Con una administración que ha transitado entre reformas ambiciosas y crisis inesperadas, Boric se prepara para rendir cuentas en la Cuenta Pública 2025. La cita de este domingo no solo marcará el cierre de un ciclo, sino también un intento por ordenar el relato de su gobierno: qué se logró, qué quedó en el camino y cómo quiere ser recordado.

Avance legislativo: una gestión con el 50% de efectividad
Para la pasada Cuenta Pública, el gobierno había ingresado 185 proyectos de ley vía mensaje presidencial, de los cuales 92 fueron aprobados, es decir, una tasa de éxito del 49,7%.
A la fecha actual, la cifra aumentó a 233 proyectos presentados desde el Ejecutivo, con 122 que lograron convertirse en cuerpos legales, lo que se traduce en un 52,3% de éxito. De estos 122, 19 corresponden a tratados internacionales, 4 más que el año pasado.
Puedes revisar el listado completo de las leyes aprobadas en la tabla a continuación:
Dentro de los principales avances logrados durante el último año, destacan los siguientes:
- Ley Antiterrorista: La Ley 21.732 define de forma más precisa los actos de carácter terrorista a la vez que amplía el alcance de estos, incorporando nuevas conductas y delitos considerados como terrorismo.
- Alza del sueldo mínimo: Se hizo efectivo el alza del Ingreso Mínimo Mensual a 510.636 pesos como parte del acuerdo alcanzado con la Central Unitaria de Trabajadores.
- Reforma de Pensiones: Permitirá que el sistema de pensiones no dependa solo de las AFP, establece una compensación para mujeres, un alza en la Pensión Garantizada Universal (PGU), entre otras medidas que, según se estima, beneficiarán a 2,8 millones de personas.
Seguridad, crisis institucionales y nuevo ministerio
La agenda de seguridad ha sido central en estos años, especialmente tras los asesinatos de funcionarios policiales y el incremento de delitos violentos. Frente a esto, el Ejecutivo impulsó la creación del Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Luis Cordero, quien dejó su cargo como subsecretario del Interior para asumir la nueva cartera.

Aunque aún esté en fase de instalación, el ministerio busca dar una señal política clara en una de las áreas más sensibles para la ciudadanía, en momentos en que Boric llega a la Cuenta Pública con presión por mostrar resultados concretos en seguridad.
Es importante destacar que, si bien el Ministerio de Seguridad Pública comenzó a operar en abril de 2025, su origen se remonta al gobierno anterior. El proyecto fue ingresado al Congreso en septiembre de 2021 durante la administración de Sebastián Piñera. La actual administración decidió retomar y modificar esta iniciativa, incorporándola a su agenda legislativa y promulgándola en enero de 2025.
En paralelo, el Gobierno propuso la construcción de una mega cárcel de alta seguridad en Santiago —aunque su ejecución aún no ha comenzado— y promulgó la nueva Ley Antiterrorista. Esta legislación redefine el delito terrorista para facilitar su aplicación, crea el delito de asociación terrorista, sanciona el terrorismo individual y el favorecimiento de asociaciones terroristas, e incorpora técnicas especiales de investigación.
Durante este gobierno también se aprobó la Ley Naín-Retamal, que endurece las sanciones por delitos cometidos contra Carabineros y refuerza el uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, esta última medida generó fricciones dentro del oficialismo, debido a su carácter más punitivo y al debate sobre el equilibrio entre orden público y derechos humanos.
Escándalos: Casa de Allende, Monsalve y pinchazos
Boric llega a su última Cuenta Pública arrastrando una serie de controversias que han marcado su mandato. Una de las más sensibles fue el caso de las interceptaciones telefónicas que involucraron a su asesor Miguel Crispi y a su expsiquiatra, Josefina Hunneus. La filtración de esas escuchas terminó con la remoción del fiscal Patricio Cooper, en medio de cuestionamientos al Ministerio Público por no haber frenado las grabaciones a tiempo.
El “Caso Monsalve”
No obstante, el episodio que más golpeó políticamente a La Moneda fue la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, tras pasar varios meses en prisión preventiva. El caso fue abordado más tarde en una extensa conferencia de prensa de casi 50 minutos, donde el Presidente protagonizó un tenso intercambio con su jefa de prensa. Aquella aparición marcó el inicio de un prolongado silencio público que se extendió por más de 100 días.
Poco tiempo después, una acusación de acoso contra el propio Gabriel Boric —aunque posteriormente archivada por la Fiscalía— volvió a poner a La Moneda a la defensiva, en medio de un ambiente ya marcado por la tensión y el desgaste político.
La fallida compra de la casa de Allende
Aun así, la crisis que tuvo consecuencias más concretas dentro del gabinete fue la fallida compra de la casa de Salvador Allende. La operación, revelada por Fast Check CL, expuso que el gobierno planeaba adquirir el inmueble por más de 24 mil UF (alrededor de 900 millones de pesos) a la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del exmandatario. La publicación generó presión sobre Fernández, quien más tarde dejó el cargo. Antes de eso, también había salido del gabinete la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.
Pero las esquirlas no solo se quedaron en el Ejecutivo: al día siguiente se supo que la senadora Isabel Allende también figuraba como copropietaria de la vivienda. Cuatro meses después, tras un requerimiento presentado por Chile Vamos y el Partido Republicano, el Tribunal Constitucional resolvió su destitución por infracción a la probidad, poniendo fin a más de 30 años de carrera parlamentaria.
Hitos del último año
La condonación del CAE fue una de las banderas más visibles del programa de Gabriel Boric. Sin embargo, tres años después, esa promesa quedó reducida a un plan de condonación parcial, presentado recién en 2025, y con criterios que excluyen a gran parte de los deudores más antiguos. Para muchos, la diferencia entre el discurso de campaña y la propuesta final confirma un retroceso evidente del Ejecutivo frente a una de sus principales promesas.
Sale CAE, entra el FES
El proyecto, denominado Fondo Estatal Solidario (FES), reemplaza al CAE como mecanismo de financiamiento para nuevos estudiantes y establece un sistema de pago contingente al ingreso, con cuotas que no superen el 10% del sueldo. Para quienes ya tienen deudas vigentes, se contempla una condonación gradual y focalizada, sujeta a tramos de ingresos. Esto significa que quienes están al día y ganan menos, podrían acceder a mayores beneficios, pero quienes tienen deudas antiguas, atrasos o ingresos medianos-altos quedan fuera de la condonación total.

Otro punto clave en materia educativa fue el pago de la llamada ‘Deuda Histórica’ a docentes, materializada en un aporte único de 4,5 millones de pesos por persona, dividido en dos cuotas. Esta medida fue ampliamente difundida por el Ejecutivo como parte del compromiso con el mundo de la educación pública.
Las otras medidas de Boric
Ahora, en el ámbito social, Boric ha impulsado medidas como el Plan de Emergencia Habitacional, que hasta la fecha suma más de 193.444 soluciones habitacionales entregadas o en ejecución, junto con un programa específico de reconstrucción para los damnificados por los incendios que afectaron a la región de Valparaíso a comienzos de 2024.
En lo cultural, el Ejecutivo enfrentó una controversia luego de que se anunciara que Chile no asistiría como invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt. Tras una ola de críticas —y la salida del exministro Jaime de Aguirre—, finalmente se corrigió la decisión y se confirmó la participación del país para 2027.
En política exterior, el Presidente ha reforzado lazos con potencias emergentes mediante giras oficiales a India y China, que incluyeron reuniones bilaterales y participación en cumbres multilaterales. Estos viajes se enmarcan en una estrategia de diversificación de las relaciones exteriores, en momentos en que el escenario regional también se ha reconfigurado tras la elección de un nuevo Papa, el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y el conflicto en la Franja de Gaza.
También han habido episodios que han puesto a prueba su liderazgo, como el apagón nacional registrado en febrero de 2025 o la compleja ejecución del Censo, cuyos resultados están proyectados para 2026.
Entre los hitos legislativos, destaca la aprobación del proyecto de ley de royalty minero, considerado uno de los pilares del llamado pacto fiscal.
Últimos meses con foco en el aborto, eutanasia y la Macrozona Sur
Con este mensaje, Boric no solo rendirá cuentas: también comenzará a cerrar su ciclo como presidente. Su mandato finaliza el 11 de marzo de 2026, con una sucesión aún incierta y una agenda política cargada para los próximos meses.
En la misma línea, el Ejecutivo recibió recientemente el informe de la Comisión para el Entendimiento y la Paz, que propone una hoja de ruta para abordar estructuralmente el conflicto en la Macrozona Sur, complementando así el enfoque de seguridad con propuestas orientadas al diálogo y la reparación.
Entre los principales anuncios para implementar sus recomendaciones, el Presidente comprometió una reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas, un nuevo sistema de restitución de tierras, una ley de reparación integral para víctimas de violencia rural y la creación de un órgano de alto nivel para los asuntos indígenas.
Sin embargo, este proceso no ha estado exento de tensiones. Aunque se esperaba que el informe fuera aprobado por unanimidad, uno de los comisionados, Sebastián Naveillán, votó en contra, argumentando que se realizaron cambios de última hora en los contenidos. Su disidencia abrió un debate transversal sobre la legitimidad del documento y los desafíos políticos que enfrentará su implementación.
En paralelo, el gobierno busca cerrar su ciclo impulsando dos proyectos legislativos sensibles y de alta carga simbólica: el ingreso, el 30 de mayo de 2025, del proyecto de ley para legalizar el aborto hasta las 14 semanas; y el reimpulso del proyecto de eutanasia, actualmente en tramitación en el Senado. Ambos temas marcarán la agenda en los meses finales del mandato de Boric, y podrían definir parte del legado que espera dejar su administración.
