Este martes 27 de agosto, el Presidente Gabriel Boric promulgó la Reforma al Código Penal en un acto realizado en la comuna de La Cisterna. Estas modificaciones formaban parte del fast track en seguridad, buscando otorgar medidas de protección para intermediarios, tales como: fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales en causas sobre materias de crimen organizado.
Por Fast Check CL
Durante la jornada de este martes, el Presidente Gabriel Boric, en compañía de sus ministros —Carolina Tohá (Interior), Luis Cordero (Justicia) y Álvaro Elizalde (Segpres)—, promulgó la Reforma al Código Penal y Código Procesal Penal, en una ceremonia llevada a cabo en la comuna de la Cisterna, Región Metropolitana.
El proyecto de Gobierno contempla la reducción de la reincidencia y una mejor persecución penal para delitos de mayor connotación social, considerada como una de las reformas más significativas en la materia.
Esta ley es parte del fast track legislativo en seguridad, contemplando medidas de protección para intermediarios como, fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales en causas sobre materias de crimen organizado en nuestro país. Además, integra herramientas para mejorar de forma eficiente y efectiva enfatizando en castigar y prevenir la reincidencia de los delitos.
¿Cuáles son los puntos claves de esta reforma?
Fast Check CL analizó la promulgación de ambas modificaciones, constatando que hay seis ejes: el aumento de penas, ampliación de herramientas, agilización de juicios orales; entre otras.
- Aumento de penas tanto para individuos reincidentes en actos delictivos como para criminales habituales.
- Ampliación de herramientas para técnicas y estrategias de investigación, interceptaciones y grabaciones comunicacionales de redes de organizaciones delictivas. Así, mejorar la eficacia ante la lucha contra el crimen organizado.
- Agilización de Juicios orales por implementación de nuevas reglas establecidas con el objetivo de hacer que el sistema judicial sea más eficiente y rápido en las causas que se están judicializando.
- La protección para intervinientes proporciona medidas para garantizar la seguridad durante el proceso judicial de fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales involucrados en casos de crimen organizado.
- Incentivos para la cooperación de imputados dado que, se añadió un estatuto que regula la cooperación de manera eficaz por parte de los imputados y la incorporación de normas específicas para el manejo de drogas e incluyendo la mejora en la destrucción de drogas decomisadas.
- Los cambios en la Ley N°2000, se trata sobre el tráfico de estupefacientes, incluyendo a Gendarmería de Chile y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de los recursos decomisados.
