Mientras se gestionaba un proyecto por más de $1.673 millones con ProCultura, el Gobierno Regional de Aysén (GORE) sostuvo cinco reuniones que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby, pese a que la normativa exige su inscripción. Según constató la Contraloría, en los encuentros participaron el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Francisco Lara—designado como sujeto pasivo de lobby—, y representantes de la fundación, como el propio Alberto Larraín. La omisión motivó una instrucción formal para regularizar los registros.
La acción judicial contempla, además, los presuntos delitos de apropiación indebida, fraude en la suscripción de contrato aleatorio y fraude al seguro frustrado. En 2023, ProCultura cerró sus operaciones en el marco del denominado "Caso Convenios".
El abogado, Aldo Duque, señaló a Fast Check CL que presentó la querella por encargo de Chile Vamos y que asumirá su patrocinio lo que demore su tramitación. Hasta agosto Duque estuvo en campaña por la alcaldía de Santiago, cuando bajó su candidatura en favor de Mario Desbordes (RN). Ahora, representa a la Oposición como su abogado en una querella por fraude al fisco en el marco del caso ProCultura relacionado al GORE RM, liderado por Claudio Orrego.
El Mostrador dio a conocer que Irina Karamanos realizó transferencias a la fundación investigada en el caso Convenios. La ex primera dama desmintió haber enviado dinero a ProCultura, mientras que el director de la PDI señaló que la institución no ha hecho recomendaciones sobre citarla a declarar como imputada.
