Más de 200 mujeres se vieron forzadas a la maternidad debido a una masiva falla en los anticonceptivos suministrados por el Estado en 2020. Esta misma semana, y casi cuatro años después, Corporación Miles presentó una demanda en representación de 7 mujeres, tras la falta de mediación con el Consejo de Defensa del Estado. A pesar de las alertas emitidas por el Ministerio de Salud, desde entonces, aún no se dispone de un registro preciso de las afectadas por el caso Anulette CD.
Por Fast Check CL
«Me obligaron a ser mamá». Esta frase, breve y sin mayores detalles, es de Valentina, mujer afectada por las píldoras anticonceptivas defectuosas que entregó el Estado, y que tuvo como consecuencias que ella, y más de 200 mujeres, resultaran embarazadas en 2020.
Hace una semana, Corporación Miles -en representación de siete mujeres- presentó una querella en contra del Estado, tras usar los anticonceptivos defectuosos suministrados por el sistema público de salud. La acción judicial responde a la frustrada mediación con el Consejo de Defensa del Estado.
Desde 2020 a la fecha, son 5 las alertas sanitarias que el Ministerio de Salud ha emitido por posibles anticonceptivos defectuosos. Pese a ello, en la actualidad no hay un catastro que pueda medir con real precisión la cantidad de mujeres afectadas por el caso de Anulette CD u otra falla masiva, aunque desde el ISP se han tomado algunas medidas preventivas.
Fast Check CL revisó la evidencia disponible, consultó a organismos de la sociedad civil y las reparticiones involucradas, para examinar las condiciones actuales, a cuatro años desde que el Estado obligara a cientos de mujeres a ser madres.
¿Cómo y qué fallo en caso de Anulette CD?
El caso 0 se remonta a agosto de 2020, cuando el Instituto de Salud Pública (ISP) suspendió -a raíz de una denuncia- el registro sanitario de Anulette CD, un fármaco anticonceptivo, de propiedad del Laboratorio Silesia S.A. Con el paso de las semanas, un centenar de mujeres denunciaron que este anticonceptivo había fallado.
Aunque la alerta era de agosto, los lotes defectuosos se distribuyeron en septiembre de 2019, casi un año después de que fueran adquiridos. La cadena para la distribución comenzó con la falla del laboratorio que entregó los anticonceptivos, adquiridos por el Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), el déficit en el control por parte del ISP que, finalmente, es la institución que deriva la adquisición al sistema de atención primaria (Cesfam).
A diferencia del paquete de anticonceptivos que se venden en una farmacia, en el sistema de salud se entregan en blister, que son envases de plástico cerrados, con la superposición de dos plásticos que posibilitan la existencia de una burbuja, lugar en el que se deposita el fármaco.
¿Cómo fue el impacto?
Corporación Miles, organismo que ha acompañado a mujeres afectadas por los anticonceptivos defectuosos, estudió de cerca el caso de 85 mujeres. De ese número, el 75% recibió los anticonceptivos desde un servicio público, mientras que el restante (25%) de una farmacia.
Los principales resultados del Informe elaborado por Corporación Miles, da cuenta que aquellas mujeres de entre los 20 y 38 años, el 52% de los casos trajo consigo depresión, problemas interpersonales con sus círculos de apoyo y redes familiares.
- Ver Informe de Corporación Miles aquí.
De lo examinado, el 50,5% de las mujeres que estuvieron en dicho estudio, corresponden a la Región Metropolitana. El 91,7% son de nacionalidad chilena y el restante de otras nacionalidades o no informadas.
Según el ISP, 382.871 mujeres estaban utilizando Anulette CD para el control de la fertilidad. De las estimaciones y la información provista por el Estado a Corporación Miles, cerca de 240 mujeres habrían quedado embarazadas por el uso de este anticonceptivo. No obstante, el mismo informe señala que -por falta de mecanismos de trazabilidad- es posible que existan muchos más casos?
¿Qué respondió el Estado?
En conversación con Fast Check CL, Luz Reidel, subdirectora de Incidencia Social y Política de Corporación Miles, señala que «había existido un proceso de mediación con el Consejo de Defensa del Estado, que es lo que corresponde en este tipo de casos, y en razón de la mediación frustrada, es que se llega a la acusación civil», materializada en la demanda desde hace unos días por 7 mujeres.
La demanda, explica Reidel, se basa en que «no han existido ningún tipo de acciones de carácter reparatorio hacia las mujeres (…) hasta la fecha, el Estado no se ha acercado a las mujeres para realizar una reparación por ninguna vía».
Pero la falta de respuesta no se remite solo al plano compensatorio: hoy por hoy, sigue sin haber respuesta en el catastro que podría haber de mujeres afectadas. Reidel señala que «lo que tenemos, lamentablemente, es una falta de catastro, porque no existen las herramientas dentro del sistema para llevar un registro de quién consume, cuál anticonceptivo y qué serie. No era posible en ese momento detectar quiénes habían sido las mujeres afectadas para darles el debido seguimiento».
La falta de un registro, explica Luz Reidel, podría ser subsanado si llegase a incorporarse «un sistema computacional que, en definitiva, gestiona los centros de salud que se incorporen las glosas respectivas para que se pueda indicar al momento de la entrega de un anticonceptivo, cuál es el número de serie de blister que se está entregando».
Fast Check CL conversó con Valentina Donoso, una de las cientos de mujeres afectadas por la masiva falla, quien denuncia que tras conocer que estaba embarazada, desde el Cesfam Alejandro del Río (Puente Alto) -donde le propiciaron los anticonceptivos fallidos-, no hubo ningún tipo de acompañamiento y que cuando fue contactada, se le ofreció una interrupción del embarazo.
«Después de todo, tuve depresión post parto. Tuve que ir al psicólogo y al psiquiatra, pero de manera particular, porque traté de hacer los papales con el consultorio que me derivaron, pero por tiempo no pude hacerlo», remarca Valentina.
Ante la falta de respuesta a las mujeres afectadas -que derivó en una demanda-, Valentina hace un llamado a «hacerse cargo de lo que pasó, y apoyar monetariamente, porque hay que vivir el día a día con el hijo al lado y no es algo que se vaya de un día para otro. Se necesita ayuda psicológica, un apoyo para cada mamá que terminó embarazada».
¿Qué medidas se tomaron?
Aunque el seguimiento de casos todavía es un déficit, desde el Ministerio de Salud destacan avances en la materia, precisamente con la respuesta ante alertas de anticonceptivos defectuosos. En diciembre de 2023, el ISP emitió una resolución que establece que, en caso de fallas en su efectividad, los medicamentos serán clasificados en la categoría de mayor riesgo potencial.
¿En qué se traduce lo anterior? En que el laboratorio encargado del registro tendrá un máximo de 5 días de corrido para poder recuperar o retirar el producto del mercado.
Se han implementado medidas para mejorar la seguridad y la claridad en el uso de anticonceptivos. Estas incluyen, por ejemplo, la asignación de colores distintivos a las pastillas para diferenciar entre las que contienen principios activos y las placebos, así como la actualización de rótulos y folletos para proporcionar información detallada al paciente y advertencias sobre el uso correcto.
A lo anterior, se suma un énfasis en las inspecciones a fabricantes de anticonceptivos, con un total de 55 inspecciones realizadas entre 2020 y 2023, tanto a productos nacionales como importados, como respuesta a denuncias y retiros del mercado. Para garantizar la calidad de los productos en el mercado, el ISP implementó un programa de vigilancia para monitorear la calidad de los anticonceptivos y otros productos farmacéuticos hormonales femeninos, en respuesta al aumento de denuncias sobre la calidad durante el período 2020-2021.
Fast Check CL tomó contacto con el Ministerio de la Mujer. Consultados por el seguimiento a este problemática, señalaron que «redujimos el precio de seis anticonceptivos de uso frecuente entre las mujeres, por medio del Ministerio de Salud y con la colaboración de la Central de Abastecimiento CENABAST».
«El año pasado publicamos y distribuimos en los centros médicos el manual de fiscalización para la correcta implementación de la ley IVE, con la instrucción de entregar información de la normativa y de los derechos que esta habilita a todas las usuarias que lo requirieran. Durante el 2023 se realizaron 63 fiscalizaciones en total junto al MINSAL, 37 en el sector público y 26 en el sector privado a lo largo de todo Chile», explicaron desde la cartera que lidera la ministra Antonia Orellana.
- Lee la respuesta completa desde el Ministerio de la mujer aquí.
El proyecto de ley en el Congreso
En 2021 se ingresó un proyecto de ley que modificar el Código Sanitario, a modo de establecer una responsabilidad civil por los daños causados por medicamentos de anticonceptivos defectuosos.
La propuesta, correspondiente al boletín 14094, busca reparar a mujeres que hayan tenido como resultado un embarazo no planificado. Para ello, incorpora una presunción de causalidad cuando exista un embarazo y una alerta emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP).
Por este motivo, establece que el laboratorio estará encargado de probar que el defecto no podría haber generado dicho daño. En ese sentido, eleva las multas que puede aplicar el ISP. Paralelamente, contempla el efecto retroactivo de la ley, para los casos que generaron el proyecto, esto desde que se destapó en agosto de 2020.
Desde su ingreso, el proyecto ha sorteado diversas etapas de tramitación. Cerca de tres años demoró su discusión en la Cámara de Diputados, el que finalmente fue despachado para el Senado en enero de este año, estando en su segundo trámite constitucional.
