La Fiscalía de la Nación de Perú presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por su presunta implicación en el escándalo “Rolexgate”. La acusación se centra en la recepción no declarada de relojes y joyas de lujo, lo que podría constituir cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
Por Fast Check CL
El Ministerio Público de Perú, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra. La acusación, que ha causado gran revuelo en el país, está relacionada con el escándalo conocido como “Rolexgate”, en donde se señala que Boluarte habría recibido relojes y joyas de lujo sin declararlos, lo que constituiría el delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
Según el comunicado de la Fiscalía de la Nación, en base a lo consignado por CNN, los bienes involucrados incluyen tres relojes Rolex, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera con 94 brillantes, artículos que habrían sido donados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez. La denuncia sugiere que Boluarte, en su calidad de presidenta, firmó varios decretos y leyes entre marzo de 2023 y marzo de 2024 que beneficiaron a la región de Ayacucho, creando así un vínculo directo entre los regalos recibidos y las decisiones gubernamentales.
El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó la denuncia el pasado viernes ante el Congreso de la República, donde será evaluada por la Comisión Permanente. Si se encuentran indicios suficientes, se creará una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar el caso y emitir un informe. De ser aceptada la denuncia, el pleno del Congreso podría suspender y destituir a Boluarte, iniciando así un juicio político en su contra.
Desde que estalló el escándalo, la presidenta Boluarte devolvió los artículos de lujo y ha mantenido un perfil bajo en los medios. Aún así, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) presentó una denuncia constitucional adicional contra Boluarte por ausentarse del cargo durante 12 días debido a un postoperatorio de intervenciones estéticas, lo que también está siendo investigado.
Finalmente, la defensa de Boluarte alega una vulneración del derecho a la defensa, argumentando que la Fiscalía no permitió su intervención en ciertas diligencias de investigación. Mientras tanto, el caso “Rolexgate” sigue su curso, con el Congreso, evaluando las pruebas y testimonios presentados por el Ministerio Público para determinar los próximos pasos en este proceso.
