“Envían abogados españoles por parte de la ONU y comunidad europea para colaboración del proceso constituyente”: #Falso

Circula en redes sociales un video en el que se afirma el envío de abogados españoles, por parte de la ONU y la comunidad europea, para vigilar y controlar el proceso constitucional que culmina en diciembre 2023. Esto es #Falso, ya que en el documento no hay mención de abogados ni de la ONU. En realidad, es un convenio entre centros de estudios españoles que quisieron monitorear el primer proceso constituyente.

Circula en redes sociales un video en el que se afirma el envío de abogados españoles, por parte de la ONU y la comunidad europea, para vigilar y controlar el proceso constitucional que culmina en diciembre 2023. Esto es #Falso, ya que en el documento no hay mención de abogados ni de la ONU. En realidad, es un convenio entre centros de estudios españoles que quisieron monitorear el primer proceso constituyente.


Por si tienes poco tiempo

  • En un viral se indica que la ONU y la comunidad europea enviaron abogados españoles para colaborar en el proceso constituyente chileno que culmina en diciembre. Estos abogados, según dicen, serían parte de una comisión hecha específicamente para vigilar y controlar el proceso.
  • Pero esto es #Falso. El documento en realidad es un convenio entre centros de estudios españoles que quisieron estudiar el primer proceso constituyente — de la Convención Constitucional— y cuya fecha límite era el 31 de diciembre de 2022.
  • Dicho de otro modo, no se trata de un mandato de la ONU y la comunidad europea para vigilar y controlar el proceso constitucional chileno. De hecho, no hay mención de la ONU ni de abogados en el documento.

Por Fast Check CL

Se ha hecho viral en redes sociales (1,2,3) un video que trae escrito «Envían abogados españoles por parte de la ONU y comunidad europea para colaboración del proceso constituyente. Comisión para vigilancia y control». En los mismos clips se comparten otros textos como «todos en contra en diciembre» e «intervención ONU en todo este proceso ilegítimo y globalista».

En el registro aparece el ex-convencional Rodrigo Logan, quien señala que un documento oficial de España da «cuenta de cuáles son los abogados españoles que mandaron la comunidad Europea y la ONU a Chile para inmiscuirse en el proceso constituyente». Luego, afirma que se creó una comisión para «seguir, vigilar y controlar el proceso».

Pero todo lo anterior es #Falso. El documento en realidad es un convenio entre un centro de estudio y una fundación —ambas españolas— que se enfocaron en investigar el primer proceso constitucional, encabezado por la Convención Constituyente y que finalizó el 4 de septiembre de 2022. Además, el documento no hace mención de abogados ni de las Naciones Unidas.

El programa online hace mención al primer proceso constitucional

En primer lugar, Fast Check realizó una búsqueda avanzada en Google con el nombre de Rodrigo Logan y la palabra «visión» que aparece en la esquina superior derecha del video. Los resultados fueron inmediatos: este fue invitado en el programa «Sin censura» del medio de comunicación Koncevision TV.

Al buscar el nombre de Rodrigo Logan y los conceptos clave «Koncevision TV» y «Sin Censura» en los buscadores de Youtube y Facebook, se encontró el programa original de donde proviene el contenido viral.

El programa fue emitido el 4 de enero de 2023, una semana antes de que la Cámara despachara a ley la reforma del nuevo proceso constituyente «Boletín Nº 15614-07» el 11 de enero, y mucho antes que se formara la Comisión Experta, el 6 de marzo pasado.

En pantalla, Rodrigo Logan presenta un documento con el siguiente título: «Boletín Oficial del Estado» con fecha Viernes 16 de julio de 2021.

Todo esto significa que, al proceso que hace referencia Rodrigo Logan, es al primer intento de redactar una nueva Constitución. Aquel que estuvo protagonizado por la Convención Constitucional y culminó con el triunfo de la opción «Rechazo» el 4 de septiembre de 2022.

Es un convenio independiente de la constituyente

Como bien se mencionó, el documento que se nombra es el «Boletín Oficial del Estado: viernes 16 de julio de 2021, Número 169», el cual también se puede encontrar en el sitio web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España.

Este consiste en un convenio firmado entre el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y la Fundación Alternativas, ambas instituciones radicadas en España.

El objetivo del convenio es colaborar para la realización de «actividades relativas al proceso constitucional de Chile previsto para 2021 y 2022».

Además, al leer el documento se da cuenta que la Convención Constitucional solo es mencionada en la claúsula Primera del convenio, donde se hace hincapié en querer incluir eventualmente a los integrantes de la convención en reuniones de especialistas del área política y de sociedad civil.

No se mencionan ni abogados, ni a la ONU

Por otro lado, corroboramos que a lo largo del documento no se hace mención de abogados ni de miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para confirmarlo, se buscaron estos conceptos con la opción de «Buscar Texto» en Adobe Reader.

En la búsqueda se utilizaron las palabras «Abogado», «Abogada», «Abogados», «ONU», «Organización de las Naciones Unidas» y otras formas derivadas de llamar a la organización. Estas palabras no fueron encontradas en el convenio.

Se halló una mención a la Unión Europea y al Parlamento Europeo en la cláusula Décima del documento, donde se señala que los miembros del convenio están obligados a seguir la «normativa reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal, en especial el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo».

Luego, buscando nombres en el documento encontramos a Yolanda Gómez Sánchez y a Diego López Garrido, la Directora del CEPC y el representante de la Fundación Alternativas, respectivamente. Ambos son Licenciados en Derecho, pero en este caso no están ejerciendo como abogados para las organizaciones que representan.

También aparece el nombre de Vicente Palacio, director ejecutivo del proyecto y Doctor en Filosofía. Todo esto demuestra que no hay nada en el documento que sustente la información que se viralizó en redes sociales, pues no se menciona en ningún momento algo sobre abogados que fueron enviados por la comunidad europea y la ONU.

La Comisión de Seguimiento, vigilancia y control es para el seguimiento del mismo convenio

En la tercera cláusula del escrito, Fast Check CL corrobora que la «Comisión de Seguimiento, vigilancia y control» mencionada en el documento, tiene como objetivo el seguir la ejecución del mismo convenio, por lo tanto, no tiene ninguna relación con la Convención Constitucional.

En otras palabras, es una comisión formada para asegurar que lo estipulado en el convenio se lleve a cabo. No hay nada que señale que la comisión fue creada para seguir, vigilar y controlar el proceso constituyente.

Conclusión

Fast Check califica el contenido viral como #Falso. El documento que ocupan como prueba no menciona en ningún momento el envío de abogados por parte de la ONU. En realidad es un convenio entre dos organizaciones españolas que buscaban estudiar el primer proceso constituyente de la Convención Constitucional. Además, la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control busca que lo estipulado en el convenio se lleve a cabo, por lo tanto, no tiene relación con el proceso constitucional chileno.

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