Maglio Cicardini
La Contraloría Regional de Atacama abrió un procedimiento disciplinario contra la Municipalidad de Copiapó, encabezada por el alcalde Maglio Cicardini, tras detectar reiteradas infracciones a la Ley de Compras Públicas en adquisiciones realizadas al proveedor Víctor Varela Ávila E.I.R.L. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la empresa recibió 73 órdenes de compra por más de $282 millones, pese a no siempre ofrecer la alternativa más económica y la justificación requerida. Fast Check CL constató que el municipio es el único cliente público de Varela, un exfuncionario de la propia casa comunal.
Fast Check CL accedió a dos oficios de Contraloría sobre la prestación de servicios de Genera Gestión Ambiental SpA por parte de la Municipalidad de Coyhaique. Uno de ellos cuestiona tratos directos por $1.553 millones, atribuyendo responsabilidad administrativa al alcalde Carlos Gatica (DC). El otro aborda pagos regularizados por más de $1.462 millones, correspondientes a servicios prestados sin contrato, que el organismo calificó como «irregulares e ilegales» y remitió al Concejo Municipal para evaluar eventuales responsabilidades del alcalde, que podrían derivar en un requerimiento para su destitución.
Hermana y asesora de Franco Parisi, Zandra Parisi combina su trayectoria empresarial con su reciente incursión en la política. Desde la creación de sociedades de inversión hasta la gestión de contratos millonarios con el Estado, su nombre ha ganado relevancia pública mientras se postula al Congreso por el Partido de la Gente. Fast Check CL revisó su entramado societario para dar cuenta de su faceta empresarial.
La Contraloría detectó que la entonces directora de Gestión de Personas de la Municipalidad de Padre Las Casas intervino en tres compras de vestuario por más de $28 millones a una proveedora que es abuela de sus hijas. Aunque el informe omitió su identidad, Fast Check CL la identificó a través de antecedentes disponibles en Transparencia del municipio.
Un informe de la Contraloría Regional de Aysén indicó que, entre enero y septiembre de 2024, en 14 ocasiones los actos administrativos que aprobaban contrataciones por un total de $689,6 millones se emitieron después de que los servicios ya se hubieran prestado. Fast Check CL accedió a un informe interno de la Dirección de Control de la Municipalidad de Coyhaique, que reveló que, desde enero de 2022 hasta mayo de 2025, se realizaron cientos de compras y contrataciones por más de $4.400 millones, las cuales fueron «regularizadas» tras su ejecución, eludiendo los conductos regulares dispuestos en Mercado Público.
La Contraloría Regional de O’Higgins detectó que Inversiones Santa Elena SpA recibió más de $334 millones en tratos directos con la Corporación Municipal de Rancagua (CORMUN). Tras analizar una muestra del 45,23% del monto, se concluyó que fueron aprobados sin la justificación necesaria. La empresa está siendo investigada por su posible rol como fachada del empresario Javier Cornejo, amigo cercano del exalcalde Juan Ramón Godoy (ex PS).
Una nueva querella penal acusa a Clínica Ensenada de prácticas clínicas irregulares, incluyendo la presunta muerte de una paciente, uso de insumos no autorizados y personal sin acreditación. La denuncia se suma a otra presentada en 2024 por un enfermero. Desde 2014, la clínica ha recibido más de $71 mil millones en fondos públicos y, según detalla un informe de la Contraloría General de la República, fue objeto de dos auditorías internas realizadas por Fonasa, además de un tercer proceso que no pudo concretarse debido a que la clínica no entregó los antecedentes requeridos.
Entre febrero y mayo de 2024, la Municipalidad de El Quisco contrató a JM Producciones SpA por más de $38 millones, pese a que una de sus funcionarias —Marcela Carrera Gajardo— figuraba como socia de la empresa. Así lo constató la Contraloría Regional de Valparaíso en su Informe N° 713/2024, que advirtió la infracción a la Ley 19.886, vigente desde diciembre de 2023. Una revisión de Fast Check CL a registros públicos reveló que, desde 2022 hasta julio de 2024 —cuando Carrera dejó formalmente la sociedad—, la empresa recibió más de $100 millones desde ese municipio.
El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella penal contra la constructora Hermanos Montecinos Muñoz SpA por el presunto uso de facturas falsas para rebajar impuestos y obtener devoluciones indebidas, generando un perjuicio fiscal superior a los $100 millones. Fast Check CL identificó que la empresa figura como proveedora del Estado con contratos adjudicados por más de $1.800 millones entre 2023 y 2025.
La Contraloría General de la República observó un eventual conflicto de intereses en la Municipalidad de Copiapó, luego de constatar que un proveedor de la campaña del exalcalde Marcos López fue contratado mediante trato directo por más de $7 millones, entre 2022 y 2024, para actividades de servicios relacionadas con la impresión de material gráfico. Según el informe, el prestador de servicios participó en la campaña electoral de 2021, por lo que la autoridad debió abstenerse de intervenir en su contratación posterior. Fast Check CL detectó que la relación entre López y el proveedor se remonta a 2016, por lo que la cifra inicial es mayor a la consignada en el documento.
Cuatro organismos públicos y privados —entre ellos, municipios, un servicio estatal y una empresa financiera— presentan querellas penales contra ASEDO Limitada, proveedora de servicios de limpieza. A la empresa se le apuntan los delitos de estafa, uso malicioso de documentos y falsificación reiterada. Tras revisar los libelos se observó un presunto patrón de irregularidades que incluye la emisión de facturas ideológicamente falsas y el uso de pólizas falsificadas en la adjudicación de contratos públicos.
En redes sociales se viralizó que la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, habría firmado contratos con organismos públicos a través de una empresa y una fundación de la que era parte. Fast Check calificó esta información como #Añejo, ya que los contratos sí existieron, pero se celebraron entre 2019 y 2022, antes de que asumiera como ministra. Arredondo participó en convenios con entidades públicas a través de la empresa Arrendo y Guzmán Ltda. y la Fundación Cultural La Agencia. Sin embargo, según su Declaración de Intereses y Patrimonio, se desvinculó de ambas en 2023, y no figura en documentos posteriores.
En X se difunde que la Municipalidad de Iquique adjudicó $426 millones para un servicio de catering. Sin embargo, esto es #Engañoso: aunque el documento compartido es real, el monto adjudicado para el evento es de $148 millones, y no de 426 millones, como se afirma.
Este jueves comenzó a regir el nuevo sistema de Mercado Público. Entre las principales modificaciones se encuentra la reducción para contrataciones vía trato directo y favorecer a las empresas pequeñas.
Mientras el ministerio estuvo a su mando, la USS recibió $1.482 millones en forma de nueve órdenes de compra, en su mayoría a través de convenio marco. La más cuantiosa fue un trato directo por $481 millones por instrumentos de evaluación para docentes. Aquí los detalles.
Alex Castillo es un estrecho colaborador del municipio de Los Lagos, llegando a ser por algunos pasajes funcionario a honorario de la Unidad de Cultura y, al mismo tiempo, un proveedor de la comuna a través de Mercado Público. Fast Check CL detectó que tras su salida de la casa comunal, consiguió hasta 10 licitaciones consecutivas en su rubro, relacionado con amplificación, sonido e iluminación.
Aseguran que se adjudicaron $751 millones para un «Servicio de alimentación población migrante», «a $14 mil cada menú». Sin embargo, esta información es engañosa: si bien la orden de compra es real, es falso que se pagó $14 mil por cada menú, puesto que en rigor esa cifra contempla tres comidas (o menús) para cada migrante.
Se afirma, con una orden de compra como evidencia, que el Ministerio del Interior desembolsó cerca de medio millón de pesos en «solo un café de grano». Esto es impreciso, ya que es cierto que se emitió una orden de compra por cerca de medio millones de pesos, sin embargo, no fue una, sino 56 unidades las que se adquirieron.
Por redes sociales circulan imágenes de un contrato directo entre la Secretaría General de Gobierno y la Corporación Libertad y Comunicaciones, por un monto de 25 millones. La publicación señala como dueña de esta empresa a Javiera Parada Ortiz, actriz y política nacional, ex militante de Revolución Democrática. Además mencionan que la empresa inició actividades el 22 de febrero de 2021 e inmediatamente en marzo, se adjudicó un proyecto de pedagogía comunicacional para el Gobierno. Fast Check CL pudo corroborar los documentos del contrato, el inicio de actividades de esta empresa, y el vínculo con la actriz, lo cual coincide con las imágenes compartidas en Internet, por tanto se califica como un hecho Real.
El alza desproporcionada en los precios de algunos implementos de cuidado personal desde principios de año, llamó la atención de la Fiscalía Nacional Económica, quienes actualmente están investigando los registros de compra de estos productos.
Fast Check CL comprobó que la obtención de las espadas es real y corresponde al Almacén Militar, el cual efectúa esta compra todos los años y que se realiza por la Ley de Compras Públicas. Sin embargo, la adquisición de estos productos trajo críticas hacia la fuerza militar, debido a que el gasto se hizo en medio de la pandemia por Covid-19.
Nuestros lectores nos consultaron si era real que la Subsecretaría de Prevención del Delito, estaría licitando un sistema de «teleprotección en todo el país». Fast Check CL investigó el tema y pudo comprobar que es real, ya que efectivamente hay una licitación en Mercado Público que señala eso textual.
