiene como objetivo impedir que los más de 770.000 páginas de conversaciones extraídas del celular del abogado Luis Hermosilla lleguen a manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
