Fue en el año 2023 cuando el presidente Gabriel Boric ordenó la creación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento como una forma de abordar el conflicto histórico del Estado chileno y los pueblos indígenas, en especial el mapuche.
Su mandato fue elaborar una propuesta integral de reparación, reconocimiento y convivencia, enfocada en el respeto a los derechos de los pueblos originarios y la superación de la violencia. Para ello, designó ocho comisionados.
Se trata de Francisco Huenchumilla (senador DC), Alfredo Moreno (exministro), Sebastián Naveillán (líder Asociación de Agricultores Victoria Malleco A.G), Emilia Nuyado (diputada PS), Adolfo Millabur (exalcalde de Tirúa), Gloria Callupe (encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío), Nicolás Figari (jefe de gabinete del Gobernador de La Araucanía) y Carmen Gloria Aravena (senadora por La Araucanía)
El rol destinado para cada uno fue escuchar a comunidades, autoridades, expertos y actores sociales, con el fin de redactar un informe que representara un diagnóstico compartido y recomendaciones viables en torno al conflicto de la Macrozona Sur. Fast Check CL examinó al informe, destacando cuatro propuestas fundamentales planteadas por la Comisión.
Las cuatro claves del informe final
Las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento se enmarcan en 5 ejes temáticos: justicia y reconocimiento, reparación a víctimas, tierras, desarrollo territorial e institucionalidad y cuenta con 21 propuestas concretas planteadas. A continuación se hará un repaso por aquellas que podrían significar cambios estructurales en el Estado de Chile:
Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas
Se propone una reforma Constitucional para reconocer oficialmente la preexistencia de los pueblos originarios al Estado chileno. Esto busca que no solo debe respetar sus derechos individuales, sino también sus derechos colectivos —formas de organización, cultura y territorio— en línea con la legislación chilena y los tratados internacionales firmados por el país.
La propuesta también plantea que la Constitución consagre el principio de interculturalidad, es decir, que se valore la diversidad cultural del país y se fomente el diálogo entre culturas. Además, sugiere que este reconocimiento no sea solo simbólico, sino que se aplique concretamente en la forma en que funcionan las instituciones públicas.
Financiamiento de USD $4.000 millones
En el marco de la entrega de tierras a pueblos indígenas, la Comisión para la Paz y el Entendimiento propuso la creación de un nuevo sistema de tierras. Esto, alineado con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley Indígena chilena.
Esta propuesta incluye tres pilares. En primer lugar, una Agencia de Reparación, organismo público y autónomo que gestione el traspaso de tierras a comunidades indígenas. Por otro lado, un Tribunal Arbitral, órgano independiente y compuesto por seis integrantes de manera paritaria —mapuche y no mapuche—. Se propone que este resuelva las disputas sobre tierras que históricamente no posean títulos de propiedad. Se postula también que las decisiones del Tribunal Arbitral serán finales y no podrán ser apeladas ni revisadas por otra instancia.
Finalmente, se plantea la idea de contar con un fondo de aproximadamente 4.000 millones de dólares «para cubrir la demanda actual y futura». Este monto se dividiría en subfondos dependiendo del tipo de solicitud y el estado de constitución legal de las comunidades beneficiarias.
Ley de Reparación a Víctimas
La Comisión propone una ley para reparar a todas las víctimas —mapuche y no mapuche— afectadas por hechos de violencia rural desde el año 1997 en adelante. La iniciativa que estaría a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y busca proporcionar reparación y garantías de no repetición.
La propuesta plantea la inclusión de un registro de víctimas y un marco de compensaciones y apoyos. Se establece que, para acceder a los beneficios relacionados, será necesario presentar denuncias, informes u otras pruebas. Además, quedarán fuera quienes ya hayan recibido una indemnización judicial.
Nuevo órgano estatal de alta jerarquía
Finalmente, la Comisión para la Paz y el Entendimiento planteó la creación de un órgano que posea la más alta jerarquía política. Esto con el fin de que diseñe y coordine de manera efectiva la política desde el Gobierno hacia los pueblos indígenas.
Se propone que este órgano supervise y realice seguimiento a aquellos servicios e instituciones que ejecuten políticas vinculadas a los pueblos indígenas, así como también el impulso al diálogo político entre éstos y el Estado.
El presidente Gabriel Boric ya posee el documento oficial en sus manos y señaló: «Recibo este documento con mucha esperanza sobre los resultados de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, con mucho orgullo y agradecimiento por el trabajo realizado». Además, indicó que aprovecharía las horas de viaje de su próxima gira al Sudeste Asiático para comenzar el análisis del informe.
