El 16 de noviembre de 2022, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvi) de la Región de Valparaíso y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu de Valparaíso); suscribieron un convenio de transferencia de recursos con ProCultura.
Dicho documento fue aprobado mediante Resolución Exenta N°2977 del 14 de diciembre del mismo año —firmado por el exdirector del servicio,
Rodrigo Uribe Velásquez—, cuyo objetivo era financiar intervenciones técnicas, sociales y legales en campamentos de la comuna de Villa Alemana.
El monto total comprometido fue de $248.373.378, a ejecutarse en un período de 14 meses. ProCultura debía actuar como unidad técnica y financiera para el diseño de loteo definitivo, expediente de expropiación, anteproyectos de especialidades, y acciones de vinculación comunitaria. Los sectores considerados en la intervención eran los campamentos Lomas de Bellavista, Manzana 33 y Las Viñas-Irene Frei.
Adicionalmente, el convenio establecía que los recursos se entregarían en dos cuotas del 50% cada una. La primera remesa, por $124.186.689, fue transferida el 9 de marzo de 2023. La segunda cuota quedaba sujeta a la rendición satisfactoria de al menos el 80% de la primera, condición que no se cumplió.
Las observaciones a ProCultura
Según informes técnicos del Departamento de Asentamientos Precarios del Serviu de Valparaíso, a los que tuvo acceso Fast Check CL, ProCultura entregó productos incompletos y no conformes con los términos de referencia del convenio. Entre ellos se menciona la entrega de levantamientos topográficos y estudios de títulos que no contaban con escrituras ni análisis jurídico para los procesos de expropiación.
El seguimiento administrativo del convenio detectó, además, que no se cumplieron los plazos establecidos en la carta gantt ni se entregaron productos conforme al calendario pactado. Las rendiciones correspondientes a mayo y junio de 2023 fueron observadas, y la documentación del mes de julio fue devuelta por encontrarse pendientes anteriores sin subsanar.
Estas observaciones fueron notificadas a la fundación mediante oficios electrónicos enviados por el Serviu de Valparaíso en agosto y septiembre de 2023. En dichas comunicaciones también se hizo presente que ProCultura no entregó garantías contractuales exigidas en sus contratos con terceros, según lo estipulaba el convenio.
Término anticipado y liquidación del convenio
El 24 de noviembre de 2023, mediante Resolución Exenta N°1478, la Seremi de Valparaíso resolvió poner término anticipado al convenio con ProCultura. La decisión se basó en los incumplimientos contractuales detectados, tanto en aspectos técnicos como administrativos. La resolución también instruyó la restitución de los fondos públicos transferidos.
El procedimiento de liquidación se formalizó mediante la Resolución Exenta N°1479, dictada el 28 de noviembre del 2013. Esta resolución otorgó un plazo para que ProCultura presentara antecedentes contables o técnicos que justificaran los montos ejecutados. El 14 de diciembre del mismo año, la Seremi concluyó el proceso de liquidación y se determinó que la fundación co-fundada por Alberto Larraín debía restituir $108.919.144.
Este monto corresponde a la diferencia entre la primera cuota transferida y los gastos que fueron debidamente aprobados. La segunda cuota nunca fue entregada debido al incumplimiento de las condiciones contractuales establecidas para su liberación.
La arremetida del CDE
En razón de la auditoría del Serviu, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó, el 5 de abril de 2024, una demanda de cobro de pesos contra ProCultura. La acción se ingresó ante el 13° Juzgado Civil de Santiago. Tiempo después —el 31 de mayo— la Contraloría solicitó el reintegro de los fondos.
La demanda solicita la restitución íntegra de los $108.919.144 determinados en la liquidación del convenio, más reajustes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) e intereses corrientes, calculados desde el incumplimiento hasta el pago efectivo. Asimismo, se solicita que la parte demandada sea condenada en costas del juicio.
En el escrito, el CDE sostiene que PoCultura incumplió varias cláusulas del contrato, especialmente en lo relativo a fiscalización técnica, plazos de entrega, rendición de cuentas y garantías contractuales. Se invocó la cláusula octava del convenio, que establece expresamente la facultad de la SEREMI para resolver anticipadamente el contrato y exigir la devolución de fondos.
El CDE acompañó a la demanda con una serie de documentos administrativos que dan cuenta del proceso contractual y sus modificaciones. Entre ellos se encuentra la Resolución Exenta N°2977 que aprueba el convenio, la Resolución N°188 que lo modifica, y la Resolución N°1419 que inició el procedimiento de término anticipado.
También se adjuntaron las resoluciones que resolvieron la liquidación (N°1544) y el procedimiento previo (N°1479), junto con los estatutos legales de la Fundación Procultura. Todos estos antecedentes fueron presentados al tribunal con citación.
El estado de la demanda
A la fecha de redacción de este artículo, la causa se encuentra en etapa probatoria en el 13° Juzgado Civil de Santiago. En una resolución del 6 de mayo de 2025, el tribunal acogió un recurso de reposición y estableció los hechos que deben ser probados en juicio, entre ellos:
- La existencia del vínculo contractual.
- Sus obligaciones.
- El grado de cumplimiento de las partes.
- La efectividad del término anticipado.
Además de los gobiernos regionales, también se investigan a otros organismos dependientes del Ministerio de Vivienda. En Antofagasta y el Biobío, el Ministerio Público ha puesto el ojo en convenios millonarios que guardan relación al diagnóstico territorial para la ejecución de proyectos e intervención de asentamientos precarios, cifra que entre ambas regiones suma más de $548 millones.
