El combate por la desinformación y los intentos para regular este fenómeno han sido un desafío para la Unión Europea (UE) quienes han implementado medidas como un Código de Buenas Prácticas con la adhesión de grandes plataformas como Meta y Google, además de una Ley de Servicios Digitales. ¿De qué tratan? En este artículo de Fast Check te lo explicamos.
Por Fast Check CL
Con el fin de combatir las desinformaciones e intensificar las medidas para la regulación de las grandes plataformas, la Comisión Europea publicó en junio de este año la segunda versión del Código de Buenas Prácticas Reforzado sobre Desinformación 2022, con la firma de las grandes compañías digitales que se comprometieron a mejorar sus acciones en torno a los bulos que circulan en internet.
Entre las plataformas firmantes se encuentra Meta, Google, Twitter, Microsoft, Vimeo y Tik Tok, que participaron en la redacción de los 40 compromisos de la Unión Europea (UE) según El Clarín.
Además, avanzaron en la Ley de Servicios Digitales (LSD) que obliga a las grandes plataformas a evaluar y gestionar los riesgos de internet como “la apología al odio y la desinformación” lo que es un “hito en la historia de la regulación de internet” señalan desde Amnistía Internacional.
Código de Buenas Prácticas de 2018
La primera versión del Código de Buenas Prácticas se presentó en octubre de 2018 y fue elaborado por un Grupo de Expertos de Alto Nivel que abordaron el problema de la desinformación definiendo un enfoque de autorregulación de las plataformas.
Esto quiere decir, que las distintas compañías del mundo digital pueden participar de forma voluntaria del acuerdo.
Dentro de los compromisos, se abordó cómo limitar los ingresos publicitarios de cuentas y sitios web ligados a desinformaciones.
También se estipuló que las redes sociales deben implementar herramientas para reducir la información, tener una política clara sobre los bots, cierre de cuentas falsas y facilitar herramientas a los usuarios para ayudar que tomen decisiones en el área digital, según un artículo de Raquel Seijas de la Universidad de Málaga en Dialnet
Respecto a la implementación de la medida, fue evaluada por la Comisión de la UE encontrando deficiencias como aplicación incoherente e incompleta de las plataformas, falta de un mecanismo de seguimiento, falta de compromiso sobre el acceso a los datos para investigar la desinformación y participación limitada de las partes interesadas, señalan desde el sitio web de la Comisión Europea.
Código de Buenas Prácticas Reforzado
En junio de este año se lanzó el nuevo Código de Buenas Prácticas Reforzado sobre Desinformación 2022, con correcciones luego de la evaluación realizada por la Comisión Europea.
Sobre los 40 compromisos establecidos por las plataformas, uno de los más relevantes es que las principales plataformas de anuncios como Google y Alphabet se comprometieron a bloquear los anuncios con “contenido conspirativo y verificar de donde provienen” junto a contrarrestar los anuncios que contienen desinformación, explican en El Clarín.
Además las redes sociales tienen que otorgar herramientas para identificar y reportar desinformaciones y colaborar constantemente con medios de verificación de datos.
En tanto, las plataformas deben establecer indicaciones para que las personas accedan a fuentes de información confiables que cumplan con la Iniciativa de Confianza en el Periodismo.
También, se establece generar mayores herramientas para los medios de verificación de datos “entregando acceso a datos agregados y anónimos” señala El Clarín.
Y, se indica que las “fake news” no serán eliminadas al instante para no atentar con la libertad de expresión.
Además, las plataformas digitales ligadas a los principios, se comprometen a desarrollar mayor transparencia en los anuncios políticos en las redes sociales.
Ley de Servicios Digitales
Por otra parte, en julio de este año, el Parlamento Europeo dio el visto bueno a la Ley de Servicios Digitales (LSD) que obliga a las plataformas digitales a combatir la desinformación y la difusión de contenidos ilegales, de lo contrario, se exponen a multas de hasta un 6% de su facturación global.
Esta ley “mejora significativamente los mecanismos de eliminación de contenidos ilícitos y la protección de los derechos fundamentales de los usuarios, incluida la libertad de expresión”, señalan en el sitio web de la UE.
También busca combatir la incitación al odio.
Además las redes sociales tendrán que realizar auditorías anuales independientes y deberán dar acceso a los datos de las plataformas respecto de sus algoritmos para “garantizar un mayor nivel de escrutinio y rendición de cuentas”, señalan en Amnistía Nacional.
La ley entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2024.
