¿Qué se sabe sobre el caso de Diana González Catalán?: la CORE del Bío Bío que fue detenida por agresión en contra de su hermana y un carabinero

La consejera regional del Bío Bío, Diana González Catalán, fue detenida en Concepción tras ser acusada de agredir a su hermana y a un carabinero. El incidente ocurrió durante la tarde del martes y actualmente la Fiscalía está a la espera de los informes correspondientes para determinar los pasos a seguir en este caso.

La consejera regional del Bío Bío, Diana González Catalán, fue detenida en Concepción tras ser acusada de agredir a su hermana y a un carabinero. El incidente ocurrió durante la tarde del martes y actualmente la Fiscalía está a la espera de los informes correspondientes para determinar los pasos a seguir en este caso.


Por Fast Check CL

La consejera regional del Bío Bío, Diana González Catalán, fue detenida en Concepción tras ser acusada de agredir a su hermana y a un carabinero, en un incidente que ocurrió la tarde del martes, cuando Carabineros recibió una llamada reportando una agresión. Al llegar al lugar, encontraron a una mujer con una visible lesión en la nariz, quien identificó a su agresora como su hermana, Diana González Catalán, consejera regional del Partido Ecologista.

Los agentes procedieron a detener a González, momento en el cual un cabo segundo resultó golpeado en el brazo derecho por la detenida, según el parte policial, en base a lo consignado por Radio Agricultura. Durante la aprehensión, González mencionó su cargo, destacando que la compra de los vehículos policiales era gracias a su gestión.

La hermana de la consejera fue trasladada a un centro asistencial para constatar lesiones, mientras que el carabinero no requirió atención médica. En este contexto, se informó que la Fiscalía está a la espera de los informes para determinar los pasos a seguir en este caso.

Fast Check CL es un medio de comunicación, que depende de sus suscriptores para financiar el equipo de trabajo que hizo este artículo. Sin ti este proyecto finalizará en 2025. Puedes ser suscriptor/a y ayudarnos a combatir la desinformación en Chile por solo 1.500 al mes. 

Te puede interesar:

60 días de indagatoria: formalizan a funcionario de la PDI acusado de eliminar órdenes de investigar

El Ministerio Público formalizó al exsubinspector de la PDI, Fabián Cornejo Araos, por la supuesta eliminación de 58 decretos de investigación en 2021, hechos atribuidos al uso de un computador fiscal y de la clave institucional de su superior, según la querella del CDE. La defensa solicitó suspender el proceso mediante una cautela de garantía por no contar con acceso a la carpeta investigativa, petición que fue rechazada. El tribunal adelantó para el 12 de enero la audiencia en que se discutirán las medidas cautelares y fijó un plazo de 60 días para la investigación.

Documento del Departamento de Estado de EE.UU. instruye negar visa H-1B para verificadores de datos y moderadores de contenido

Un memorándum del Departamento de Estado de Estados Unidos, instruyó a su personal a rechazar las solicitudes de visa a personas que han trabajado en medios de verificación de datos y moderación de contenidos. Según la National Public Radio (NPR) y Reuters, esta es una medida que la administración del presidente de Estados Unidos aplicó por supuestas «censuras» a la libertad de expresión.

Últimos chequeos:

“Hay 3.000 violaciones por año”: #Real

Los registros de la Subsecretaría de Prevención del Delito muestran 3.298 casos de violación en 2024 y 3.384 en 2025, cifras que se aproximan a las 3.000 mencionadas por Kast y que respaldan la calificación de la afirmación como verdadera.

Funcionario de Hospital de La Serena habría permitido compras infladas que acumularon un perjuicio de $500 millones

El Hospital San Juan de Dios de La Serena presentó una querella criminal contra Eduardo Campusano Lisera, funcionario a cargo del área de Economato, por los presuntos delitos de fraude al Fisco, administración desleal, malversación de caudales públicos y cohecho. Según el recinto asistencial, el trabajador habría direccionado compras públicas hacia dos proveedores específicos que ofrecían precios abultados. La tesis expuesta en la acción judicial sostiene que ambos proveedores actuaban de manera concertada. Fast Check CL pudo corroborar ese vínculo: se trata de un matrimonio. De acuerdo con la querella, este eventual direccionamiento hacia servicios con sobreprecio habría generado un perjuicio fiscal preliminar estimado en $500.000.000.