En Collipulli, Provincia de Malleco, se desmanteló una asociación ilícita dedicada al robo y comercialización ilegal de madera. El operativo dejó a ocho personas detenidas, y se logró gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía Local de Collipulli y el OS-9 de Carabineros, quienes informaron que el grupo trabajaba con alta “capacidad técnica, incluyendo tres aserraderos móviles”.
Por Fast Check CL
Una asociación ilícita dedicada al robo y comercialización ilegal de madera fue desmantelada en la comuna de Collipulli, Provincia de Malleco. El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, informó que gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía Local de Collipulli y el OS-9 de Carabineros, se logró la detención de ocho integrantes de esta organización crimina
Según señaló el fiscal Garrido, y cómo consigna Cooperativa, esta organización delictiva operaba como un “emprendimiento criminal abocado a la sustracción y al procesamiento de madera para su venta posterior en la zona central del país”. La autoridad destacó además la cantidad de elementos incautados, entre los que resaltan tres aserraderos móviles que estaban en posesión de la banda.
De los detenidos, tres de ellos quedaron en prisión preventiva este jueves, acusados de los delitos de porte ilegal de armas y municiones, asociación delictiva y usurpación. El grupo operaba de manera coordinada para extraer y procesar la madera, propiedad de Forestal Mininco, para luego revenderla no solo en La Araucanía, sino también en las regiones de O’Higgins y Metropolitana.
Cabe destacar que este golpe a la delincuencia forestal se produjo horas después de la quema de 11 vehículos y maquinaria en la comuna de Lautaro. A pesar de estos hechos, el delegado presidencial de la región, José Montalva, aseguró que hay una disminución en los índices de violencia rural y atentados en los últimos meses.
En este sentido, y a pesar de los avances, los gremios agrícolas y forestales han sido críticos de las cifras, argumentando que la realidad en los campos difiere de los informes entregados por las autoridades. Finalmente, la polémica se agudiza mientras la presencia militar en la Macrozona Sur, en el marco del estado de excepción constitucional, cumple dos años de operación.
