En 2022, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) contrató a Fundación Chile por $241 millones para ejecutar un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, una auditoría de la Contraloría detectó que los servicios se prestaron antes de firmar el contrato y que no se acreditaron ni la entrega ni la aprobación técnica de los productos.