Esta semana, el caso ProCultura acaparó por completo la agenda noticiosa. Uno de los puntos más controvertidos ha sido la filtración de chats extraídos directamente desde carpetas de investigaciones en curso, lo que ha abierto un necesario debate ético sobre los límites en la difusión de información privada, el rol que deben asumir los medios de comunicación y hasta qué punto estas filtraciones realmente contribuyen al interés público.
En este contexto, Fast Check CL conversó con Michel Figueroa, director ejecutivo de la ONG Chile Transparente, quien abordó los alcances y límites de la transparencia cuando se trata de información sensible filtrada desde procesos judiciales en desarrollo.
Administrador Público de la Universidad de Concepción, Figueroa ha asesorado a diversos organismos estatales en temas de transparencia y gobierno abierto, lo que le permite tener una visión crítica e informada del funcionamiento institucional desde dentro.
Aunque reconoce la voluntad del actual gobierno por avanzar en temas de probidad, es enfático al señalar que dicha intención no se ha traducido en acciones efectivas. «Lo que acá nos falta es la responsabilidad con el país de pensar estructuralmente, hacia dónde avanzar y cómo avanzar», reflexionó.
“Lo importante es saber quiénes están detrás de la promoción de ciertas ideas”
— ¿Qué te parecen las recientes revelaciones sobre presuntos aportes a campañas políticas realizados con fondos públicos?
En el futuro podremos empezar a ver el impacto que tiene el rol de organizaciones sin fines de lucro en la participación política. Se presume un sentido de nobleza de su parte, de contribuir a una mejor sociedad porque promueven políticas públicas y acciones que mejoran los estándares sociales. El problema es que hoy día, dado la falta de información de quienes están detrás de las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, desconocemos qué intereses representan y cuáles son las intenciones que hay detrás de las acciones que están promoviendo en el debate público.
El financiamiento en la política por medio de las fundaciones no necesariamente tiene que ser directo poniendo plata sobre la mesa, si no que puede ser promoviendo ideas o acciones que indirectamente posicionen a un determinado candidato. Eso es mucho más difícil acreditar que cuando se entregan recursos directamente.
— En términos de control y fiscalización también es más complejo.
Exacto, y ahí es donde hay que tener cuidado porque cuando se van creando nuevas regulaciones que limitan a un tipo de participación económica en la política. Porque a quienes les interesa participar del debate político buscan otros mecanismos para financiar.
— ¿Y cómo piensas que ese se puede fiscalizar?
No tenemos ninguna herramienta para fiscalizar porque justamente las organizaciones, las personas jurídicas sin fines de lucro tienen como obligaciones simplemente informar quiénes son su directorio vigente y las actividades y estados financieros en general, pero el Ministerio de Justicia no fiscaliza que tú lo hayas cumplido, ni te aplica una sanción si no entregaste la información.
Lo importante es saber quiénes están detrás de la promoción de ciertas ideas. El criterio al que debíamos migrar tiene que ver más bien con avanzar en materia de transparencia en las fundaciones cuando hay recursos públicos, pero también cuando buscan influir en las decisiones públicas.
“Lo que vemos en el fondo son las consecuencias de no pensar el funcionamiento del Estado a largo plazo”
— Teniendo en cuenta el caso ProCultura ¿Crees que los organismos como la Contraloría tienen suficientes facultades para actuar con un rol más preventivo que reactivo?
Como país primero nos falta una visión sistémica de por qué se originan estos problemas y cómo podemos darle solución con acciones que queden más allá que las declaraciones políticas y los discursos. Hay que entender que, si bien descansamos habitualmente en que la Contraloría es el ente fiscalizador de los recursos públicos del país, tiene un efecto muy limitado a poder fiscalizar y controlar lo que pasa en la administración del Estado.
—¿Cómo debería establecerse la responsabilidad por falta de transparencia en casos como el de ProCultura?
Lo que vemos en el fondo son las consecuencias de no pensar el funcionamiento del Estado a largo plazo. Termina pasando que en materia de transparencia, de reglas de probidad y de integridad, cada vez que hay un gran escándalo, vamos creando nuevas regulaciones en la marcha. Esto parcha situaciones anteriores, pero en la práctica es muy difícil el cumplimiento porque tenemos tantas normas separadas y muchas veces son obligaciones que a ratos resultan contradictorias entre sí, porque vamos creando obligaciones sin mirar lo que ya teníamos.
“Están dañando la confianza que tienen las personas en el sistema político”
— A tu juicio, ¿qué implicancia tienen las filtraciones de chats en la transparencia institucional y también en la confianza en la ciudadanía al sistema público?
En el caso de las filtraciones, hay que tener en cuenta que terminamos accediendo a la información que nos quiere mostrar aquel que la tiene, y lo peligroso de las filtraciones es eso. Al final, quien filtra la información está decidiendo qué imagen estamos construyendo del problema. Como sistema normativo no hemos sido capaces de tener un régimen estricto que sancione a quienes manejan información que es privada y las comiencen a filtrar.
— ¿Entonces, esas filtraciones son un impedimento de del debido proceso y de la presunción de inocencia?
Efectivamente. La transparencia es necesaria, pero también hay que proteger el secreto en algunas condiciones como los procesos de investigación. Alguien que esté siendo investigado no quiere decir que es culpable.
El momento de la transparencia y de poder acceder a toda la información llegará cuando el juicio comience a ser público a través de los mecanismos que la justicia ha determinado. Es en la audiencia donde se establece si los delitos que se investigaron constituyen o no un delito bajo los requisitos que nuestra legislación hoy día establece.
— ¿Y crees que estos casos dañan la probidad?
Más allá de dañar eso, están dañando la confianza que tienen las personas en el sistema político, porque vemos que la gran mayoría de estos de estas filtraciones tienen que ver con actores del mundo político. Pero también están dañando la credibilidad de los procesos de investigación.
Quienes están filtrando información no están llevando con responsabilidad su cargo, no se están dando cuenta el daño que le están haciendo a nuestro sistema democrático. Bueno, una cosa es quién lo filtra directamente desde dentro, pero la prensa también juega un rol importante en esto.
— ¿Cómo percibes el rol de la prensa? Teniendo en cuenta que su rol es informar a la ciudadanía, al difundir estas filtraciones ¿está ayudando o no?
La prensa tiene un rol bastante importante en lograr contribuir al control social y llegar a la verdad cuando las instituciones están fallando y no están haciendo bien su trabajo. Pero también hay un rol ético que tiene que ver con proteger la vida privada de las personas que están involucradas en los casos. Es importante saber distinguir cuando una información permite exponer una situación ilegal, irregular o ilícita versus cuando simplemente puede dañar la vida personal de alguien.
Hoy los grandes medios de comunicación tienen puesto más bien el acento en promover aquello que les da más visibilidad, y por tanto más ingresos a la hora de las ventas. No han puesto el cuidado en que el rol de los medios es también social y tiene que ver con llegar a la verdad de situaciones relevantes para el desarrollo del país o que pueden constituir ilícitos que no están siendo bien investigados. Esa distinción hoy en día en los grandes medios de comunicación cuesta encontrarla.
“La responsabilidad es individual”
— ¿Qué reformas o regulaciones se podrían establecer para prevenir la filtración de información, pero resguardando la transparencia y la libertad de prensa?
En materia de filtraciones, yo creo que no necesitamos más reformas, sino que necesitamos hacer cumplir las obligaciones que tienen las personas que acceden a esa información y aplicar las sanciones reales cuando cumplen esa obligación. Lo que necesitamos es que las reglas que tenemos se cumplan, y cuando no se cumplen que se aplican las sanciones respectivas para así dar señales de que lo que estamos haciendo es proteger el bien público.
— Bajo tu punto de vista y viéndolo desde una rol activo de la ciudadanía, ¿cómo puede la sociedad civil aportar en la vigilancia y denuncia de posibles abusos de herramientas investigativas?
Uno de los grandes problemas que tiene hoy día la sociedad civil en general, no solo las organizaciones detrás de la sociedad civil, es la facilidad que dan las redes sociales e internet. Accedemos a mucha información que no estamos siendo capaces de procesar para poder ponderar individualmente cuando una información es verídica o no.
Muchas veces cometemos el gran pecado de compartir información que solo leímos en el titular y que muchas veces no le hacen justicia al contenido de la noticia que estamos compartiendo. Ahí, en primer lugar, la responsabilidad es individual de cada uno de nosotros.
— A propósito del último año del gobierno de Gabriel Boric, ¿cómo evalúas tú este periodo en cuanto a transparencia? ¿Hubieron avances o retrocesos?
No ha habido retrocesos en materia de transparencia en este periodo. Desde el punto de vista de las señales y discursos políticos, han habido señales muy positivas en tratar de avanzar en temas históricamente pendientes que habíamos tenido en materia de transparencia e integridad pública. Pero le ha faltado la capacidad técnica en sus propios equipos de trabajo para poder desarrollar acciones que realmente sean transformadoras dentro de los distintos ministerios responsables en materia de transformación digital, integridad y transparencia. Los datos nos muestran que se han preferido hacer acciones muy acotadas, que tienen muy bajo impacto y que no logran resolver los problemas de fondo.
